Gobierno reaccionó lenta y tardíamente ante incendio en Torres del Payne.

Con show mediático tratan de tapar negligencia ante avance las llamas. 
El Gobierno ha tenido una lenta y tardía reacción ante el incendio que afecta ya, según cifras oficiales, más de 8.000 hectáreas del Parque Nacional Torres del Payne. Es efectivo que existen dificultades geográficas y climáticas en la zona, particularmente por las condiciones del viento que han afectado a la región, pero ello no excusa la respuesta débil de La Moneda en esta emergencia.

Una cosa es que los brigadistas y efectivos e incluso las aeronaves no puedan actuar por las condiciones del lugar, pero otra distinta es que ni siquiera se hayan desplazado a las inmediaciones en un lapso razonable. A tres días de comenzado el siniestro recién está llegando personal y equipos de apoyo suficiente y se está solicitando más ayuda especializada de países vecinos y de otros servicios públicos, lo que significa claramente que se minimizó la magnitud y riesgo de este incendio perdiéndose tiempo valioso.

El 2005, ante una situación similar, según la prensa de la época, se movilizaron más de 700 personas, 250 de ellos brigadistas de la CONAF, más de 100 brigadistas argentinos y personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se contó con la colaboración de la Dirección de Vialidad, con maquinaria pesada para contrarrestar el avance del fuego.

En cambio, ahora, mientras este voraz incendio se desarrollaba y aumentaba en magnitud, en el Gobierno y particularmente la cartera de Agricultura, de la que depende la CONAF, estaban más preocupado del cambio de Gabinete, de las declaraciones del Ministro Longueira y de los resultados de la encuesta CEP.

Ahora han montado un “show mediático”, con la presencia del propio Presidente de la República, Sebastián Piñera y diversos Ministros en las oficinas de la ONEMI. No sirve. Sobre la leche derramada buscan dar las señales de interés y preocupación que no se demostraron oportunamente y que contribuyeron a la extensión del fuego.

Sin embargo, ojalá que, a partir de este momento se inicie un despliegue más eficaz y enérgico de parte de las autoridades. Ahora que el tema es de interés nacional e incluso internacional, esperamos que se adopten todas las medidas y no se escatime en recursos para detener el fuego, velando por este patrimonio natural que es un orgullo para los magallánicos y para todos los chilenos.

Solictaré a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta realizar una sesión especial donde se informe acerca de la reacción del Ejecutivo ante esta emergencia y, particularmente, sobre la oportunidad en el desplazamiento de brigadistas forestales, personal militar y equipamiento a la zona y se analicen las medidas e inversiones que permitan la recuperación de la flora y fauna nativa y las acciones de ayuda para el sector turístico de Última Esperanza que, seguramente, será afectado por esta tragedia.

Hay que reforzar prevención y equipos de emergencia en Torres del Payne

Necesitamos saber cuánto se cumplió el 2005 y cuánto nos falta para proteger parques y reservas nacionales.

Nuevamente un gigantesco incendio afecta al Parque Nacional Torres del Payne consumiendo una cantidad no determinada de hectáreas de vegetación. Es muy lamentable. Resulta imprescindible mejorar las medidas de prevención y combate de emergencias, tanto en esta como en otras áreas protegidas del país.

Con ocasión de un incendio anterior, ocurrido el año 2005 por la imprudencia de un turista checo, se anunció un reforzamiento de la inversión en seguridad y equipos de prevención y combate al fuego.

Es necesario saber, con certeza, cuanto de lo comprometido en esa ocasión se cumplió y cuanto falta para contar con el personal, el equipamiento y los planes de acción que se requieren para enfrentar este tipo de situaciones.

Debe, asimismo, insistirse en las medidas de cuidado y educación dirigidos a los visitantes, de modo que tomen conciencia de la necesidad de agotar los esfuerzos para prevenir siniestros. Esto, también, nos revela la inconveniencia de recargar estos lugares con infraestructura que ponga en peligro la sustentabilidad, como ocurre con el concurso de iniciativas que están desarrollando SERNATUR, CONAF y la Subsecretaría de Turismo. Debe estudiarse, además, endurecer las sanciones para los responsables de estos incendios.

Con ocasión del siniestro anterior propuse dos iniciativas legislativas, en trámite en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, una para endurecer las penas para quienes produzcan daños en las áreas silvestres protegidas y otra para contribuir a mantener la armonía estética de los alrededores de parques y reservas nacionales.

Se trata de lugares que tienen enorme importancia, desde el punto de vista de la conservación y la preservación de la biodiversidad y que, por lo tanto, deben tener mayor protección de la ley frente a las presiones inmobiliarias en su entorno y respecto de conductas negligentes o dolosas de los turistas que los pongan en peligro.

Por último, he solicitado a SERNATUR y al Gobierno Regional evaluar el impacto del incendio en la actual temporada turística, con el objeto de fortalecer, si fuera necesario, la información y campañas promocionales para impedir que se vea afectado el flujo de visitantes a la Región y, particularmente, a la Provincia de Última Esperanza.

Hasta el FMI cuestiona ganancias y rentabilidad de las AFP.

Es urgente una modificación estructural del sistema previsional.

La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones anunció que comenzará a elaborar un estudio con el objeto de proponer medidas para mejorar la densidad de cotizaciones de los afiliados al sistema.

Lamentablemente, desde el inicio, pareciera que el acento está puesto sólo en ese tema y en algunas soluciones, como incrementar el porcentaje de cotización obligatoria o extender la edad de jubilación, en lugar de analizar, sin dogmas, correcciones profundas a los diversos problemas que se aprecian en el actual sistema.

Así, por ejemplo, el Informe de Estabilidad Financiera de nuestro país, emitido por el Fondo Monetario Internacional en Agosto pasado, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11261.pdf indica que las debilidades del actual esquema previsional, no sólo se refieren a la baja densidad de imposiciones, sino que también a la pobre rentabilidad obtenida por los fondos en la última década y al elevado costo de administración.

El FMI sostiene que el sistema de AFP presenta ganancias muy altas para el escaso riesgo de la industria, al tiempo que cuestiona el esquema de comisiones del sistema, que estima elevado, a treinta años de su implementación.

Si acá hay alguna medida que adoptar para mejorar el sistema y, con ello las pensiones de los chilenos, es terminar en forma inmediata con las comisiones fijas. Las ganancias de las AFP deben estar exclusivamente asociadas a las rentabilidades que obtengan para los cotizantes, de modo que compartan sus riesgos. Sin embargo, una verdadera reforma debe orientarse a la constitución de un modelo tripartito.

Debemos avanzar hacia un sistema que integre un pilar público, como el creado con la reforma previsional; un pilar solidario, similar al sistema de reparto, administrado por el Estado y un pilar individual, como el actual, donde los propios cotizantes puedan incrementar sus ahorros, incluyendo, también una cotización del empleador.

