abril 25, 2013

Debemos hacernos cargo de alto endeudamiento de los hogares

Hay que crear mecanismo legal para enfrentar insolvencia familiar y mejorar calidad de los empleos. 

Es imprescindible abordar en forma urgente el sobreendeudamiento que afecta a muchos hogares del país, a través de la aprobación de un sistema de quiebra o insolvencia familiar que les permita acogerse a condiciones y plazos razonables de pago. Propuse el año 2006 un proyecto de ley sobre la materia, que será refundido con la iniciativa del Gobierno que se tramita en las Comisiones de Economía y Constitución de la Cámara Alta. 

Los resultados de un estudio elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax, publicado en los últimos días, que advierten que dos tercios de los beneficiados con la ley DICOM se encuentran nuevamente en los registros de morosos, demuestran que el problema es grave y que amerita una solución a nivel legislativo. 

Hay miles de familias que, por distintas razones, no pueden cumplir con sus compromisos económicos y que se ven obligados a permanecer en estos listados o repactar en condiciones abusivas por no existir un procedimiento que les permita ponerse al día.

Como lo he venido planteando, la solución es la creación de un mecanismo que permita a los deudores acordar con sus acreedores, ante un árbitro o un juez, un calendario de pagos que sea razonable y viable. De lo que se trata es abrir una puerta para terminar con la eterna “bicicleta” y con las repactaciones que sólo elevan las deudas, mediante intereses y gastos anexos, a cifras imposibles de cumplir.

El estudio refleja, además, la mala calidad de los empleos y la muy desigual distribución de los ingresos, pues pese a las alentadoras cifras que muestra el Ejecutivo, tanto en creación de puestos de trabajo como en remuneraciones y a los balances muy positivos de los principales actores de la economía, la situación de endeudamiento empeora. 

En ese sentido, el camino para mejorar los salarios es avanzar en modificaciones profundas al Código del Trabajo en materia de sindicalización, negociación colectiva y gratificaciones.

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