noviembre 25, 2009

Adhiero al Día por la No Violencia contra la Mujer

El 25 de Noviembre fue instituido como Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recordando el asesinato, en 1960, de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del dictador Rafael Trujillo y asumido, mundialmente, en 1999, por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Hoy quiero adherir a esta conmemoración, valorando la importancia de esta fecha para impulsar una mayor toma de conciencia en la sociedad en torno a una problemática tan grave y preocupante como la violencia doméstica, en particular contra las mujeres.

En los últimos años hemos tenido enormes avances en esta materia, particularmente a partir de la Ley de Violencia Intrafamiliar y sus modificaciones y, también, gracias al trabajo del Sernam y otras entidades privadas en la difusión de sus procedimientos y, más recientemente, en la habilitación de casas de acogida para mujeres agredidas. Todo esto vino a sacar a la luz un problema hasta entonces oculto, pese a afectar por igual a toda la comunidad nacional.

Sin embargo, esta labor esta lejos de terminar y, por el contrario, los dramáticos casos de femicidios que conmueven al país y las muchas otras situaciones de mujeres agredidas que se viven día a día, nos deben hacen redoblar los esfuerzos para mejorar nuestras leyes, para fortalecer el apoyo a las víctimas y, sobre todo, para insistir en los cambios culturales que se requieren para terminar con este flagelo.

No hay razón alguna para que en la convivencia y más aún en la relaciones de afecto se involucre la violencia, dañando no sólo físicamente a las personas, sino más aún, afectando su estabilidad psíquica al transformar en vulnerable y riesgoso un espacio como el hogar que, por su naturaleza, debe servir para recibir cariño y comprensión y no golpes y maltrato.

En el Senado se encuentra en trámite una iniciativa legal destinada a sancionar el femicidio, dando así una señal potente a la ciudadanía. El proyecto contempla denominar de ese modo el parricidio en el caso que la víctima sea la cónyuge o conviviente y aplicar la pena de presidio calificado al caso del asesinato de una ex cónyuge o conviviente.

Del mismo modo, se mejoran las disposiciones para la protección de las mujeres en caso de riesgo inminente, incorporando como tal, cuando el denunciado expresa su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido recientemente con la víctima y contemplando la posibilidad de extender hasta por dos años las medidas accesorias aplicadas por el juez, tales como la obligación de abandonar el hogar, la prohibición de acercarse a la víctima y la incorporación a programas de asistencia familiar.

noviembre 19, 2009

No aceptaremos flexibilizar las normas laborales del proyecto sobre acuicultura

Si se retrocede estudiaremos recurrir al Tribunal Constitucional y enviar antecedentes a la OCDE

Frente a las versiones de prensa, surgidas en las últimas semanas, en el sentido que se estaría procurando buscar fórmulas para destrabar el proyecto sobre acuicultura, flexibilizando las sanciones a las prácticas antisindicales y los derechos fundamentales, contenidas en la iniciativa, que implicarían la caducidad de las concesiones, quiero decir claramente que soy contrario a efectuar modificaciones que signifiquen retroceder en la protección de los derechos de los trabajadores de la salmonicultura.

En las sanciones a los malos empleadores no hay vuelta atrás. Al menos yo no estoy disponible para entregar en concesión bienes públicos para que se abuse con los trabajadores. Sería irresponsable con la enorme accidentabilidad y denuncias existentes en la industria salmonera.
La norma que se incorporó está perfectamente bien diseñada al hacer responsable al titular de la concesión por las prácticas antisindicales que ocurran no sólo en la empresa principal, sino también en aquéllas vinculadas a ésta o sujetas al régimen de subcontratación. No vamos a aceptar que restrinjan la sanción sólo a la empresa principal, lo que por efecto de la duplicidad de razones sociales y de la tercerización de los servicios, la hará letra muerta. Sería muy fácil burlar la ley dejando en una empresa de papel la titularidad de la concesión y mantener toda la planilla de trabajadores externalizada.

El artículo está perfectamente bien concebido, responde a las críticas que los propios empresarios y el Ejecutivo realizaron a la imprecisión del texto que emanó de la Cámara y está fundado en que la acuicultura es una industria que, a diferencia de muchas otras, utiliza intensivamente bienes públicos para sus procesos productivos.