Lo que hay que entender es que si se quiere mejorar la densidad y atraer al sistema a quienes hoy no cotizan, como los trabajadores independientes, se debe mejorar sustantivamente la confiabilidad. Hoy la gente tiene la sensación de estar botando la plata a un saco roto y eso es lo que conspira a un mayor ahorro previsional.

A casi un año de histórico paro regional hay escaso avance en materia de tarifas del gas.

Proyecto de ley del Gobierno no demuestra compromiso del Estado con Magallanes.

A un año del histórico paro regional el avance en materia de tarificación del gas es casi nulo. El Gobierno demuestra poco interés en resolver definitivamente el asunto, limitándose a un proyecto de ley insuficiente para los intereses de los magallánicos. 

Tras la crisis, el Ejecutivo presentó una reformulación, más comunicacional que de fondo, del proyecto de ley que ya existía y comprometió que no habría alzas, sino en el IPC, durante 5 años, luego de lo cual no ha existido mayor preocupación por su despacho y menos por acoger las propuestas de modificación que se le han planteado.

Lo que se ha propuesto es un proceso de fijación de tarifas, muy similar al que ya se había sugerido en el proyecto anterior y a los vigentes para otros suministros domiciliarios, posponiendo el primer proceso para cinco años más. Ello no satisface las demandas ciudadanas que derivaron en el paro de Enero pasado. 

A Magallanes sólo le sirve una ley que establezca un compromiso decidido y de largo plazo del Estado con un abastecimiento de gas estable y a precios bajos para nuestra zona. Si eso no se asegura es mejor que no haya ley.

De nada ayuda tener un mecanismo tarifario que, en definitiva, deje al mercado el valor de este insumo indispensable para la vida en nuestra región. No queremos que las futuras autoridades se laven las manos diciendo que el precio del gas subió porque se elevó el costo de tal o cual insumo o por la variación de los mercados internacionales, lo que necesitamos es que nos señalen de qué forma el Estado se compromete con un abastecimiento seguro y cuentas bajas para quienes hacen soberanía en esta parte del territorio.

La iniciativa gubernamental tampoco garantiza contar con gas para uso residencial. Se habló de que las reservas de gas se estaban agotando, pero se sigue privilegiando el abastecimiento industrial en lugar de velar por los habitantes de nuestra región, como lo propuse a los Ministros de Energía Golborne y Álvarez, en una moción que busca establecer legalmente una reserva para los hogares, como existe en las legislaciones de otros países sudamericanos.

Inscripción automática y voto voluntario deben complementarse con nuevas reformas.

Ahora debemos terminar con el sistema binominal y permitir la elección de intendentes, iniciativa popular de ley y plebiscitos.

La aprobación definitiva de la ley que establece la inscripción automática y el voto voluntario constituye un hito para la democracia, dando la posibilidad que miles de personas, especialmente jóvenes, puedan participar de los futuros procesos eleccionarios, sin mayores trámites.

Desde hace años que se viene señalando que el padrón electoral se encuentra estancado y envejecido, lo que resta interés a los comicios y desalienta a muchas personas a expresar su opinión. La paulatina disminución de jóvenes en los registros electorales es un hecho grave, pues afecta la posibilidad de que el sistema acoja sus necesidades y demandas, lo que debería tener un giro si éstos se deciden a votar en las próximas elecciones.

Se abre un importante camino y posibilidad para que el sistema recoja las problemáticas que afectan a este sector en materia de acceso a la educación y a la vivienda, cuidado del medio ambiente e inserción en el ámbito laboral, entre otros aspectos, lo que debe ser aprovechado para obtener soluciones.

Con todo, esta modificación debe ir acompañada de acciones que apunten a reforzar la conciencia cívica de la ciudadanía y, especialmente, de nuevas reformas políticas que permitan fortalecer el poder de los electores, pues de lo contrario, en lugar de incrementar la participación, ésta puede decrecer afectando aún más todavía la legitimidad de las instituciones.

Una verdadera renovación del sistema político chileno debe ir acompañada de otras importantes medidas como el término del sistema binominal, la iniciativa popular de ley y una ampliación del plebiscito como instrumento para la toma de decisiones. Además, debe avanzarse en una mayor descentralización y autonomía de las regiones, a través de la elección democrática del Intendente y los Consejeros Regionales.

Se trata, en definitiva, de que no sólo se amplíe la posibilidad de participar, sino que esta participación tenga real peso en las decisiones que se adoptan.

Fiscalizaremos que recursos aportados a educación particular subvencionada lleguen a profesores y funcionarios.

Dineros públicos para bonos y aguinaldos deben traspasarse. Aumento en la subvención debe permitir reajustar las remuneraciones.

Mediante una indicación que presentamos junto al senador Camilo Escalona y que terminó incorporada en la ley de reajuste del sector público, fiscalizaremos con rigurosidad el traspaso a los profesores y funcionarios de los establecimientos particulares subvencionados de educación, de los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias; bonos de escolaridad y término de conflicto y el reajuste de sus remuneraciones.

Es un motivo de enorme preocupación y de constantes reclamos el hecho que muchos colegios particulares subvencionados no traspasan a los maestros y personal, los beneficios que la ley de reajuste para el sector público les hace extensivo y para lo cual se les entregan recursos fiscales, tanto por la vía de asignar montos específicos para aguinaldos y bonos como incrementando la Unidad de Subvención Educacional.

Existe un porcentaje importante de docentes y funcionarios que año a año se encuentran con este problema, lo que constituye una situación grave, puesto que el Fisco transfiere a los sostenedores los recursos que permitirían realizar los pagos y también reajustar las remuneraciones, requiriéndose trasparentar la situación.

Por este motivo, a través de estos artículos incluidos en la ley de reajuste del sector público, se exige a los sostenedores privados entregar, cada año, al Ministerio de Educación, la información pormenorizada de los beneficios de este tipo pagados a cada uno de sus trabajadores, incluyendo, reajustes, aguinaldos y bonos. Consecuentemente, se obliga al Mineduc a traspasar esta información a las Comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.

Lamentablemente, no es parte de la iniciativa de los legisladores establecer medidas más imperativas, tales como la suspensión del pago de la subvención a los establecimientos que incurran en estos incumplimientos, pero a través del catastro que se constituirá se permitirá al Parlamento, al Ministerio de Educación y a la futura Superintendencia instar por las acciones legales que permitan el uso adecuado de los recursos públicos.

Nos pareció muy negativa la dura oposición que el Gobierno realizó respecto de la incorporación de esta norma durante su trámite en el Senado. Resulta incomprensible que el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en lugar de apoyar una norma que apunta derechamente a la transparencia y a evitar abusos contra los trabajadores, haya buscado mantener el oscurantismo respecto del uso de dineros de todos los chilenos.

La misma disposición obliga al Ministerio de Hacienda a entregar, también, al Congreso Nacional, la información respecto de otras entidades colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, de las Corporaciones de Asistencia Judicial y de la Fundación de Asistencia Legal a la Familia que se encuentran en una situación similar.

