Hay clara negligencia del Gobierno en las inundaciones

Foto: Terra Noticias.

Autoridades y ONEMI tenían, desde el viernes, antecedentes de la magnitud de las lluvias y no tuvieron capacidad de reacción alguna.

A cada minuto queda más claro que hubo errores monumentales que agravaron lo ocurrido en el sector céntrico de Punta Arenas.
Hemos conocido, con indignación, que a través de un correo electrónico, el servicio de meteorología informó, el día viernes, a autoridades regionales y directores de servicio, vinculados a la red de emergencia, que se avecinaba un frente de mal tiempo anómalo que generaría precipitaciones muy abundantes.

Más aún, la comunicación habría sido reiterada el día sábado y el mismo domingo, en horas de la mañana y fue retransmitida a la sede central de la ONEMI en la capital.

Eso daba tiempo no sólo para advertir a la población y comerciantes para que pusieran a salvo sus bienes y evitaran desgracias personales, sino para adoptar algunas acciones urgentes en el lecho del río como limpieza de escombros y profundización del cauce y no se hizo absolutamente nada.

A la luz de estos antecedentes, exigimos al Ministerio del Interior una profunda investigación sobre lo ocurrido. No basta con que se vaya una funcionaria que no dio una alerta, cuando el río ya estaba desbordándose, sino que acá hay muchos funcionarios, incluso en Santiago, que tenían información suficiente y clara desde mucho antes, que pudieron hacer bastante más y no hicieron absolutamente nada.

Esto explica, además, las duras declaraciones de la Ministra Matthei para culpar a la administración anterior. “Se busca instalar un cortina de humo para tapar las incapacidad absoluta de las actuales autoridades para anticiparse y atender esta emergencia.

Debo insistir, lamentablemente, en las críticas vertidas con ocasión del incendio ocurrido durante el mes de enero en las Torres del Payne. La nueva ONEMI tiene capacidad operativa sólo hasta Puerto Montt dije en esa ocasión y lo reafirmo. 

Es necesario equipar a la zona austral de recursos técnicos y humanos adecuados para enfrentar las emergencias. No hay capacidad de respuesta local y debe esperarse que llegue ayuda, maquinaria, puentes mecano y equipamiento desde Santiago. Por tratarse de una zona aislada, necesitamos una ONEMI autosuficiente que no dependa del centralismo y la burocracia capitalina.

La primera prioridad es atender a los afectados por inundaciones

Declaraciones de Ministra Matthei son inoportunas. Requerimos la presencia del Ministro de Obras Públicas.
La polémica desatada por la Ministra Evelyn Matthei, respecto de eventuales responsabilidades de gobiernos anteriores en el desborde del Río de las Minas y las inundaciones que éste generó en el sector céntrico de Punta Arenas es inoportuna.

Durante las administraciones pasadas se realizaron una serie de proyectos que implicaron limpiar y ampliar el curso de las aguas y construir defensas que evitaron desbordes en sectores altos de la ciudad, como era habitual.

Sin embargo, no es el momento para este tipo de disputas. Hoy la principal tarea es enfrentar la emergencia, llevar ayuda a los afectados, tanto en materia de vivienda como en el comercio, y procurar normalizar a la brevedad el funcionamiento de la ciudad.

Lamento que la Ministra Matthei haya venido a Magallanes a armar disputas y conflictos en lugar de concentrarse en lo que realmente importa, que es apoyar a las familias que lo han perdido todo, o a quienes han sufrido graves daños producto del lodo y los anegamientos, como asimismo, buscar la forma de ayudar al gran número de pequeños y medianos comerciantes que sin ayuda no podrán retomar sus actividades ni rearmar sus establecimientos, de igual manera afectados.

Una vez superada la emergencia seguramente habrá tiempo para analizar eventuales responsabilidades, tanto en la ejecución de obras para enfrentar las crecidas del río, como también en los errores y retrasos en la alerta de estos desbordes a cargo de la ONEMI.

Es muy importante, contar con la presencia en Magallanes del Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne y reclamar el financiamiento que se requiere para desarrollar las inversiones en los puentes del sector céntrico de Punta Arenas, cuyos proyectos se encontraban en marcha a fines de la anterior administración.

Entendemos que el Ministro se encuentra fuera del país, pero esperamos que apenas esté de regreso pueda visitar nuevamente la zona y verificar las obras que se necesitan, priorizarlas y conseguir el financiamiento.

