marzo 29, 2012

Necesitamos medidas más decididas para suplir carencia de especialistas en Magallanes.

Asimismo, debe apuntarse a disminuir riesgos sanitarios de la región.

Solicitaré al Ministerio de Salud incrementar los esfuerzos por atenuar el déficit de especialistas que afecta a las zonas extremas del territorio nacional.

Resulta urgente profundizar la acción gubernamental en la materia, especialmente considerando la mayor incidencia, especialmente en las regiones australes, de algunos trastornos vinculados al consumo excesivo de grasas, tabaquismo y sedentarismo, que coinciden con la falta de profesionales.

Si bien históricamente han existido dificultades para dotar de especialistas a las zonas apartadas del territorio, ello no debe ser obstáculo ni atenuante para no adoptar medidas más decididas con el objeto de suplir esta carencia, como pudieran ser la creación de
estimulos, tales como mejoramiento de remuneraciones, franquicias tributarias, mayor acceso a becas de perfeccionamiento y compensación en el pago de créditos universitarios.

En este último sentido, fuí autor de una indicación, contenida en la Ley 20.330, que permite que los especialistas que trabajen tanto en el sector municipal como en los servicios de salud de las zonas apartadas, reduzcan sus deudas derivadas del pago de sus carreras profesionales.

Debemos perseverar en la búsqueda de fórmulas que permitan la radicación y también la mayor frecuencia en las visitas de especialistas a estas zonas.

Además, es necesario impulsar políticas más enérgicas destinadas a enfrentar los agudos problemas sanitarios de la Región de Magallanes. Tenemos cifras superiores al resto del país en riesgo cardiovascular; dislipidemias (desórdenes metabólicos frecuentes relativos a los lípidos); sobrepeso y obesidad en adultos; diabetes mellitus y tumores lo que amerita acciones más concretas por parte de las autoridades.

En este sentido presenté al Ministerio de Salud, hace ya varios meses, un plan de trabajo que involucra facilitar el acceso a una alimentación más saludable (puntos verdes), promover el ejercicio y facilitar el diagnóstico precoz y la atención médica.

He solicitado una audiencia al Ministro Jaime Mañalich, con el objeto de abordar estas dos temáticas, conocer las prioridades y planes del Ejecutivo en la materia y proponer algunas líneas de acción.

marzo 27, 2012

La Patagonia necesita acciones más profundas para mejorar calidad de vida y promover el desarrollo.

Creación de zona franca en Aysén es un avance, pero se requieren otras medidas más amplias y eficaces.

Valoro los avances que se han logrado en el conflicto que afecta a Aysén y, particularmente, la decisión del Ejecutivo de impulsar una zona franca en dicha región. Ello es un triunfo para sus habitantes y dirigentes.

Sin embargo, insisto en la necesidad de una política más profunda de impulso a las regiones australes que aborde como ejes principales el mejoramiento de la calidad de vida y el fomento productivo. 

Hasta ahora se aprecia más bien la intención de incorporar algunas acciones paliativas que apuntan a reducir los mayores costos que implica la vida en la zona austral, pero no son suficientes ni se observa una voluntad real de complementarlas con políticas de fondo para fomentar la competitividad y el desarrollo productivo de la Patagonia.

Debemos avanzar paralelamente en estos dos ámbitos. Por una parte, debe mejorarse la calidad de vida, enfrentando los problemas de abastecimiento y costo de la vida de sus habitantes, a través de los subsidios a la calefacción, pero también incorporando una regulación más firme sobre los precios de los suministros domiciliarios y la conectividad. 
“No es posible que las tarifas del agua, la electricidad, el gas, la telefonía y el transporte, servicios indispensables queden entregados al mercado, como en el resto del país.".

Al mismo tiempo, es imprescindible profundizar las medidas que apunten a fortalecer la competitividad y capacidad productiva de las regiones australes, mediante instrumentos eficaces. Debe diseñarse políticas de mayor aliento y que cuenten con estabilidad, más allá de los diversos gobiernos, destinadas a incrementar la inversión y el empleo en el extremo sur. 

En este sentido, reitero la necesidad de impulsar un Plan Nacional de Desarrollo de la Patagonia, que se proponga objetivos de mayor profundad y largo plazo, que apunten derechamente a potenciar la actividad productiva de las regiones de Aysén, Magallanes y también de las Provincias de Chiloé y Palena en la Región de los Lagos.

