noviembre 23, 2011

Usuarios de buses interurbanos deben contar con más información.

Debe crearse un registro online de infracciones por mal estado de máquinas y condiciones laborales de choferes y auxiliares.

Las denuncias periodísticas respecto de las graves deficiencias en la mantención de los buses de la principal empresa del país y la eventual incidencia de ello en la accidentabilidad, obligan a tomar medidas urgentes que apunten a evitar estos hechos y proteger la vida e integridad de los pasajeros.

Al respecto, quiero insistir en la necesidad de crear un registro público online de las multas aplicadas a las empresas de buses interurbanos, tanto por el Ministerio de Transportes y Carabineros de Chile en lo referido a la mala condición técnica de las máquinas, como por la Dirección del Trabajo, respecto de los incumplimientos en materia de condiciones laborales de choferes y auxiliares, factores que inciden directamente en la ocurrencia de siniestros. La iniciativa se encuentra en trámite en la Comisión de Transportes de la Cámara Alta y fue abordada ya en un par de sesiones.

Es imprescindible que los usuarios cuenten con la mayor información posible respecto de los principales factores de riesgo que contribuyen a producir accidentes, cuales son el estado de las máquinas y la disposición de choferes y auxiliares de éstas. En este tema, el Estado tiene la obligación de traspasar a los pasajeros la información con que cuenta para que éstos tomen decisiones con el máximo de elementos de juicio.

La creación de un registro, al que se pueda acceder por internet, es una medida de muy fácil implementación y bajo costo, que permitiría a los usuarios disponer, al momento de adquirir sus pasajes, de datos relevantes para evaluar las opciones más seguras y confiables. Asimismo, se transformaría en un elemento disuasivo para las empresas y que introducirá elementos de competencia basados en la calidad del servicio.

La Dirección del Trabajo expresó su pleno apoyo a este proyecto, en tanto el Ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, también la consideró como una propuesta interesante y viable, por lo que espera que en las próximas semanas ésta pueda ser votada en la Comisión de Transportes y enviada a la Sala de la Cámara Alta.

Mientras todos perdemos, las AFP celebran.

“Celebración” de los 30 años de las AFP es un gran desatino.

Se imagina Ud. realizar una fiesta de cumpleaños el día siguiente al que un gran incendio arrasó con su casa y con el esfuerzo de toda una vida?

Evidentemente, la inmensa mayoría de los chilenos acusaría el golpe y suspendería la celebración, acongojado y a la espera de una mejor oportunidad, enfocándose de paso en normalizar su situación.

Las AFP's de Chile piensan de otro modo. Sólo así se explica que la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones se encuentre convocando, por estos días, a las autoridades, a la conmemoración de los 30 años de la creación del sistema. La ceremonia principal tendrá lugar en Casapiedra el martes 29 próximo, donde se espera contar con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Lo particular de la convocatoria es que en ella se invita, textualmente, a la “celebración de los 30 años del sistema de AFP en Chile". Ello resulta “indolente” e “inoportuno”, atendida la inestabilidad que atraviesan los mercados internacionales y su efecto en los ahorros previsionales. Cuando se desata una tragedia, como la que está ocurriendo con los fondos de pensiones, las celebraciones se suspenden.

Parece de muy mal gusto y francamente indignante que en medio de una crisis global producto de la cual millones de trabajadores chilenos han visto reducida buena parte de sus ahorros previsionales, obtenidos tras una vida de esfuerzo, los responsables de la administración de estos recursos estén celebrando.

Seguramente, sus propietarios y ejecutivos tienen mucho que festejar, pues por 30 años han lucrado a costa de los trabajadores, pero está claro que los millones de afiliados al sistema no tienen ese ánimo cuando sus fondos se han reducido en nada menos que 25.000 millones de dólares y muchos pensionados han visto mermar sus ingresos con el recálculo anual de la modalidad de retiro programado.

