Utilidades de los bancos son un "escándalo nacional".

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha informado que los bancos chilenos obtuvieron ganancias por más de US$ 800 millones entre enero y mayo. Dichas cifras son un "escándalo nacional" y representan una burla para los miles de chilenos que se han visto afectados por la crisis económica y que con muchas dificultades han mantenido su comportamiento de pagos o han caído en morosidad, con los consiguientes efectos en materia de cobranzas e intereses.

Que en plena crisis un sector obtenga ese nivel de utilidades es un elemento anómalo que da la razón al Gobierno y a quienes advertimos, oportunamente, que las tasas de interes no estaban bajando a la par de las señales del mercado y que, en definitiva, sólo han tenido una reducción acotada.

A mi juicio, esto se explica por las altas tasas de interes y mecanismos abusivos de cobranza y castigo a la morosidad, por lo que resulta indispensable revisar la legislación en materia de otorgamiento, tasas de interés, cobranzas y repactaciones crediticias, donde existen diversas situaciones irregulares que contribuyen a que el negocio financiero tenga en nuestro país una rentabilidad ajena a la realidad económica.

Espero reunir las firmas necesarias para convocar a una sesión especial del Senado que aborde el asunto o que al menos éste sea analizado por la Comisión de Hacienda, con la participación de personeros de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Banco Central.

Necesitamos una Agencia Pública de Protección de Datos Personales

La protección de los datos personales es un enorme vacío en nuestra legislación, que ha sido advertido por entidades multilaterales como la OCDE, en atención a los numerosos casos de francas vulneraciones, como el denunciado hace pocas semanas respecto del traspaso de datos médicos por parte de una Isapre a una cadena farmacéutica.

Sbien existen proyectos en trámite en la Cámara de Diputados que buscan mejorar las actuales disposiciones respecto de los datos personales y financieros, en lo referido a las infracciones y sanciones, ellos contemplan como instancia reguladora del sistema al recientemente creado Consejo para la Transparencia, al que se le incorporarían nuevas facultades.

Me parece inapropiado, pues se trata de un organismo que se ha generado sólo hace un par de meses respecto de un tema muy importante para la sociedad y que, si bien, tiene alguna relación con esta materia, incorporarle estas atribuciones no parece adecuado ni funcional. Recargar al Consejo para la Transparencia, que recién está iniciando su labor, con funciones diversas a su objeto original es errado, al tiempo que resulta ineficaz para defender cabalmente los derechos de las personas en materia de datos personales.

Lo que Chile requiere es una entidad especializada como existen en la mayoría de los países desarrollados. Por poner algunos ejemplos, podemos citar : la Agencia Española de Protección de Datos (España), la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades (Francia), el Comisionado Federal para la Protección de Datos (Alemania), el Garante para la Protección de Datos Personales (Italia) y la Oficina del Comisionado de Información (Reino Unido), entre tantos otros.

El organismo nuevo organismo debería ser una Agencia Pública, autónoma, con atribuciones, personal y financiamiento para supervigilar esta materia, sancionar administrativamente las faltas a la ley e informar activamente a los ciudadanos respecto de sus derechos, especialmente en una época en que la información ha pasado a ser un elemento fundamental. Por ello, en los próximos días ingresaré un Proyecto de Reforma a la Carta Fundamental destinado a crear una Agencia de Protección de Datos Personales.

Senador Muñoz (PS) propone nuevo estatuto del deudor

Incluiría agilizar diversas iniciativas para terminar con los abusos en los créditos

El Senador Pedro Muñoz (PS) sostuvo la necesidad de avanzar en un conjunto de iniciativas legales que protejan efectivamente a los deudores del país, afectados por altas tasas de interés, cobros adicionales excesivos, la falta de un procedimiento de quiebra familiar, la insuficiente protección de sus datos personales y la inexistencia de un organismo público que asesore y respalde a quienes se encuentran en problemas.

Indicó que “son miles los casos de personas y pequeños empresarios que se ven afectadas por situaciones francamente anómalas en materia de obtención de créditos, repactaciones y cobros irregulares, sin encontrar respuestas que les permitan salir de la situación, la que evidentemente se agrava ante una crisis económica como la que vivimos y que motiva incumplimientos en los pagos.”