Para ello deben potenciarse los instrumentos de fomento para la zona austral. Ampliar y extender por un período largo las normas de excepción tributaria y de subsidio a la mano de obra, de modo que efectivamente incentiven la creación de nuevos emprendimientos, al tiempo que que debe buscarse la forma que ello se exprese en mejores niveles remuneracionales.

Hay que regionalizar el salario mínimo y las pensiones. Si sabemos que el costo de la vida es diverso en las diferentes regiones del territorio nacional, no podemos seguir con indicadores y sueldos de referencia que no representan fielmente la realidad.

marzo 22, 2012

Intervención sobre el aborto terapéutico

Señor Presidente, Honorables Colegas:

La discusión sobre el aborto terapéutico no ha sido fácil. Desde luego, por lo complejo del tema donde se involucran visiones personales, éticas, religiosas, además de la evidencia científica. Sin embargo, se vuelve aún más difícil, producto que algunos sectores pretenden acallar el debate. Temen que legislar sobre esta materia abra camino a una legislación más permisiva respecto de todo tipo de interrupción del embarazo.

En ese afán, utilizan argumentos jurídicos e históricos, como que fueran irrefutables, pretendiendo dar a ciertas circunstancias y hechos, alcances que no tienen.

Lo primero que cabe decir y que por obvio se calla es que no se está trazando una normativa nueva sobre la materia. La posibilidad de interrumpir el embarazo cuando peligre la vida de la madre existió en nuestra legislación durante muchas décadas. Fue incorporada en 1931 y reformulada en 1967, bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva.

Permaneció vigente durante más de 20 años, resistiendo sin mayor problema casi toda la Dictadura, hasta Septiembre de 1989, pocos meses antes del retorno a la democracia, cuando fue derogada.

Esta eliminación ni siquiera revistió unanimidad en el curioso sistema legislativo de la dictadura. El pronunciamiento de sus diversas comisiones, que no eran más que la expresión de las ramas de las Fuerzas Armadas, tampoco fue pacífica, siendo la Armada, con el Almirante Merino a la cabeza, la casi exclusiva promotora de esta derogación. Los informes respectivos de médicos de las restantes áreas castrenses contradicen científicamente el proyecto.

Pero lo más sorprendente – y desconocido para muchos - es que aún en el limitado espectro teórico que representaban los redactores de la Constitución de 1980, no estuvo, ni remotamente, entre sus intenciones limitar la posibilidad de que el legislador estableciera, en el futuro, ciertas formas de aborto en el país.
Lo anterior, incluso a pesar de la declaración formulada en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental que señala “La ley protege la vida del que está por nacer” y que es usada, muy habitualmente, como argumento capaz de cercenar el debate por los detractores.

Dicho de otro modo, pese a incorporar esta aparentemente irrefutable declaración, los constituyentes del ’80, le dieron otro significado, precisamente el de un mandato al legislador del futuro a discutir y no un llamado a cerrar la puerta, como se pretende.

Muy ilustrativa es a este respecto la discusión de la denominada Comisión Ortúzar, en su sesión 90ª del 25 de Noviembre de 1974. En ella se consigna un debate acerca de la interpretación que los comisionados dieron a dicha disposición.

Al respecto, el Señor Silva Bascuñan expresa su conformidad con incorporar dicha mención señalando que “es un avance del constituyente establecer no sólo el precepto de protección del derecho a la vida, sino también de la vida del que está por nacer”. Sin embargo, a continuación aclara el sentido, indicando que “eso será un buen argumento para que el legislador no abra la posibilidad a la legalización excesiva del aborto.”
A continuación, el señor Evans expresa su interés en que se deje expresa constancia del sentido de la frase, señalando que a su juicio ella “implica un mandato flexible para no sancionar penalmente formas de aborto terapéutico en que haya mediado una decisión responsable del padre o del facultativo…”
Luego el Señor Ovalle, avanza aún más en la delimitación del precepto, pues manifiesta “esta norma, como señala el señor Evans, es flexible pero esa flexibilidad no la entiende tan limitada como lo aprecian los Señores Silva Bascuñán y Evans”. 
A su juicio “el legislador deberá tratar con acopio de antecedentes, informes técnicos y estudios concretos que el constituyente no puede, necesariamente, tener a la vista, por su tarea de carácter general, el problema del aborto, pero no podrá hacerlo con la liberalidad con que, por ejemplo, se ha abordado este problema en los países nórdicos, porque es deseo del constituyente que lo considere en forma restringida.”
Agrega que, "personalmente, no sólo es partidario del aborto terapéutico, sino que de otros casos más que para él se justifican en plenitud…”
El Presidente de la Comisión, Señor Ortúzar, intenta, seguidamente, resumir este debate indicando que “en esta materia quizás convendría ser, también, un poco flexibles…” “y aún cuando no se atreve a precisar cuáles son los casos, no cree que, en conciencia, el único sea el aborto terapéutico”, tras lo cual señala, a título ejemplar, el caso de una violación.