El sistema de AFP es caro e ineficiente, su esquema de comisiones es excesivamente elevado y entrega pensiones miserables, que no cumplen las promesas efectuadas con ocasión de su creación.  Por ello, junto a las senadoras Allende y Rincón y a los senadores Escalona y Rossi presentamos un proyecto de reforma constitucional que permitiría a los afiliados optar por el actual sistema o por uno de reparto, como las antiguas cajas. Asimismo, por iniciativa de otro grupo de parlamentarios, la Cámara Alta analizaría las deficiencias del actual régimen y modalidades alternativas.

Creemos que este sistema fracasó y que se necesita reemplazarlo por otro que otorgue a los chilenos la oportunidad de solidarizar sus riesgos, disminuya los costos, mejore la cuantía de las pensiones y, de paso, que sea administrado de un modo más responsable y atinado.

noviembre 16, 2011

A impulsar un cambio profundo del actual sistema previsional

Firme conclusión de masiva jornada de reflexión con gremios y trabajadores de Magallanes.

Una unánime crítica al sistema de administración privada de los fondos previsionales de los chilenos, hubo en la jornada de reflexión realizada el fin de semana recién pasado en Punta Arenas, convocada en conjunto por mi oficina parlamentaria y los principales gremios del sector público de la zona (trabajadores municipales y de la salud), la ANEF y la CUT regional y el Sindicato de Trabajadores de ENAP - Magallanes.

El encuentro contó con la exposición del economista, fundador e investigador del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, Manuel Riesco y la asistencia de casi un centenar de dirigentes sindicales, sociales, vecinales y público en general, quienes por más de tres horas debatieron acerca de los principales aspectos del actual sistema de pensiones.

Los planteamientos de los asistentes no admiten dos lecturas. La capitalización individual y la administración privada resulta cara e ineficiente, deja los fondos a merced de las contingencias del mercado y entrega pensiones muy bajas, lejanas a las expectativas y necesidades de los chilenos. No se han cumplido los supuestos fundacionales del sistema, por lo que éste debe ser corregido drásticamente.

Nos asiste la convicción de que este sistema fracasó rotundamente y que se necesita empujar una reforma que lo reemplace, dando a los chilenos la oportunidad de solidarizar sus riesgos, sin perjuicio del derecho de quien lo desee de mejorar sus aportes individualmente.

Hoy no existen obstáculos para transitar hoy hacia un mecanismo de reparto como lo están haciendo diversas naciones que habían promovido la capitalización individual y la administración privada en décadas pasadas y que ahora están volviendo hacia regímenes más solidarios y con mayor gestión estatal, respecto de los ahorros.

La participación y profundidad del encuentro nos permite planificar nuevas acciones y articular un movimiento sindical y social amplio y masivo que exija cambios profundos al actual sistema previsional.

Al cumplirse 30 años de su implementación, creemos que está agotado y es necesario empezar con esta otra lucha, la de enfrentar este lucro de las AFP y avanzar hacia un sistema más justo y solidario.

noviembre 14, 2011

Oposición suscribe acuerdo en materia de educación.

Texto suscrito por la Concertación, el PC y el MAS contempla gratuidad en la educación superior hasta el séptimo decil. Propuesta enfatiza en fin del lucro, desmunicipalización, fortalecimiento de la educación técnico – profesional e insiste en una reforma tributaria.
El acuerdo alcanzado por las distintas fuerzas de oposición en torno al presupuesto de educación para el año 2012 en actual trámite y las reformas que en esta materia deben abordarse tras su discusión es un gran paso. Tras seis meses de movilizaciones estudiantiles, la demanda por una educación gratuita y de calidad ha logrado un amplio respaldo ciudadano, cuyas principales demandas se han recogido, concordando en un pliego de planteamientos.