Estrés laboral tiene grave incidencia en accidentabilidad, ausentismo y baja productividad.

Fenómeno aún es poco analizado en nuestro país. Debemos legislar para mejorar la pesquisa y actuar sobre sus causas.
Resulta preocupante la falta de una política nacional para abordar el estrés en el mundo laboral. Las investigaciones han comprobado que cuando las demandas del ambiente laboral exceden la capacidad adaptativa de los individuos, se generan cambios psicológicos y biológicos que son un riesgo y fuente de probables enfermedades y accidentabilidad.

Se trata de una materia que los expertos han analizado sólo desde algunas décadas atrás y respecto de lo cual existe aún insuficiente información. Sin embargo, con los datos que han ido surgiendo, se ha constatado que el estrés laboral se sitúa, en la actualidad, como uno de los principales trastornos que afectan a las organizaciones laborales, con enormes costos económicos, por conceptos de demandas, ausentismo, pérdida de productividad y salud mental.

En Europa, por ejemplo, la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, estimó en el año 2000, que los problemas relacionados, directa e indirectamente, con el estrés laboral afectaban, al menos, a 40 millones de trabajadores de la Unión Europea, un 28% del total.

En los Estados Unidos, por su parte, a principios de los ‘90, más de la mitad de las camas de los hospitales se destinaban a personas con padecimientos producto del estrés. La Oficina de Estadísticas Laborales de ese país ha señalado que de los 550 millones de días de trabajo perdidos en ausencias por enfermedad, el 54% se relacionaban de alguna manera con el estrés. 

Respecto de las causas, éstas son muy variadas. El Acuerdo Marco Europeo sobre Estrés Laboral de 2004, estableció como los principales factores que contribuyen al estrés laboral la organización del trabajo y los procesos laborales; el entorno y las condiciones de trabajo; la comunicación y diversos factores subjetivos. La organización en el trabajo, se relaciona con estructuras excesivamente jerárquicas, sujetas por tanto a relaciones de dependencia y subordinación muy marcadas. El entorno, se refiere a condiciones sanitarias y de seguridad inadecuadas en el ambiente en que se desarrollan las labores, mientras por las condiciones de trabajo, se alude a aspectos tales como la inestabilidad en el empleo, bajo nivel de remuneraciones y deficiencias en la forma en que se desarrollan las actividades (extensión de jornadas, horarios, descansos, etc.)

En nuestro país el estrés laboral ha sido muy incipientemente estudiado y con escaso esfuerzo sistémico, existiendo, sin embargo, algunos estudios que revelan plena concordancia con los análisis internacionales. Por lo anterior, es imprescindible preocuparse más activamente sobre esta problemática. Se requiere un análisis más complejo y sistemático, a nivel país, respecto del estrés laboral y su incidencia en la accidentabilidad ausentismo y productividad laboral.

La Superintendencia de Seguridad Social ha comenzado a aplicar, desde el 2009, la encuesta SUSESO-ISTAS 21, con el objeto de determinar la incidencia del estrés laboral, pero es indispensable complementarla y abordar el problema como una enfermedad profesional y una causa relevante de accidentabilidad laboral.

Por ello, el año 2008 presenté a tramitación un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para obligar a las administradoras del seguro de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo (mutuales) a informar a sus empresas afiliadas sobre las características, riesgos y consecuencias del estrés laboral, al tiempo que se propone incorporar la detección del estrés laboral como una función específica de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en la ley 16.744.

Lo anterior apunta esencialmente a visibilizar el estrés laboral como factor de riesgo, detectar sus principales causas en materia de organización y condiciones de trabajo y su entorno y actuar sobre ellas para disminuir su prevalencia y consecuencias.

Las energías limpias son viables.

HidroAysén no es el único camino. Sudáfrica acaba de lanzar gigantesco plan de energías no convencionales.

Mientras en Chile se insiste majaderamente en que las fuentes renovables no convencionales no son suficientes para generar la magnitud de energía que necesitamos y que su precio es muy elevado, surgen claras pruebas de que se trata de un opción viable.

Sudáfrica nos acaba de dar una muestra. En los últimos días puso en marcha un gigantesco plan tendiente a ampliar y diversificar su matriz energética.  El programa apunta a obtener hasta 17.800 MW de energías renovables para el 2030, reduciendo así su dependencia del petróleo, carbón y del gas natural. La primera etapa de este impulso, implicó la adjudicación, hace unos días, de 28 plantas de energía termosolar, fotovoltaica y eólica, que involucrarían unos 1500 MW de energía verde.

En los próximos tres años se licitarán nuevos proyectos hasta llegar a 3.745 megavatios, que superan largamente las perspectivas del complejo hidroeléctrico Hidroaysén, que inundaría 5.910 hectáreas en la XI Región y que aportará 2.750 megavatios al Sistema Interconectado Central (SIC).

Lo realizado por Sudáfrica es un claro ejemplo de que existen alternativas a Hidroaysén y que con las fuentes y recursos naturales que Chile posee es posible dotar al país de energía a costos razonables, pero con un menor impacto ambiental. Si bien existen diferencias entre ambas naciones, debemos iniciar un salto hacia la energía verde que el mundo exige y que será vital para que en el futuro nuestros productos mantengan sus mercados de exportación.

HidroAysén no es el único camino posible, menos aún cuando impactará gravemente el ecosistema de la Patagonia, además de afectar a una vasta extensión del territorio con su tendido de transmisión, pero necesitamos actuar con más audacia.

Hay que analizar seriamente el proyecto surafricano y lanzar nuestro propio Plan Nacional sobre la materia. Las energías renovables no convencionales son una opción disponible y viable, pero se requiere decisión para impulsarlas, evitando las inercias y presiones de grupos económicos, que apuestan a seguir con las energías tradicionales.

El proyecto de desmunicipalización del Gobierno no fortalece la educación pública.

No asegura financiamiento suficiente ni garantiza mejoramientos en la calidad. Además, conlleva riesgo de discrecionalidad laboral para el Magisterio.

Quiero expresar mi rechazo a la propuesta del Gobierno sobre desmunicipalización de la educación pública. El proyecto crea las Agencias Públicas de Educación Local, entidades autónomas, de derecho público, que reemplazarán a las municipalidades en la administración de escuelas y liceos, contando para ello con amplias atribuciones para gestionar los establecimientos desde el punto de vista administrativo, financiero y pedagógico. Serán descentralizadas, aunque podrán agrupar más de una comuna y tendrán como giro único el educacional.

