Último 1° de Mayo: Negativo balance de gestión laboral del Gobierno

No se han cumplido promesas electorales de extender negociación colectiva y fin del multirut 

Este 1º de mayo será el último bajo la actual administración. Ocasión precisa para hacer un balance de la gestión del Presidente Sebastián Piñera en materia laboral. 

La conclusión es negativa. Durante el actual gobierno se ha precarizado el empleo y no se ha cumplido el programa que se presentó al país. 

Las cifras de empleo, lucidas habitualmente como un logro deben analizarse con rigor. Hay en ellas un efecto óptico provocado por el cambio realizado en la metodología de medición. Hoy basta trabajar una hora a la semana para considerarse empleado, razón por la que estudios serios y confiables, como los de Fundación Sol, han revelado que la cantidad real es menor a la oficial y, además, la mayor parte de éstos son informales, a honorarios o tercerizados y, por tanto, de baja calidad.

Manifestó que en lo relativo a remuneraciones tampoco hay cambios significativos que apunten a una mejor distribución, afirmando que los mayores incrementos se han dado en los segmentos de altos ingresos, lo que contribuye a aumentar la brecha social. 

En lo legislativo, el Ejecutivo no ha cumplido con sus promesas electorales. El Programa de Gobierno del Presidente Piñera, se comprometía a que “Se revisará la legislación para eliminar las actuales restricciones que dificultan que un mayor número de trabajadores negocie colectivamente. Se propondrá una solución eficaz para evitar las malas prácticas que distorsionan el concepto de empresa.” 

En ninguna de estas materias, que tienen directa implicancia en la posibilidad de que los trabajadores obtengan mejores sueldos, hay avance alguno. Peor aún, el Gobierno se ha ocupado de dificultar cualquier paso adelante, como ha ocurrido con el proyecto sobre multirut, en que se han propuesto las fórmulas más absurdas para dificultar su aprobación.

Entrega de fondos públicos para educación previsional a la Asociación de AFP es impresentable

Entidad ha recibido unos 250 millones para capacitación en los últimos años.

Resulta impresentable que la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) A.G., postule y sea beneficiada con sumas cuantiosas del Fondo para la Educación Previsional (FEP), como lo han denunciado dirigentes del Colegio de Periodistas.

El FEP fue creado con el objeto de financiar iniciativas destinadas a aumentar la información de los trabajadores acerca de las características del actual sistema de pensiones y la conveniencia del ahorro previsional, siendo gestionado, mediante un concurso anual, por la Subsecretaría de Previsión Social y contando con recursos aprobados anualmente en la Ley de Presupuestos.

Desde hace algunos meses venía investigando el mismo tema, a través de oficios del Senado, pudiendo establecer que la entidad, que agrupa a las instituciones encargadas de la gestión de los fondos previsionales de los chilenos, se ha adjudicado proyectos durante las 5 versiones del concurso, por montos bastante elevados y que se han ido incrementando. 

Entre los años 2009 y 2013, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones A.G., recibió unos $ 251.327.617 para realizar jornadas de capacitación acerca del sistema de capitalización individual vigente. (ver cuadro adjunto)

Si bien ello es factible, según la regulación del Fondo para la Educación Previsional, no resulta conveniente. No parece lógico que quienes hacen un negocio y lucran con los ahorros previsionales de los chilenos, soliciten y reciban dineros para difundir el mismo sistema.

Lo que correspondería es que esta Asociación apoyara y difundiera las ventajas del ahorro previsional como parte de su propio giro o, mejor aún, en el marco de la responsabilidad social que debiera corresponderles.

Durante la discusión presupuestaria del presente año promoveré la incorporación de requisitos para la entrega de estos fondos, que evite esta situación y que permita que los beneficiarios sean fundamentalmente organizaciones de trabajadores, universidades, centros de estudios y entidades de capacitación de reconocida experiencia y seriedad.

