Debe reforzarse fiscalización sobre las AFP ante compleja situación de La Polar

Solicité a Comisiones de Trabajo y Hacienda citación de Superintendentes al Parlamento.

Los nuevos antecedentes dados a conocer por el Presidente del Directorio de La Polar, César Barros, son muy preocupantes, en relación al impacto que puedan tener sobre los fondos de pensiones comprometidos en la multitienda.

El colapso de la empresa dejó en una compleja posición a las administradoras, ya que éstas eran a la vez accionistas y tenedoras de bonos de la misma.

Sin duda, la situación se sigue complicando, pues las nuevas revelaciones muestran con mayor claridad las graves irregularidades en la administración anterior y complican seriamente la viabilidad de la empresa. Las AFP están en la disyuntiva de requerir, por una parte, que la empresa tenga liquidez para cobrar sus acreencias en bonos, pero también favorecer su continuidad para intentar recuperar la valorización de los títulos.

Es una cuerda floja de la que pende parte de los ahorros previsionales de millones de chilenos.

Por ello, necesitamos una actitud más enérgica y decidida del Gobierno que no puede mirar este caso como que fuera un conflicto entre privados.  Asimismo, la Superintendencia de Pensiones debe exigir una mayor transparencia respecto de las medidas que se están tomando en relación a la gestión de la empresa.

Debe velarse porque las administradoras adopten las decisiones más adecuadas para salvaguardar los recursos de los afiliados comprometidos en la tienda, al tiempo de exigir el máximo celo y rigurosidad para perseguir las responsabilidades de la anterior administración.

Los cotizantes necesitan tener certeza de que se están agotando todas las acciones contra los ejecutivos y directores que llevaron a la empresa a este colapso.

Por ello, transcurridos ya varios meses desde que se destapó esta situación, solicitará a los Presidentes de las Comisiones de Trabajo, Ximena Rincón y de Hacienda, Eduardo Frei, convocar a una nueva sesión conjunta de ambas instancias, con presencia de los Superintendentes de Valores y Seguros y Pensiones, con el objeto informen del estado actual del caso, de las acciones que llevan adelante las AFP en resguardo del patrimonio de los cotizantes y de los avances en las investigaciones que permitan sancionar a los responsables.

Despidos del 2010 son la causa de baja ejecución presupuestaria

Los chilenos están pagando las consecuencias del sectarismo del actual Gobierno.

Durante el año 2010 hubo más de 8.000 despidos en la administración pública. A mi juicio, ello explica, en buena medida, el notorio retraso que presenta la ejecución presupuestaria del Gobierno durante el año 2011.

La discusión del Presupuesto 2012 ha puesto en evidencia una demora generalizada en la implementación de los programas en los distintos ministerios y servicios públicos, la que alcanza niveles preocupantes. Así, por ejemplo, en los planes de prevención del delito se ha gastado sólo el 1,5% de lo comprometido. Otro tanto ocurre en inversión en los ministerios de educación y salud.

Ello ocurre, en todos los planos y niveles, tanto en lo nacional, como en regiones. Tenemos casos como Magallanes donde ni siquiera se llega al 50% cuando estamos finalizando el año.

El año recién pasado, aún con las nuevas autoridades recién instaladas, no se registró el nivel de ineficiencia en el gasto que se advierte durante este año, en que existe un rezago muy masivo y transversal en la casi totalidad de los programas y, particularmente en los gobiernos regionales.

La explicación debemos buscarla el 2010, cuando se privó de sus cargos a miles de buenos funcionarios por consideraciones exclusivamente políticas, mientras se valoraba su cometido. En la práctica, eran ellos quienes llevaban adelante las labores operativas de ministerios y servicios.

En su lugar, se trajeron operadores políticos de la UDI y RN y, también, personal técnico, pero sin experiencia en la gestión del aparato del Estado. La consecuencia es esta grave ineficiencia en la ejecución del presupuesto para lo cual ahora se adoptan medidas desesperadas que no aseguran la calidad de las inversiones.

