Justicia debe frenar explotación carbonífera en Isla Riesco

Proyecto presenta el mismo defecto que la fallida Central Castilla al evaluar separadamente impacto del puerto y la Mina Invierno. Actitud dolosa de inversionistas motiva rechazo de proyectos energéticos.

 

El proyecto que Minera Isla Riesco lleva adelante en la Región de Magallanes adolece de los mismos reparos administrativos, en su proceso de calificación ambiental, que terminaron motivando que la Corte Suprema detuviera la Central Castilla en el norte del país.

En lo sustantivo, se da la misma situación de haber sometido en forma separada a evaluación ambiental el puerto que exige la explotación carbonífera y la Mina Invierno.

 

Hay acá una evidente intención de simplificar el análisis para facilitar la aprobación, en circunstancias que constituyen una misma unidad productiva. No cabe ninguna duda que no es necesario un puerto sin la mina y no es viable la mina sin el puerto que permita sacar el material.
En el caso del proyecto de Minera Isla Riesco existen, además, otras falencias vinculadas con la clasificación de impactos, la contaminación de las aguas de la isla y el seno Otway por la calidad del carbón, que no se analizó y que contiene porcentajes elevados de metales pesados, como arsénico y mercurio.

Espero, por tanto, que los recursos que presentó Alerta Isla Riesco sigan su curso, no sean entorpecidos por el Gobierno u otros organismos del Estado y culminen, tal como ocurrió en el caso de la Central Castilla, con un rechazo del Poder Judicial a la aprobación ambiental que la Mina Invierno recibió en la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, en tanto se trata de un proceso claramente viciado.

Debe valorarse el reciente fallo de la Corte Suprema sobre el proyecto termoeléctrico en Atacama y desestimar las críticas del empresariado y el Gobierno en el sentido que tanto la legislación vigente como el criterio de los tribunales estarían afectando la inversión energética.

 

El problema no deben buscarlo ni en la ley ni en los tribunales, sino en la actitud dolosa de los promotores de los proyectos, que buscan subterfugios para evitar la evaluación integral que corresponde para iniciativas de alto impacto ambiental.

Magallanes en el "desgobierno".

Críticas de la UDI a Gobernadora Vilicic son una constatación del permanente conflicto de interés del Ejecutivo y de su fracaso absoluto.

Lamento la polémica desatada  luego de la destitución del Intendente, Arturo Storaker. En las últimas horas, la Unión Demócrata Independiente local criticó duramente la tardanza en el nombramiento de un intendente titular y acusó claramente de conflicto de interés la permanencia de la actual Gobernadora de Magallanes, Gloria Vilicic, como subrogante.

En una declaración pública, distribuida a los medios de comunicación, el gremialismo afirma que “empresas familiares mantienen cuantiosos contratos, con el estado, financiados con recursos del FNDR, cuya administración le corresponde al Gobierno Regional, teniendo el Intendente directa relación.”

Dichas acusaciones son extremadamente graves y reiteran situaciones similares ocurridas anteriormente. Lo mismo se señaló de la primera Intendenta, Liliana Kusanovic y también tras el nombramiento del propio Storaker, ambos ligados al rubro turístico.

En el caso de la actual Gobernadora, resulta curioso que la UDI reclame por esta circunstancia ahora, cuando Vilicic ha ejercido ya un alto cargo por un lapso significativo.

Las disputas internas de la coalición de Gobierno están poniendo en serio riesgo la gobernabilidad y el bien funcionamiento del aparato público, generándose una situación muy inconveniente.

Esto ratifica que el conflicto de interés ha sido la tónica permanente de toda la actual administración tanto a nivel nacional como en la Región de Magallanes y muestra las profundas disputas internas que existen entre los partidos del Ejecutivo y que, entre otras razones, explican que este Gobierno haya sido un completo fracaso en Magallanes.

 

El Ministerio del Interior debe  designar a la brevedad al nuevo Intendente para evitar que esta polémica siga escalando. Sin embargo, este tipo de hechos sólo puede evitarse a través de una reforma constitucional que permita la elección popular y directa de los Intendentes Regionales, como lo he propuesto en un proyecto.

La descentralización en nuestro país debe seguir avanzando hacia una mayor participación y decisión de los ciudadanos, lo que es particularmente relevante para las regiones extremas.

Bien la SVS, pero ahora quién devuelve la plata?

Debe insistirse en perseguir responsabilidad de los controladores por pérdidas en los fondos de pensiones

La Superintendencia de Valores y Seguros ha establecido el carácter de operación entre sociedades relacionadas del aumento de capital de ENERSIS.

Este rápido pronunciamiento del órgano fiscalizador es importante  porque obliga a la energética a seguir las normas de protección a los accionistas minoritarios dispuestas en la ley de sociedades anónimas, en caso de persistir en el incremento patrimonial.

Sin embargo es sólo un primer paso. El sólo anuncio de la operación ya tuvo efectos en los fondos de pensiones. Ha habido una caída importante en las acciones de ENERSIS y con ello una pérdida que supera los US$ 200 millones en los ahorros de los cotizantes de las AFP, que no se ha revertido..

Por ello no debe darse por terminado el asunto. Las Superintendencias de Valores y Seguros y de Pensiones, como asimismo las AFP, deben agotar las acciones no sólo para que la operación respete los derechos de los accionistas minoritarios, sino para que se reponga todo perjuicio que se les haya causado.

No se trata de proponer algo irregular y arreglarlo, cumpliendo con la ley, sino que debe repararse íntegramente el daño que indudablemente se ha ocasionado.