Concluye precisando que “se deja esta posibilidad al legislador, con el fin de que él pueda apreciar aquellos casos, como el del aborto terapéutico, principalmente, en que, en realidad, se estime que puedan no ser constitutivos de delitos.”
Ese es el antecedente de la disposición constitucional que se usa para impedir el debate sobre el aborto en Chile.

Ello trajo consigo la molestia del comisionado Señor Jaime Guzmán, quien solicitó la palabra para expresar “su profundo desencanto” de que “la Constitución no vaya a tomar una definición en esta materia”, añadiendo que “éste era uno de los aspectos respecto del cual hubiese aspirado con mayor énfasis a que la Comisión y la Constitución futura hubieran tenido una posición clara y definida…”
De lo anterior se concluye que:

1.- La historia fidedigna de la Constitución Política de la República de 1980 demuestra que no estuvo en el espíritu de sus redactores establecer la prohibición absoluta de legislar en materia del aborto, pese a incorporar en el texto la frase “La ley protege la vida del que está por nacer.”.

2.- Del tenor del debate sostenido por sus redactores queda de manifiesto que se encarga al legislador, pronunciarse, en el futuro, acerca de los casos en que pudiera aceptarse y despenalizarse el aborto.

3.- Los constituyentes de 1980 sólo dejaron constancia de dos criterios:

a) Que la regulación del aborto, pudiera incluir el aborto terapéutico como uno de sus manifestaciones más evidentes y, eventualmente, otras más, como el caso de la mujer violada, citada, a título ejemplar, por uno de los comisionados, y

b) Que una legislación sobre el tema sólo tiene como límite no llegar a una legalización “excesiva” del aborto, citándose como paradigma negativo la existente en los países nórdicos.

Por lo anterior y por las razones sanitarias y éticas que hemos escuchado, creo que es útil que nuestro país se abra a una discusión sobre esta materia. Creo que no corresponde en democracia cerrar la opción a debatir, menos usando frases que no han tenido la connotación que se pretende ni entre sus redactores.

Voto a favor.

marzo 19, 2012

Se requiere reforzar ayuda a damnificados de inundaciones

Necesitamos apoyo para arrendatarios y allegados, incrementar subsidios para comerciantes y aumentar cupos de cesantía. Es imprescindible, además, agilizar despeje de sector afectado.

Recorrí durante el pasado fin de semana diversos sectores inundados de Punta Arenas, pudiendo constatar en terreno las principales necesidades de los vecinos y comerciantes afectados, con el objeto de retransmitir las necesidades y requerimientos a las autoridades.

En ese sentido, en primer término, solicité al Gobierno aumentar los recursos destinados a facilitar la limpieza de viviendas y espacios públicos que aún se realiza intensamente. Para ello, oficié al Subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, con el objeto de requerirle poder apoyar con más recursos la labor que desarrolla el municipio, permitiendo el arriendo de más maquinaria pesada y camiones. 

El mismo requerimiento fue enviado al Ministerio de Obras Públicas, con el objeto se analice poder incrementar la colaboración en este tipo de elementos, a través de sus Direcciones Regionales de Vialidad.  Mientras más rápido concluyan estas labores, se disminuye el riesgo sanitario y se facilita comenzar las labores de reparación de viviendas, como también la normalización de las actividades productivas y comerciales.

Me preocupa, asimismo, la situación de los arrendatarios y allegados. El Gobierno ha anunciado subsidios de reparación para los propietarios, pero he comprobado que hay muchas familias que viven de allegados, producto de divisiones de hecho que se han realizado en terrenos y, también, arriendo de piezas y sitios interiores que también necesitan una solución.