Estamos viendo transferencias apresuradas en diversas reparticiones con el objeto de mejorar los indicadores, pero sin discutir mayormente la calidad y pertinencia de los proyectos. Hoy todos los chilenos están siendo perjudicados por el sectarismo del actual Gobierno.

Hay que pensar seriamente en terminar con el sistema de AFP

Aumentar la cotización de los trabajadores en este momento es "una patudez".

El planteamiento de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de incrementar la cotización de los afiliados, precisamente en el momento en que los ahorros registran fuertes caídas a consecuencia de la inestabilidad de los mercados internacionales es muy inoportuno. Hoy, pensar en incrementar las imposiciones es echar la plata en un saco roto.

Lo que se requiere es un cambio drástico en el sistema previsional. No maquillajes ni operaciones cosméticas. Es un esquema que ha fracasado rotundamente. Es ineficiente y caro y no ha cumplido su promesa de entregar pensiones dignas a los chilenos. Por el contrario, la gran mayoría de los pensionados obtiene jubilaciones miserables.

El último reporte de la Superintendencia de Pensiones, revela que las pensiones pagadas en el mes de marzo de 2011 ascendieron a 887.255 con un monto promedio de $176.456, de las cuales 424.770 corresponden a la modalidad de rentas vitalicias y 435.836 a la modalidad de retiro programado, con un monto promedio de $217.144 y $126.416, respectivamente. Estos resultados se producen porque el sistema está funcionando bajo unos supuestos muy distintos a los que se pensaron en un comienzo. Hoy la densidad de cotizaciones de los trabajadores es baja producto de la enorme rotación laboral y las escasas remuneraciones.

A lo anterior, se agregan costos de administración muy elevados. Se calcula que desde que el sistema está en funcionamiento uno de cada tres pesos cotizados ha ido a parar a las administradoras y las compañías de seguro. Estas falencias han obligado a diversos países a retroceder y terminar con la capitalización individual.

Por ello, junto a diversos legisladores esperamos poder discutir iniciativas legales, en trámite en el Congreso Nacional, que proponen reformas estructurales para establecer una administración distinta y un sistema previsional que solidarice los riesgos.

Tal como está ocurriendo en educación y salud los chilenos empiezan a advertir que un esquema en que cada uno financia individualmente sus necesidades y donde sus recursos se utilizan para el negocio de privados está condenado a producir sólo desigualdad y malos resultados. El próximo lucro que hay que enfrentar es el sistema de AFP.

Necesitamos mejorar conectividad vial y marítima de Magallanes

Debemos pavimentar ruta Manantiales – Porvenir – Onaisin y destrabar  ampliación de Paso Kirke

Me reuní este miércoles en Valparaíso con el Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, a quien expuse diversas materias vinculadas a la conectividad vial de la Región de Magallanes.

En primer término, abordé la situación de la conexión vial en Tierra del Fuego. Al respecto, le reafirmé la necesidad de avanzar en la pavimentación de la ruta Manantiales – Porvenir – Onaisin.

La principal prioridad en materia de inversiones debe ser mejorar la calidad de vida de la gente por lo que la pavimentación en la isla debe priorizar los sitios poblados y, especialmente, la capital provincial.

Se trata de hombres y mujeres que con enorme esfuerzo hacen soberanía los 365 días del año y que merecen ver facilitada sus comunicaciones, en lugar de que los recursos se destinen a una ruta interior que favorece esencialmente al transporte argentino.

El Ministro Golborne me indicó que la decisión de pavimentar la ruta entre Cerro Sombrero y Onaisin ya se encuentra adoptada y responde fundamentalmente a criterios de costos, pero manifestó que se estudiaría la posibilidad de incorporar, en los próximos años, avances en la ruta costera.

PASO KIRKE

Expuse, también, al titular de Obras Públicas la necesidad de reimpulsar el proyecto de Paso Kirke y Muelle de Cruceros en Puerto Natales. Se trata de una iniciativa privada, sujeta al régimen de concesiones, que recoge una antigua aspiración de la zona y que no ha logrado materializarse debido a las exigencias de seguridad requeridas en los informes técnicos que implican un costo sustantivamente mayor que el proyectado.