Año	Proyecto	Monto
2009	Capacitación y Asistencia Previsional para Microempresarios.	26.953.245
2010	Capacitación y Asistencia Previsional para Microempresarios.	23.993.800
2011	Red Nacional de Capacitación y Asistencia Previsional a Microempresarios y Trabajadores Independientes a Honorarios.	65.726.625
2012	Red Nacional de Capacitación y Asistencia Previsional a Microempresarios y Trabajadores Independientes 2.	79.679.469
2013	Red Nacional de Monitores  Previsionales del Sistema Previsional Chileno	78.968.278

Debemos hacernos cargo de alto endeudamiento de los hogares

Hay que crear mecanismo legal para enfrentar insolvencia familiar y mejorar calidad de los empleos. 

Es imprescindible abordar en forma urgente el sobreendeudamiento que afecta a muchos hogares del país, a través de la aprobación de un sistema de quiebra o insolvencia familiar que les permita acogerse a condiciones y plazos razonables de pago. Propuse el año 2006 un proyecto de ley sobre la materia, que será refundido con la iniciativa del Gobierno que se tramita en las Comisiones de Economía y Constitución de la Cámara Alta. 

Los resultados de un estudio elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax, publicado en los últimos días, que advierten que dos tercios de los beneficiados con la ley DICOM se encuentran nuevamente en los registros de morosos, demuestran que el problema es grave y que amerita una solución a nivel legislativo. 

Hay miles de familias que, por distintas razones, no pueden cumplir con sus compromisos económicos y que se ven obligados a permanecer en estos listados o repactar en condiciones abusivas por no existir un procedimiento que les permita ponerse al día.

Como lo he venido planteando, la solución es la creación de un mecanismo que permita a los deudores acordar con sus acreedores, ante un árbitro o un juez, un calendario de pagos que sea razonable y viable. De lo que se trata es abrir una puerta para terminar con la eterna “bicicleta” y con las repactaciones que sólo elevan las deudas, mediante intereses y gastos anexos, a cifras imposibles de cumplir.

El estudio refleja, además, la mala calidad de los empleos y la muy desigual distribución de los ingresos, pues pese a las alentadoras cifras que muestra el Ejecutivo, tanto en creación de puestos de trabajo como en remuneraciones y a los balances muy positivos de los principales actores de la economía, la situación de endeudamiento empeora. 

En ese sentido, el camino para mejorar los salarios es avanzar en modificaciones profundas al Código del Trabajo en materia de sindicalización, negociación colectiva y gratificaciones.

Propuesta de Michelle Bachelet sobre elección de Intendentes es una gran noticia para las regiones.

Necesitamos un líder que represente nuestros intereses y no un vocero del gobierno central

Respaldo plenamente la propuesta de la candidata presidencial del PS-PPD, Michelle Bachelet, en orden a que la ciudadanía elija en forma democrática y directa los Intendentes Regionales. 

Ello recoge un sentido y profundo anhelo de los habitantes de las regiones, especialmente las más extremas, de contar con autoridades que tengan respaldo y apoyo popular, lo que me llevó, ya el 2009, a presentar un proyecto de reforma constitucional sobre la materia. 

En el actual sistema institucional, los Intendentes son un representante del gobierno central, destinado a contener las demandas locales, en lugar de un líder, que defienda e impulse los intereses de cada región. Así lo vimos, por ejemplo, en el conflicto por las tarifas del gas en Magallanes en que la ciudadanía esperaba un rol más destacado y enérgico de las autoridades. 

Cabe desestimar, de inmediato, las críticas que la elección de los Intendentes genera en algunos sectores que estiman que se rompe el principio de Estado unitario y podría generar conflictos entre algunas zonas y el Poder Ejecutivo. Me parece que eso no es efectivo, hoy los gobiernos deben entenderse con alcaldes de oposición y no hay mayores problemas. El sentido nacional y unitario de la administración puede mantenerse a través de los Gobernadores, los que, de paso, recuperarían un protagonismo que hoy está diluido.

Para que esta medida produzca una efectiva descentralización y acerque las decisiones a los habitantes de regiones, debe acompañarse con la elección de los Consejeros Regionales, que avanza en el Parlamento y, también, con un traspaso efectivo de facultades y atribuciones desde los ministerios a los Gobiernos Regionales.