El texto, que consta de ocho ejes y fue firmado por los Presidentes de los Partidos de la Concertación, el PC y el MAS, aborda en primer lugar la necesidad de resguardar constitucionalmente a la educación como un bien público y regular el sistema privado. Se sostiene que la libertad de enseñanza no puede seguir teniendo supremacía respecto al derecho a la educación, el cual está hoy definido en forma débil y no cuenta con instrumentos eficaces para asegurar su protección.

Otro tema incorporado en la propuesta es el fin del lucro en materia educativa. Para ello se precisa la necesidad de contar con un sistema serio y transparente de fiscalización en el caso de las universidades, donde el lucro esté prohibido, sancionando drásticamente a las instituciones que infrinjan la ley. Respecto de institutos profesionales, centros de formación técnica, y de los establecimientos de la educación particular subvencionada, se propone establecer un proceso gradual que asegure el término del lucro con fondos públicos. Se anuncia, también, que en el presupuesto 2012 se incorporarán indicaciones para garantizar que se exija transparencia total y una adecuada fiscalización, en el manejo financiero de los establecimientos educacionales con registros y balances públicos.

Un tercer aspecto incluido es terminar con la municipalización y avanzar hacia un nuevo régimen de la educación pública en el ámbito preescolar y escolar. La oposición no aceptará que la educación pública se desmiembre en diversas modalidades inconexas. Queremos un Sistema Nacional de Educación Pública, que sea autónomo y descentralizado, pluralista, laico y democrático, con una responsabilidad clara del Ministerio de Educación para garantizar el buen funcionamiento, el financiamiento, la calidad y equidad del sistema.

Otro eje fundamental del manifiesto opositor lo constituye el financiamiento de la educación superior. En este punto se propone garantizar la gratuidad hasta el séptimo décil socio económico, vale decir los estudiantes que pertenezcan al 70% de las familias de menores recursos del país. Para ello se indica que deberá existir un solo sistema de becas y créditos para los estudiantes de educación superior y proponen terminar con el CAE (Crédito con Aval del Estado) el que deberá ser sustituido hasta alcanzar los estándares del actual crédito solidario y ser accesible a todos los estudiantes de educación superior, con el objeto de financiar a quienes no alcancen la gratuidad.

La oposición plantea alcanzar el porcentaje de gratuidad señalado en dos etapas. En una primera, debería becarse a todos los estudiantes que cursen estudios en las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, hasta el séptimo décil, atendido que dichos planteles cuentan con controles y regulaciones públicos más rigurosos. Posteriormente y en cuanto cumplan las condiciones de transparencia y calidad, la gratuidad se extendería, en forma gradual, a los estudiantes pertenecientes hasta el séptimo decil de menores ingresos de toda la educación superior.

Entre las condiciones que deberían cumplir los planteles para que sus alumnos se vieran beneficiados por la gratuidad, se contempla la acreditación de instituciones y carreras; la prohibición de lucrar; garantizar la libertad de cátedra y el derecho de asociación y organización de las comunidades educativas, y la transparencia activa y pasiva en el uso de los recursos públicos.

La oposición enfatiza en la necesidad de contar con sistema de acreditación que asegure estándares más rigurosos, defina con seguridad y rigor el principio de calidad, considere los resultados de los egresados de estas instituciones y fortalezca el rol de la agencia pública encargada del tema a través de la creación de una Superintendencia de Educación Superior. Las nuevas ayudas estudiantiles deberán estar vinculadas a un mecanismo de control de los aranceles, ejercido desde el ministerio de Educación en base al informe de una comisión independiente, para evitar que éstos sigan subiendo sin fundamento.

Otro punto remarcable es la propuesta de incorporar en el Presupuesto 2012 los recursos necesarios para poner en marcha una nueva modalidad de acceso a la educación superior, destinada a los estudiantes destacados o meritorios de los establecimientos que reciben financiamiento público, que mitigue las distorsiones e inequidades del sistema PSU.  La idea  es asegurar que el 10% de alumnos de mejores calificaciones de la educación municipal pueda acceder a la educación universitaria en base al ranking de notas, con u programa de nivelación que garanticen su inserción efectiva.

