Exigencias laborales para la salmonicultura son imprecindibles.

La caducidad de concesiones en caso de abusos graves y reiterados a los derechos de los trabajadores se justifica plenamente.

El proyecto que modifica la Ley de Pesca, en materia de acuicultura y que fue concebido una forma de permitir al sector salmonero la refinanciación de sus actividades y la relocalización de los centros de cultivo para superar la severa crisis provocada por la aparición del virus ISA, ha quedado detenido en el Senado, fundamentalmente por los reparos al establecimiento de un límite a la duración de las concesiones, fijado en 25 años, con una renovación y, especialmente, a la existencia de causales de caducidad vinculadas al incumplimiento de la normativa laboral en materia de prácticas antisindicales y derechos fundamentales del trabajador.

Respaldo plenamente mantener estas normas en el proyecto. Avanzar en una iniciativa que incorpore exclusivamente las hipotecas y la relocalización para el salvataje de la salmonicultura, sin legislar en otros aspectos controvertidos de la industria sería hoy sencillamente impresentable. Ya no resulta posible en Chile dictar leyes que miren la economía sólo desde la perspectiva empresarial, sin que se promueva, paralelamente, superar las evidentes deficiencias y externalidades de la industria en aspectos ambientales y laborales.
Sabemos de las decenas de muertos ocurridas en los últimos años y de la alta tasa de accidentabilidad en la industria salmonera y las reiteradas denuncias por atropellos a los trabajadores y sus organizaciones, por lo que imponer mayores es un imperativo ético y político, a nivel local y, además, una consecuencia de la mayor preocupación de la comunidad internacional sobre ambos aspectos.
No es posible sostener que la existencia de una causal de caducidad vinculada a las infracciones laborales, implica incorporar elementos ajenos a los procesos productivos. La norma propuesta puede gustar o no, pero creo muy difícil argumentar que las políticas laborales puedan ser ajenas a la regulación sectorial, cuando ello constituye un ámbito sustantivo de la forma en que la industria se ha desenvuelto en el último tiempo. Lamentablemente, en el caso de la salmonicultura ha sido el propio empresariado con sus prácticas el que obliga a este tipo de legislación particular.
Tampoco es efectivo que la disposición propuesta contenga imperfecciones que hagan difícil su aplicación, pues tras el Informe de la Comisión de Pesca, la causal está perfectamente delimitada y acotada, fijándose claramente su ámbito de aplicación, que se extiende a la empresa principal titular de la concesión, a todas aquéllas razones sociales vinculadas a ésta y a los contratistas. Bajo la excusa de deficiencias en la formulación de la normativa, lo que se esconde es el temor a que el inmenso número de abusos existentes haga que ésta genere sus efectos y se caduquen efectivamente las concesiones.

Cabe destacar la magnitud de los incumplimientos exigidos por el texto para dar lugar a la caducidad, recordando que se trata de tres sentencias condenatorias en tres años. Si alguien quiere defender ese nivel de atropellos, graves, reiterados y comprobados, está en su derecho, pero sinceramente parece difícil de entender.
Por último, la argumentación en el sentido de que se exigirían a la salmonicultura obligaciones mayores que las exigidas a otras actividades económicas no tiene sentido. Lo que no debe olvidarse es que acá hay una exigencia concordante con el uso de bienes públicos para el desarrollo de esta industria y, más aún, en este proyecto, con la posibilidad de utilizarlos como hipoteca.
Una industria que utiliza intensivamente recursos de todos los chilenos y que dispondrá de una garantía con respaldo estatal, como no la tienen otros sectores, tiene una especial responsabilidad en el cumplimiento de las normas ambientales y laborales y eso es lo que está plasmado en el proyecto.

Piñera nunca apoyó a Magallanes en el Congreso.

En su reciente visita, el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, ha formulado diversas propuestas para el desarrollo de nuestra zona. Sin embargo, todo lo que nos diga no resulta creíble, pues mientras fue senador por Santiago y pudo aportar concretamente - sin buscar los votos de los magallánicos - torpedeó cada una de las iniciativas que favorecían a esta región y sus trabajadores.

Los indesmentibles hechos lo refutan. Si de Piñera hubiera dependido los trabajadores de Magallanes no dispondrían de 5 días adicionales de feriado, la región no tendría los recursos adicionales del FONDEMA. Con su actual programa, en tanto, se privatizaría el 20% de ENAP.

En el caso del aumento del feriado, el candidato de la derecha buscó dilatar su votación pidiendo segunda discusión y, luego, argumentó su inconstitucionalidad, tratando de que no fuera aprobado por la Sala y, ante el fracaso de esos intentos, no participó en la sesión en que fue aprobado.

Respecto del Fondema, Piñera demostró su absoluta incompetencia y desinformación, absteniéndose de votar en la Comisión de Hacienda, por creer que constituía la imposición de un impuesto, en circunstancias que sólo se trataba de redirigir a nuestra región el resultado del pago de los derechos de explotación ya existentes. Puede afirmarse con toda claridad que Piñera nunca apoyó iniciativa alguna que beneficiara a esta región, sino, por el contrario, hizo lo imposible por retrasarlas y dificultar su aprobación.

Resulta curioso, asimismo, que el candidato de la derecha no haya aprovechado su visita a la zona para explicar un tema altamente sensible, como es la venta del 20% de ENAP contemplada en su programa de Gobierno. Sobre ese tema guardó riguroso silencio.