He pedido, por tanto, al Ministro de Vivienda, analizar una ayuda para estas familias, del mismo modo que se hizo en Valparaíso con ocasión de la explosión e incendio que ocurrió en el sector patrimonial de la ciudad el año 2007.

También verifiqué las necesidades del comercio y sus trabajadores. Recibí la inquietud de muchos locatarios inquietos por los daños y dificultades para reabrir sus negocios. Al respecto, debe analizarse no sólo una ayuda para recuperar las instalaciones, bienes de trabajo y mercadería, como lo ha comprometido el Ministerio de Economía, sino también atender lo ocurrido en el ámbito laboral. 

Tenemos locales que han debido permanecer cerrados y eso significa que no hay ingresos ni para propietarios ni para los trabajadores, debiendo incrementarse, por tanto, los subsidios y también los cupos de subsidio de cesantía para atender estos casos.

marzo 14, 2012

Hay clara negligencia del Gobierno en las inundaciones

Foto: Terra Noticias.
Autoridades y ONEMI tenían, desde el viernes, antecedentes de la magnitud de las lluvias y no tuvieron capacidad de reacción alguna.

A cada minuto queda más claro que hubo errores monumentales que agravaron lo ocurrido en el sector céntrico de Punta Arenas.

Hemos conocido, con indignación, que a través de un correo electrónico, el servicio de meteorología informó, el día viernes, a autoridades regionales y directores de servicio, vinculados a la red de emergencia, que se avecinaba un frente de mal tiempo anómalo que generaría precipitaciones muy abundantes.

Más aún, la comunicación habría sido reiterada el día sábado y el mismo domingo, en horas de la mañana y fue retransmitida a la sede central de la ONEMI en la capital.

Eso daba tiempo no sólo para advertir a la población y comerciantes para que pusieran a salvo sus bienes y evitaran desgracias personales, sino para adoptar algunas acciones urgentes en el lecho del río como limpieza de escombros y profundización del cauce y no se hizo absolutamente nada.

A la luz de estos antecedentes, exigimos al Ministerio del Interior una profunda investigación sobre lo ocurrido. No basta con que se vaya una funcionaria que no dio una alerta, cuando el río ya estaba desbordándose, sino que acá hay muchos funcionarios, incluso en Santiago, que tenían información suficiente y clara desde mucho antes, que pudieron hacer bastante más y no hicieron absolutamente nada.

Esto explica, además, las duras declaraciones de la Ministra Matthei para culpar a la administración anterior. “Se busca instalar un cortina de humo para tapar las incapacidad absoluta de las actuales autoridades para anticiparse y atender esta emergencia.
Debo insistir, lamentablemente, en las críticas vertidas con ocasión del incendio ocurrido durante el mes de enero en las Torres del Payne. La nueva ONEMI tiene capacidad operativa sólo hasta Puerto Montt dije en esa ocasión y lo reafirmo. 

Es necesario equipar a la zona austral de recursos técnicos y humanos adecuados para enfrentar las emergencias. No hay capacidad de respuesta local y debe esperarse que llegue ayuda, maquinaria, puentes mecano y equipamiento desde Santiago. Por tratarse de una zona aislada, necesitamos una ONEMI autosuficiente que no dependa del centralismo y la burocracia capitalina.

La primera prioridad es atender a los afectados por inundaciones

Declaraciones de Ministra Matthei son inoportunas. Requerimos la presencia del Ministro de Obras Públicas.
La polémica desatada por la Ministra Evelyn Matthei, respecto de eventuales responsabilidades de gobiernos anteriores en el desborde del Río de las Minas y las inundaciones que éste generó en el sector céntrico de Punta Arenas es inoportuna.

Durante las administraciones pasadas se realizaron una serie de proyectos que implicaron limpiar y ampliar el curso de las aguas y construir defensas que evitaron desbordes en sectores altos de la ciudad, como era habitual.

Sin embargo, no es el momento para este tipo de disputas. Hoy la principal tarea es enfrentar la emergencia, llevar ayuda a los afectados, tanto en materia de vivienda como en el comercio, y procurar normalizar a la brevedad el funcionamiento de la ciudad.