Dichas entidades estarán dirigidas por un Consejo Directivo de 5 miembros y por un Director Ejecutivo. El Consejo será el encargado de entregar las directrices centrales y de largo plazo para la agencia, así como su fiscalización general. Tendrá cinco miembros, tres de ellos de carácter local que son el alcalde (si son varias comunas, deberán elegir un representante), un miembro elegido por las asociaciones o centros de padres y apoderados de los establecimientos educacionales administrados por la agencia y un representante designado por los directores de los establecimientos administrados por la agencia. Los restantes dos miembros son designados por el Secretario Regional Ministerial de Educación y por el Intendente con acuerdo del Gobierno Regional, a proposición de las instituciones de educación superior de la zona.

El Director Ejecutivo, en tanto, tendrá a su cargo la administración de los establecimientos, bajo un convenio de desempeño donde se incorporarán las metas y objetivos en base a los cuales su labor será evaluada y, además, deberá regirse por la planificación de largo plazo que le imponga el Consejo Directivo.

El proyecto es extremadamente insuficiente, constituyendo un retroceso respecto de las propuestas elaboradas durante el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet. Su contenido da cuenta de una intención del actual Ejecutivo sólo de cumplir el compromiso adquirido de enviar a tramitación esta iniciativa, sin plantear una reforma de fondo a la administración de la educación pública, que avance realmente en su fortalecimiento.

La iniciativa insiste en un sistema descentralizado que ya fracasó, reemplazando la municipalización por una figura autónoma similar y que puede terminar concentrada en el alcalde. 

La propuesta no asegura un compromiso claro del Estado con las escuelas y liceos, no garantiza un financiamiento suficiente ni representa mejoramiento alguno en la calidad. El texto, además, acrecienta la discrecionalidad en materia laboral respecto de los profesores, producto de atribuciones radicadas en el director ejecutivo y los directores de establecimientos.

Hay un deterioro grave en la calidad del empleo.

Estadísticas laborales del Gobierno ocultan que en los últimos años se generaron especialmente puestos de trabajo informales, precarios y transitorios.
Está quedando en evidencia que en los últimos años más que crearse empleos formales, bien remunerados y estables lo que se está produciendo es autoempleo precario y de baja calidad.

Así lo demuestra la baja en la densidad previsional de casi 10 puntos en los últimos tres años, que muestran los estudios de la Superintendencia de Pensiones. Si hasta el año 2008 los trabajadores cotizaban un 56% de todos los meses de su vida laboral, hoy sólo lo hacen el 46%, lo que impacta severamente en sus futuras pensiones.

Si bien la creación de empleo independiente o informal es habitual al término de una crisis económica, como la vivida por el mundo y nuestro país en el año 2008, acá han transcurrido varios años y las cifras no se modifican sustantivamente, sino que empeoran, o sea hay un deterioro evidente en la calidad del empleo que se está creando.

Este informe es una clara luz de alerta respecto de las estadísticas de empleo que ha mostrado el Gobierno en los últimos años. Se demuestra claramente que no se han creado 500 mil empleos formales, sino que miles de chilenos han sido conducidos a la informalidad o a un empleo independiente, rotativo y de baja calidad.

El legislador recordó diversos estudios especializados, como los de Fundación Sol, que revelan que más del 60% de los empleos creados durante el actual Gobierno son trabajos “por cuenta propia”, “personal de servicio doméstico”, “familiar no remunerado”, o empleadores de microempresas de menos de 5 personas, los que suelen ser precarios y no están cubiertos por los sistemas de protección habituales, como la previsión.

Resulta urgente ocuparse de la calidad del empleo que se está creando. Por ello solicitaré a la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta destinar una sesión a revisar en profundidad las cifras sobre generación de empleo en los últimos meses y analizar la necesidad de que las políticas públicas apunten a la creación de empleo de mejor calidad.

Deben investigarse accidentes fatales ocurridos en ENAP

Gobierno debe cumplir con legislación comprometida tras accidente en Mina San José.

Un segundo accidente fatal, en casi una semana, enluta a la Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes. Este sábado perdió la vida Manuel Onofre Alvarado Serón, de 45 años, quien recibió una descarga eléctrica en el Bloque Dorado Riquelme. El viernes de la semana recién anterior había fallecido René Dobson Mancilla, de 58 años, mientras realizaba faenas de limpieza, cerca de Posesión.

Junto con expresar las condolencias a los familiares de las víctimas, lamentando estos dolorosos acontecimientos; es necesario demandar una acuciosa investigación de los hechos y exigir a la empresa reforzar las medidas de seguridad.

Dos accidentes fatales en tan corto tiempo, sin duda, deben llamar la atención sobre el cumplimiento de los procedimientos y protocolos y, muy especialmente, respecto de la inversión para asegurar la vida e integridad de los funcionarios, como lo ha demandado el sindicato de trabajadores.

Además, es imprescindible reforzar la legislación en materia de seguridad laboral. Tras el accidente de la Mina San José hubo un amplio consenso nacional y promesas del Ejecutivo de mejorar la normativa en la materia. Los proyectos de ley se retrasaron más de lo conveniente y hoy, a más de un año del rescate de los 33 mineros, sólo tenemos dos propuestas legales del Gobierno en el Parlamento, una que modifica la estructura de la Superintendencia y otra que reforma la institucionalidad en materia de seguridad minera.

Sin embargo, no hay iniciativa alguna de la actual administración para agravar las sanciones por infracciones a las normas sobre seguridad y sigue pendiente la necesaria reforma de las mutuales. Por el contrario, se han producido numerosos despidos en la Dirección del Trabajo y se cerró la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO), a comienzos de la actual administración, lo que implica un claro debilitamiento de la fiscalización.

Necesitamos que los discursos del presidente Sebastián Piñera y sus Ministros, durante las faenas de rescate en Atacama, se traduzcan en modificaciones concretas que avancen en la prevención y, al mismo tiempo, fortalezcan la fiscalización y sancionen drásticamente los abusos empresariales para evitar que más trabajadores sigan perdiendo la vida producto de fallas en la seguridad.

Aumentar cotización previsional es echar la plata en un saco roto.

Baja densidad en ahorros comprueba que los empleos creados en actual gobierno son precarios y de baja calidad.

El Gobierno ha anunciado su intención de constituir una Comisión que analizará un eventual incremento de la cotización previsional obligatoria, que actualmente ronda el 10% y que podría llegar al 12 ó 13%.

Aumentar la cotización hoy es echar la plata en un saco roto. No resulta posible pensar en una modificación de esta naturaleza sin hacerse cargo de la profunda desconfianza de los chilenos en el actual sistema, por sus altos costos y las bajas pensiones que entrega, a lo que se ha agregado la baja sostenida en la rentabilidad ocurrida en los últimos años.

Más que modificaciones cosméticas a un sistema fracasado, lo que debería pensarse es avanzar a una reforma estructural que incorpore un pilar solidario al esquema previsional y reemplace la administración privada de los fondos.

No hay que olvidar que la promesa que sustenta este sistema fue la posibilidad de otorgar pensiones de un 80% del último sueldo del trabajador con una cotización menor a la que existía en las antiguas cajas. Si hoy sus impulsores se dan cuenta que eso no se puede cumplir lo que corresponde es reconocer que el esquema fracasó en sus supuestos fundacionales y buscar una corrección global.

