julio 28, 2009

Indicaciones a proyecto de ley sobre acuicultura

Ayer vencía el plazo establecido por el Senado para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre acuicultura. En mi caso formulé observaciones que se orientan a los siguientes objetivos:
Eliminar la hipoteca sobre las concesiones, que ha sido definido por organizaciones ambientalistas y de pescadores artesanales como una “privatización del mar”. Las informaciones de prensa indican que las negociaciones con los bancos avanzan razonablemente, sin requerir de esta fórmula y, en su defecto, podrían estudiarse mecanismos de garantía, como los existentes en otras actividades productivas, que no impliquen afectar en forma permanente un patrimonio público.
Establecer un límite temporal a las concesiones. No es posible concebir un derecho exclusivo e indefinido sobre una porción de mar y borde costero que pertenece a todos los chilenos. Creo que debe fijarse un plazo de quince años, prorrogables por una sola vez para las nuevas concesiones. Quince años es un plazo que compatibiliza adecuadamente el desarrollo de la actividad con el interés general. Respecto de las ya otorgadas propuse que sus titulares deban renunciar a su pretensión de mantenerlas como indefinidas en caso de querer realizar transferencias, arriendos, cesiones o constituir hipotecas sobre ellas, si se aprobare esta última figura.
Limitar la concentración de la industria. No es posible que algunos grupos acumulen grandes porciones de superficie concesionada. He planteado establecer un límite de superficie por titular, el que no podrá exceder de un 20% del total del área concesionada en una región, incluyendo las otorgadas a personas naturales o jurídicas vinculadas. La experiencia que el país ha aprendido, en los últimos años, es que la concentración genera enormes distorsiones y que debe limitarse, a través de la ley.
En el ámbito laboral, las empresas deben hacerse responsables de todos los trabajadores de sus centros de cultivo. He respaldado la existencia de causales de caducidad vinculadas a sentencias sancionatorias por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ocurridos al interior de los centros de cultivo. Sin embargo, para evitar que este avance sea letra muerta por la enorme cantidad de empresas relacionadas, duplicidad de razones sociales y tercerización de servicios creo necesario precisar que ellas podrán afectar no sólo a trabajadores de la empresa principal, sino también a quienes presten servicios para entidades vinculadas a ésta o sujetos a régimen de subcontratación o suministro.
Zonificación en la Región de Magallanes. La zona austral recién empieza a sentir los efectos de la fiebre salmonera y la crisis del ISA. La presión para obtener concesiones es muy fuerte y amenaza actividades ya consolidadas como la pesca artesanal y el turismo. Se requiere ser muy cuidadoso en la delimitación del borde costero. Para ello he propuesto las bases para un proceso amplio y participativo, que tenga plazos acordes a la importancia del asunto y que resguarde los derechos de otras actividades económicas involucradas. En este sentido, me parece indispensable prohibir la acuicultura en los canales, fiordos y cursos de agua que constituyan rutas turísticas o sean partes de áreas protegidas, tales como parques y reservas nacionales y en las áreas históricas de explotación por parte de la pesca artesanal.

julio 24, 2009

Una zonificación bien realizada es una garantía de futuro para Magallanes

El Gobierno privilegia al sector salmonero y cae en su apuro.

La “zonificación” del borde costero que debe llevarse a cabo en la Región de Magallanes debe realizarse otorgando un trato igualitario a todas las actividades económicas y grupos de interés involucrados.
Lamentablemente, hasta ahora se privilegia a la salmonicultura. Sólo así puede entenderse la suscripción de un acuerdo entre el Intendente Regional, las Secretarías Regionales Ministeriales de Economía y Trabajo; la Asociación de Productores de Salmones y Truchas de Magallanes y el denominado Cluster Acuícola para organizar y apurar su distribución.
La ausencia de las otras actividades y sectores involucrados le resta legitimidad al texto, al tiempo que la participación de autoridades en un convenio con sólo uno de los actores, le resta al Gobierno la imparcialidad que debiera tener quien está llamado a superar las divergencias que se susciten.
Las autoridades locales han caído en el apuro que sólo tienen los salmoneros, en lugar atender las externalidades negativas que producen estos cultivos, actuando con seriedad y sin prisa. Para Magallanes el principal objetivo debe ser hacer las cosas bien, con participación, responsabilidad y rigor técnico, evitando que la acuicultura genere acá los deterioros ambientales ya comprobados en Puerto Montt y Aysén y que serían un desastre para el turismo y la pesca artesanal
Pensemos, por ejemplo, en los efectos que denuncias como la de uso indiscriminado de antibióticos, conocida recientemente, tendrían para el turismo de intereses especiales, vinculado a áreas vírgenes y no contaminadas, que hemos venido impulsaldo y que constituye un eje de nuestra estrategia de desarrollo.
Por ello, hago un llamado al Gobierno Regional y a los actores de este acuerdo a rectificar y volver atrás, convocando a un trabajo sin grupos ni actores privilegiados, en que participen todos quienes tengan interés en la materia.
El resultado debe ser una delimitación del borde costero realizada en forma amplia, con criterios técnicos y científicos, que permita el desarrollo de las diversas actividades productivas, pero que esencialmente resguarde el interés de Magallanes y la preservación de sus recursos naturales.