Hay que eliminar el IVA a los libros para enfrentar desigualdad en acceso a la cultura

Ley de Precio Fijo es otra alternativa

Al conmemorarse el Día del Libro, reitero la necesidad de introducir reformas legales que faciliten el acceso a la lectura en el país. Este tema debe ser abordado por los candidatos presidenciales en el marco del combate a la desigualdad que, también, se expresa en el ámbito cultural. 

Diversos estudios han revelado la profunda inequidad que existe en esta materia y que se expresa en la dificultad de los sectores de menores ingresos para acceder a los libros, fundamentalmente porque su valor resulta excesivo. 

Por ello, insisto en la necesidad de eliminar el IVA a la producción literaria. Muchas de las objeciones que se han planteado desde el punto de vista de la eventual evasión que podría producirse al tener tasas diferenciadas, son subsanables. Basta que la rebaja se aplique sólo en expendios donde se vendan exclusivamente libros, con lo que de paso se da un espaldarazo a las pequeñas librerías.

Como alternativa, he propuesto, a través de un proyecto, la dictación de una ley de precio fijo, que mantenga el valor de los textos en toda la cadena de distribución, como existe en muchas naciones del mundo. Ello ayudaría tanto al usuario, al evitar el encarecimiento injustificado de los precios; como a los pequeños distribuidores, que no pueden acceder a las rebajas por volumen de los grandes operadores. 

Es muy importante que todos los chilenos puedan acceder a estos bienes culturales, pero también es relevante que ello se de en un marco de diversidad, donde toda la producción literaria debe tener cabida y en que se abran espacios a nuevos escritores y editoriales.

Sistema previsional no da para más y necesita correcciones profundas

Debe mejorarse fiscalización, reducir comisiones e incorporar cotización de empleadores y del Estado.

El sistema previsional chileno no da para más y requiere profundos cambios. Ello se ha hecho más urgente a partir de los estudios dados a conocer en los últimos meses en relación a las precarias pensiones que entrega el actual régimen y las cifras derivadas del CENSO 2012, que muestran un envejecimiento de la población y un aumento en la expectativa de vida. 

Lo que se necesita es una reforma estructural. No sirven medidas puntuales o cosméticas, como el incremento en el porcentaje de cotización, que ha sido propuesto. Es fundamental introducir cambios profundos que permitan aumentar la transparencia, disminuir los costos por la gestión de los fondos y aumentar los aportes, pero evitando afectar las remuneraciones de los trabajadores. 

El principal problema del sistema previsional chileno es de confianza. Los cotizantes no le creen, no ven utilidad al ahorro porque conocen de casos de amigos, familiares o compañeros de trabajo que imponiendo toda su vida han obtenido pensiones miserables. 

La Superintendencia de Pensiones tiene escaso interés por adentrarse efectivamente en la administración que realizan las AFP. Está obligada, por ley, a entregar anualmente un informe sobre los costos del sistema, razón por la cual le solicité, a través de un oficio, aportar un detalle de los gastos que las administradoras tienen en remuneraciones y bonos de directores y ejecutivos. 

La respuesta fue que no cuentan con esa información. Vale decir, el informe de costos no se realiza buscando verificar la información y detectar eventuales excesos o la imputación de gastos incorrectos, sino que constituye una mera suma y sistematización a partir de la información que aportan las propias AFP. 

¿Qué clase de fiscalización e informe de costos puede realizarse si no se conoce el detalle de uno de los ítems más relevantes? Esta falta de transparencia es la que impide que los afiliados incrementen sus aportes y perciban como importante el ahorro previsional. 

Respecto de la posibilidad de incrementar el porcentaje de cotización de los trabajadores, Muñoz, creo que debe evitarse esta alza a través de incorporar una cotización de cargo del Estado, especialmente para los sueldos más bajos y también un aporte del empleador. En nuestro país, el promedio de remuneraciones es extremadamente bajo para estar castigando al trabajador con nuevos aportes, por lo que la idea de una cotización tripartita debe estudiarse.