Necesitamos apoyo urgente para vecinos y comerciantes de Punta Arenas

Inundaciones afectan gravemente la zona céntrica de la ciudad.

 

Foto: Emol.

La  situación que viven cientos de vecinos y comerciantes de Punta Arenas, aquejados por las inundaciones derivadas del desborde del Río de las Minas es extraordinariamente preocupante.  Por ello, he retornado inmediatamente de vuelta a la zona, a fin de imponerme en terreno de la magnitud de los daños y requerir de las autoridades la ayuda pertinente.

Ya oficié a los Ministros de Desarrollo Social y de Economía, Joaquín Lavín y Pablo Longueira, respectivamente, con el objeto de requerirles apoyo para las familias cuyas viviendas han sido anegadas y para los comerciantes cuyos establecimientos y mercadería han sido alcanzados por el agua y el lodo y deberán permanecer cerrados por algunos días.

Estoy, además, preocupado por los inconvenientes que estas inundaciones han originado en el ámbito laboral, por lo que formulo un llamado a los empleadores a tener flexibilidad respecto de quienes no pudieron llegar hoy a sus puestos de trabajo o lo hicieron con retraso, producto de la emergencia.

Si bien la situación generada configuraría una fuerza mayor que justificaría las inasistencias, según se desprende de dictámenes emanados de la Dirección del Trabajo para casos de catástrofes similares, lo ideal es que estas situaciones se resuelvan al interior de las empresas, contándose con la comprensión necesaria para evitar controversias.

He solicitado, en todo caso, a la entidad fiscalizadora un pronunciamiento sobre el particular, como también respecto de la seguridad y condiciones de trabajo a la que están expuestos algunos trabajadores que laboran en el centro de la ciudad, más aún cuando ello tiene lugar en la vía pública.

Respecto de la responsabilidad de la ONEMI en la alerta sobre esta emergencia, me parece grave que el organismo haya desestimado inicialmente la peligrosidad e inminencia de la misma, aunque, por el momento, la principal preocupación debe estar orientada a superar la situación y conseguir ayuda y apoyo para los vecinos y comerciantes afectados.  Ya habrá tiempo para analizar eventuales responsabilidades. Hoy la prioridad es otra.

El Gobierno sigue "al debe" en segundo aniversario.

Ineficiencia, letra chica y conflictos de interés marcan la pauta en el accionar del Ejecutivo.

Tras dos años en La Moneda el actual Gobierno sigue mostrándose ineficiente, lleno de "letra chica” y conflictos de interés. Los chilenos no han visto la nueva forma de gobernar que se les prometió y por el contrario, han sido testigos de una enorme desprolijidad y falta de capacidad de respuesta a los problemas.

Hemos observado mucha ineficiencia e incapacidad para atender a las demandas de la ciudadanía. En educación, salud, vivienda y en seguridad pública, estamos muy lejos de haber visto cambio alguno y si lo ha habido ha sido para peor. Basta recordar las movilizaciones estudiantiles, los severos retrasos en la reconstrucción y las altas cifras de delincuencia.

La administración Piñera, además, actúa siempre con “letra chica”. Algunas iniciativas incluidas en el programa del Ejecutivo y que se han materializado, como la eliminación del 7% a los pensionados o la extensión del postnatal a seis meses, han contado con proyectos originales muy malos, llenos de imperfecciones y retrocesos, los que debieron ser completamente reformulados en el Congreso.

Asimismo, el actual Gobierno incurrió en los mismos errores que criticó por tanto tiempo, recordando el caso Kodama y las innumerables denuncias de contrataciones de operadores políticos como asesores en Ministerios, con elevados sueldos, sin contar con calificación alguna. Los conflictos de interés en algunas autoridades de la actual administración son otro aspecto cuestionable. El Ejecutivo se mueve en muchos aspectos en una cuerda floja producto de su imprudencia para ubicar en cargos decisorios a personas con reconocida trayectoria en los principales operadores de las mismas áreas que les corresponde regular o fiscalizar.

Respecto de áreas específicas de retraso en la gestión gubernamental, la principal falencia de la actual administración su trabajo en regiones. Este ha sido un gobierno que no le ha cumplido a las regiones. Las zonas más apartadas del país muestran un completo abandono. Creo que en el caso de Aysén, Magallanes y otras zonas apartadas del país es donde más le pesa al Ejecutivo su ideologismo, pues se muestra incapaz de comprender que se requieren medidas excepcionales que escapan a la ortodoxia neoliberal. De allí que le cueste entender que se necesitan subsidios, franquicias tributarias y regímenes especiales.

