El caso de la Universidad del Mar es un paradigma de cómo hacer las cosas mal, cómo vulnerar la ley, como simular acciones e instituciones, cómo transformar un buen fin en algo ilícito.
Un paradigma del fracaso del Estado para fiscalizar adecuadamente y sancionar a tiempo, aún habiendo señales claras, como el caso de las carreras brujas denunciado hace unos años. Digo esto con conocimiento de causa, porque incluso fui amenazado de querellas por los ejecutivos de este plantel cuando dije que la carrera de criminalística era una especie de estafa para las familias.
Un paradigma de la tolerancia y liberalismo extremo del modelo educacional chileno.
Digamos las cosas como son. El problema de la Universidad del Mar y también de otras era un secreto a voces. A muchos nos pareció raro que una Universidad creciera en forma tan acelerada. A muchos nos pareció raro que su modelo de negocios fuera esencialmente financiero, basado en los créditos internos. A muchos nos parecía discutible su solvencia académica.
Y las señales eran claras. Recuérdese cuando Southern Cross desistió de ingresar a la propiedad.
Sin embargo, poco o nada se hizo por indagar.
Primó el libre mercado, primó el ideologismo neoliberal, primó la libertad de enseñanza y tantos otros conceptos que de poco sirven a la hora de buscar una solución para estos miles de estudiantes, docentes y funcionarios.
Y primaron porque en muchos casos las Universidad del Mar vino a llenar un vacío académico. Carreras que no se impartían, sedes en ciudades que no contaban con educación superior, horarios adecuados para trabajadores, menores costos, crédito propio.
En Magallanes, todo ello es efectivo. La Universidad del Mar creció como la espuma. Surgió de la nada. Al poco tiempo, aprovechando la carencia de opciones académicas propias de una región extrema, ya contaba con un buen número de carreras; siguió aumentando su oferta, amplió sus dependencias e incluso, a través de la inmobiliaria paralela, construyó un moderno edificio.
Era el chiche de la ciudad. Allí empezaron a hacerse los congresos y eventos locales, incluso del Gobierno Regional en las administraciones anteriores, lo que siempre cuestioné, incluso no asistiendo a muchos eventos.
Todo se derrumbó como un castillo de arena.
Hace rato ya que esta Universidad registraba problemas. En junio de 2010, en la sede Punta arenas empezaron los retrasos en los pagos al personal, lo que se buscó corregir con una curiosa fórmula, los pagos bimensuales o parcializados durante el semestre.
La creciente morosidad de los alumnos, y las dificultades de liquidez se hacían evidentes. También las acciones anómalas. En la actualidad la Universidad del Mar mantiene más de 18 cuentas bancarias en distintos bancos de Punta Arenas.
De allí en adelante -y especialmente el 2011- sólo se agudizaron las dificultades, suspensión de actividades, paros por las carencias de materiales y equipamiento imprescindible para impartir las clases, dificultades en la obtención de campos clínicos.
Pese al evidente descalabro, las autoridades universitarias se esmeraban en aparentar normalidad. Se esperaba la obtención de créditos estatales para normalizar la situación.
Según los datos del MINEDUC, pese a que el 2011 se aportaron $ 3.392.279.145 (tres mil trescientos noventa y dos millones, doscientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos) por concepto de Crédito con Aval del Estado, la normalidad no llegó.
Se llegó al 2012 en que las autoridades universitarias culpan de la situación a la morosidad estudiantil. Se señala que sólo el 23% están cancelando mensualidades. Y ello es obvio. ¿Quién va a pagar una Universidad que no cumple sus obligaciones? Lo que no se dice es cuánto retiraron los controladores.
Hoy la situación es de un colapso general. Con docentes y funcionarios que no reciben sus sueldos desde hace meses, se les adeudan sus cotizaciones, no se han pagado sus créditos con las cajas de compensación.
La institución ha perdido sus edificios. El que arrendaba a la Cruz Roja fue desalojado por orden judicial en septiembre pasado. En este punto es relevante indicar que mientras la Inmobiliaria Valparenas lo arrendaba a la entidad benéfica por 2 millones de pesos, le cobraba a la Universidad 28 millones de pesos mensuales.
El edificio principal, construido hace pocos años, en el tiempo de bonanza, fue vendido hace pocos días.
La incertidumbre, entonces, es total.
Es urgente buscar una solución institucional para la crisis generada en la Universidad del Mar.
Lo obrado por el Ministerio de educación, al proponer el cierre de la entidad, es tardío e insuficiente.
No me queda duda y soy categórico en que hay que apuntar decididamente hacia la responsabilidad de los gestores de este plantel que, con malas artes, jugaron con el futuro de miles de jóvenes y sus familias.
Sin embargo, también deben buscarse soluciones. La actual incertidumbre en que se encuentra esta comunidad académica sólo aumenta los problemas y siembra un manto de dudas que va más allá de la marcha del procedimiento sancionatorio en que el Ministerio de Educación solicitó el cierre de la casa de estudios.
La merma en las matrículas que se producirá pone en riesgo la continuidad no desde que se determine el cierre, si esa es la sanción final, sino desde los próximos meses al no haber nuevas matrículas y emigrar parte importante del alumnado.
Y en ese momento hay que tener respuestas.
A mi juicio, la solución a esta problemática pasa por diseñar un plan de contingencia que combine dos medidas.
Por una parte, una gestión decidida del Estado para impulsar la reubicación de alumnos en los casos que ello sea posible, manteniendo los créditos y ayudas estudiantiles, promoviendo flexibilidad académica para ajustar las mallas curriculares, cuando sea necesario y facilitando a la realización de trámites de traslado y obtención de certificados y concentraciones de notas.
Por otro lado, debe impulsarse un cierre programado, bajo la tuición del Estado, que permita a quienes deseen continuar sus estudios hacerlo. Esto es especialmente importante para sedes como Punta Arenas, en que muchas de las carreras no se imparten en otros establecimientos de la región, o no se imparten en los mismos horarios o al mismo valor.
Ello es imprescindible, también, para el personal académico y administrativo que requiere que se regularicen sus ingresos y se salden sus deudas.
Si es necesario posibilitar dicha medida a través de una modificación legal, ello debe implementarse a la brevedad. Estamos disponibles para una enmienda que autorice al Estado a intervenir planteles en crisis.
Lo importante es adoptar medidas urgentes y decididas que pongan término a la incertidumbre y permita a todos los estudiantes culminar sus estudios sea en el mismo u otro plantel.
Lo importante, además, Señor Presidente, es aprender de una vez la lección. Lo raro debe indagarse. Raro era el modelo de negocios de Inverlink y sabemos cómo terminó. Rara era la solvencia de la Polar pese a apuntar a segmentos de bajos recursos, también sabemos en qué se convirtió. Raro era el crecimiento de la Universidad del Mar. Y acá estamos, buscando soluciones.
He dicho.
Nuestra actual normativa dispone que un Comité de Ministros integrado por los titulares de Medio Ambiente, Agricultura, Minería, Energía, Economía y Salud decida sobre las reclamaciones que se hagan ante el rechazo o establecimiento de condiciones o exigencias a los proyectos sometidos a evaluación ambiental.