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA OCDE

De registrarse cambios que representen un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, estudiaré recurrir al Tribunal Constitucional, pues estoy convencido que las hipotecas contenidas en el proyecto constituyen una vulneración al derecho de dominio público sobre el mar y el borde costero, al quedar el Estado impedido de declarar la caducidad y, por tanto, de ejercer los atributos inherentes a la propiedad, como consecuencia de un conflicto económico entre privados. Asimismo, se lesionaría también la igualdad ante la ley al establecerse un indudable privilegio en favor de una actividad.

En el mismo sentido, junto con organizaciones ambientales y sindícales podríamos, además, aportar los antecedentes al Forum de la OCDE, pues con estas normativas se están vulnerando los estándares mínimos laborales y estableciendo un evidente subsidio estatal implícito a la salmonicultura, al afianzar el Estado los créditos privados, entregando para ello en garantía el borde costero. Hay un aporte fiscal camuflado, susceptible de avaluación pecuniaria, que incidirá en el acceso y condiciones de crédito de las empresas y, con ello, en sus costos.

noviembre 16, 2009

Profesores y otros profesionales podrán acceder a Aporte Previsional Solidario

La Ficha de Protección Social no considerará nivel educativo a personas en edad de jubilar.

A través de una modificación legal, contenida en la ley de reajuste del sector publico, los profesores y otros profesionales y técnicos en edad de jubilar, vale decir mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, podrán acceder al Aporte Previsional Solidario de la Reforma Previsional, al no considerarse los estudios en la caracterización social de las personas, para tales efectos.

El Aporte Previsional Solidario, APS, es un componente del pilar solidario de la Reforma Previsional que permite a las personas cuyo ahorro previsional sea bajo y, por tanto, obtengan hoy pensiones inferiores a $150.000 y cumplen los requisitos de vulnerabilidad social, acceder a un incremento en su pensión financiado por el Estado. El monto máximo de la pensión propia para acceder al beneficio alcanza hoy a esos $150.000, pero se irá incrementando hasta llegar el 2011 a $255.000, con lo que muchas más personas podrán acceder a él.

Las estadísticas del Instituto de Previsión Social indican que el Aporte Previsional Solidario es el mecanismo más utilizado de la Reforma Previsional beneficiando ya a más de 200.000 chilenos, entre los que se cuentan 2.500 magallánicos.

Con ocasión de la discusión derivada del pago de la deuda histórica del Magisterio, parlamentarios de distintos sectores hicieron ver al Ejecutivo que dicho instrumento, al considerar los estudios como un elemento significativo en la asignación de puntaje, perjudica a quienes han accedido a la educación superior, dificultando su acceso a los beneficios de la reforma previsional.

Hoy profesores y otros profesionales, que por su bajo ahorro previsional, reciben pensiones de $100.000 ó $130.000 en el sistema de AFP, no pueden acceder al Aporte Previsional Solidario por cuanto su puntaje los excluye. Lo anterior resulta muy injusto, pues el nivel educacional está medido en la Ficha de Protección Familiar como un elemento que puede incidir en la capacidad de la persona de obtener ingresos a futuro, pero no tiene ninguna relevancia cuando la persona ya ha culminado su vida laboral o se encuentra próxima a ello.

Con la modificación incluida en el artículo 29 de la ley de reajuste recientemente aprobada, el diseño y la aplicación de la Ficha de Protección Social no considerarán el nivel educacional para los efectos del acceso a los beneficios del pilar solidario de la Reforma Previsional y, especialmente, del Aporte Previsional Solidario, de quienes están en edad de jubilar, por lo que se espera que muchos profesores y otros profesionales y técnicos que no posean una pensión propia satisfactoria y presenten una situación de vulnerabilidad puedan mejorar sus jubilaciones.

La cantidad de personas favorecidas irá aumentando significativamente con el tiempo, pues el calendario de la reforma implica ir incrementando el monto máximo de referencia y, también, el puntaje de corte de la Ficha de Protección Social para beneficiar, al encontrarse en plena aplicación, el 2011, hasta el tercer quintil de la población del país.