Lamento que la Ministra Matthei haya venido a Magallanes a armar disputas y conflictos en lugar de concentrarse en lo que realmente importa, que es apoyar a las familias que lo han perdido todo, o a quienes han sufrido graves daños producto del lodo y los anegamientos, como asimismo, buscar la forma de ayudar al gran número de pequeños y medianos comerciantes que sin ayuda no podrán retomar sus actividades ni rearmar sus establecimientos, de igual manera afectados.

Una vez superada la emergencia seguramente habrá tiempo para analizar eventuales responsabilidades, tanto en la ejecución de obras para enfrentar las crecidas del río, como también en los errores y retrasos en la alerta de estos desbordes a cargo de la ONEMI.

Es muy importante, contar con la presencia en Magallanes del Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne y reclamar el financiamiento que se requiere para desarrollar las inversiones en los puentes del sector céntrico de Punta Arenas, cuyos proyectos se encontraban en marcha a fines de la anterior administración.

Entendemos que el Ministro se encuentra fuera del país, pero esperamos que apenas esté de regreso pueda visitar nuevamente la zona y verificar las obras que se necesitan, priorizarlas y conseguir el financiamiento.

marzo 12, 2012

Necesitamos apoyo urgente para vecinos y comerciantes de Punta Arenas

Inundaciones afectan gravemente la zona céntrica de la ciudad.
 
Foto: Emol.
La  situación que viven cientos de vecinos y comerciantes de Punta Arenas, aquejados por las inundaciones derivadas del desborde del Río de las Minas es extraordinariamente preocupante.  Por ello, he retornado inmediatamente de vuelta a la zona, a fin de imponerme en terreno de la magnitud de los daños y requerir de las autoridades la ayuda pertinente.

Ya oficié a los Ministros de Desarrollo Social y de Economía, Joaquín Lavín y Pablo Longueira, respectivamente, con el objeto de requerirles apoyo para las familias cuyas viviendas han sido anegadas y para los comerciantes cuyos establecimientos y mercadería han sido alcanzados por el agua y el lodo y deberán permanecer cerrados por algunos días.

Estoy, además, preocupado por los inconvenientes que estas inundaciones han originado en el ámbito laboral, por lo que formulo un llamado a los empleadores a tener flexibilidad respecto de quienes no pudieron llegar hoy a sus puestos de trabajo o lo hicieron con retraso, producto de la emergencia.

Si bien la situación generada configuraría una fuerza mayor que justificaría las inasistencias, según se desprende de dictámenes emanados de la Dirección del Trabajo para casos de catástrofes similares, lo ideal es que estas situaciones se resuelvan al interior de las empresas, contándose con la comprensión necesaria para evitar controversias.

He solicitado, en todo caso, a la entidad fiscalizadora un pronunciamiento sobre el particular, como también respecto de la seguridad y condiciones de trabajo a la que están expuestos algunos trabajadores que laboran en el centro de la ciudad, más aún cuando ello tiene lugar en la vía pública.

Respecto de la responsabilidad de la ONEMI en la alerta sobre esta emergencia, me parece grave que el organismo haya desestimado inicialmente la peligrosidad e inminencia de la misma, aunque, por el momento, la principal preocupación debe estar orientada a superar la situación y conseguir ayuda y apoyo para los vecinos y comerciantes afectados.  Ya habrá tiempo para analizar eventuales responsabilidades. Hoy la prioridad es otra.

marzo 11, 2012

El Gobierno sigue "al debe" en segundo aniversario.

Ineficiencia, letra chica y conflictos de interés marcan la pauta en el accionar del Ejecutivo.

Tras dos años en La Moneda el actual Gobierno sigue mostrándose ineficiente, lleno de "letra chica” y conflictos de interés. Los chilenos no han visto la nueva forma de gobernar que se les prometió y por el contrario, han sido testigos de una enorme desprolijidad y falta de capacidad de respuesta a los problemas.

Hemos observado mucha ineficiencia e incapacidad para atender a las demandas de la ciudadanía. En educación, salud, vivienda y en seguridad pública, estamos muy lejos de haber visto cambio alguno y si lo ha habido ha sido para peor. Basta recordar las movilizaciones estudiantiles, los severos retrasos en la reconstrucción y las altas cifras de delincuencia.

