Debemos fortalecer los derechos de los pasajeros de aerolíneas

Pedí a SERNAC apoyo para agilizar iniciativa legal que se tramita en la Cámara de Diputados.

Me reuní con el Director del SERNAC, Juan Antonio Peribonio, para solicitarle apoyo para impulsar el proyecto de ley que mejora la normativa vigente en materia de derechos de los pasajeros aéreos. La iniciativa que he promovido ya fue visada por el Senado y se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. 

Hice ver el retraso del Código Aeronáutico sobre la materia y la urgente necesidad de actualizarlo a la luz de las nuevas condiciones en que se desarrolla esta modalidad de transporte. 

Tenemos una regulación que data de hace varias décadas en circunstancias que el trasporte aéreo ha evolucionado profundamente; se ha masificado, han cambiado las formas de comercializar los boletos y se ha modificado la normativa en muchos países para fortalecer la protección a los usuarios.

Las principales innovaciones que propone el proyecto son el fortalecimiento de la transparencia e información a los usuarios en la venta de los pasajes, la determinación de indemnizaciones en caso de suspensión o retardo de los vuelos y la simplificación de los procedimientos aplicables en caso de infracciones a los derechos de los pasajeros. 

Es especialmente importante  fortalecer las compensaciones a los pasajeros. En ese sentido, la iniciativa propone un sistema de multas preestablecidas con montos fijos que dependerían de la duración del vuelo y las horas de retardo, tal como existe en Europa. El proyecto precisa, además, que estas indemnizaciones no obstan a que los afectados puedan acreditar perjuicios mayores, como ocurre cuando se pierden programas de turismo o reservas hoteleras. 

El director del SERNAC valoró la propuesta  y comprometió su apoyo a su tramitación, recordando que el servicio ha estado atento a las denuncias del público en materia de transporte aéreo y ha aplicado, recientemente, multas a diversas aerolíneas por infracciones a la normativa.

Debe permitirse análisis profundo de indicaciones a la ley de pesca

Presenté más de 130 propuestas que apuntan a fortalecer pesca artesanal, limitar duración de las cuotas, frenar concentración en la industria y fortalecer  institucionalidad. 

Voté en contra de la actual ley de pesca el 2002 y he sido uno de los más firmes críticos a la renovación del sistema de cuotas que impulsa el Gobierno y que está en una etapa decisiva en el Senado.

El pasado lunes venció el plazo para presentar indicaciones. Suscribí más de 130 de las cerca de 700 observaciones ingresadas. 

Espero que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta pueda analizarlas con seriedad y sin prisa. Sería muy inconveniente que el Ejecutivo impusiera una urgencia excesiva que no permitiera el estudio profundo que se requiere. En la Cámara de Diputados esta etapa de revisión de indicaciones duró varias semanas. 

En las indicaciones he patrocinado, muchas de ellas con otros senadores de la oposición, se abordan las materias más conflictivas del proyecto.

En primer término, creo imprescindible favorecer al sector artesanal. Para ello hemos propuesto resguardar las cinco millas de acceso protegido; establecer el control de esfuerzo como alternativa de administración, eliminar el pago de la patente, declarar diversas pesquerías, tales como la sardina, anchoveta y merluza como exclusivamente artesanales, prohibir el arrastre y asegurar el acceso a pesquerías incipientes y en recuperación. 

Respecto del sistema de cuotas por armador, insisto en mi oposición a su prórroga. Creo que ha sido un fracaso por lo que votaré en contra de la reposición de los artículos referidos a las licencias transables que se rechazaron en la Cámara de Diputados, por falta de quórum. Sin perjuicio de ello, para el caso de que éstas sean repuestas por el Gobierno, hemos  propuesto, a través de indicaciones, limitar su duración a 10 años. No es posible sostener la existencia de cuotas a perpetuidad o con una duración excesiva que en el fondo equivale a ceder a privados bienes de todos los chilenos. 

Reafirmamos, también, la importancia de establecer  un estatuto jurídico de los recursos pesqueros. Nos parece que es imprescindible dejar plenamente claro que éstos pertenecen a todos los chilenos y que los particulares sólo son autorizados a extraerlos por una declaración graciosa del Estado, que puede concluir en cualquier minuto si así lo exige el interés público. 

Nos preocupa, además,  evitar la concentración de la industria. Creemos que la acumulación de la propiedad de fracciones muy relevantes de las pesquerías en manos de algunos operadores es nociva. Proponemos prohibir que una misma empresa disponga más de un 15% de las cuotas de una determinada especie. 