Por ello, pedí a Golborne estudiar seriamente si puede contarse con un subsidio estatal para apoyar a la empresa proponente y si eso no fuera posible y la empresa Marentis y Ríos descarta llevarlo adelante, poder licitarlo como dispone la ley de concesiones.

Es una obra de enorme importancia para la Provincia de Última Esperanza y para toda la Región y creo que estamos en un buen momento para retomarla en el marco del impulso que se pretende dar a la industria de los cruceros. El Ministro se comprometió a analizar los antecedentes del proyecto y su estado actual con el objeto de explorar caminos que permitan reimpulsarlo.

Miopía del Gobierno ante reforma tributaria

Mientras organismos internacionales y dirigentes empresariales se abren a alza de impuestos el Gobierno se cierra al debate.

Felipe Lamarca y Roberto Fantuzzi se han sumado a quienes sugieren una modificación impositiva que permita mejorar el acceso a la educación superior. Antes, otros destacados personeros del ámbito privado, como el vicepresidente ejecutivo de LAN, Enrique Cueto y el Presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, habían manifestado disposición a discutir el tema.

A estas alturas, los únicos que no ven necesidad de una reforma tributaria son el Presidente Piñera y su Ministro de Hacienda.

Mientras importantes voces del empresariado nacional y los organismos internacionales expresan su preocupación por la enorme desigualdad de nuestra sociedad y concluyen la necesidad de avanzar en su superación como condición indispensable para mantener la estabilidad del país, el Gobierno sigue anclado a posturas ideológicas que dificultan las respuestas a las demandas sociales.

Sólo la miopía” y la ortodoxia neoliberal de las actuales autoridades explican el rechazo del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a una reforma tributaria. El secretario de Estado descartó un alza de impuestos para financiar el presupuesto 2012 porque la propuesta del Ejecutivo es muy pobre y ni siquiera alcanza para cubrir el 40% de becas que comprometió a los estudiantes. No necesitan más recursos porque sus medidas son insuficientes.

Para avanzar en serio hacia un mejoramiento de la educación y, particularmente, en el acceso de los sectores bajos y medios a la educación superior, no hay otro camino que la reforma tributaria.

Esperamos que el Gobierno se abra a una discusión que permita concordar una reforma que aumente la contribución de las empresas y disminuya la carga sobre las personas, lo que disminuiría, también, los incentivos perversos a la elusión que existen en la normativa vigente.

Así como el Presidente Piñera y Renovación Nacional fueron claves para la reforma tributaria que se gestó en el Gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin y que permitió avanzar en materia social en el retorno a la democracia, ahora, desde el Gobierno, tienen la gran opción de dar un nuevo salto en la igualdad de oportunidades, a través de un pacto social que permita enfrentar en serio el acceso a la educación.

Para evitar colapso de la pesca debemos fortalecer institucionalidad

En Mesa de Trabajo había más interés en reparto de cuotas que en el futuro del sector

Es lamentable la forma en que se ha venido realizando la discusión sobre la eventual renovación de la ley de cuotas pesqueras que vence en diciembre de 2012. La Mesa de Trabajo que llevó adelante el Ministerio de Economía setransformó en un reparto anticipado de cuotas entre los propios involucrados, sin ocuparse de aspectos relevantes para el sector.

Precisamente, este énfasis en la extracción, con la participación de los propios interesados incidiendo en las medidas de administración es lo que ha llevado a la crítica situación por la que atraviesan las principales pesquerías del país. Tras doce años del mecanismo de cuotas, las pesquerías están aún peor que el año 2000 y, sin embargo, se propone como solución el mismo sistema que ha fracasado completamente, tal como lo pronostiqué el 2002 cuando, pese a las presiones del Gobierno, fuí uno de los escasos votos en contra de este régimen.

En la última sesión de la Comisión de Pesca  del Senado, que tuvo lugar la semana recién pasada, con la presencia del Ministro de Economía, Pablo Longueira, expuse mi parecer en el sentido que la discusión del sistema de cuotas debe acompañarse de un rediseño de la institucionalidad pesquera que permita una mejor gestión de los recursos.