Asimismo, la baja en la densidad previsional que muestran los estudios de la Superintendencia de Pensiones y que han motivado la preocupación del Gobierno, echan por tierra las cifras de empleo que han lucido las autoridades en los últimos años.

Este informe es un desmentido rotundo a las estadísticas de empleo que ha mostrado el Gobierno. Acá se demuestra claramente que no se han creado 500 mil empleos formales, sino que miles de chilenos han sido conducidos a la informalidad o a un empleo independiente, rotativo y de baja calidad.

Usuarios de buses interurbanos deben contar con más información.

Debe crearse un registro online de infracciones por mal estado de máquinas y condiciones laborales de choferes y auxiliares.

Las denuncias periodísticas respecto de las graves deficiencias en la mantención de los buses de la principal empresa del país y la eventual incidencia de ello en la accidentabilidad, obligan a tomar medidas urgentes que apunten a evitar estos hechos y proteger la vida e integridad de los pasajeros.

Al respecto, quiero insistir en la necesidad de crear un registro público online de las multas aplicadas a las empresas de buses interurbanos, tanto por el Ministerio de Transportes y Carabineros de Chile en lo referido a la mala condición técnica de las máquinas, como por la Dirección del Trabajo, respecto de los incumplimientos en materia de condiciones laborales de choferes y auxiliares, factores que inciden directamente en la ocurrencia de siniestros. La iniciativa se encuentra en trámite en la Comisión de Transportes de la Cámara Alta y fue abordada ya en un par de sesiones.

Es imprescindible que los usuarios cuenten con la mayor información posible respecto de los principales factores de riesgo que contribuyen a producir accidentes, cuales son el estado de las máquinas y la disposición de choferes y auxiliares de éstas. En este tema, el Estado tiene la obligación de traspasar a los pasajeros la información con que cuenta para que éstos tomen decisiones con el máximo de elementos de juicio.

La creación de un registro, al que se pueda acceder por internet, es una medida de muy fácil implementación y bajo costo, que permitiría a los usuarios disponer, al momento de adquirir sus pasajes, de datos relevantes para evaluar las opciones más seguras y confiables. Asimismo, se transformaría en un elemento disuasivo para las empresas y que introducirá elementos de competencia basados en la calidad del servicio.

La Dirección del Trabajo expresó su pleno apoyo a este proyecto, en tanto el Ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, también la consideró como una propuesta interesante y viable, por lo que espera que en las próximas semanas ésta pueda ser votada en la Comisión de Transportes y enviada a la Sala de la Cámara Alta.

Mientras todos perdemos, las AFP celebran.

“Celebración” de los 30 años de las AFP es un gran desatino.

Se imagina Ud. realizar una fiesta de cumpleaños el día siguiente al que un gran incendio arrasó con su casa y con el esfuerzo de toda una vida?

Evidentemente, la inmensa mayoría de los chilenos acusaría el golpe y suspendería la celebración, acongojado y a la espera de una mejor oportunidad, enfocándose de paso en normalizar su situación.

Las AFP's de Chile piensan de otro modo. Sólo así se explica que la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones se encuentre convocando, por estos días, a las autoridades, a la conmemoración de los 30 años de la creación del sistema. La ceremonia principal tendrá lugar en Casapiedra el martes 29 próximo, donde se espera contar con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Lo particular de la convocatoria es que en ella se invita, textualmente, a la “celebración de los 30 años del sistema de AFP en Chile". Ello resulta “indolente” e “inoportuno”, atendida la inestabilidad que atraviesan los mercados internacionales y su efecto en los ahorros previsionales. Cuando se desata una tragedia, como la que está ocurriendo con los fondos de pensiones, las celebraciones se suspenden.

Parece de muy mal gusto y francamente indignante que en medio de una crisis global producto de la cual millones de trabajadores chilenos han visto reducida buena parte de sus ahorros previsionales, obtenidos tras una vida de esfuerzo, los responsables de la administración de estos recursos estén celebrando.

Seguramente, sus propietarios y ejecutivos tienen mucho que festejar, pues por 30 años han lucrado a costa de los trabajadores, pero está claro que los millones de afiliados al sistema no tienen ese ánimo cuando sus fondos se han reducido en nada menos que 25.000 millones de dólares y muchos pensionados han visto mermar sus ingresos con el recálculo anual de la modalidad de retiro programado.

El sistema de AFP es caro e ineficiente, su esquema de comisiones es excesivamente elevado y entrega pensiones miserables, que no cumplen las promesas efectuadas con ocasión de su creación.  Por ello, junto a las senadoras Allende y Rincón y a los senadores Escalona y Rossi presentamos un proyecto de reforma constitucional que permitiría a los afiliados optar por el actual sistema o por uno de reparto, como las antiguas cajas. Asimismo, por iniciativa de otro grupo de parlamentarios, la Cámara Alta analizaría las deficiencias del actual régimen y modalidades alternativas.

Creemos que este sistema fracasó y que se necesita reemplazarlo por otro que otorgue a los chilenos la oportunidad de solidarizar sus riesgos, disminuya los costos, mejore la cuantía de las pensiones y, de paso, que sea administrado de un modo más responsable y atinado.

A impulsar un cambio profundo del actual sistema previsional

Firme conclusión de masiva jornada de reflexión con gremios y trabajadores de Magallanes.

Una unánime crítica al sistema de administración privada de los fondos previsionales de los chilenos, hubo en la jornada de reflexión realizada el fin de semana recién pasado en Punta Arenas, convocada en conjunto por mi oficina parlamentaria y los principales gremios del sector público de la zona (trabajadores municipales y de la salud), la ANEF y la CUT regional y el Sindicato de Trabajadores de ENAP - Magallanes.

El encuentro contó con la exposición del economista, fundador e investigador del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, Manuel Riesco y la asistencia de casi un centenar de dirigentes sindicales, sociales, vecinales y público en general, quienes por más de tres horas debatieron acerca de los principales aspectos del actual sistema de pensiones.

Los planteamientos de los asistentes no admiten dos lecturas. La capitalización individual y la administración privada resulta cara e ineficiente, deja los fondos a merced de las contingencias del mercado y entrega pensiones muy bajas, lejanas a las expectativas y necesidades de los chilenos. No se han cumplido los supuestos fundacionales del sistema, por lo que éste debe ser corregido drásticamente.

Nos asiste la convicción de que este sistema fracasó rotundamente y que se necesita empujar una reforma que lo reemplace, dando a los chilenos la oportunidad de solidarizar sus riesgos, sin perjuicio del derecho de quien lo desee de mejorar sus aportes individualmente.

Hoy no existen obstáculos para transitar hoy hacia un mecanismo de reparto como lo están haciendo diversas naciones que habían promovido la capitalización individual y la administración privada en décadas pasadas y que ahora están volviendo hacia regímenes más solidarios y con mayor gestión estatal, respecto de los ahorros.