Fortalecer la institucionalidad pesquera, es también una urgente necesidad. Parte importante de la crisis que vive la pesca se debe a que contamos con una investigación y fiscalización con insuficiente presupuesto para el rol de la actividad en la economía nacional. En este ámbito, se formularon indicaciones para establecer aportes basales fijos y líneas investigativas permanentes para el Instituto de Fomento Pesquero, al tiempo de plantearse un reencasillamiento del personal del SERNAPESCA y un rediseño de las sanciones que parta con multas elevadas y que conduzca a la caducidad. 

Por último, incorporamos indicaciones tendientes al resguardo de los pueblos originarios, para los cuales se pide un acceso garantizado a los recursos y el apoyo social para los trabajadores desplazados de la industria.

Nuevamente en contra de una ley de pesca hecha a la medida

Presentaremos indicaciones para mejorar fraccionamiento a favor de la pesca artesanal, limitar la duración de las cuotas, frenar la concentración en la industria y fortalecer institucionalidad pesquera.

 

Las modificaciones a la Ley de Pesca sorteron este miércoles su primer escollo en la Cámara Alta. Fuí uno de los votos en contra. 

 

En mi caso, mi posición de rechazo al sistema de cuotas por armador ha sido permanente. El año 2000, ante el colapso especialmente del jurel, se propuso dividir esa cuota global anual industrial en cuotas individuales. Algunos nos opusimos, porque entendimos que asignar cuotas individuales era, de alguna manera, entregarle a privados bienes de todos los chilenos. Señalamos, además, que ello no solucionaría los problemas. La historia nos dio la razón. 

Diez años después, la captura del jurel, que era el ícono del problema, ha caído de 1.400.000 toneladas el 2002 a cerca de 200.000 para este año lo que, a su juicio, representa un fracaso del actual mecanismo de asignación de los recursos. 

Lamentablemente, el Gobierno insiste en el mismo sistema que ha llevado a la pesca a una situación general de deterioro. Tras esta decisión está la intención de mantener el negocio de unos pocos, que han lucrado abusivamente con bienes de todos los chilenos hasta casi extinguirlos.

Hay muchas razones para oponerse. entre ellas, la falta de soluciones para la pesca artesanal, la concentración y falta de competencia en la actividad industrial, las debilidades de la actual institucionalidad pesquera y la insuficiente protección de los pueblos originarios.

Respecto de la pesca artesanal, el proyecto no representa avances para este sector. El fraccionamiento y acceso a las pesquerías sigue siendo insuficiente, no se protegen los caladeros históricos ni se frena decididamente el arrastre.

En cuanto al sistema de cuotas, otorgarlas indefinidas o por 25 años prorrogables es un exceso. Si vuelven a fracasar no habrá tiempo para una nueva ley. Cualquier norma que surja no puede pretender una duración de más de diez años, por cuanto el estado en que se encuentran las pesquerías requiere una evaluación periódica de sus resultados.

Faltan, asimismo, respuestas respecto a las modificaciones a la institucionalidad pesquera. No se aseguran aún los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad e independiente ni se garantiza una adecuada fiscalización con sanciones eficaces y ejemplarizadoras. En este sentido requerimos aportes basales fijos para el Instituto de Fomento Pesquero, líneas investigativas permanentes de acuerdo a los intereses y objetivos del Estado, como también un esquema de sanciones que parta con multas elevadas y que conduzca a la caducidad en forma rápida si se siguen vulnerando las normas.

Por último, no se consideró el parecer de los pueblos originarios, muchos de los cuales, como las etnias australes, han explotado ancestralmente los recursos del mar. Debe darse cumplimiento al Convenio 169 de la OIT. 

Presentaremos indicaciones para asegurar un estatuto público para los recursos pesqueros, mejorar el fraccionamiento a favor de la pesca artesanal, acotar el plazo de las cuotas, frenar la concentración, fortalecer la institucionalidad y establecer una plataforma social para los trabajadores.

Avanza proyecto que corrige exclusiones en pago de bono post-laboral

Iniciativa recoge solución que le propuse al Gobierno

A terminar su tramitación a la Cámara de Diputados fue enviado el proyecto de ley que modifica la ley 20.305 y que permitirá el pago del bono post-laboral a muchos ex funcionarios de servicios públicos y profesores que fueron injustamente excluidos. 

Con esta iniciativa el Gobierno recogió la inquietud que le hiciera presente hace ya varios meses, advirtiendo la injusta situación que enfrentaban muchos ex trabajadores que fueron privados de acceder a esta compensación.

Tras conocer este problema oficié a los Ministros del Trabajo y de Hacienda, a quienes expuse el problema e hice llegar una propuesta de solución, lo que fue acogido, enviándose este proyecto al Parlamento.

El texto persigue solucionar distintas falencias de la ley. El más frecuente es el que enfrentaban cientos de profesores, quienes fueron mal informados por las respectivas Corporaciones Municipales, renunciando a sus cargos antes de solicitar el bono, lo que fue revisado por la Contraloría, suspendiéndose los pagos. Ellos tendrán un nuevo plazo para postular al bono.

Se corrige, también, la situación de funcionarios que presentaron oportunamente sus postulaciones al bono post-laboral, pero éstas no fueron cursadas por los servicios respectivos. Se dispone, en este aspecto, que en el futuro situaciones como ésta generarán responsabilidad administrativa para los jefes de servicio que incurran en este tipo de negligencias.

El proyecto supera también las divergencias existentes entre los plazos de postulación que fija la ley 20.305 y los que se establecen en leyes especiales vigentes para diversos gremios. En ese caso priman los plazos especiales, lo que favorece, entre otros a los funcionarios de las universidades del Estado.

Por último, se contiene una norma especial para los profesionales de la educación que hayan sido o sean beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.501, quienes tendrán un plazo especial de 90 días para postular al bono establecido en la ley N° 20.305.

Me parece muy importante el avance de este proyecto, que debería quedar aprobado en los próximos días. Afortunadamente, se  acogió la solución que le propuse al Ejecutivo y podemos restituir este bono largamente esperado por miles de funcionarios públicos, que ayuda a mejorar mínimamente sus deficitarias pensiones derivadas de la subcotización que el Fisco realizó por tantos años.

Necesitamos reservar gas para uso domiciliario.

Debemos legislar para destinar reservas a los hogares magallánicos.

Es muy preocupante la incertidumbre existente en torno a las reservas de gas para uso domiciliario en nuestra región. Persisten versiones respecto que las reservas existentes sólo servirían para unos pocos años.

En esas condiciones, es imprescindible destinar el gas existente para el consumo residencial, mientras puedan buscarse nuevos pozos que resulten exitosos comercialmente o se desarrollen fuentes de energía alternativas. La prioridad es, sin duda, el gas para consumo domiciliario.

Hace varios meses, presenté un proyecto de ley que sólo permite a los productores públicos y privados de gas natural en la Región de Magallanes comercializar este insumo a particulares si se encuentra asegurado el abastecimiento residencial por un lapso no inferior a siete años, considerando para dicho cálculo, el promedio utilizado en los tres años precedentes y la estimación de incremento de la demanda.

La iniciativa reproduce, en ese sentido, disposiciones similares existentes tanto en Argentina como en Perú. Ante el riesgo de una situación tan grave como la que significaría el desabastecimiento de gas para los hogares de Magallanes deben adoptarse medidas radicales y urgentes que prioricen a la población.

Llamó al Gobierno abandonar dogmas sus de libre mercado y asumir que esta es una situación grave que requiere acciones excepcionales.

Pediré a la Senadora Isabel Allende, Presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, poner en discusión la iniciativa.

Del mismo modo, insisto en la necesidad de potenciar el rol de ENAP en la exploración de gas en la zona, pero también en el análisis de otras fuentes energéticas. Hace años que vengo insistiendo en la necesidad de transformar ENAP en una Empresa Nacional de Energía, lo que permitiría estudiar las oportunidades existentes para energías alternativas, como la eólica o mareomotriz, al tiempo de incrementar su rol en la exploración de hidrocarburos.

Basta de candidatos que ocultan su militancia política

Un voto informado requiere saber qué representa cada postulante.

Con cada elección nuestras ciudades se llenan de propaganda. Se trata de un exceso, que sólo es tolerable por la necesidad que los electores se interioricen de las propuestas de cada postulante, cumpliendo con aquél principio básico de que el sufragio debe ser libre, secreto e informado.

Tan importante es ello que la misma ley ha dispuesto fórmulas para que los candidatos difundan sus propuestas, tales como la existencia de franjas televisivas de propaganda electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias y la existencia de financiamiento público para todas las campañas electorales.

Sin embargo, se advierte que muchos de los candidatos ocultan su militancia política, desconociendo su pertenencia al partido o pacto que los presenta. Para mi gusto es una vulneración de la fe pública y un engaño al electorado, que debe conocer qué representa cada candidato.

 

Por esto presenté un proyecto que modifica la ley sobre votaciones populares y escrutinios, con el objeto de exigir que la propaganda de los candidatos a cargos de elección popular contenga de forma nítida el partido político o pacto al que ésos pertenecen o la circunstancia de constituir en uno o ambos aspectos una postulación independiente. 

Cada una de dichas menciones deberá ocupar al menos el 5% de la superficie de las respectivas piezas gráficas o de sus portadas según corresponda, informó el parlamentario. La infracción a estas disposiciones se sancionaría con multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales.

Es imprescindible impulsar un Plan de Desarrollo de la Patagonia

Bajo crecimiento poblacional e insuficientes indicadores económicos ameritan políticas más integrales.

 

Las Comisiones Unidas de Zonas Extremas y Hacienda de la Cámara Alta se encuentran analizando el proyecto de ley que prorroga la vigencia de diversas normas de fomento para las regiones extremas del país.

 

Ello es positivo en cuanto mantiene y proyecta en el tiempo las actuales leyes de excepción, que requieren de estabilidad para producir efectos.

 

Sin embargo,  se extraña una visión más integral del desarrollo de la zona austral que se traduzca en un Plan de Desarrollo de la Patagonia que aborde, además del fomento productivo, otras materias tales como la conectividad, el mejoramiento de las condiciones y abastecimiento de suministros básicos y las prestaciones de servicios, tales como educación y salud.

Necesitamos una mirada más profunda y con perspectiva de Estado que permita revertir el estancamiento de las cifras de crecimiento poblacional e indicadores económicos, como el IMACEC y favorezca un mejoramiento de las condiciones de vida que haga justicia a quienes hacen soberanía en estos territorios.

En cuanto a la propuesta del Ejecutivo respecto de las denominadas leyes de excepción, cabe insistir en la necesidad de procurar que éstas se traduzcan en un incremento efectivo de las remuneraciones de los trabajadores. Respaldo, por esto, el establecimiento de un piso mínimo para acceder al subsidio a la mano de obra que implique un aumento en los sueldos.

Asimismo, me preocupan las desigualdades que se producen en la aplicación de estas normas al interior de las regiones. El caso más ilustrativo es Puerto Natales y la Provincia de Última Esperanza que no cuentan con algunos de los incentivos existentes en otras comunas de la Región de Magallanes, tales como zona franca y normas especiales. Se crean así focos de desigualdad que deben ser corregidos.

Comienza estudio de modificaciones al sistema previsional

Se constituyó Comisión Especial del Senado.

 

El pasado lunes empezó sus actividades la Comisión Especial que constituyó la Cámara Alta para debatir modificaciones al actual sistema previsional. Se inicia así un trabajo que espero concluya con una propuesta de cambios a la capitalización individual.

 

En la reunión realizada se expusieron distintas visiones respecto del sistema, que fueron aportadas por los invitados, entre quienes se contaron el Subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias; el Presidente de la Asociación de Consumidores de AFP, Ricardo Hormazábal; el representante del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Gonzalo Cid; el consultor internacional y profesor del Instituto de Economía de la PUC, Klaus Schmidt-Hebbel y los dirigentes de la CUT Ana María Muñoz, Sigifredo Vega y María Eugenia Puelma.

Personalmente tengo la película muy clara. He sido uno de los más enérgicos críticos del sistema de AFP e impulsor permanente de su modificación. Estimo que éste fracasó. Es evidente que no ha cumplido las expectativas que se fijaron al momento de su creación. Hacondenado a miles de chilenos a pensiones miserables, en tanto los trabajadores ven sus ahorros expuestos a constantes fluctuaciones y deben soportar los altos costos de las comisiones.

Debemos avanzar hacia modificaciones profundas que apunten a configurar un sistema tripartito en que se complementen un aporte público, algún mecanismo solidario y un suplemento individual, respecto del cual debe buscarse incorporar un aporte del empleador, limitar las comisiones, fomentar la competencia y minimizar la exposición de los fondos a los riesgos del mercado.

La idea de los parlamentarios que conformamos la Comisión Especial es recoger diversas opiniones especializadas en un plazo razonable, para posteriormente elaborar un informe que contenga propuestas de modificaciones que sea presentado al Gobierno.