Esta es una excelente noticia que viene a reparar una enorme injusticia que había marginado de la Reforma Previsional a un número importante de chilenos y, a su juicio, representa el inicio de una segunda etapa de la red de protección social creada por la Presidenta Bachelet, que permitirá que paulatinamente sectores medios de la población comiencen a acceder a sus beneficios.

noviembre 13, 2009

Piñera es el candidato de la impunidad.

El presidenciable de la derecha avaló la tesis de ex uniformados y puso en tela de juicio acción de los tribunales.

Las reuniones y declaraciones que el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, ha sostenido en relación a los juicios que afectan a militares en retiro por violaciones a los derechos humanos, cometidas durante el régimen militar resultan muy inquietantes. Si eran ya graves la cita privada y las versiones de prensa que han trascendido de ella, en el sentido que habría afirmado la necesidad de aplicar correctamente la prescripción, sus declaraciones posteriores, tratando de explicar el alcance del encuentro, son aún más inquietantes.
Piñera ha dicho que en un eventual Gobierno suyo se garantizará el estado de derecho y el debido proceso en estos casos. ¿Quiere decir se ha vulnerado el estado de derecho o afectado el debido proceso en lo obrado hasta ahora.
Con estas palabras el postulante de la Coalición por el Cambio ha puesto en tela de juicio la acción de los tribunales de justicia, avalando la tesis de los ex uniformados y se ha transformado en el candidato de la impunidad. No en vano el General ( R ) Rafael Villarroel ha afirmado que Piñera es el candidato que mejor representa los planteamientos de los ex miembros de las Fuerzas Armadas.
El encuentro del presidenciable con los funcionarios castrenses en retiro y sus declaraciones posteriores afectan uno de los pilares fundamentales de la transición chilena, cual es haber avanzado lenta, pero decididamente, en esclarecer las violaciones a los derechos humanos de la Dictadura y sancionar a sus responsables.
Tras años de dificultades y presiones, la justicia ha logrado consolidar una línea jurisprudencial que reconoce las desapariciones como secuestro permanente y ha sancionado, también, las ejecuciones ilegales, recogiendo el derecho internacional humanitario que califica estos crímenes como inamnistiables e imprescriptibles, por lo que las expresiones del abanderado de la Coalición constituyen un retroceso inaceptable.

noviembre 12, 2009

La aprobación del Instituto de Derechos Humanos es un hito para Chile

Proyecto fue despachado por el Parlamento tras aprobarse veto presidencial

El Congreso Nacional aprobó definitivamente la creación del Instituto de Derechos Humanos, instancia que tendrá a su cargo la promoción y protección de ellos en el país. Se trata de un gran paso, que recoge la experiencia vivida por Chile en décadas pasadas y que busca sentar las bases para crear una cultura de respeto que evite que hechos tan repudiables vuelvan a ocurrir en el futuro.

La iniciativa surgió de la propuesta “No hay mañana sin ayer”, del Presidente Ricardo Lagos y tuvo una extensa tramitación legislativa, la que no estuvo exenta de dificultades por el rechazo de la derecha a ampliar su ámbito de competencia, garantizar su plena autonomía y aprobar algunas facultades.

Entre las principales atribuciones de la nueva entidad están la posibilidad de asesorar a los organismos públicos en la materia; elaborar un Informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el país, que será remitido a organismos internacionales; comunicar al Gobierno y a otros órganos del Estado situaciones que estime atentatorias contra los derechos humanos y, en general, difundir y promover estas garantías en el país.

Asimismo, se logró aprobar la norma que permitirá al Instituto querellarse y ejercer acciones legales en casos de crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico de migrantes, trata de blancas y, además, los recursos de protección y amparo. Se trata de una norma muy importante, en tanto, por la especial connotación de este tipo de delitos se autoriza a un organismo ajeno al Ministerio Público y las víctimas para ejercer la acción penal.