La participación y profundidad del encuentro nos permite planificar nuevas acciones y articular un movimiento sindical y social amplio y masivo que exija cambios profundos al actual sistema previsional.

Al cumplirse 30 años de su implementación, creemos que está agotado y es necesario empezar con esta otra lucha, la de enfrentar este lucro de las AFP y avanzar hacia un sistema más justo y solidario.

Oposición suscribe acuerdo en materia de educación.

Texto suscrito por la Concertación, el PC y el MAS contempla gratuidad en la educación superior hasta el séptimo decil. Propuesta enfatiza en fin del lucro, desmunicipalización, fortalecimiento de la educación técnico – profesional e insiste en una reforma tributaria.

El acuerdo alcanzado por las distintas fuerzas de oposición en torno al presupuesto de educación para el año 2012 en actual trámite y las reformas que en esta materia deben abordarse tras su discusión es un gran paso. Tras seis meses de movilizaciones estudiantiles, la demanda por una educación gratuita y de calidad ha logrado un amplio respaldo ciudadano, cuyas principales demandas se han recogido, concordando en un pliego de planteamientos.

El texto, que consta de ocho ejes y fue firmado por los Presidentes de los Partidos de la Concertación, el PC y el MAS, aborda en primer lugar la necesidad de resguardar constitucionalmente a la educación como un bien público y regular el sistema privado. Se sostiene que la libertad de enseñanza no puede seguir teniendo supremacía respecto al derecho a la educación, el cual está hoy definido en forma débil y no cuenta con instrumentos eficaces para asegurar su protección.

Otro tema incorporado en la propuesta es el fin del lucro en materia educativa. Para ello se precisa la necesidad de contar con un sistema serio y transparente de fiscalización en el caso de las universidades, donde el lucro esté prohibido, sancionando drásticamente a las instituciones que infrinjan la ley. Respecto de institutos profesionales, centros de formación técnica, y de los establecimientos de la educación particular subvencionada, se propone establecer un proceso gradual que asegure el término del lucro con fondos públicos. Se anuncia, también, que en el presupuesto 2012 se incorporarán indicaciones para garantizar que se exija transparencia total y una adecuada fiscalización, en el manejo financiero de los establecimientos educacionales con registros y balances públicos.

Un tercer aspecto incluido es terminar con la municipalización y avanzar hacia un nuevo régimen de la educación pública en el ámbito preescolar y escolar. La oposición no aceptará que la educación pública se desmiembre en diversas modalidades inconexas. Queremos un Sistema Nacional de Educación Pública, que sea autónomo y descentralizado, pluralista, laico y democrático, con una responsabilidad clara del Ministerio de Educación para garantizar el buen funcionamiento, el financiamiento, la calidad y equidad del sistema.

Otro eje fundamental del manifiesto opositor lo constituye el financiamiento de la educación superior. En este punto se propone garantizar la gratuidad hasta el séptimo décil socio económico, vale decir los estudiantes que pertenezcan al 70% de las familias de menores recursos del país. Para ello se indica que deberá existir un solo sistema de becas y créditos para los estudiantes de educación superior y proponen terminar con el CAE (Crédito con Aval del Estado) el que deberá ser sustituido hasta alcanzar los estándares del actual crédito solidario y ser accesible a todos los estudiantes de educación superior, con el objeto de financiar a quienes no alcancen la gratuidad.

La oposición plantea alcanzar el porcentaje de gratuidad señalado en dos etapas. En una primera, debería becarse a todos los estudiantes que cursen estudios en las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, hasta el séptimo décil, atendido que dichos planteles cuentan con controles y regulaciones públicos más rigurosos. Posteriormente y en cuanto cumplan las condiciones de transparencia y calidad, la gratuidad se extendería, en forma gradual, a los estudiantes pertenecientes hasta el séptimo decil de menores ingresos de toda la educación superior.

Entre las condiciones que deberían cumplir los planteles para que sus alumnos se vieran beneficiados por la gratuidad, se contempla la acreditación de instituciones y carreras; la prohibición de lucrar; garantizar la libertad de cátedra y el derecho de asociación y organización de las comunidades educativas, y la transparencia activa y pasiva en el uso de los recursos públicos.

La oposición enfatiza en la necesidad de contar con sistema de acreditación que asegure estándares más rigurosos, defina con seguridad y rigor el principio de calidad, considere los resultados de los egresados de estas instituciones y fortalezca el rol de la agencia pública encargada del tema a través de la creación de una Superintendencia de Educación Superior. Las nuevas ayudas estudiantiles deberán estar vinculadas a un mecanismo de control de los aranceles, ejercido desde el ministerio de Educación en base al informe de una comisión independiente, para evitar que éstos sigan subiendo sin fundamento.

Otro punto remarcable es la propuesta de incorporar en el Presupuesto 2012 los recursos necesarios para poner en marcha una nueva modalidad de acceso a la educación superior, destinada a los estudiantes destacados o meritorios de los establecimientos que reciben financiamiento público, que mitigue las distorsiones e inequidades del sistema PSU.  La idea  es asegurar que el 10% de alumnos de mejores calificaciones de la educación municipal pueda acceder a la educación universitaria en base al ranking de notas, con u programa de nivelación que garanticen su inserción efectiva.

El acuerdo opositor exige, asimismo, cumplir los compromisos ya adquiridos con las universidades estatales, que incluyen recursos especiales para la reconstrucción, fondos para las ciencias sociales, programas de retiro para académicos, aportes extraordinarios para las universidades estatales y las del Consejo de Rectores. Del mismo modo, pide incrementar los aportes basales que aseguren su crecimiento y el aumento de la inversión en investigación y extensión.

La educación escolar y preescolar es otra de las prioridades contenidas en el texto de la oposición. Al respecto se propone implementar un Plan Inmediato de Fortalecimiento de la Educación Pública escolar que permita avanzar en las tareas más urgentes a la espera de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad que reemplazará a la municipalización. El senador socialista explicó que para ello deberían destinarse recursos adicionales que se enfoquen a tareas como la reducción del número de alumnos por curso ahí donde sea necesario, el fortalecimiento de los equipos directivos para permitir que los directores se concentren en el liderazgo educativo derivando las tareas administrativas, la asignación de mayor cantidad de horas para la preparación de clases a los profesores y el desarrollo de actividades deportivas y culturales. Se sostiene, además, la necesidad de regular la creación de nuevos planteles subvencionados que incrementen la segregación y el desfinanciamiento de la educación pública, al tiempo de avanzar gradualmente en el fin del financiamiento compartido.

En educación preescolar, en tanto, se sugiere retomar el nivel de inversión existente en el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que fue recortado por la actual administración. Debemos alcanzar, a lo menos, la meta de 60% de menores ingresos de la población y la universalización de pre-Kínder y Kínder.