La administración Piñera, además, actúa siempre con “letra chica”. Algunas iniciativas incluidas en el programa del Ejecutivo y que se han materializado, como la eliminación del 7% a los pensionados o la extensión del postnatal a seis meses, han contado con proyectos originales muy malos, llenos de imperfecciones y retrocesos, los que debieron ser completamente reformulados en el Congreso.

Asimismo, el actual Gobierno incurrió en los mismos errores que criticó por tanto tiempo, recordando el caso Kodama y las innumerables denuncias de contrataciones de operadores políticos como asesores en Ministerios, con elevados sueldos, sin contar con calificación alguna. Los conflictos de interés en algunas autoridades de la actual administración son otro aspecto cuestionable. El Ejecutivo se mueve en muchos aspectos en una cuerda floja producto de su imprudencia para ubicar en cargos decisorios a personas con reconocida trayectoria en los principales operadores de las mismas áreas que les corresponde regular o fiscalizar.

Respecto de áreas específicas de retraso en la gestión gubernamental, la principal falencia de la actual administración su trabajo en regiones. Este ha sido un gobierno que no le ha cumplido a las regiones. Las zonas más apartadas del país muestran un completo abandono. Creo que en el caso de Aysén, Magallanes y otras zonas apartadas del país es donde más le pesa al Ejecutivo su ideologismo, pues se muestra incapaz de comprender que se requieren medidas excepcionales que escapan a la ortodoxia neoliberal. De allí que le cueste entender que se necesitan subsidios, franquicias tributarias y regímenes especiales.

Como integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, me preocupa el retraso de la actual administración en lo relativo al mundo laboral. Hay muy buenas declaraciones y maquillaje de cifras, pero poca sustancia y cumplimiento del programa. Los indicadores de empleo que luce el Gobierno y que resaltan la creación de puestos de trabajo y el mejoramiento en el nivel de remuneraciones son un “espejismo” producto de la utilización intencionada de datos estadísticos.

Nadie puede creer que se han creado más de 600.000 empleos estables. Lo que aquí hay es un incremento sostenido del trabajo precario e informal, vale decir sin contrato, sin previsión, sin salud y esencialmente temporal. En materia de nivel de salarios, los sectores de mayores ingresos han empujado un aumento del promedio, pero sin que exista un mejoramiento real en los sueldos de la mayoría de los trabajadores.

El actual Gobierno tampoco ha cumplido en la eliminación del multirut, mecanismo que permite a los empleadores dividir las razones sociales de la empresa, eludiendo así diversas obligaciones con sus trabajadores y que estaba incluido en su programa. Además, las promesas vertidas tras el accidente de la Mina San José se las llevó el viento.

El nunca más quedó en un tratado internacional y dos proyectos de modificación institucional, tanto a la Superintendencia como al Sernageomin, pero se postergó lo más esperado, una iniciativa que sancione drásticamente los incumplimientos y que incremente la fiscalización y medidas precautorias.

En resumen, me parece que los chilenos no han visto una nueva forma de gobernar, como ha quedado reflejado en las encuestas, sino que han sido testigos de un Gobierno que no es capaz de cumplir las expectativas que generó y que se debate en la ineficiencia, la letra chica y los conflictos de interés.

marzo 07, 2012

No a la “ley larga” de pesca.

Se insiste en sistema de cuotas que llevó a las pesquerías al colapso y no hay soluciones para la pesca artesanal.

El proyecto de “ley larga” de pesca, impulsado por el Gobierno, es “más de lo mismo”. Se insiste en la aplicación de cuotas, precisamente las responsables del colapso actual de las principales pesquerías del país.

El retiro de la iniciativa de su tramitación legislativa es una de las principales demandas del Movimiento Social por Aysén y fue incluido, también, en el petitorio que la Asamblea Ciudadana de Magallanes entregó a las autoridades regionales en los últimos días.

Fui uno de los pocos legisladores, que incluso contradiciendo los requerimientos de los Ministros y del propio Presidente de la República, Ricardo Lagos, rechazamos el 2002, la aprobación del sistema de cuotas, por estimar que no superaría los problemas existentes y que conllevaba un reparto que privilegiaba a la pesca industrial respecto de los artesanales.

Contra la fuerte presión del gobierno de la época y del sector industrial unos pocos diputados manifestamos que este sistema no era la solución para la pesca y que sólo agudizaría los problemas. Hoy, eso se ha confirmado en los hechos y lo peor es que como solución se insiste en el mismo mecanismo fracasado.

A los propios industriales que colapsaron las pesquerías, instando a los Consejos a aprobar cuotas globales que no tenían ninguna relación con la realidad de la biomasa se les premia ahora con un proyecto a la medida.

Si bien el proyecto en trámite se presenta como una iniciativa innovadora, con un fuerte énfasis en la sustentabilidad de los recursos, a su juicio, lo único que hace es continuar y profundizar el régimen de cuotas, al hacerlas indefinidas y permitir expresamente su transferibilidad.

Sinceramente, no veo la razón para entregar ad eternum porciones de los recursos del mar de todos los chilenos, en forma casi gratuita, a algunos empresarios y menos aún permitir que negocien con ellas, con el único fundamento de que han venido desarrollando la actividad en los últimos años.  Respecto de estos bienes nacionales no hay derechos adquiridos, hay una entrega graciosa del Estado que perfectamente puede terminar o cambiar las condiciones.

Durante la discusión del proyecto promoveré indicaciones para permitir una mejor distribución de las pesquerías en favor de la pesca artesanal y frenar la concentración del sector industrial. Asimismo, impulsaré el aumento sustantivo de las patentes con el objetivo de incrementar los recursos destinados a la fiscalización y especialmente a la protección social de los trabajadores del mar.

Hay que regionalizar, sueldo mínimo, pensiones y beneficios sociales.

Sin variables locales se prejudica a trabajadores y pensionados de las zonas extremas.

Respaldo plenamente la creación de un sueldo mínimo regionalizado que considere el mayor costo de la vida existente en algunas regiones del país, como ha sido requerido en las movilizaciones emprendidas en Magallanes y Aysén.

Hace muchos años lo he venido planteando. Entregué una propuesta concreta al respecto al entonces Ministro del Trabajo, Ricardo Solari, la que establecía diversos rangos de salario para cuatro macrozonas del país, una de las cuales era la austral integrada por las Regiones XI y XII y las Provincias de Chiloé y Palena.

Regionalizar el sueldo mínimo es una medida que se justifica en el elevado valor de suministros domiciliarios, servicios, abarrotes, frutas y verduras, especialmente en la zona más austral del país, lo que produce un desequilibrio en el poder adquisitivo de las remuneraciones.

La mantención de un ingreso mínimo uniforme en todo el país, si bien resulta cómoda para las autoridades y las estadísticas, perjudica gravemente a los trabajadores de las zonas extremas, quienes pueden comprar menos con su salario, o sea, en los hechos reciben una menor remuneración que en el centro del país.

Pero eso no es todo. Lo mismo se aprecia en muchas otras materias, tanto a nivel de ingresos de los hogares como de instrumentos e indicadores. Así ocurre, por ejemplo, con monto de las pensiones mínimas o la ponderación de la Ficha de Protección Social, donde la fijación de parámetros únicos a nivel nacional se traduce en situaciones enormemente injustas.

Por tanto, apoyo plenamente la necesidad de avanzar no sólo hacia la regionalización del sueldo mínimo, sino también de cualquier tipo de renta, como las pensiones y también con los beneficios sociales y las herramientas que sirven para evaluar su procedencia.

El país debe asumir de una vez que tras la noción de Estado unitario, hay muy diversas realidades que deben ser asumidas y reconocidas, adoptándose políticas públicas especiales, que reconozcan las diferentes condiciones de vida que enfrentan los habitantes de las regiones, particularmente de las más extremas.

marzo 02, 2012

Necesitamos un Plan Nacional de Desarrollo de la Patagonia.

Debe incluir leyes de excepción, sueldo mínimo diferenciado, mejoramientos en conectividad y transporte, subsidio a suministros básicos y ampliación de servicios de salud y educación.

El estado debe impulsar un Plan Nacional de Desarrollo de la Patagonia, que incluya profundos mejoramientos en diversas materias que afectan severamente el desarrollo de las regiones de Aysén, Magallanes y también de las Provincias de Chiloé y Palena en la Región de los Lagos y que configuran una situación de postergación de largas décadas para sus habitantes. 

Este “nuevo trato” con la zona más austral del país debiera ser parte de un gran acuerdo al que concurran todos los sectores políticos, dándole respaldo parlamentario, amplitud y continuidad en el tiempo. Entre las materias que deberían abordarse figuran la provisión de bienes y servicios básicos, la conectividad y el transporte, el fomento productivo y el empleo, los servicios sociales, tales como educación y salud y el uso y administración de los recursos naturales. Lo anterior, sin perjuicio de otras enmiendas institucionales respecto de la descentralización.

En el ámbito de los insumos básicos es imprescindible que se aborde de una vez el abastecimiento y precio de estos suministros. Ellos no pueden quedar entregados a procesos de fijación similares a los existentes en el resto del país.

Los magallánicos y los ayseninos hacemos patria y soberanía y en reconocimiento a este esfuerzo el Estado sólo aporta algunos subsidios insuficientes, dejando los costos entregados al mercado. Lo que se requiere, en cambio, es una política clara, amplia y permanente de control de precios y otorgamiento de subvenciones 

En materia de conectividad y transporte, debe lograrse que los combustibles y también otros productos, como abarrotes, frutas y verduras, tengan en estas zonas valores comparables a los de la zona central, debiendo absorber el Estado los costos que implique su transporte. 

Asimismo, se requiere establecer políticas regulatorias más fuertes respecto de valor y frecuencia de los itinerarios aéreos hacia el centro del país. Desde la privatización de LAN, acá hay un total descontrol, dejándose a los privados la determinación de precios y conectividad para un vasto sector del territorio nacional. En muchos países, en cambio, la posibilidad de cubrir ciertas rutas atractivas implica la obligación de hacerse cargo de otras menos rentables, con precios predeterminados.

Respecto del fomento productivo y el empleo, tenemos la necesidad de legislar a la brevedad y con visión de largo plazo para establecer leyes de igualación o compensatorias que permitan atraer inversiones y empleos. En este sentido, por años, se viene legislando por tres o cuatro años, lo que no constituye un estímulo suficiente para futuros proyectos y más bien se trata de una política de retención de las actuales fuentes de trabajo.

Es imprescindible, además, que estos traspasos de recursos a los privados lleguen también a los trabajadores. Deben crearse sueldos mínimos diferenciados por macrozonas. El poder adquisitivo del salario no es equivalente, por lo que hace años venimos planteando tener a lo menos cuatro rangos de sueldo mínimo, uno para la zona norte conformadas por las regiones XV a la III; otro para la zona central, que incluya las regiones IV a la VII; otro para la zona Sur, que involucre las regiones VIII, IX, XIV y X, excluyendo Palena y Chiloé y uno para la zona austral, que incluya dichas provincias y las regiones XII y XII.

En lo que se refiere a los servicios de salud y educación, hay que enfrentar de una vez el crónico déficit en especialistas, como asimismo la falta de alternativas educacionales. Ayseninos y magallánicos vivimos el drama común de no poder resolver todas las complejidades médicas y también el ver partir a los hijos a la zona central a cursar estudios superiores. 

El estado debe adoptar una política más enérgica en esta materia y entender que se trata de zonas aisladas que deben avanzar hacia la autosuficiencia en estas áreas.

Respecto de los recursos naturales, exigimos que se otorgue a estas regiones una mayor autonomía para decidir sobre el uso de sus riquezas. Estas zonas se habían mantenido alejadas de la presión de grupos económicos, lo que está cambiando sistemáticamente, como se apreció en las normas sobre salmonicultura y en la aprobación de los proyectos de Isla Riesco e HidroAysén.

Nos quieren imponer el mismo modelo de desarrollo que fracasó en la zona central y que llevó a lugares como Ventanas al colapso absoluto. En cambio, lo que nosotros queremos es mantener la Patagonia natural y libre de acciones contaminantes, favoreciendo con ello el desarrollo de actividades consolidadas como el turismo y la pesca artesanal.

Por último, es urgente abordar de una vez la descentralización del país, cuestión que afecta no sólo a la zona austral sino a todo Chile. Este modelo institucional se agotó y necesitamos transferir mayores competencias a las regiones y que éstas elijan sus intendentes y autoridades locales.

Los conflictos vividos en Magallanes el año recién pasado y las movilizaciones que se llevan adelante en Aysén, deben abrir camino a nuevas políticas de desarrollo que otorguen más oportunidades y participación a los habitantes de estas zonas extremas..