Intervención en el Senado aprobando destitución de Ministro Beyer

 

http://www.senado.cl/sesion-16-especial-intervencion-h-senador-pedro-munoz/prontus_senado/2013-04-17/193038.html

Debe haber duras sanciones por nuevos abusos contra clientes del retail

Consumidores deben informarse antes de suscribir repactaciones. Se necesita ley de insolvencia familiar.

 

El SERNAC anunció que presentaría demandas colectivas por cobros ilegales en contra de Corona, Hites y Dijon, al tiempo que iniciará un proceso de mediación con Fashion’s Park, Cruz Verde, Salcobrand, Tricot, ABC DIN y Cencosud, en cuyos contratos se detectaron cláusulas abusivas, pero sin impacto monetario.

Lo ocurrido es indignante. Primero, por el escaso tiempo transcurrido desde el escándalo de La Polar. Luego, porque entre las tiendas que serán demandadas hay varias de aquéllas que han enfocado su mercado precisamente hacia los consumidores y usuarios de menores recursos. Debe exigirse la máxima rigurosidad del SERNAC y la Justicia.
Asimismo, creo necesario reiterar el llamado que hecho con anterioridad a los clientes del retail a evitar las repactaciones cuando ellas implican elevar artificalmente de un modo abusivo los montos de las deudas. En muchas ocasiones los servicios de cobranzas de las mismas cadenas ejercen presiones indebidas contra los clientes, que se ven forzados a repactar en condiciones muy inconvenientes, creyendo que con ello alivian su carga financiera.

En la mayoría de los casos, la situación de los deudores sólo empeora, pues firman aceptando la aplicación de elevados intereses, multas y cargos adicionales a sus deudas, lo que lleva las cuotas a montos que tampoco podrán cumplir en los meses siguientes, iniciando una cadena de la que no pueden salir. Es imprescindible asesorarse antes de suscribir cualquier acuerdo de pago.
Insisto, además, en la necesidad de legislar sobre un mecanismo de quiebra o insolvencia a nivel de hogares que permita salir de un modo razonable de eventos graves de sobreendeudamiento. La falta de un procedimiento en este sentido es el que hoy lleva a muchos chilenos a aceptar repactaciones bajo condiciones verdaderamente abusivas para intentar poner al día sus créditos. Al respecto, el Senado aprobó refundir un proyecto de ley de mi autoría con una iniciativa del Gobierno que está siendo analizada por las comisiones de Constitución y Economía.

Avanza proyecto que favorece a funcionarios de Gendarmería

Es imprescindible estudiar también mejoramientos para el personal civil de la institución.

Valoro los avances contenidos en el proyecto de ley que modifica el Estatuto Orgánico de Gendarmería de Chile. La iniciativa, que pasó ahora a la Cámara de Diputados, permitirá que más de 2 mil 600 funcionarios puedan ascender, al otorgarse una facultad especial al Director Nacional con el objeto de poder proceder a llenar plazas vacantes flexibilizando los requisitos de antigüedad previstos en la actual normativa. 

Es una sentida aspiración del personal penitenciario, que permitirá la movilidad en los escalafones y, con ello, un merecido mejoramiento en las remuneraciones. Se trata de funcionarios que cumplen sus labores con riesgo personal y bajo muy difíciles condiciones, que durante muchos años han venido insistiendo en la necesidad de modificar la ley, por lo que este logro viene a hacer justicia con su situación.

Sin embargo, junto con destacar este avance, al abordar este proyecto, hice presente la necesidad de atender, también, a la brevedad, la situación del personal civil de Gendarmería de Chile. Lamentablemente, éste no está considerado, lo que  resulta muy injusto. Hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay profesores, que realizan labores de gran importancia por la trascendencia que para las políticas de reducción de la criminalidad adquiere el trabajo en la rehabilitación de los internos y su seguimiento en el medio libre. 