“Son estos los momentos en que aparecen con más facilidad créditos con intereses leoninos, abultados gastos de cobranza y repactaciones inconvenientes” – sentenció - por lo que llamó a los deudores a informarse adecuadamente antes de realizar cualquier operación, al tiempo que recalcó la necesidad de mejorar la legislación en diversos ámbitos.

En primer término, propuso mejorar la regulación del interés máximo convencional, evitando que éste sea el promedio del mercado, pues ello constituye una distorsión que no alienta la baja en las tasas. En la misma materia, expuso que se deben limitar de una vez por todas los cobros adicionales, considerando derechamente como interés todo monto que exceda el capital reajustado, al tiempo de sancionar drásticamente las facturaciones erróneas y los cargos indebidos.

Manifestó, asimismo, la necesidad de regular especialmente las repactaciones, señalando que actualmente están sirviendo para que, ante el apremio y temor del deudor, se reconozcan deudas que se hayan prescritas, se acepten cobros y productos adicionales o se extiendan los créditos a plazos que atentan contra el sentido común, motivando el pago de cuantiosos intereses.

El Senador PS manifestó que el estatuto del deudor debería incorporar, además, la creación de un sistema de quiebra familiar, como el que ha propuesto en un proyecto de ley, que permitiera a los hogares abordar las situaciones de insolvencia con mejores perspectivas, tratando de conseguir, con ayuda de un mediador o del Juez, acuerdos razonables de pago y evitando deteriorar el patrimonio familiar.

Expuso, además, que debiera considerarse en esta propuesta normativa el sistema de registro consolidado de deudas y un mecanismo más eficaz de evaluación crediticia que, por un lado, haga compartir el riesgo a entidades que, conociendo los antecedentes, contribuyan a abultar más allá de lo prudente la carga financiera del deudor y, al mismo tiempo, evite que un solo incumplimiento elimine a una persona del sistema crediticio, como sucede con el actual Dicom.

El parlamentario señaló que resulta también indispensable abordar el mejoramiento de las normas sobre protección de los datos personales, tanto sensibles como financieros, buscando evitar su uso indebido y, en caso que ello suceda sancionarlo drásticamente.

Indicó, por último, la necesidad de crear un organismo público encargado de asesorar y respaldar a los deudores afectados o ampliar las facultades del Sernac y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pues hoy ninguno de ellos logra cumplir cabalmente ese cometido, el primero en tanto su función se limita a las relaciones de consumo y, la segunda, por carecer de atribuciones para asumir derechamente la defensa de los deudores afectados.

Muñoz indicó que la generación de un nuevo estatuto del deudor, que contemple los aspectos reseñados permitiría reestablecer un equilibrio entre las partes involucradas, regulando diversos aspectos de la actual normativa en materia de crédito que resulta insuficiente para proteger los derechos de las personas y de los pequeños y microempresarios.

Culminó acusando que las políticas laborales de casas comerciales y bancos han distorsionado el sistema, pues vendedores y ejecutivos de cuentas están obligados a buscar maximizar sus rentas, extendiendo lo más posible los plazos de los créditos e incorporando la mayor cantidad de productos adicionales, como seguros y garantías, de modo que las pretensiones del cliente y de la entidad crediticia se han vuelto contradictorias.

Senador Muñoz denuncia alzas injustificadas de precios en supermercados

Pidió investigación a la Fiscalía Nacional Económica.

El Senador Pedro Muñoz (PS) denunció a la Fiscalía Nacional Económica la existencia de notorias alzas de precios en los supermercados de la región, tras la adquisición por parte del grupo Saieh-Rendic de las cadenas locales Cofrima y Abu-Gosch. Tras dicha fusión, la zona quedó con sólo dos operadores, Unimarc y D&S LIDER, situación especial que no se da en otros lugares del país.

El legislador se mostró muy preocupado por la situación que enfrentan los consumidores de Magallanes, indicando que “muchos vecinos, tanto individualmente como a través de sus organizaciones, le han manifestado su inquietud por las continuas alzas que han experimentado en los últimos meses los alimentos y productos de primera necesidad.”