El séptimo punto incorporado en la propuesta dice relación con la educación técnico profesional. Al respecto se sostiene la necesidad de actualizar la oferta de carreras en este sector y modernizar las existentes. Se incluye la creación de una red de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter estatal, en las regiones donde existan necesidades de esta modalidad de formación. Se requiere hacer una inversión sustantiva en el mejoramiento de la infraestructura, la tecnología y los insumos con que trabajan los estudiantes y en el perfeccionamiento de los docentes que las imparten, contando con una regulación adecuada.

Se trata de una materia muy relevante, pues debe ser paralela a la reforma a la educación superior. El objetivo es complementar el abanico de carreras profesionales con una oferta técnica atractiva que cumpla con las necesidades del país en este tipo de especialistas y ayude a evitar la sobreoferta de titulados en algunas áreas.

El último punto contenido en el acuerdo de oposición es la necesidad de contar con un  Fondo de Reforma de la Educación, de carácter real, permanente, con reglas claras de funcionamiento y con recursos estables que permitan afrontar los desafíos de la reforma educativa en sus distintos niveles. Para esto se propone, en lo inmediato mantener el impuesto a la renta de las empresas en un 20% y destinar una parte de los recursos empozados en el fondo para adquisición de armamento que se forma con el 10% de los recursos del cobre que van a las FFAA. Asimismo, se indica el imperativo de impulsar una reforma tributaria que permita generar los mayores recursos fiscales necesarios para dar sustentabilidad fiscal en el mediano plazo a este Fondo, garantizando ingresos permanentes para gastos permanentes.

El acuerdo de la oposición en materia educativa se encuentra en plena sintonía con el movimiento estudiantil de los últimos meses, señalando los pilares para una profunda reforma educativa que asegure calidad y gratuidad. Indicó que éstos son los puntos mínimos para un acuerdo con el Gobierno, el que reconoció lejano. Si la actual administración no se abre a cambios radicales, fundamentalmente en materia de terminar con el lucro e impulsar una reforma tributaria, no es posible avanzar hacia un entendimiento.

Facilidades otorgadas a La Polar son una burla para millones de deudores

La  banca debiera replicar condiciones entregadas a la multitienda a sus deudores. Se demuestra necesidad de procedimiento de insolvencia para los hogares.

La facilidad con que La Polar consiguió el aplazamiento de sus compromisos financieros por parte de sus acreedores es una ”burla” para millones de pequeños deudores. El acuerdo alcanzado durante esta semana implica que la compañía tendrá hasta el año 2032 para normalizar su situación.

Bancos, compañías de seguros y administradoras de fondos de pensiones se vieron forzados a aceptar este pacto ante la incertidumbre. En el fondo, se trata de una arriesgada, pero obligada apuesta. Si tratan de cobrar hoy, La Polar quiebra y recuperan una ínfima parte de lo debido. Si la empresa sobrevive y remonta se podrá recuperar, en un largo plazo, una suma mayor.

Ello revela una indignante disparidad de criterios, pues mientras al deudor común y corriente, que con esfuerzo paga su crédito, se le asfixia, se le hostiga y se le cobra hasta el último peso, hay manga ancha para los abusadores de cuello y corbata. Que bueno sería si la banca y la propia multitienda replicaran estas ventajosas condiciones con sus deudores hipotecarios y de consumo morosos, como también con las PYME.

Lo ocurrido demuestra la necesidad de legislar en materia de insolvencia de los hogares. La Polar ha tenido todas las facilidades, como una ampliación enorme del plazo, condonación de intereses y retraso en el pago del capital, a través de un procedimiento concursal.

Eso mismo debe estar al alcance de cualquier deudor mediante un mecanismo de insolvencia familiar que le permita, con el apoyo de un juez o un mediador, lograr un acuerdo que involucre todos sus compromisos y en condiciones razonables.

Tener un sistema concursal de este tipo, al alcance de los hogares, tiene sólo efectos positivos, pues evitaría a los deudores tener que enfrentar uno a uno a sus acreedores, con la enorme pérdida de tiempo y recursos que ello significa, como también verse en la necesidad de obtener nuevos créditos o aceptar repactaciones usureras para mantenerse al día en sus compromisos.

Lamentablemente, ni el Gobierno ni el Parlamento han tenido decisión para abordar esta materia, que propuse hace ya seis años en un proyecto de ley y que forma parte ineludible de un nuevo estatuto para el crédito, donde se incluya también la reducción de tasas y el perfeccionamiento de la fiscalización. Hasta ahora hemos tenido avances legislativos en ambas materias, pero sin un mecanismo que permita a los hogares enfrentar el sobreendeudamiento seguirán existiendo abusos.

Necesitamos regionalizar el Ingreso Ético Familiar y la Ficha de Protección Social

Ministro Lavín se comprometió a estudiar la materia.  Además, analizará incremento de aportes a entidades de apoyo a personas en situación de calle.

Me reuní este martes, en el Congreso Nacional, con el Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, al que le propuse regionalizar los bonos componentes del Ingreso Ético Familiar (IEF) y mejorar el apoyo que brinda el Estado a las instituciones que se ocupan de la atención de personas en condiciones de extrema pobreza o situación de calle.

Respecto al primer asunto, el Presupuesto de la Nación para el año 2011 contempló los recursos necesarios para comenzar a implementar el Ingreso Ético Familiar, a través de la denominada Asignación Social, algunos de cuyos componentes, como la bonificación al trabajo femenino y al rendimiento escolar, han sido presentados en los últimos días por el Gobierno. Se prevé que el 2012 se institucionalizará definitivamente el IEF a través de una iniciativa legal.

En ese sentido, solicité al Ministro Lavín estudiar la incorporación de una variable regional a los montos de las asignaciones que se entregarán con cargo a dicho programa. La regionalización de diversos indicadores y beneficios, como el ingreso mínimo, constituye una vieja aspiración de los habitantes de Magallanes, atendido el mayor costo de vida de la zona austral, por lo que resultaría muy importante considerarlo en el Ingreso Ético Familiar, más aún cuando este instrumento está especialmente destinado a las familias más modestas y donde, por tanto, influye en mayor medida el costo de bienes de primera necesidad.

Asimismo, expresé al Secretario de Estado la importancia de que el Estado genere una señal de esta naturaleza que, en el futuro, pudiera replicarse en otros  indicadores, más aún cuando las cifras de pobreza y población de la región hace que su cuantía para el erario fiscal sea moderada.

El Ministro Lavín valoró la propuesta, indicando que comparte la necesidad de que los instrumentos para medir o enfrentar la pobreza tengan elementos que consideren la distinta realidad de las regiones del país y, particularmente, de las más apartadas. En ese sentido, comprometió el análisis de la iniciativa y, también, la incorporación de algún factor local en la Ficha de Protección Familiar, como pudiera ser una consideración especial al costo de bienes y servicios o de suministros domiciliarios.

