diciembre 30, 2010

El Gobierno abandonó a nuestra región. Este es el verdadero Plan Magallanes.

ENAP decidió incrementar el valor del gas que vende a la distribuidora local Gasco Magallanes y con la que ésta provee a nuestra región. En el marco de la renovación del contrato entre ambas entidades, la estatal anunció un aumento en el valor del insumo de un 16.8%, la mayor alza aplicada en los últimos años.

Asimismo, el convenio implicaría una importante modificación en la estratificación de los usuarios, incorporándose un sobreprecio a los medianos consumidores a través de disminuir el umbral para aplicar una sobretasa, la que se rebajaría de los 25.000 m3 mensuales de consumo actuales a sólo 1.000 m3, afectando a sectores residenciales y productivos y, también a otros suministros, como la electricidad, pues la abastecedora local EDELMAG utiliza dicho combustible.

Lo ocurrido significa un duro golpe para Magallanes, pues implicará un alza importante en las tarifas, tanto a nivel residencial como industrial, pero más que eso, el resultado de este contrato significa poner fin a una política sostenida de contener el precio de este importante insumo a través de ENAP.

El Gobierno abandonó a Magallanes. Se ha privilegiado equilibrar el balance de ENAP con miras a una eventual privatización y alentar la inversión de los privados en la exploración a costa de cargar con un mayor costo a los usuarios. El Gobierno Regional ha actuado con pasividad y ha sido incapaz de defender los intereses de los habitantes de nuestra zona.

Exigimos que se expliquen las razones de este incremento en el precio de venta a Gasco Magallanes y clarificar el impacto preciso que tendrá en las tarifas. Al mismo tiempo, llamo a la ciudadanía, a través de las organizaciones sociales y a los sectores productivos a movilizarse para rechazar las eventuales alzas y, especialmente, el cambio de orientación de las políticas públicas que implican entregar exclusivamente al mercado un tema tan vital para los magallánicos.

Este es el verdadero Plan Magallanes que ofrece este Gobierno, castigar a los usuarios para mejorar los negocios. El Gobierno Regional debe asumir la responsabilidad que le compete para defender ante las autoridades centrales el derecho de los magallánicos a contar con un insumo tan imprescindible a precios bajos. Estamos hablando de precios bajos y no de precios preferentes, juego de palabras con el Gobierno ha pretendido eludir la problemática.

diciembre 03, 2010

Funcionarios públicos merecen reajuste digno y compromiso de estabilidad laboral

Respaldó movilizaciones de la ANEF y exigió revisión caso a caso de los despidos ocurridos en la administración pública

El Gobierno es el único responsable del rechazo del proyecto de reajuste que fue desechado por la Cámara de Diputados durante la presente semana. El Ejecutivo forzó la discusión con una propuesta de incremento miserable, apenas compensatorio del IPC y más aún, en medio de una ola de despidos que costó el cargo a más de 1.500 funcionarios sólo en los dos últimos días de Noviembre.
Las explicaciones del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, son insuficientes, sobre todo cuando el propio Gobierno se ha ocupado de señalar insistentemente el promisorio escenario económico del país con cifras record en consumo, producción industrial y empleo, como asimismo un alto valor de los principales productos de exportación, especialmente el cobre.
En ese contexto se proponga un reajuste de 3.7% es una burla para los funcionarios públicos que merecen compartir el éxito del país y las holguras de la caja fiscal, por lo respaldo plenamente las demandas de la ANEF y las movilizaciones emprendidas por los funcionarios.
Asimismo, un acuerdo en materia de reajuste debe considerar un compromiso de estabilidad para los empleados públicos y la revisión caso a caso de los despidos ocurridos en el último tiempo. Se ha procedido con total abuso, mandando gente a la calle en forma arbitraria, sin considerar su capacidad y experiencia e incluso sin respetar licencias médicas o maternidad y, más aún, en pleno diciembre, período particularmente sensible para las familias.
Los errores ocurridos en la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, donde debió echarse atrás en el despido de 119 funcionarios, han puesto una luz de alerta en los criterios utilizados y siembran una legítima duda acerca de la justificación de muchas de las exoneraciones. Creemos que debe existir una profunda revisión, caso a caso, lo que debe quedar comprometido en el proyecto de reajuste.

octubre 15, 2010

El actual sistema de administración pesquera fracasó.