julio 22, 2009

Precio fijo para los remedios

La colusión en que habrían incurrido las tres grandes cadenas farmacéuticas del país, llevó a la Comisión de Salud de la Cámara Alta a poner en tabla diversas iniciativas parlamentarias tendientes a establecer regulaciones a la venta de medicamentos.
Entre ellas, una moción de mi autoría, que impone la obligatoriedad para los laboratorios, fabricantes o importadores, de remedios del formulario nacional, de establecer un precio único de venta, que debiera ser respetado en toda la cadena de comercialización. Lo anterior, junto con evitar los incrementos desmedidos respecto del costo de adquisición, contribuiría a impedir la existencia de precios diferenciados de distribución, que favorezcan a las grandes cadenas y perjudiquen a los competidores más pequeños del mercado. Este tipo de políticas, aplicadas por los laboratorios, han motivado la virtual extinción de las pequeñas farmacias en el país.
El Senado respaldó los criterios contenidos en esta iniciativa, en que se recoge la experiencia de naciones europeas que han establecido con éxito fórmulas similares. Este mecanismo incorpora más transparencia sin atentar contra la libertad del mercado, al no constituir una fijación estatal de precios, sino que éste es determinado por los propios productores o importadores, pero debe ser respetado en toda la cadena de distribución.
La moción es particularmente significativa para zonas apartadas del país, como Magallanes, al reducir el impacto del transporte en los precios, evitando que éste sea utilizado como subterfugio para aplicar incrementos abusivos en los valores.
El proyecto de ley debería ser llevado a la Sala del Senado durante el mes de Agosto, por cuanto la Comisión de Salud fue autorizada por la Sala de la Cámara Alta para analizarlo en general y particular, lo que asegura una tramitación más expedita.

Senado aprobó proyecto sobre derechos de los pasajeros del transporte aéreo

El Senado despachó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de mi autoría que fortalece los derechos de los pasajeros del transporte aéreo evitando discriminaciones a los usuarios, precisando las obligaciones de la línea aérea en el caso de vuelos sobrevendidos, cancelados o suspendidos y facilitando las acciones legales para obtener las reparaciones e indemnizaciones que correspondan.
La iniciativa mejora, en primer término, la transparencia respecto de la venta de pasajes, obligando a las aerolíneas a explicitar en forma clara las condiciones y limitaciones a que están sujetos y todos los derechos compensatorios y prestaciones contemplados en esta ley.
Es un motivo habitual de reclamo el hecho de que el usuario no sea informado de las restricciones a que está sujeto su ticket, debiendo, posteriormente, cancelar multas en caso de querer realizar algún cambio, por lo que resulta imprescindible asegurar una información plena y oportuna.
Asimismo, la moción señala que un reglamento de la Dirección de Aeronáutica establecerá las condiciones bajo las cuales se autorizará el transporte de personas discapacitadas, orgánicamente descompensadas, agónicas o inconscientes, aclarando, desde ya, que éstas podrán ser transportadas y sólo dejando las condiciones a una normativa administrativa, de modo de evitar las discriminaciones y abusos que se producen en la actualidad.
Se establecen, también, garantías para los pasajeros en materia de sobreventa, caso en el que deberá ofrecerse a los pasajeros el reembolso del pasaje o su embarque en el vuelo más próximo, caso en el que la empresa deberá hacerse cargo de las comunicaciones telefónicas necesarias, alojamiento, movilización, comidas y todos los arreglos imprescindibles para continuar el viaje. Lo anterior, sin perjuicio, de las indemnizaciones que correspondan en caso que, por ejemplo, a consecuencia de la sobreventa el pasajero pierda las conexiones o reservas en su lugar de destino. Similares obligaciones regirán en caso de suspensión o retardo de los vuelos. En ese sentido, se eliminaron los límites existentes en el Código Aeronáutico, con lo que la línea aérea estará obligada a reembolsar todo perjuicio que sufra el pasajero.
Lamentablemente, la Cámara Alta desestimó incorporar multas directas e inmediatas en estos casos, como existe en la legislación europea, aunque espera que ellas sean repuestas en la Cámara Baja. Hoy se da el caso anómalo que un pasajero que parte de Santiago a Madrid tiene infinitamente más derechos que uno que zarpa en la misma línea aérea con rumbo a Punta Arenas.
El proyecto de ley se ocupa también de precisar que será la ley sobre protección de los derechos de los consumidores la que regulará las reparaciones, compensaciones o indemnizaciones a que hubiere lugar en materia de transporte aéreo, permitiendo con ello las acciones colectivas y agilizando los actuales procedimientos.