APOYO A INSTITUCIONES DE AYUDA SOCIAL

El otro asunto abordado en la entrevista fue la atención de las personas en condición de extrema pobreza o situación de calle. Al respecto, manifesté al Ministro Lavín la conmoción suscitada por las muertes de personas indigentes ocurridas en los últimos meses en la zona austral y las crecientes dificultades de financiamiento que presentan entidades como el Hogar de Cristo.

Hice hincapié en las duras condiciones climáticas de la región por lo que solicité al titular del Ministerio de Desarrollo Social estudiar la forma de canalizar mayores aportes públicos hacia las instituciones que se ocupan de estas problemáticas, evitando que se reduzca la ayuda que prestan.

El Ministro Lavín me señaló que esta materia es una de las prioridades de su cartera y reseñó los esfuerzos que se realizan, especialmente, para apoyar a quienes se ocupan de los cientos de niños que viven en la calle, procurando cambiar su situación. Asimismo, indicó que se buscará incrementar los aportes públicos de modo de evitar que se produzcan situaciones tan dramáticas.

Hospitales de Natales y Porvenir cuentan con presupuesto para iniciarse el 2012

Ministro Mañalich confirma materialización de nuevos establecimientos en la Región.

Me entrevisté con el Ministro de Salud, doctor Jaime Mañalich, para analizar antecedentes más específicos en torno a la construcción de los nuevos hospitales de Puerto Natales y Porvenir, anunciados durante la última visita del Presidente de la República, Sebastián Piñera a Magallanes.

El secretario de Estado me confirmó la materialización de ambas iniciativas, que comprenden una inversión superior a los 23 mil millones de pesos y que deberían comenzar a construirse a partir del 2012, contemplándose los recursos necesarios en el presupuesto del año venidero.

Respecto del nuevo Hospital de Puerto Natales, se estima que tras llevarse a cabo el diseño respectivo, las obras podrían iniciarse durante el segundo semestre del 2012 y comprenden una superficie de 8.500 m2 y 59 camas. En cuanto al nuevo Hospital de Porvenir, Mañalich indicó que se encuentra en etapa de estudio de prefactibilidad. Se estima el inicio de las obras también para el año 2012 e incluiría 11 camas y una superficie de 3.500 m2. Según la planificación del Ministerio de Salud, ambos recintos deberían estar operativos al finalizar el año 2013.

Otra inversión relevante para nuestra región es el Centro de Salud de Puerto Williams, cuya materialización también debería ejecutarse entre los años 2012 y 2013, considerando una sala de procedimientos complejos y salas de observación, con una superficie total de 1.550 m2.

Son obras muy importantes para Magallanes. Su ejecución significaría comenzar el año 2014 contando con una completa renovación de la red hospitalaria de la región, iniciada con el Hospital Base de Punta Arenas. Cabe destacar la voluntad del Gobierno de materializar estos proyectos, que representan la concreción de iniciativas que ya habían sido proyectadas durante los gobiernos anteriores.

Se trata de una expresión de continuidad y de planificación con una perspectiva de mediano plazo que resulta muy positiva en materia de salud. Pese a alguna incertidumbre producto del terremoto y la necesidad de redestinar recursos a la reposición de establecimientos de otras zonas, ya se comienza a avanzar para concretar estas obras, lo que queda de manifiesto al considerarse los recursos en la ley de presupuesto, 2012 que se analiza en el Parlamento.

Hice presente, asimismo, al Ministro Mañalich la necesidad de considerar la contratación de especialistas y de equipamiento que evite el traslado de pacientes a otras regiones, sentida aspiración de los habitantes de Magallanes, atendido el déficit existente. Al respecto, se espera que el nuevo centro asistencial de la capital de Última Esperanza aumente considerablemente la resolutividad de las actuales instalaciones, incorporando especialistas en áreas muy relevantes tales como pediatría, medicina interna, cirugía, traumatología, anestesia, obstetricia y ginecología.

Por último, aproveché la ocasión para exponer al titular de salud las diversas problemáticas que los dirigentes de los gremios de la salud de los establecimientos de la zona austral me han venido planteando, las que quedaron de ser analizadas por el ministro.

Debemos legislar sobre empaquetadores de supermercados

Sector empresarial presiona con despidos para evitar normativa

 

Es urgente abordar la situación de los empaquetadores de supermercados. Se trata de uno de los mayores abusos que persisten en el ámbito laboral, pese a lo cual no se ha legislado por la permanente presión del empresariado.

Desde hace muchos años que se intenta, con distintos proyectos, regular esta situación anómala y la respuesta de los supermercados ha sido siempre que si se les obliga a contratar, entonces, eliminarán servicio, automatizando el empaque o entregándole la función a los cajeros. Esa ha sido la posición permanente del rubro, lo que implicaría dejar sin esta fuente de ingresos a unas 60.000 personas, especialmente jóvenes.

Sin embargo, más allá de las dificultades, es imperioso legislar. Existe claramente un abuso de la actual legislación, pues los empaquetadores desempeñan una labor que favorece a las empresas y donde el vínculo de subordinación y dependencia resulta muy claro, expresándose a través de horarios, uniformes y del trabajo coordinado con las cajeras. 

Lamentablemente, ni la Dirección del Trabajo ni los tribunales han actuado con energía para configurar en forma sostenida una relación laboral que es obvia para cualquier observador.

Lo más lógico es circunscribir la actividad al Código del Trabajo, bajo las reglas generales, con mínimas adecuaciones derivadas de los compromisos académicos de muchos jóvenes, pero obligando a la suscripción de contratos y al otorgamiento de los derechos esenciales a una remuneración, asignaciones y vacaciones, entre otras.

No me parece razonable crear una modalidad especial que otorgue sólo algunos beneficios a los empaquetadores, tales como seguro y bonos, sin que adopte la forma de un contrato de trabajo. No corresponde disfrazar la realidad, más aún cuando de ello puede generarse un precedente para otras actividades.

Estas personas desempeñan una actividad regular, con horario, con uniforme, con obligaciones y que favorece directamente a una empresa, por lo que deben tener el contrato y los derechos que tiene cualquier trabajador chileno, sea a jornada completa o part time.

También debe analizarse la naturaleza de las vinculaciones que los empaquetadores tienen con intermediarios que les cobran por su servicio y les imponen condiciones de trabajo y conducta. Estas entidades también están en una situación compleja, pues si no es el supermercado el empleador, entonces es claramente una externalización de servicios, donde hay otra empresa que está proveyendo trabajadores a un supermercado y que debe asumir las obligaciones como contratistas.

Solicitaré a la Comisión de Trabajo volver a poner en tabla esta materia, que fue postergada a la espera de una propuesta del Ejecutivo, pero descarto, desde ya, la posibilidad de apoyar cualquiera normativa que no establezca claramente una vinculación laboral formal entre los supermercados y estos trabajadores.