Como integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, me preocupa el retraso de la actual administración en lo relativo al mundo laboral. Hay muy buenas declaraciones y maquillaje de cifras, pero poca sustancia y cumplimiento del programa. Los indicadores de empleo que luce el Gobierno y que resaltan la creación de puestos de trabajo y el mejoramiento en el nivel de remuneraciones son un “espejismo” producto de la utilización intencionada de datos estadísticos.

Nadie puede creer que se han creado más de 600.000 empleos estables. Lo que aquí hay es un incremento sostenido del trabajo precario e informal, vale decir sin contrato, sin previsión, sin salud y esencialmente temporal. En materia de nivel de salarios, los sectores de mayores ingresos han empujado un aumento del promedio, pero sin que exista un mejoramiento real en los sueldos de la mayoría de los trabajadores.

El actual Gobierno tampoco ha cumplido en la eliminación del multirut, mecanismo que permite a los empleadores dividir las razones sociales de la empresa, eludiendo así diversas obligaciones con sus trabajadores y que estaba incluido en su programa. Además, las promesas vertidas tras el accidente de la Mina San José se las llevó el viento.

El nunca más quedó en un tratado internacional y dos proyectos de modificación institucional, tanto a la Superintendencia como al Sernageomin, pero se postergó lo más esperado, una iniciativa que sancione drásticamente los incumplimientos y que incremente la fiscalización y medidas precautorias.

En resumen, me parece que los chilenos no han visto una nueva forma de gobernar, como ha quedado reflejado en las encuestas, sino que han sido testigos de un Gobierno que no es capaz de cumplir las expectativas que generó y que se debate en la ineficiencia, la letra chica y los conflictos de interés.

No a la “ley larga” de pesca.

Se insiste en sistema de cuotas que llevó a las pesquerías al colapso y no hay soluciones para la pesca artesanal.

El proyecto de “ley larga” de pesca, impulsado por el Gobierno, es “más de lo mismo”. Se insiste en la aplicación de cuotas, precisamente las responsables del colapso actual de las principales pesquerías del país.

El retiro de la iniciativa de su tramitación legislativa es una de las principales demandas del Movimiento Social por Aysén y fue incluido, también, en el petitorio que la Asamblea Ciudadana de Magallanes entregó a las autoridades regionales en los últimos días.

Fui uno de los pocos legisladores, que incluso contradiciendo los requerimientos de los Ministros y del propio Presidente de la República, Ricardo Lagos, rechazamos el 2002, la aprobación del sistema de cuotas, por estimar que no superaría los problemas existentes y que conllevaba un reparto que privilegiaba a la pesca industrial respecto de los artesanales.

Contra la fuerte presión del gobierno de la época y del sector industrial unos pocos diputados manifestamos que este sistema no era la solución para la pesca y que sólo agudizaría los problemas. Hoy, eso se ha confirmado en los hechos y lo peor es que como solución se insiste en el mismo mecanismo fracasado.

A los propios industriales que colapsaron las pesquerías, instando a los Consejos a aprobar cuotas globales que no tenían ninguna relación con la realidad de la biomasa se les premia ahora con un proyecto a la medida.

Si bien el proyecto en trámite se presenta como una iniciativa innovadora, con un fuerte énfasis en la sustentabilidad de los recursos, a su juicio, lo único que hace es continuar y profundizar el régimen de cuotas, al hacerlas indefinidas y permitir expresamente su transferibilidad.

Sinceramente, no veo la razón para entregar ad eternum porciones de los recursos del mar de todos los chilenos, en forma casi gratuita, a algunos empresarios y menos aún permitir que negocien con ellas, con el único fundamento de que han venido desarrollando la actividad en los últimos años.  Respecto de estos bienes nacionales no hay derechos adquiridos, hay una entrega graciosa del Estado que perfectamente puede terminar o cambiar las condiciones.

Durante la discusión del proyecto promoveré indicaciones para permitir una mejor distribución de las pesquerías en favor de la pesca artesanal y frenar la concentración del sector industrial. Asimismo, impulsaré el aumento sustantivo de las patentes con el objetivo de incrementar los recursos destinados a la fiscalización y especialmente a la protección social de los trabajadores del mar.