Debemos terminar con el monopolio de las AFP

¿Por qué los chilenos pueden elegir en telefonía y no en la previsión?

Resulta urgente incorporar modalidades alternativas al actual sistema de pensiones, fracasado y poco eficiente. No se entiende como las autoridades y expertos económicos que han promovido con gran entusiasmo la libertad en materia de telecomunicaciones, señalando que ella fortalece la competencia y mejorará los derechos y condiciones de contratación, insisten en eludir la misma discusión en materia previsional.

Permanece entre nosotros un único campo en que no hay opción alguna, una exclusiva área en que los chilenos estamos obligados a participar aunque no queramos y dónde no hay alternativa de ningún tipo: la previsión.

Según la legislación, todos los trabajadores deben aportar parte de sus remuneraciones como ahorro, pudiendo tomar decisiones accesorias, como seleccionar el tipo de fondo en el que se invertirán las imposiciones o cambiar de administrador, pero sin poder elegir entre un prestador privado o uno público, como ocurre en la salud o entre formas diversas de inversión.

Un puñado de AFP mantienen cautivos a unos 10 millones de cotizantes que ven mes a mes como sus ahorros son mal administrados y, aún así, se les cobra por la gestión, incluso cuando la rentabilidad sea negativa, esquema que ha sido cuestionado hasta por el Fondo Monetario Internacional.

Es entonces, indispensable estudiar cambios profundos al régimen vigente. El sistema previsional chileno, a 30 años de su creación no ha cumplido sus promesas, debe ser revisado en profundidad y reformado. Dichas enmiendas deben apuntar a establecer una alternativa estatal solidaria para quienes lo deseen. No es posible seguir pensando que los riesgos pueden ser cubiertos de un modo individual.

Además, quienes deseen perseverar en la capitalización individual, debieran disponer de opciones alternativas de ahorro obligatorio, gestionados por otros actores, con grados similares de solvencia y regulación. En esta materia es imperioso, también, terminar con el esquema de comisiones vinculadas. No es posible que este sea un negocio de rentabilidades aseguradas, donde los costos están cubiertos mediante comisiones. Las ganancias de las AFP deben tener como condición la obtención de rentabilidad.

Esperamos abordadar estos temas durante el año venidero en la Cámara Alta, donde hemos pedido realizar un balance del sistema previsional. Asimismo, queremos iniciar el debate sobre las diversas proposiciones parlamentarias de reforma constitucional que persiguen la creación de sistemas alternativos.

Magallanes necesita intendentes elegidos y un Gobierno Regional con más atribuciones.

Decisiones como la pavimentación de rutas en Tierra del Fuego demuestran que centralismo afecta especialmente a zonas extremas.

La Comisión de Gobierno Interior, Descentralización y Regionalización de la Cámara Alta, visitará Magallanes. La gira será una oportunidad muy valiosa para que los senadores encargados de la tramitación particular de los proyectos referidos a la división administrativa del país, puedan percibir la necesidad de contar con autoridades investidas de mayor reconocimiento ciudadano y avanzar, además, en traspasar en forma más decidida competencias del gobierno central a las regiones.

Es especialmente relevante la elección de los Intendentes Regionales, modificación que otorgaría a dichas autoridades de la autonomía suficiente para hacer ver la voz de sus regiones frente al Ejecutivo. 

Las regiones, especialmente, aquéllas ubicadas en zonas alejadas como Magallanes, necesitan autoridades que cuenten con respaldo popular que les permita hacer ver con fuerza los intereses locales. La crisis vivida con el alza del gas nos mostró en forma clara la contradicción entre las demandas ciudadanas y la Intendenta y el Gabinete Regional, que se limitaban a retransmitir el parecer del Ejecutivo.

La actual división administrativa del país no es obstáculo para avanzar en una mayor autonomía de las regiones, pues es perfectamente posible mantener la coordinación de los servicios nacionales a través de las Gobernaciones y traspasar funciones hacia servicios administrados y gestionados regionalmente, a cargo del Intendente. Si hoy el Gobierno central debe coordinarse y trabajar conjuntamente con municipios de signo opuesto, no veo razón para que ello no pueda ocurrir en el caso de las regiones.