MEDIDAS DE REPARACIÓN

El proyecto despachado por el Parlamento, contiene, además, un mejoramiento de las medidas de reparación para los casos de violaciones a los derechos humanos de la Dictadura. Así, resulta relevante que se permita, expresamente, a traspasar a un descendiente la beca educativa contenida en la Ley Valech. Esta es una larga aspiración de muchos ex presos políticos y víctimas de tortura, que no deseaban estudiar, pero sí querían ceder su derecho a sus hijos o nietos, lo que ahora queda solucionado. Del mismo modo, se amplían las excepciones sobre la obligatoriedad del servicio militar, establecidas en las leyes N° 19.123 y N° 19.992, para familiares de víctimas violaciones a los derechos humanos.

Se incorpora, también, una pensión para la cónyuge sobreviviente de las víctimas de tortura y prisión política, para la que se fijaron montos mínimos de $ 104 mil 960 pesos, si la viuda fuera menor de 70 años; $ 114 mil 766 si tuviera entre 70 y 75 años y $ 122 mil 451 si es mayor de 75 años de edad.

El texto establece, también, una Comisión destinada a recibir nuevos antecedentes sobre detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y casos de tortura durante el régimen militar e institucionaliza el PRAIS para evitar que pudiera ser eliminado por futuros Gobiernos. Lo anterior viene a dar seguridad a muchas víctimas y sus familiares, en tanto, este programa se había configurado a través de decretos y resoluciones administrativas cuya continuidad era incierta, lo que ahora queda asegurado.

noviembre 05, 2009

Hay que facilitar cobro del seguro de desempleo en caso de quiebras

Medida se haría extensiva a los seguros asociados a créditos de consumo.

Durante esta semana presenté un proyecto de ley que beneficiaría a los trabajadores al facilitar el cobro del seguro de desempleo en caso de quiebra de la empresa. La iniciativa surgió al no existir claridad en la Ley 19.728 respecto a la forma de terminar el contrato, y por lo tanto acceder a sus prestaciones, en caso de declarase la quiebra de la empresa, situación que se extiende a los seguros asociados a créditos de consumo.

La actual ley indica que las prestaciones del seguro de cesantía se pagarán al trabajador frente a la presentación del finiquito, la comunicación del despido, la certificación del inspector del trabajo, acta de Conciliación ante la Inspección del Trabajo respectiva, sentencia judicial ejecutoriada o carta de renuncia ratificada por el trabajador ante algún ministro de fe, pero que la práctica demuestra que estos instrumentos o no son aplicables al auto despido, tardan demasiado en obtenerse o son desconocidos por las administradoras al momento de solicitar el cobro.

Por ello resulta imprescindible incorporar a la citada disposición una norma que permita el pago del seguro de desempleo a los ex - trabajadores cuando estando acreditada la existencia de un proceso de quiebra en la empresa, hayan instado por su auto despido y el síndico confirme que pertenecían a la planilla vigente al momento de la solicitud de declaración respectiva.

El proyecto establece, concretamente, que las prestaciones del seguro de desempleo se pagarán contra la presentación de una copia autorizada de la carta de auto despido ingresada por el trabajador a la Inspección del Trabajo y una certificación del síndico de la vigencia del contrato de trabajo. La Sociedad Administradora, por su parte, constatará la existencia del proceso de quiebra en el registro a cargo de la Superintendencia de Quiebras.

Adicionalmente, la moción incorpora una disposición del mismo tenor que sea aplicable en cualquiera otra clase de seguros de cesantía involuntaria que se pacten con ocasión del otorgamiento de créditos de consumo, comerciales, bancarios o con otras entidades. Esta norma pretende precisar que todos los seguros de desempleo asociados a créditos de consumo comprenderán la situación de autodespido del artículo 171 del Código del Trabajo y que, en estos casos, se podrá acceder a su cobro con las constancias ya señaladas.

Hoy tenemos muchos casos en que los clientes de entidades comerciales o bancarias pagan por años seguros de cesantía y luego las empresas les niegan el pago, cuando por haberse declarado en quiebra la empresa no cuentan con finiquito. Esperar el finiquito puede significar que la deuda ya ha pasado a cobranza y haberse aumentado considerablemente por los intereses y costas.