Por estas razones, solicité al Gobierno y, particularmente, al Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, que se encontraba presente en la Sala del Senado al discutirse la iniciativa, complementar este justo y positivo mejoramiento para el personal uniformado de la entidad, con el envío, próximamente, de un proyecto donde se puedan acoger, también, las principales reivindicaciones que el personal civil de Gendarmería de Chile ha venido planteando.

Debe revisarse traspaso a privados de explotación de hidrocarburos

Es imprescindible terminar con perjuicio fiscal potenciando a ENAP como Empresa Nacional de Energía. 

El sábado recién pasado, junto a dirigentes sindicales, realizamos un recorrido por  diversos puntos de la Región de Magallanes, en los que existen explotaciones tanto de ENAP como de particulares, que han suscrito Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP’s) con la estatal. 

Pudimos apreciar con claridad que las explotaciones que realizan los privados tienen lugar a pocos metros de las perforaciones que realiza ENAP y a partir de las exploraciones que la propia petrolera estatal realizó en los últimos años. Surgen, entonces, muchas dudas acerca de la conveniencia de esta política de traspasar a particulares bloques de explotación cuyas perspectivas ya han sido evaluadas por ENAP.

En buen chileno, no se advierten razones para que el Fisco deba ir al 50% en un negocio donde ya realizó la inversión previa y en que a sólo unos metros obtiene el 100% de lo que extrae. Tampoco es lógico que entregue pozos que forman parte de la misma reserva.

Por tal motivo, oficié al Ministerio de Energía con el objeto de solicitarle la realización de una completa evaluación técnica y financiera de las licitaciones de bloques de explotación de hidrocarburos realizada por ENAP en los últimos años. Pedí, asimismo, no perseverar en dicha política de traspaso a privados hasta determinar su conveniencia para el país y para la empresa pública. Aportaré, además, las conclusiones de esta visita a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta.

Creo necesario insistir en la propuesta que he venido haciendo, hace años, de potenciar a ENAP a través de su transformación en una Empresa Nacional de Energía que permita ampliar su giro a las fuentes renovables no convencionales. 

Cuando vemos la necesidad que el país tiene de diversificar su matriz energética y de evitar la dependencia de combustibles fósiles y más contaminantes, parece relevante poder extender las áreas de negocios de ENAP aprovechando sus recursos humanos y también las enormes potencialidades del país en el ámbito de la energía solar, geotérmica, mareomotriz y eólica.

Senado aprobó proyecto que declara nulos despidos realizados para recontratar a un trabajador por menos sueldo

Iniciativa deberá ser revisada ahora por la Cámara de Diputados 

La Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que impulsamos junto al senador Camilo Escalona que propone modificar el Código del Trabajo para establecer la nulidad de los despidos realizados con la intención de recontratar al trabajador por una remuneración inferior, sea en forma inmediata o en los tres meses siguientes. La misma sanción corresponderá cuando se trate de contratar a un trabajador de una empresa contratista o subcontratista por parte de otra empresa contratista o subcontratista para efectuar igual faena 

La iniciativa recoge la experiencia vivida en los últimos años por el sector acuícola y por otras actividades productivas. En muchos rubros, especialmente en el retail, se ha venido apreciando una constante presión por mejorar la competitividad reduciendo costos, particularmente en remuneraciones, para lo cual se fuerza a los trabajadores a suscribir contratos por sueldos inferiores, bajo amenaza de despido. Lo que hemos propuesto asume experiencia internacional, por ejemplo de Brasil, donde la irreductibilidad del salario se encuentra consagrada incluso a nivel Constitucional.  

No nos parecen atendibles las críticas de parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI, que señalaron que el proyecto hacía excesivamente rígida y particular la normativa vigente. Lamentablemente, en nuestro país, las malas prácticas empresariales obligan a ir legislando permanentemente para tapar vacíos que son utilizados para perjudicar a los trabajadores. 

Esperamos que el proyecto pueda tener una rápida aprobación en la Cámara de Diputados, de forma de proteger a los trabajadores frente a estos despidos abusivos que se realizan con el único objeto de aumentar las utilidades. 