En cambio, crear la figura de Presidente del Consejo Regional, como contrapeso electo al Intendente, sólo generará conflictos. Tendremos una especie de Intendente en la sombra que sólo dificultará su labor, buscando su propio protagonismo, sin constituir un real avance en la entrega de atribuciones a las regiones.

Requerimos, además, mayores atribuciones para decidir respecto de inversiones y solucionar problemas locales. Se percibe aún una cuota muy importante de centralismo que entre nosotros se aprecia a cada rato, como se demuestra en la pavimentación de las rutas en Tierra del Fuego.

Allí tenemos un criterio nacional que privilegia la ruta comercial con Argentina, pero que desatiende los intereses de los habitantes de la isla, los que viven y sufren el aislamiento, día a día y que preferirían el trazado costero entre Manantiales y Porvenir.

Es imprescindible crear registro de empresas de buses infractoras de normas laborales y de seguridad.

Usuarios podrían optar por líneas más confiables.

Los recientes nuevos accidentes de tránsito que involucraron a buses interurbanos demuestran la necesidad de transparentar las infracciones cometidas por este tipo de empresas, con el objeto que los usuarios puedan disponer de información actualizada sobre los incumplimientos de las líneas en materia de mantención de las máquinas y situación laboral de choferes y auxiliares.

Tanto la Dirección del Trabajo como la Subsecretaría de Transportes cuentan con un archivo con las infracciones cursadas, lo que debería constituirse en un registro público que permita a los usuarios conocer de estos incumplimientos y así elegir, a la hora de comprar sus pasajes, aquéllas empresas más seguras y responsables.

He propuesto esta iniciativa, a través de un proyecto de ley, que ha sido analizado en la Comisión de Transportes del Senado y que tuvo inmediata acogida por parte de la Dirección del Trabajo. Asimismo, el Ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, también, se mostró interesado en su implementación.

Se trata de una idea sencilla, de muy bajo costo, pero tremendamente útil, pues permitiría a los usuarios tomar sus decisiones de viaje contando con toda la información proveniente de los servicios fiscalizadores respecto del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad vial. 

Necesitamos saber cuáles son las empresas con más infracciones en materias tales como extensión de jornadas y descansos de choferes y auxiliares, como también aquéllas que registran de un modo más sistemático incumplimientos en la mantención de los buses. Se trata de una forma eficaz de incorporar al mercado del transporte de pasajeros elementos que permitan diferenciar a los operadores por la calidad del servicio que prestan.

Estoy convencido que la sola implementación de un registro y la eventual opción de los usuarios por las empresas más seguras y responsables incentivaría el cumplimiento de la normativa vigente.

Insistiré ante la Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei y ante el Ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, con el objeto de implementar este registro de multas aplicadas a buses interurbanos, otorgándolo a los usuarios una herramienta concreta con la que preferir a quienes cumplen la normativa y castigar a los infractores.

Condiciones laborales en Isla Riesco son inaceptables.

Es previsible que estos mismos bajos estándares se apliquen en materia ambiental.

Las condiciones de seguridad e higiene a que se enfrentan los cerca de 300 trabajadores de la empresa BELFI, que se desempeñan en las labores de construcción del muelle para Mina Invierno de Minera isla Riesco son inaceptables.

Las dependencias de la empresa son absolutamente precarias e insalubres, con serias deficiencias de habitabilidad, registrándose, además, riesgos evidentes en materia de seguridad, producto del hacinamiento. Las condiciones de higiene son deplorables, siendo insuficientes los baños.

Minera Isla Riesco y BELFI deben hacerse cargo, a la brevedad, de esta situación. Si bien esta última es la directamente responsable, a la primera, en calidad de empresa mandante, le asiste también una obligación, no sólo ética, sino legal, de velar porque sus contratistas cumplan la normativa vigente.