Si se sigue dando importancia exclusivamente a la asignación de los recursos pesqueros, sin discutir, además, un rediseño de la institucionalidad que involucre cambios en la gestión, un mayor impulso a la investigación y al fomento productivo y una fiscalización eficiente y enérgica, los problemas de la pesca se seguirán agravando.

Debemos darle mayor valor a la investigación y a los criterios técnicos en la administración de las pesquerías, para lo cual indicó que se requiere fortalecer el IFOP. Asimismo, necesitamos una completa reestructuración de los mecanismos de fomento y desarrollo productivo, incluyendo apoyo al emprendimiento, aumento del valor agregado de los productos y un sistema permanente de protección para los pescadores artesanales y trabajadores. 

Por último, requerimos fortalecer la institucionalidad con un sistema de administración donde no participen a nivel decisorio los propios interesados y en que se fortalezca la fiscalización, a través de una Superintendencia.

Necesitamos una definición clara sobre los recursos de Zona Franca

Destinación debe quedar expresada en Presupuesto 2012

El destino de los más de 4000 millones de pesos, derivados de la licitación de la zona franca de Punta Arenas que la Región de Magallanes reclama al gobierno central debe quedar definido claramente en el Presupuesto 2012.

Ello, por cuanto mientras el subsecretario Julio Dittborn y diversos personeros del Gobierno Regional desconocieron el compromiso emanado de anteriores autoridades, en el sentido de reinvertir dichos fondos en la zona, el Intendente Arturo Storaker afirmó que éstos se quedarían en la Región y serían canalizados a través de la Subdere.

Este Gobierno desde que asumió ha venido negando esos recursos. Personalmente realicé las consultas pertinentes a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda a mediados del año pasado y se me señaló, por escrito, que sólo los recursos posteriores al 2009 serían asignados a la zona, en virtud de la ley, en tanto los anteriores serían derivados a rentas generales de la nación. Más aún se desconoció la existencia de un compromiso sobre la materia.

En atención a esta disparidad de criterios, se requiere una definición más clara de las autoridades nacionales y locales que zanje esta polémica y no deje lugar a dudas tanto respecto de la reinversión en la zona como de que se trata de fondos suplementarios.

Quisiera creerle al Intendente Storaker, pero la experiencia demuestra que con los fondos provenientes de la SUBDERE puede explicarse cualquier cosa. Para que esto se supere definitivamente debiera haber una asignación presupuestaria donde se diga claramente que son recursos distintos, adicionales a los que están planteados para nuestra región como ingresos habituales.

De lo contrario, no hay como determinar cuáles son los recursos provenientes de Zona Franca y cuáles los que nos corresponden normalmente, con lo que el asunto quedará en la nebulosa.

Por ello oficié al Ministerio de Hacienda y a la SUBDERE con el objeto de tener una precisión formal sobre el tema e insistiré en ello durante la discusión del presupuesto que tendrá lugar las próximas semanas en el Congreso Nacional.

Sigue siendo preocupante eventual instalación de proyectos hoteleros en Torres del Payne

Pese a que se descartó instalación masiva de nuevos hoteles, subsisten iniciativas a gran escala.

Sigue siendo preocupante el resultado final del concurso de ideas de proyectos de turismo sustentable que llevan adelante CONAF y SERNATUR. Pese a que ambas reparticiones desestimaron la instalación masiva de nuevos proyectos hoteleros de gran envergadura en el Parque Nacional Torres del Payne, sí han sido seleccionadas iniciativas que pueden ser riesgosas para el futuro de la reserva. 

Hace unos meses, junto al senador independiente Carlos Bianchi, expresamos nuestra inquietud por este concurso, advirtiendo que entre las postulaciones preliminares figuraban numerosas propuestas de inversión de enorme magnitud, cuya aprobación podría afectar gravemente las características del área protegida, una de las más famosas y visitadas del país.

Hace unos días, a través de un oficio, ambos servicios comunicaron al Parlamento los avances de esta convocatoria, descartando la habilitación masiva de nuevos grandes proyectos hoteleros por exceder las orientaciones y objetivos del concurso de turismo sustentable que se pretende. 

Pese a ello, han sido priorizados algunos proyectos cuyas características resultan a lo menos, preocupantes. Se confirmó la selección para una segunda fase de revisión y evaluación de tres proyectos referidos a alojamiento, uno en el sector Lago Dickson, otro en el área de Laguna Azul y un tercero en la zona de administración. Hay un cuarto cuya localización no está definida e incluso un quinto que podría ser una inversión complementaria a alguna de las anteriores.

Las tres principales iniciativas seleccionadas involucran inversiones por US$ 2 millones, US$ 6 millones e incluso US$ 30 millones en uno de los casos. Este último, si bien se habla de una remodelación, es necesario conocer el proyecto concreto para formarse una opinión definitiva. Más aún, hay proyectos cuyo emplazamiento es impreciso y donde se advierte la confluencia de diversos emprendimientos de un mismo oferente, por lo que bien puede tratarse de instalaciones complementarias que han sido disimuladas de esta forma.

Tras esta selección se ha abierto un plazo de 90 días para que los proponentes hagan llegar su proyecto definitivo, el que deberá ser nuevamente analizado por CONAF y otras instancias requiriéndose, posteriormente, las evaluaciones ambientales que correspondan.

Reitero las críticas que formulé a la metodología del concurso de ideas implementado por CONAF y SERNATUR. Es poco serio aprobar, aún preliminarmente, iniciativas de las que se cuenta con antecedentes tan vagos. 

Debemos ser extremadamente cautelosos para que las inversiones que se aprueben aporten servicios al Parque Nacional Torres del Payne sin afectar su preservación y belleza estética. Lamentablemente, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, parece estar más interesado en privilegiar los negocios que en salvaguardar las riquezas naturales de Magallanes y del país.

Gobierno no tiene voluntad de solucionar conflicto en educación

El Presupuesto 2012 es insuficiente. Necesitamos una reforma tributaria.

Tras largos meses de movilizaciones estudiantiles, el diálogo se ha roto y la principal responsabilidad en ello es, sin duda, del Ejecutivo. Los dirigentes secundarios y de la CONFECH demostraron su disposición, representada en los diversos documentos en que expresaron sus posiciones y en su voluntad de concurrir a La Moneda tanto a la cita con el Presidente de la República como a la Mesa de Trabajo conformada con el Ministro Bulnes.

Sin embargo, la  actitud intransigente del Gobierno hizo fracasar la instancia. No mostró disposición alguna a modificar su posición original de sólo mejorar con más crédito y menores tasas de interés un sistema cuestionado. En buen chileno, echar más harina al saco roto. 

La Mesa de Trabajo fue una forma de ganar tiempo y desgastar a los dirigentes estudiantiles, permitiéndoles expresar sus puntos de vista para que, a continuación, se les reiterara la propuesta ya conocida del Gobierno, sin cambio alguno. Más que un efectivo ejercicio de diálogo y acercamiento, la Mesa fue un monólogo del Ministro Bulnes.

El Ejecutivo no tiene interés en atender las demandas estudiantiles. sólo procura devolver el orden a las calles, con lo que busca congraciarse con la derecha dura. Para ello, presionó a los rectores y a los estudiantes para terminar el primer semestre y se ha buscado estigmatizar las protestas con un represivo proyecto de ley anti-tomas y saqueos.

Paralelamente, envió al Parlamento un Presupuesto 2012 insuficiente y mezquino, con un aumento de recursos para educación de sólo un 7.2% para que no permite incrementar de un modo significativo las becas para los alumnos de menores recursos. Tampoco hay definición alguna sobre la desmunicipalización ni avances para terminar con el lucro de los sostenedores y menos, aún, disposición a discutir una reforma tributaria, la verdadera vía de solución de este conflicto.

Reforma Tributaria: La derecha con sordera selectiva.