El acuerdo opositor exige, asimismo, cumplir los compromisos ya adquiridos con las universidades estatales, que incluyen recursos especiales para la reconstrucción, fondos para las ciencias sociales, programas de retiro para académicos, aportes extraordinarios para las universidades estatales y las del Consejo de Rectores. Del mismo modo, pide incrementar los aportes basales que aseguren su crecimiento y el aumento de la inversión en investigación y extensión.

La educación escolar y preescolar es otra de las prioridades contenidas en el texto de la oposición. Al respecto se propone implementar un Plan Inmediato de Fortalecimiento de la Educación Pública escolar que permita avanzar en las tareas más urgentes a la espera de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad que reemplazará a la municipalización. El senador socialista explicó que para ello deberían destinarse recursos adicionales que se enfoquen a tareas como la reducción del número de alumnos por curso ahí donde sea necesario, el fortalecimiento de los equipos directivos para permitir que los directores se concentren en el liderazgo educativo derivando las tareas administrativas, la asignación de mayor cantidad de horas para la preparación de clases a los profesores y el desarrollo de actividades deportivas y culturales. Se sostiene, además, la necesidad de regular la creación de nuevos planteles subvencionados que incrementen la segregación y el desfinanciamiento de la educación pública, al tiempo de avanzar gradualmente en el fin del financiamiento compartido.

En educación preescolar, en tanto, se sugiere retomar el nivel de inversión existente en el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que fue recortado por la actual administración. Debemos alcanzar, a lo menos, la meta de 60% de menores ingresos de la población y la universalización de pre-Kínder y Kínder.

El séptimo punto incorporado en la propuesta dice relación con la educación técnico profesional. Al respecto se sostiene la necesidad de actualizar la oferta de carreras en este sector y modernizar las existentes. Se incluye la creación de una red de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter estatal, en las regiones donde existan necesidades de esta modalidad de formación. Se requiere hacer una inversión sustantiva en el mejoramiento de la infraestructura, la tecnología y los insumos con que trabajan los estudiantes y en el perfeccionamiento de los docentes que las imparten, contando con una regulación adecuada.

Se trata de una materia muy relevante, pues debe ser paralela a la reforma a la educación superior. El objetivo es complementar el abanico de carreras profesionales con una oferta técnica atractiva que cumpla con las necesidades del país en este tipo de especialistas y ayude a evitar la sobreoferta de titulados en algunas áreas.

El último punto contenido en el acuerdo de oposición es la necesidad de contar con un  Fondo de Reforma de la Educación, de carácter real, permanente, con reglas claras de funcionamiento y con recursos estables que permitan afrontar los desafíos de la reforma educativa en sus distintos niveles. Para esto se propone, en lo inmediato mantener el impuesto a la renta de las empresas en un 20% y destinar una parte de los recursos empozados en el fondo para adquisición de armamento que se forma con el 10% de los recursos del cobre que van a las FFAA. Asimismo, se indica el imperativo de impulsar una reforma tributaria que permita generar los mayores recursos fiscales necesarios para dar sustentabilidad fiscal en el mediano plazo a este Fondo, garantizando ingresos permanentes para gastos permanentes.
El acuerdo de la oposición en materia educativa se encuentra en plena sintonía con el movimiento estudiantil de los últimos meses, señalando los pilares para una profunda reforma educativa que asegure calidad y gratuidad. Indicó que éstos son los puntos mínimos para un acuerdo con el Gobierno, el que reconoció lejano. Si la actual administración no se abre a cambios radicales, fundamentalmente en materia de terminar con el lucro e impulsar una reforma tributaria, no es posible avanzar hacia un entendimiento.

noviembre 09, 2011

Facilidades otorgadas a La Polar son una burla para millones de deudores

La  banca debiera replicar condiciones entregadas a la multitienda a sus deudores. Se demuestra necesidad de procedimiento de insolvencia para los hogares.