La propuesta legislativa aporta a la necesidad de otorgar protección ante una contingencia tan compleja como el desempleo, evitando que la tramitación dificulte aún más la situación de las familias.

noviembre 04, 2009

Natales y Porvenir tendrán nuevos hospitales

Hechos concretos y no vociferancia intrascendente.

El Gobierno ha hecho patente una vez más su compromiso con la atención de salud en Magallanes, expresada en la renovación e implementación de nuestros principales centros asistenciales. El Ministro de Salud, Álvaro Erazo, confirmó en la Comisión Mixta de diputados y senadores, que analiza el Presupuesto de la Nación para el año 2010, la decisión de construir nuevos hospitales para Puerto Natales y Porvenir, como también el financiamiento de la unidad de radioterapia para el Centro Oncológico del Hospital Regional de Punta Arenas.

Esto reafirma la información que hace ya varias semanas entregamos a la comunidad en conjunto con la diputada Carolina Goic acerca de que Natales y Porvenir contarían, tal como querían sus autoridades y vecinos, con nuevos establecimientos y no con el mejoramiento de los actuales. Esto viene a desmentir categóricamente, además, las infundadas expresiones que habían realizado algunos personeros que, al no haber tenido participación en estos anuncios, nos acusaron de hacer promesas electorales.

Acá no hay intereses ni cálculos pequeños como los de algunos que parecen más interesados en que los Hospitales no se concreten porque no han participado en su gestación. Acá hay una decisión gubernamental, basada en criterios técnicos y financieros que demuestra que tanto el Ejecutivo como sus parlamentarios trabajan sobre antecedentes serios y no sobre la base de rumores o anuncios infundados.

La maciza obra del Gobierno de la Presidenta Bachelet, tiene en nuestra zona un broche de oro con este anuncio y demuestra que la Concertación ha tenido una extraordinaria preocupación por Magallanes en todos sus ámbitos.

Este es un importante logro para los vecinos de Puerto Natales y Porvenir que merecían una mejor infraestructura sanitaria. Eso es lo importante y lo que nos enorgullece. Y, por cierto, que molesta a quienes se han acostumbrado a la vociferancia y la palabrería intrascendente.

noviembre 03, 2009

Derecho a voto sin condiciones para los chilenos que residen en el extranjero.

Propuesta de RN de condicionar derecho a vínculo con el país es “colonial y retrógrada”

El Senador Frei ha expresado claramente el compromiso de su postulación en establecer el derecho a sufragio para los chilenos que residen en el extranjero. Sin embargo, en la oposición hay quienes, como el Diputado RN Cristián Monckeberg, quieren imponer condiciones, restringiéndolo a los casos en que se pueda acreditar un vínculo con Chile, expresado en situaciones tales como número o frecuencia de viajes, pago de impuestos o tenencia de bienes.

La opinión del legislador de RN expresa una forma materialista y retrógrada de mirar la vida y los derechos . El vínculo está dado por el amor a la patria y el sentimiento de pertenencia a una historia e identidad común, lo que no tiene nada que ver con requisitos patrimoniales. Sostener que quien viaja más o posee más bienes en Chile tiene un mayor interés en nuestro futuro es una ofensa gratuita para miles de chilenos que tienen intacto su arraigo por nuestro país, pero que por su situación económica no pueden venir con frecuencia.
La derecha se olvida, además, que el mayor patrimonio de un pueblo es su gente y para muchos chilenos que residen fuera su mayor preocupación es el bienestar de su familia, amigos y vecinos que viven en el país.

Los dichos del diputado Monckeberg reflejan una forma arcaica de ver la política que se remonta a la época colonial, donde los derechos estaban condicionados al patrimonio que la persona tuviera y que , por tanto, se arriesgaran a la hora de adoptar decisiones. Bajo esos supuestos, el próximo planteamiento de la oposición será quitar el derecho a voto a quienes estando en Chile tienen una situación económica precaria y que, por tanto, tampoco tienen intereses en juego en cada elección.

Sebastián Piñera debe explicar al país si respalda los planteamientos del diputado Cristián Monckeberg, que restringen los derechos ciudadanos al patrimonio de las personas o si cumplirá el compromiso expresado durante la pasada campaña electoral de otorgar el derecho a voto a los chilenos que viven en el exterior.