Más neoliberales que el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se entiende como sordera selectiva una anomalía consistente en no escuchar aquello que molesta o no se entiende. Más que un trastorno auditivo parece ser una capacidad analítica tendiente a evitar incomodidades y molestias. Ello aqueja a la derecha respecto de las recomendaciones de organismos internacionales en materia económica.

Sus líderes, técnicos e incluso sus medios de comunicación suelen recoger con bombo aquéllos llamados de entidades multilaterales cuando abogan por el mercado y la libre competencia. Se desvelan analizando los rankings de competitividad y buscando la forma de convencernos de que nuestras regulaciones son excesivas, lo que atenta contra el progreso. Curiosamente, nuestros empresarios obtienen – bajo esas normativas – jugosas utilidades e incluso se expanden por el continente precisamente hacia donde las legislaciones son aún más rigurosas.

Los reportes que causan mayor euforia en los teóricos neoliberales criollos son aquéllos que advierten trabas burocráticas a la inversión, rigideces en la legislación laboral y excesos de la política impositiva. Cada vez que un informe contiene este tipo de críticas no tarda en ocupar primeras planas en diarios anaranjados, páginas relevantes de suplementos de negocios y ser motivo de análisis en seminarios y foros efectuados sobre la cota 1000. Expertos entrevistados advierten, inmediatamente, que estos temas dificultan nuestro camino al desarrollo y la creación de empleo.

Luego, no se les mueve un músculo cuando se demuestra que, sustantivamente con las mismas leyes laborales y tributarias, el país pasa por ciclos de elevado crecimiento. Un caso patente es que los mismos que hace dos años demonizaban las normas sobre contratación y despido, ahora se ufanan de la creación “histórica” de puestos de trabajo. Evidentemente, tampoco se ocupan de explicar los cambios en la encuesta que explican este milagro.

El último episodio de hipoacusia temporal de la derecha lo hemos visto con ocasión de la crisis educacional. Primero, la OCDE alertó sobre la enorme desigualdad de nuestro sistema educativo. Luego, el Fondo Monetario Internacional, vanguardia del neoliberalismo global, cuyas recetas suelen ser alabadas por muchos de nuestros economistas, recomendó una reforma tributaria para enfrentar el problema. Una muestra casi caricaturesca de que la profunda inequidad del país y de su educación sólo puede ser resuelta con un mayor compromiso de los sectores más favorecidos de la sociedad.

Sin embargo, la derecha, partiendo por el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, defendió la “soberanía de Chile” para seguir adelante con sus propias políticas económicas. El oído izquierdo del Secretario de Estado y de los más destacados técnicos del Gobierno no acusaron el golpe. Mientras el clamor, tanto nacional como internacional, por un cambio profundo en educación es cada día más fuerte, la derecha abusa de su sordera selectiva para sostener un sistema que no resiste ningún estándar y se muestra más neoliberal que el propio FMI.

Proponemos ampliar el derecho a huelga.

Debemos legalizar paralizaciones que denuncian vulneraciones de derechos, incumplimiento de contratos colectivos y las movilizaciones locales y nacionales.

Junto conlos senadores Isabel Allende, Ximena Rincón, Camilo Escalona y Carlos Bianchi presentamos una moción que pretende ampliar el derecho a huelga en el Código del Trabajo, más allá de la negociación colectiva, recogiendo lo señalado en tratados internacionales y en resoluciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

La necesidad de legislar en esta materia se fundamenta en que la legislación laboral emanada de la dictadura militar impuso un sistema extremadamente rígido, cuyo propósito era dificultar la organización de los trabajadores y el ejercicio del derecho a la huelga, incorporando quórums, plazos y formalidades excesivas, permitiendo la negociación por parte de grupos ajenos al sindicato y posibilitando la contratación de reemplazantes durante la paralización.

A todo lo anterior se agrega que la negociación colectiva presenta, en nuestra normativa, un carácter casi exclusivamente remuneracional y que es obligatoria sólo en el ámbito de la empresa, excluyendo la posibilidad de realizarse en forma más amplia, por sectores o ramas de actividad, aspectos que no han podido ser superados sustantivamente, pese a la aprobación de sucesivas reformas al Código del Trabajo.