La facilidad con que La Polar consiguió el aplazamiento de sus compromisos financieros por parte de sus acreedores es una ”burla” para millones de pequeños deudores. El acuerdo alcanzado durante esta semana implica que la compañía tendrá hasta el año 2032 para normalizar su situación.

Bancos, compañías de seguros y administradoras de fondos de pensiones se vieron forzados a aceptar este pacto ante la incertidumbre. En el fondo, se trata de una arriesgada, pero obligada apuesta. Si tratan de cobrar hoy, La Polar quiebra y recuperan una ínfima parte de lo debido. Si la empresa sobrevive y remonta se podrá recuperar, en un largo plazo, una suma mayor.

Ello revela una indignante disparidad de criterios, pues mientras al deudor común y corriente, que con esfuerzo paga su crédito, se le asfixia, se le hostiga y se le cobra hasta el último peso, hay manga ancha para los abusadores de cuello y corbata. Que bueno sería si la banca y la propia multitienda replicaran estas ventajosas condiciones con sus deudores hipotecarios y de consumo morosos, como también con las PYME.

Lo ocurrido demuestra la necesidad de legislar en materia de insolvencia de los hogares. La Polar ha tenido todas las facilidades, como una ampliación enorme del plazo, condonación de intereses y retraso en el pago del capital, a través de un procedimiento concursal.

Eso mismo debe estar al alcance de cualquier deudor mediante un mecanismo de insolvencia familiar que le permita, con el apoyo de un juez o un mediador, lograr un acuerdo que involucre todos sus compromisos y en condiciones razonables.

Tener un sistema concursal de este tipo, al alcance de los hogares, tiene sólo efectos positivos, pues evitaría a los deudores tener que enfrentar uno a uno a sus acreedores, con la enorme pérdida de tiempo y recursos que ello significa, como también verse en la necesidad de obtener nuevos créditos o aceptar repactaciones usureras para mantenerse al día en sus compromisos.

Lamentablemente, ni el Gobierno ni el Parlamento han tenido decisión para abordar esta materia, que propuse hace ya seis años en un proyecto de ley y que forma parte ineludible de un nuevo estatuto para el crédito, donde se incluya también la reducción de tasas y el perfeccionamiento de la fiscalización. Hasta ahora hemos tenido avances legislativos en ambas materias, pero sin un mecanismo que permita a los hogares enfrentar el sobreendeudamiento seguirán existiendo abusos.

noviembre 08, 2011

Necesitamos regionalizar el Ingreso Ético Familiar y la Ficha de Protección Social

Ministro Lavín se comprometió a estudiar la materia.  Además, analizará incremento de aportes a entidades de apoyo a personas en situación de calle.

Me reuní este martes, en el Congreso Nacional, con el Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, al que le propuse regionalizar los bonos componentes del Ingreso Ético Familiar (IEF) y mejorar el apoyo que brinda el Estado a las instituciones que se ocupan de la atención de personas en condiciones de extrema pobreza o situación de calle.
Respecto al primer asunto, el Presupuesto de la Nación para el año 2011 contempló los recursos necesarios para comenzar a implementar el Ingreso Ético Familiar, a través de la denominada Asignación Social, algunos de cuyos componentes, como la bonificación al trabajo femenino y al rendimiento escolar, han sido presentados en los últimos días por el Gobierno. Se prevé que el 2012 se institucionalizará definitivamente el IEF a través de una iniciativa legal.
En ese sentido, solicité al Ministro Lavín estudiar la incorporación de una variable regional a los montos de las asignaciones que se entregarán con cargo a dicho programa. La regionalización de diversos indicadores y beneficios, como el ingreso mínimo, constituye una vieja aspiración de los habitantes de Magallanes, atendido el mayor costo de vida de la zona austral, por lo que resultaría muy importante considerarlo en el Ingreso Ético Familiar, más aún cuando este instrumento está especialmente destinado a las familias más modestas y donde, por tanto, influye en mayor medida el costo de bienes de primera necesidad.
Asimismo, expresé al Secretario de Estado la importancia de que el Estado genere una señal de esta naturaleza que, en el futuro, pudiera replicarse en otros  indicadores, más aún cuando las cifras de pobreza y población de la región hace que su cuantía para el erario fiscal sea moderada.
El Ministro Lavín valoró la propuesta, indicando que comparte la necesidad de que los instrumentos para medir o enfrentar la pobreza tengan elementos que consideren la distinta realidad de las regiones del país y, particularmente, de las más apartadas. En ese sentido, comprometió el análisis de la iniciativa y, también, la incorporación de algún factor local en la Ficha de Protección Familiar, como pudiera ser una consideración especial al costo de bienes y servicios o de suministros domiciliarios.