El derecho a la huelga

Respaldo los paros portuarios. Se requieren profundos cambios al Código del Trabajo. 

Respaldo plenamente el paro que los trabajadores portuarios realizan ya por varias jornadas en diversos puntos del país. Ello reafirma la necesidad de enfrentar las problemáticas de este sector, largamente postergado en la legislación laboral y uno de los más golpeados con el Plan Laboral y las modificaciones surgidas a partir de 1981, en que se atomizó su organización sindical y se precarizó el empleo, lo que se agudizó con la privatización y modernización de los puertos de los ’90. 

Esta actividad ha llevado el peso del crecimiento del país por la vía de las exportaciones y, sin embargo, se mantiene en una gran informalidad, con empleos temporales y profundas carencias en seguridad.

En un plano más general, la movilización del sector portuario y, también la de la mina Radomiro Tomic, demuestra que la normativa laboral en el país está agotada, especialmente en aspectos como la sindicalización, el derecho a huelga y la negociación colectiva. 

Desestimo, en este sentido, las críticas del Ministro Chadwick, que calificó de ilegal las paralizaciones en los puertos. El problema es que la realidad se le escapa por el lado a la ley. Las leyes de la dictadura y los consensos del retorno a la democracia son hoy insuficientes.

La regulación en materia de huelga es restringida y obsoleta al contemplarse sólo en el ámbito de la negociación colectiva. La legislación comparada, en cambio, ofrece muchas otras hipótesis que pueden motivar una huelga, tales como la solidaridad con otras paralizaciones, el incumplimiento de un convenio colectivo vigente o la denuncia de infracciones graves a los derechos fundamentales del trabajador. 

¿Acaso las primeras grandes movilizaciones obreras no surgieron por mera solidaridad?”. También en la pasada movilización de los mineros de Radomiro Tomic se aprecia que el derecho a la huelga es una herramienta imprescindible y eficaz cuando se pone en riesgo la vida e integridad de los trabajadores. 

Con los funcionarios públicos tenemos otro ejemplo de que la realidad sobrepasó a la normativa. Pese a que la ley lo prohíbe, allí tenemos negociación colectiva y huelga tolerada, aunque la Constitución y la ley dicen lo contrario. Hace algún tiempo se rechazó una moción que pretendía reconocerlas, tal como lo hacen los Convenios de la OIT. 

Es hora de impulsar una profunda reforma al Código del Trabajo que refuerce la sindicalización y la negociación colectiva, extendiéndola para el sector público y también en el ámbito privado por rama de actividad, pero, además, que de a la huelga un espacio propio y diferenciado. Presenté un proyecto de ley, en actual trámite en el Senado, que postula dar un nuevo estatuto a este derecho laboral.

ISAPRES deben contribuir a enfrentar déficit de médicos especialistas en regiones

Propuse iniciativa que recibió muy buena acogida del Ministro de Salud, Jaime Mañalich y será considerada en reforma.

He recibido positivas reacciones de parlamentarios y del propio Ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto de considerar una modificación legal que posibilite que las ISAPRES contribuyan a enfrentar el déficit de médicos especialistas que afecta a las regiones extremas del país, como Magallanes. 

Vivir en zonas apartadas significa hoy tener menos acceso a una atención médica oportuna y completa, lo que constituye una grave inequidad que perjudica a millones de chilenos. Esta histórica problemática debe enfrentarse con decisión, para beneficio de los usuarios de FONASA, de ISAPRES y de la población, en general. 

En ese sentido es vital insistir en el rol complementario de ambos sistemas de salud. Por años la responsabilidad de proveer de especialistas a las regiones ha recaído exclusivamente en el sector público, pese a que el actual modelo de salud es mixto. 

Por ello, propuse que el Plan de Salud que ofrecen las ISAPRES, en cualquiera de sus modalidades, deberá garantizar que se otorguen en la misma región del cotizante y en número suficiente, a lo menos, las especialidades médicas correspondientes a las patologías más frecuentes en ella, lo que se determinará a través de un reglamento realizado por el Ministerio, considerando los resultados de la Encuesta Nacional de Salud. 