No hay razones para prorrogar el Límite Máximo de Captura.

La situación que atraviesa la pesca nacional es muy preocupante. Según las cifras emanadas del Ministerio de Economía existe una sobreexplotación de diversas especies, algunas de las cuales se ven amenazadas por un inminente colapso de mantenerse el ritmo actual de captura.
Valoro la preocupación de las autoridades por el futuro de la industria, pero demando una acuciosa evaluación de los resultados de las medidas implementadas en los últimos años. La principal crítica apunta al actual sistema de administración.
El límite máximo de captura fracasó. Este mecanismo se prorrogó hace ya doce años con el objeto de darle sustentabilidad y eficiencia a la pesca industrial lo que no se ha conseguido, como lo demuestran claramente las cifras del Ministerio de Economía.
Doce años después los problemas son exactamente los mismos que cuando se dictaron y prorrogaron las actuales normativas, una aguda sobreexplotación y una flota sobredimensionada para el nivel de biomasa. Los únicos ganadores han sido las grandes empresas que reorganizaron sus flotas, abarataron costos y negociaron créditos con las cuotas como garantía y sin permitir el ingreso de nuevos operadores.
La polémica surgida ahora en torno a las pesquerías es coyuntural y parece sospechoso que justo cuando se va a discutir la continuidad del actual sistema de administración, tal como hace doce años, comience a hablarse del colapso de las pesquerías y la necesidad de adoptar medidas.
Lo curioso es que ante este problema evidente se plantea como solución prorrogar el mismo sistema que ha fracasado estrepitosamente y que tiene a las principales pesquerías del país amenazadas de extinción.
Requerimos un debate serio en torno a la viabilidad de este sistema que alienta la concentración y no ha sido eficaz para darle sustentabilidad a la industriaAsimismo, reclamamos una mayor preocupación por la pesca artesanal, la investigación y especialmente la fiscalización, áreas en que existen enormes falencias que impactan negativamente en la adecuada administración de los recursos.

A no olvidar que los orígenes de la tragedia se encuentran en la precariedad laboral

Necesitamos ampliar negociación colectiva y fiscalización

El drama de los 33 mineros se trata de un hecho que pudo no haber ocurrido si se respetaran las normas laborales y contáramos con una fiscalización adecuada sobre las medidas de seguridad e higiene en las faenas.
La satisfacción y orgullo que cunde en el país no deben hacernos olvidar el origen de esta tragedia ni alejarnos del imprescindible objetivo de impedir que hechos tan desgraciados vuelvan a ocurrir.
Cada día hay muchos otros hombres y mujeres que no tienen la suerte de ser rescatados y que quedan gravemente heridos o mueren en sus puestos de trabajo por causas enteramente evitables.
La lección que emerge de las profundidades de la mina San José es que muchas cosas deben cambiar en el ámbito laboral. En este caso, la de cambiar costumbres, prácticas, instituciones y, por cierto, normas, para proteger más al trabajador y evitar los abusos que pongan en riesgo su integridad física y psíquica.
El desafío es avanzar en un mejoramiento e información de la legislación para favorecer la sindicalización y la negociación colectiva e impulsar la denuncia de irregularidades reformulando la Dirección del Trabajo, otorgándole autonomía respecto del gobierno y dándole pluralismo a su gestión mediante un Consejo Directivo, junto con aumentar sus recursos asegurando procedimientos transparentes y eficaces.
Lo mismo debiera ocurrir con otros servicios cuya labor tiene incidencia directa en la seguridad e higiene de los espacios de trabajo, como Sernageomin, los Servicios de Salud, Directemar, entre otros.
Debemos avanzar hacia una nueva ética del quehacer productivo que impida que se minimicen costos arriesgando a los trabajadores por medio de un compromiso de todos, especialmente del gobierno, para mejorar la legislación laboral, la fiscalización y los estándares productivos existentes.

octubre 01, 2010

Apoyo decididamente a trabajadores de ENAP ante posibles despidos

Debemos crear un Frente de Defensa de las Empresas del Estado.