Estas trabas, unidas a otros aspectos como la exclusión de los trabajadores públicos, dificultan el ejercicio de este derecho, que es, sin duda, el instrumento más poderoso con que cuentan los trabajadores y sus organizaciones para hacer valer sus reivindicaciones, reconocido además en múltiples tratados internacionales.

El proyecto de ley propone superar estas falencias, recogiendo resoluciones de la OIT, con el objeto de ampliar el derecho a huelga, más allá de la negociación colectiva. Según la moción, ésta podría tener lugar, además, cuando exista una situación que afecte a los derechos fundamentales del trabajador que haya motivado el ejercicio de una acción de tutela o cuando se persiga el cumplimiento del convenio colectivo vigente que haya sido vulnerado por el empleador.

Un simple ejemplo demuestra la relevancia y pertinencia de esta propuesta. Si recordamos la tragedia de la Mina San José, en nuestra normativa esos trabajadores no podrían haber declarado una huelga para denunciar los riesgos graves y evidentes a que estaban sujetos, pues no había negociación colectiva en ese momento.

Igualmente la moción dispone que podría declararse la paralización de actividades como solidaridad con una huelga legal que se lleve adelante en otra empresa o en apoyo a una huelga  de carácter nacional o local, aprobada por las instancias correspondientes de la federación, confederación o central sindical de la que el sindicato respectivo forme parte. 

Se trata de movilizaciones masivas, que son el origen histórico de este derecho y que se reconocen en todo el mundo como la forma legítima que tienen los trabajadores organizados de expresar reivindicaciones de carácter colectivo - más allá de la propia empresa - y que, sin embargo, en nuestro país se encuentran al margen de la normativa vigente.

Esta iniciativa ajustaría la restrictiva legislación nacional a estándares internacionales. Además, la sola presentación del proyecto permite discutir, al tratarse las huelgas por solidaridad con otros sindicatos, la negociación colectiva interempresa, materia cuyo debate ha sido eludido por largos años.

MINEDUC está usando políticamente beneficios estudiantiles.

Suspensión de becas causa graves perjuicios a estudiantes de regiones.

El Gobierno está utilizando políticamente los beneficios estudiantiles con el objeto de intentar normalizar las actividades académicas, especialmente de los planteles de educación superior.

He recibido información de un número significativo de estudiantes y apoderados de la Región de Magallanes, que me han señalado que la entrega de las becas Presidente de la República (BPR), Integración Territorial (BIT), Indígena (BI), y de Alimentación para la Educación Superior (BAES) ha sido retenida hasta obtener información de los establecimientos respectivos acerca del cierre del primer semestre.

Ello es muy preocupante por los perjuicios que provoca en muchos jóvenes que, aún cuando sus planteles permanezcan en tomas u otras movilizaciones, se encuentran en regiones alejadas de su lugar de procedencia y deben, por tanto, financiar de todas formas su mantención.

“Se trata de beneficios que la sociedad entrega para favorecer a los estudiantes y cuya entrega regular no puede quedar al arbitrio de la autoridad de turno y sus objetivos.”

Espero el pronto restablecimiento de los beneficios estudiantiles, pues se está causando un serio perjuicio a muchas familias que han debido asumir, aún transitoriamente, los costos de pensiones y alimentación. Asimismo, propondré la incorporación de una glosa presupuestaria que evite que esta situación pueda repetirse el año venidero.

Tesis Labbé se impuso en el Gobierno

Proyecto que criminaliza protestas sociales es “represivo y dictatorial”.

Propuesta legal del Ejecutivo que pretende penalizar los saqueos, las tomas de establecimientos educacionales y otras formas de alteración de los servicios públicos es una norma eminentemente represiva y propia de gobiernos dictatoriales.