Explicó que estos incrementos resultan sospechosos e injustificados, pues se dan en un momento en que el IPC viene resultando negativo en diversos períodos mensuales, al tiempo que se registran importantes bajas en el valor del petróleo, el que incide decididamente en el transporte, habitual argumento que explica el mayor valor de los productos en la región.

“La gente ha sufrido importantes alzas y éstas no encuentran una explicación clara” –sentenció Muñoz – informando que durante la semana recién pasada denunció la situación a la Fiscalía Nacional Económica y que se reunirá el próximo lunes con su titular, Enrique Vergara, a quien espera aportar mayores antecedentes.

“Le he pedido concretamente que se haga una investigación en este mercado en Magallanes y que se busquen alternativas de regulación acordes a la concentración existente en la zona y que no ocurre en otras regiones del país” – expuso.

He solicitado – precisó el parlamentario - medidas concretas a la Fiscalía Nacional Económica, como son exigir que se mantenga administración separada en los supermercados de un mismo propietario, publicar periódicamente las listas de precios, explicitar claramente la incidencia del transporte en los valores y velar por que las eventuales alzas sean concordantes con las existentes en otras regiones.

Al mismo tiempo, el Senador socialista indicó que requirió del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, mantener una activa investigación del mercado, realizando estudios permanentes y periódicos del valor de los alimentos y productos de primera necesidad, con el objeto de informar adecuadamente a los consumidores acerca de las mejores alternativas y permitir detectar alzas injustificadas en forma oportuna.

Respaldan exigencias laborales en la salmonicultura

Senador Pedro Muñoz (PS) anticipó su posición respecto a proyecto de ley.

Su pleno respaldo a la idea de condicionar la mantención de las concesiones de acuicultura al cumplimiento de la legislación laboral, en materia de prácticas antisindicales y derechos fundamentales del trabajador, expresó el Senador Pedro Muñoz (PS), miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.

La propuesta, contenida en el proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados que pretende contribuir al salvataje de la industria, afectada por una grave crisis, ha generado inquietud en el empresariado y fue objeto de duros cuestionamientos en el primer trámite legislativo, aunque en definitiva resultó aprobada por un amplio margen.

El proyecto de ley – explicó el Senador – busca entregar soluciones financieras a la salmonicultura que atraviesa por dificultades, al tiempo que se procura establecer mejoras en materia de ordenamiento territorial y regulación sanitaria. “Sería inaceptable que no se avanzara, también, en materia laboral, ámbito que representa una de sus mayores debilidades” – afirmó.

El legislador socialista adelantó su opinión sobre el tema, indicando que “la salmonicultura que interesa salvar es aquélla que crea riqueza, aporta inversión, es sustentable y genera buenos empleos y no la que maximiza utilidades atropellando a sus trabajadores y depredando el entorno.” “No estoy disponible para entregar un cheque en blanco a la industria sin exigirle, al mismo tiempo, compromisos básicos en materia ambiental, sanitaria y laboral” – sentenció.

Muñoz sostuvo que si bien la norma que viene de la Cámara de Diputados tiene algunas imperfecciones que dificultarían su aplicación, ellas deberían corregirse, a través de indicaciones, pero no eliminar la norma ni postergarla para proyectos futuros. Entre las modificaciones necesarias indicó que debería precisarse sobre quien se aplicará la sanción en el caso que el titular de la concesión sea diverso a las empresas que operen sobre ella y establecerse un registro de infractores de derechos fundamentales y su notificación inmediata desde los tribunales a Sernapesca.

Descartó los temores de la industria respecto que la incorporación de estas normas implicarían poner en riesgo los créditos de la banca. “Los medios de comunicación indican que las negociaciones avanzan decididamente y las acciones de las empresas suben, por lo que ese riesgo es un mito” – fustigó.

El parlamentario socialista culminó expresando que respalda, también, la existencia de una moratoria en la entrega de nuevas concesiones en Magallanes, hasta no precisar claramente un ordenamiento territorial que evite daños ambientales irreparables y que resguarde adecuadamente los intereses de la pesca artesanal y del sector turístico regional.