Es lamentable, asimismo, la pasividad de los organismos fiscalizadores en materia de salud y trabajo. Recién ahora se realiza un control exhaustivo de las instalaciones. No queremos pensar que haciendo la vista gorda es la forma que las autoridades encontraron para impulsar este proyecto.

Recordemos que el Plan Magallanes, dado a conocer por el propio Presidente Sebastián Piñera, se proponía, expresamente, favorecer su puesta en marcha, lo que fue denunciado por este parlamentario y representantes del grupo Alerta Isla Riesco ante la Contraloría General de la República.

Solicitaré directamente la intervención del Intendente Arturo Storaker, para mantener una activa preocupación sobre estas faenas, al tiempo que, tras reunirme con dirigentes sindicales estudiaré la presentación de acciones legales que permitan hacer cumplir estrictamente la normativa laboral y medio ambiental.

Estos abusos laborales demuestran que esta es una obra que jamás debió ejecutarse, pues no se cumplían las más mínimas condiciones ambientales y de seguridad laboral. Sólo sorteó las exigencias administrativas producto del compromiso del Ejecutivo con su realización.

Al cabo de algún tiempo nos daremos cuenta que este proyecto no genera los empleos dignos que se prometieron y que, desde el punto de vista ambiental, será un desastre. Si estamos viendo mínimos estandares en la higiene y seguridad laboral, es previsible que se actuará del mismo modo en la protección del entorno.

SBIF debe fiscalizar uso de información comercial por parte de entidades financieras.

Reciente fallo judicial y proyecto de ley sobre bases de datos impedirán mal uso en obtención de créditos y acceso al empleo.

He solicitado a la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras, SBIF, aplicar el reciente fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago que declaró ilegal y arbitrario el uso, por parte de las entidades bancarias, de bases de datos propias o recopiladas y administradas al margen de la ley.

Para ello oficié al ente fiscalizador con el objeto de solicitarle poner en práctica, a la brevedad, acciones de control para impedir el uso por parte de las instituciones financieras de este tipo de bases de datos alternativas, que se permiten mantener antecedentes caducos. Al mismo tiempo, requerí el detalle de las gestiones de control realizadas al respecto, en los últimos años.

La resolución judicial, acogida en forma unánime por los ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada, Gloria Ana Chevesich, Juan Antonio Poblete (suplente) y el abogado integrante Antonio Barra, resulta extremadamente relevante para la protección de la privacidad de las personas y se une al texto legal aprobado recientemente, en segundo trámite constitucional, en el Senado, configurando un nuevo marco regulatorio para la información comercial.

El texto que fue remitido por la Cámara Alta a los diputados, para su visación final, se refiere esencialmente a tres materias. En primer término, dispone que los datos de carácter financiero de las personas sólo podrán ser comunicados al comercio establecido, para el proceso de crédito y a las entidades que participen de la evaluación de riesgo comercial, para esos fines.

Ello impedirá que la información comercial sea solicitada para otras materias, tales como para acceder a un empleo, situación que complicaba la obtención de un trabajo a miles de chilenos.

Un segundo punto destacado de la normativa aprobada por el Senado radica en la imposibilidad de los prestadores de salud de acceder a información financiera de las personas como requisito o condición para el otorgamiento de atención médica de urgencia, ni aún cuando los pacientes consientan en ello. Se termina así un vacío legal que impedía que la eliminación del cheque en garantía cumpliera eficazmente su objetivo y permitía que se siguiera restringiendo la atención, aún en situaciones de riesgo vital.

Por último, se dispone que las bases de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial no podrán comunicar los datos relativos a obligaciones exigibles antes del 31 de diciembre de 2011 y se encuentren impagas, siempre que el total de obligaciones impagas del titular que comunique el registro o banco de datos a la fecha de publicación en el Diario Oficial de esta ley sea inferior a $2.500.000 por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro.