El actual sistema de administración pesquera fracasó.

No hay razones para prorrogar el Límite Máximo de Captura.

La situación que atraviesa la pesca nacional es muy preocupante. Según las cifras emanadas del Ministerio de Economía existe una sobreexplotación de diversas especies, algunas de las cuales se ven amenazadas por un inminente colapso de mantenerse el ritmo actual de captura.
Valoro la preocupación de las autoridades por el futuro de la industria, pero demando una acuciosa evaluación de los resultados de las medidas implementadas en los últimos años. La principal crítica apunta al actual sistema de administración.
El límite máximo de captura fracasó. Este mecanismo se prorrogó hace ya doce años con el objeto de darle sustentabilidad y eficiencia a la pesca industrial lo que no se ha conseguido, como lo demuestran claramente las cifras del Ministerio de Economía.
Doce años después los problemas son exactamente los mismos que cuando se dictaron y prorrogaron las actuales normativas, una aguda sobreexplotación y una flota sobredimensionada para el nivel de biomasa. Los únicos ganadores han sido las grandes empresas que reorganizaron sus flotas, abarataron costos y negociaron créditos con las cuotas como garantía y sin permitir el ingreso de nuevos operadores.
La polémica surgida ahora en torno a las pesquerías es coyuntural y parece sospechoso que justo cuando se va a discutir la continuidad del actual sistema de administración, tal como hace doce años, comience a hablarse del colapso de las pesquerías y la necesidad de adoptar medidas.

Lo curioso es que ante este problema evidente se plantea como solución prorrogar el mismo sistema que ha fracasado estrepitosamente y que tiene a las principales pesquerías del país amenazadas de extinción.
Requerimos un debate serio en torno a la viabilidad de este sistema que alienta la concentración y no ha sido eficaz para darle sustentabilidad a la industriaAsimismo, reclamamos una mayor preocupación por la pesca artesanal, la investigación y especialmente la fiscalización, áreas en que existen enormes falencias que impactan negativamente en la adecuada administración de los recursos.

A no olvidar que los orígenes de la tragedia se encuentran en la precariedad laboral

Necesitamos ampliar negociación colectiva y fiscalización

El drama de los 33 mineros se trata de un hecho que pudo no haber ocurrido si se respetaran las normas laborales y contáramos con una fiscalización adecuada sobre las medidas de seguridad e higiene en las faenas.
La satisfacción y orgullo que cunde en el país no deben hacernos olvidar el origen de esta tragedia ni alejarnos del imprescindible objetivo de impedir que hechos tan desgraciados vuelvan a ocurrir.
Cada día hay muchos otros hombres y mujeres que no tienen la suerte de ser rescatados y que quedan gravemente heridos o mueren en sus puestos de trabajo por causas enteramente evitables.
La lección que emerge de las profundidades de la mina San José es que muchas cosas deben cambiar en el ámbito laboral. En este caso, la de cambiar costumbres, prácticas, instituciones y, por cierto, normas, para proteger más al trabajador y evitar los abusos que pongan en riesgo su integridad física y psíquica.
El desafío es avanzar en un mejoramiento e información de la legislación para favorecer la sindicalización y la negociación colectiva e impulsar la denuncia de irregularidades reformulando la Dirección del Trabajo, otorgándole autonomía respecto del gobierno y dándole pluralismo a su gestión mediante un Consejo Directivo, junto con aumentar sus recursos asegurando procedimientos transparentes y eficaces.
Lo mismo debiera ocurrir con otros servicios cuya labor tiene incidencia directa en la seguridad e higiene de los espacios de trabajo, como Sernageomin, los Servicios de Salud, Directemar, entre otros.
Debemos avanzar hacia una nueva ética del quehacer productivo que impida que se minimicen costos arriesgando a los trabajadores por medio de un compromiso de todos, especialmente del gobierno, para mejorar la legislación laboral, la fiscalización y los estándares productivos existentes.

Apoyo decididamente a trabajadores de ENAP ante posibles despidos

Debemos crear un Frente de Defensa de las Empresas del Estado.

Expreso mi solidaridad con los trabajadores de ENAP y los llamo a coordinar sus esfuerzos con otras empresas estatales, como CODELCO, con el objeto de defender su carácter público. Tal como en la Dictadura, debemos conformar un gran Frente de Defensa de las Empresas del Estado. Lo mismo haremos en el Congreso Nacional los parlamentarios de las regiones involucradas.
Los ajustes en el balance que realiza ENAP - y para lo cual anunció este plan de desvinculaciones - tienen por objeto mejorar sus cifras con el objeto de avanzar en la incorporación de capital privado, lo que constituye el comienzo de la enajenación de la empresa.

Cuando se incorpora la presencia privada, aún en un porcentaje reducido, como el 5, 10 ó 20%, se rompe el principio de la propiedad estatal y de allí en adelante la discusión es meramente numérica.

La nueva administración de la empresa, bajo el actual Gobierno, ha optado por el camino más fácil, sin reconocer el carácter estratégico que el tema energético tiene para el país. En lugar de buscarse la privatización se debiera avanzar hacia la transformación de ENAP en una gran Empresa Nacional de Energía, que amplíe su giro a la comercialización directa de combustibles y que se enfoque hacia las energías alternativas.