Una propuesta en ese sentido no sólo beneficiaría a los afiliados a estas instituciones, sino que permitiría complementar esfuerzos entre los sectores público y privado. Al comprometer a las ISAPRES en la radicación de especialistas en regiones se abren enormes oportunidades de que mejoren las prestaciones de sus usuarios y, también, las posibilidades de los pacientes del sector público. Ya hay experiencias piloto de complementación entre hospitales, servicios e ISAPRES que se verían reforzados.

He recibido la confirmación, tanto del Ministro Mañalich, como de diversos senadores, respecto de que esta propuesta será analizada en el marco de las modificaciones legales que la Comisión de Salud de la Cámara Alta y el Ministerio han acordado estudiar en las próximas semanas, contando, además, con un importante grado de respaldo, por cuanto resulta muy significativa para mejorar la equidad en el acceso. 

Reitero así, además, mi preocupación permanente por esta grave carencia. En años anteriores ya fui autor de una modificación legal que permitió incentivar a los médicos especialistas que se radiquen en zonas apartadas, con la condonación de sus créditos universitarios. 

Debe solucionarse a la brevedad problema de “Villa Hindú”

Se requiere actitud más enérgica de autoridades. Expuse el problema al Subsecretario de Vivienda.

Foto. La Prensa Austral

Insisto en la necesidad de solucionar a la brevedad los problemas referidos a la urbanización de la Villa Teresa de Calcuta y que han afectado gravemente a las familias residentes. Expuse la situación directamente al Subsecretario de Vivienda, Francisco Irarrázaval, quien comprometió una investigación del caso.

Para ello se requiere una actuación más enérgica del municipio y del Gobierno Regional, con el objeto de requerir de los responsables del proyecto la regularización de estas viviendas y la solución del problema de energía que afecta a los vecinos. 

Lamento, por ello, las declaraciones del Intendente Peña y Lillo, quien indicó que se trataba de un problema entre privados. Una conclusión tan categórica amerita, al menos, un análisis pormenorizado del asunto. Acá es necesario precisar algunas cosas, pues no están del todo claros los motivos por los que se ha rechazado reiteradamente la recepción de estas obras, pero con los antecedentes que se cuenta, podemos anticipar que no se trata meramente de un conflicto entre privados. 

Primero, debe verificarse si se han utilizado o no irregularmente bienes nacionales de uso público, sometidos según el artículo 6º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones a la supervigilancia de Intendentes y Gobernadores. Asimismo, tal como lo han señalado los pobladores, el tema que más les preocupa, esto es la falta de tendido eléctrico regular, afecta la seguridad de los vecinos, tanto por el riesgo de sobrecalentamientos, incendios y accidentes, como desde la perspectiva de la seguridad pública. Existen dramáticos casos de personas a quienes la falta de suministro eléctrico complica su salud por la imposibilidad de utilizar colchones anti escaras o por la falta de refrigeración para mantener alimentos para menores y lactantes. 

Por último, acá hay una situación, de carácter económico y habitacional que aflige a un número importante de vecinos, motivo más que suficiente para la preocupación de las autoridades y, eventualmente, la intervención del SERNAC, si se reúnen las condiciones exigidas por la ley. 

Es necesario, también, indagar la eventual comisión de delitos tanto en la entrega al uso de viviendas sin recepción cuanto en la falta de cumplimiento de las condiciones mínimas ofertadas a los arrendatarios o en la imposición de cláusulas abusivas. 

Insisto, entonces, en la necesidad de enfrentar el asunto desde una doble perspectiva, tanto, en lo sustantivo, para procurar regularizar la situación de estos inmuebles, apremiando con las fuertes multas que la ley prescribe a la inmobiliaria propietaria y responsable de obtener la recepción definitiva y, paralelamente, para buscar, con los organismos correspondientes, la posibilidad de habilitar una solución transitoria y segura para dotar de energía eléctrica a las viviendas, considerando las necesidades de las familias.