A pesar que en el Gobierno lo nieguen, lo que se busca con este proyecto es  desarticular los movimientos sociales, porque una cosa es sancionar el saqueo, que por lo demás ya está sancionado dentro de nuestro Código Penal y por lo tanto, no tiene sentido crear una figura penal nueva, y otra cosa y, que es lo peor en este anuncio, es sancionar  las tomas de los colegios y las movilizaciones.

La iniciativa gubernamental representa el triunfo de las posiciones más conservadoras del Gobierno. Claramente la “tesis Labbé” se impuso en el Ministerio del Interior. No vaya a ser que a estos ministros, que son hijos de lo que vivimos en la década de los 80, se le haya salido el otro yo y quieran impulsar medidas represivas para terminar con un movimiento social que no quiere a este Gobierno porque este no está respondiendo a las demandas ciudadanas.

Indicó que, sin perjuicio, de analizar, en su momento, en forma detallada, la propuesta gubernamental, es contrario a su formulación. Me parece gravísimo porque es atentar contra la democracia, atentar contra un gran movimiento ciudadano que la única forma de expresar que tiene es saliendo a las calles y expresar su malestar tomándose determinados recintos.

En general la norma es innecesaria, pues los desórdenes públicos están sancionados y los atracos a establecimientos comerciales realizados por turbas o con ocasión de tumultos también están establecidos como agravante en el Código Penal.

Estas propuestas muestran la falta de coherencia de las iniciativas sobre seguridad pública anunciadas por La Moneda, pues al mismo tiempo que se promueve diversos proyectos para descongestionar las cárceles, liberando presos de menor peligrosidad, se presentan estas medidas para llevar a prisión a más chilenos, especialmente jóvenes. 

Es evidente la sobreprotección de los intereses de actividades empresariales. Vemos que el Ejecutivo tiene mucha energía para cuidar el patrimonio de bancos y del retail, pero no tiene la misma decisión para sancionar con cárcel los abusos contra los clientes.

Lamento falta de participación ciudadana en gira presidencial

Presidente Piñera debiera aprovechar viaje para explicar debilidades del proyecto de tarificación del gas. Se aprovecha políticamente Hospital Regional construido en gestión anterior.

Lamento enormemente la escasa participación de la comunidad en la visita que el Presidente Sebastián Piñera realizará a Magallanes. En la agenda no se considera una reunión con organizaciones sociales, mientras, según el propio Seremi Schweitzer, se indica que el Primer Mandatario evalúa una cita con la dirigencia oficialista local.

Lo anterior impide que en la primera visita pública del Primer Mandatario a la región, tras el conflicto por el alza del gas (sin contar su viaje la Antártica en compañía del Presidente Rafael Correa) pueda explicar personalmente a la comunidad los alcances de la iniciativa y recibir consultas sobre esta materia.

Se hace como que nada hubiera ocurrido mientras en los últimos días han surgido diversas críticas al proyecto de ley que regulará las tarifas, que podrían haber sido analizadas por el Presidente Piñera y los Ministros respectivos. Tras su presentación en el Parlamento va apareciendo con mayor nitidez que más allá de congelar las tarifas por 5 años, se trata de una propuesta que sólo se limita a crear un sistema de fijación de precios que las deja entregadas al mercado, que no es lo que los magallánicos esperan.

Lo que queremos es un proyecto que expresé el compromiso del Estado con la exploración a través de ENAP, que asegure prioritariamente el abastecimiento para consumo domiciliario y que garantice precios bajos y estables en forma permanente, subsidiados por el Fisco.

Por último, que la principal actividad pública del Presidente Piñera sea la visita, tras largo tiempo de funcionamiento, al Hospital Regional, es un evidente aprovechamiento político, pues se trata de una obra que reconocidamente fue construida durante la gestión de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

La ciudadanía de Magallanes tiene claras las obras que los Gobiernos anteriores realizaron en la zona, en tanto al actual sólo se le conoce por intentos de subir el precio de los suministros básicos y por su política de incentivo a proyectos contaminantes como salmonicultura y explotación de carbón que, a la larga, significarán un enorme perjuicio para el medio ambiente, la actividad turística y la pesca en la región.