APOYO A INSTITUCIONES DE AYUDA SOCIAL
El otro asunto abordado en la entrevista fue la atención de las personas en condición de extrema pobreza o situación de calle. Al respecto, manifesté al Ministro Lavín la conmoción suscitada por las muertes de personas indigentes ocurridas en los últimos meses en la zona austral y las crecientes dificultades de financiamiento que presentan entidades como el Hogar de Cristo.

Hice hincapié en las duras condiciones climáticas de la región por lo que solicité al titular del Ministerio de Desarrollo Social estudiar la forma de canalizar mayores aportes públicos hacia las instituciones que se ocupan de estas problemáticas, evitando que se reduzca la ayuda que prestan.

El Ministro Lavín me señaló que esta materia es una de las prioridades de su cartera y reseñó los esfuerzos que se realizan, especialmente, para apoyar a quienes se ocupan de los cientos de niños que viven en la calle, procurando cambiar su situación. Asimismo, indicó que se buscará incrementar los aportes públicos de modo de evitar que se produzcan situaciones tan dramáticas.

Hospitales de Natales y Porvenir cuentan con presupuesto para iniciarse el 2012

Ministro Mañalich confirma materialización de nuevos establecimientos en la Región.

Me entrevisté con el Ministro de Salud, doctor Jaime Mañalich, para analizar antecedentes más específicos en torno a la construcción de los nuevos hospitales de Puerto Natales y Porvenir, anunciados durante la última visita del Presidente de la República, Sebastián Piñera a Magallanes.

El secretario de Estado me confirmó la materialización de ambas iniciativas, que comprenden una inversión superior a los 23 mil millones de pesos y que deberían comenzar a construirse a partir del 2012, contemplándose los recursos necesarios en el presupuesto del año venidero.

Respecto del nuevo Hospital de Puerto Natales, se estima que tras llevarse a cabo el diseño respectivo, las obras podrían iniciarse durante el segundo semestre del 2012 y comprenden una superficie de 8.500 m2 y 59 camas. En cuanto al nuevo Hospital de Porvenir, Mañalich indicó que se encuentra en etapa de estudio de prefactibilidad. Se estima el inicio de las obras también para el año 2012 e incluiría 11 camas y una superficie de 3.500 m2. Según la planificación del Ministerio de Salud, ambos recintos deberían estar operativos al finalizar el año 2013.

Otra inversión relevante para nuestra región es el Centro de Salud de Puerto Williams, cuya materialización también debería ejecutarse entre los años 2012 y 2013, considerando una sala de procedimientos complejos y salas de observación, con una superficie total de 1.550 m2.

Son obras muy importantes para Magallanes. Su ejecución significaría comenzar el año 2014 contando con una completa renovación de la red hospitalaria de la región, iniciada con el Hospital Base de Punta Arenas. Cabe destacar la voluntad del Gobierno de materializar estos proyectos, que representan la concreción de iniciativas que ya habían sido proyectadas durante los gobiernos anteriores.

Se trata de una expresión de continuidad y de planificación con una perspectiva de mediano plazo que resulta muy positiva en materia de salud. Pese a alguna incertidumbre producto del terremoto y la necesidad de redestinar recursos a la reposición de establecimientos de otras zonas, ya se comienza a avanzar para concretar estas obras, lo que queda de manifiesto al considerarse los recursos en la ley de presupuesto, 2012 que se analiza en el Parlamento.

Hice presente, asimismo, al Ministro Mañalich la necesidad de considerar la contratación de especialistas y de equipamiento que evite el traslado de pacientes a otras regiones, sentida aspiración de los habitantes de Magallanes, atendido el déficit existente. Al respecto, se espera que el nuevo centro asistencial de la capital de Última Esperanza aumente considerablemente la resolutividad de las actuales instalaciones, incorporando especialistas en áreas muy relevantes tales como pediatría, medicina interna, cirugía, traumatología, anestesia, obstetricia y ginecología.

Por último, aproveché la ocasión para exponer al titular de salud las diversas problemáticas que los dirigentes de los gremios de la salud de los establecimientos de la zona austral me han venido planteando, las que quedaron de ser analizadas por el ministro.

noviembre 07, 2011

Debemos legislar sobre empaquetadores de supermercados

Sector empresarial presiona con despidos para evitar normativa
 
Es urgente abordar la situación de los empaquetadores de supermercados. Se trata de uno de los mayores abusos que persisten en el ámbito laboral, pese a lo cual no se ha legislado por la permanente presión del empresariado.

Desde hace muchos años que se intenta, con distintos proyectos, regular esta situación anómala y la respuesta de los supermercados ha sido siempre que si se les obliga a contratar, entonces, eliminarán servicio, automatizando el empaque o entregándole la función a los cajeros. Esa ha sido la posición permanente del rubro, lo que implicaría dejar sin esta fuente de ingresos a unas 60.000 personas, especialmente jóvenes.

Sin embargo, más allá de las dificultades, es imperioso legislar. Existe claramente un abuso de la actual legislación, pues los empaquetadores desempeñan una labor que favorece a las empresas y donde el vínculo de subordinación y dependencia resulta muy claro, expresándose a través de horarios, uniformes y del trabajo coordinado con las cajeras. 

Lamentablemente, ni la Dirección del Trabajo ni los tribunales han actuado con energía para configurar en forma sostenida una relación laboral que es obvia para cualquier observador.

Lo más lógico es circunscribir la actividad al Código del Trabajo, bajo las reglas generales, con mínimas adecuaciones derivadas de los compromisos académicos de muchos jóvenes, pero obligando a la suscripción de contratos y al otorgamiento de los derechos esenciales a una remuneración, asignaciones y vacaciones, entre otras.

No me parece razonable crear una modalidad especial que otorgue sólo algunos beneficios a los empaquetadores, tales como seguro y bonos, sin que adopte la forma de un contrato de trabajo. No corresponde disfrazar la realidad, más aún cuando de ello puede generarse un precedente para otras actividades.

Estas personas desempeñan una actividad regular, con horario, con uniforme, con obligaciones y que favorece directamente a una empresa, por lo que deben tener el contrato y los derechos que tiene cualquier trabajador chileno, sea a jornada completa o part time.

También debe analizarse la naturaleza de las vinculaciones que los empaquetadores tienen con intermediarios que les cobran por su servicio y les imponen condiciones de trabajo y conducta. Estas entidades también están en una situación compleja, pues si no es el supermercado el empleador, entonces es claramente una externalización de servicios, donde hay otra empresa que está proveyendo trabajadores a un supermercado y que debe asumir las obligaciones como contratistas.

Solicitaré a la Comisión de Trabajo volver a poner en tabla esta materia, que fue postergada a la espera de una propuesta del Ejecutivo, pero descarto, desde ya, la posibilidad de apoyar cualquiera normativa que no establezca claramente una vinculación laboral formal entre los supermercados y estos trabajadores.