Expreso mi solidaridad con los trabajadores de ENAP y los llamo a coordinar sus esfuerzos con otras empresas estatales, como CODELCO, con el objeto de defender su carácter público. Tal como en la Dictadura, debemos conformar un gran Frente de Defensa de las Empresas del Estado. Lo mismo haremos en el Congreso Nacional los parlamentarios de las regiones involucradas.
Los ajustes en el balance que realiza ENAP - y para lo cual anunció este plan de desvinculaciones - tienen por objeto mejorar sus cifras con el objeto de avanzar en la incorporación de capital privado, lo que constituye el comienzo de la enajenación de la empresa.

Cuando se incorpora la presencia privada, aún en un porcentaje reducido, como el 5, 10 ó 20%, se rompe el principio de la propiedad estatal y de allí en adelante la discusión es meramente numérica.

La nueva administración de la empresa, bajo el actual Gobierno, ha optado por el camino más fácil, sin reconocer el carácter estratégico que el tema energético tiene para el país. En lugar de buscarse la privatización se debiera avanzar hacia la transformación de ENAP en una gran Empresa Nacional de Energía, que amplíe su giro a la comercialización directa de combustibles y que se enfoque hacia las energías alternativas.

septiembre 16, 2010

Lamento el rechazo de la modificación a la Ley Antiterrorista propuesta por la Concertación

Iniciativa del Gobierno, aprobada en el Senado, no contribuye a terminar con la huelga de hambre.

Resulta muy lamentable el rechazo de la modificación a la ley antiterrorista propuesta por parlamentarios de la Concertación, que excluía al delito de incendio de aquéllos con ese carácter, lo que respondía de mejor manera a las demandas de los comuneros mapuche en huelga de hambre.

Tenemos una gran decepción y molestia por el voto del senador Hosaín Sabag, que se plegó a la derecha y los independientes, impidiendo la aprobación del planteamiento opositor. Como ha dicho el Presidente de la DC, Ignacio Walker, la mayoría de la Concertación en la Cámara Alta es más bien teórica, como ocurre desde el período legislativo anterior.

Las enmiendas aprobadas, según el proyecto enviado por el Gobierno, son sólo "cosméticas", pues mantienen el sesgo punitivo y represor de la actual ley antiterrorista, derivada de la dictadura. Con estas reformas seguirán existiendo tipos penales muy amplios, con mucho margen para la interpretación judicial y penas muy severas para delitos que no representan amenazas graves a la seguridad de las personas ni una alteración seria al orden institucional.

Me parece muy preocupante la incierta situación de los comuneros en huelga de hambre, quienes han hecho saber su insatisfacción por las modificaciones legales que promueve el Gobierno, el que, además, se ha negado a crear una Mesa de Diálogo para solucionar el conflicto.

Es claro que estas modificaciones no resuelven el asunto, como se le ha señalado al Gobierno, pero ese hecho parece no importarle a las autoridades, las que se han empecinado en aprobarlas a como de lugar, sin aceptar ninguna modificación relevante.

Debe estudiarse reapertura del matadero Trelke Aike de Natales

Fue solicitado al Ministro de Salud, Jaime Mañalich

El día de ayer expresé al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, mi preocupación por la situación que afecta al matadero Trelke Aike de Puerto Natales, tras el cierre decretado por el Servicio de Salud de la zona. Transmití al secretario de Estado la enorme inquietud que ello ha provocado en los productores y la comunidad en general.

El lunes recién pasado, junto a la diputada Carolina Goic y a dirigentes de la multigremial de la capital de la Provincia de Última Esperanza, José Coñoecar, María Isabel Sánchez y Hernán García nos entrevistamos con diversos funcionarios de los Ministerios de Agricultura y Salud, encargados de estas materias, a quienes expusimos la situación y solicitamos revertir el cierre del recinto.

Ahora he reiterado, desde el Senado, este requerimiento al propio Ministro de Salud, a quien he solicitado revisar el caso con especial atención y buscar una solución que permita su reapertura, otorgando un plazo razonable para cumplir las exigencias sanitarias y ambientales.

Tenemos confianza en poder contar con alguna respuesta en un plazo prudente, considerando la relevancia del tema para la comunidad. Esperamos que las gestiones que se están realizando, tanto en Agricultura como en Salud, permitan que se reconsidere la situación y que el matadero pueda ser reabierto para beneficio de los productores y de los habitantes de Natales.

Nos parece que con buen criterio, una fiscalización adecuada y un programa de mejoramiento y normalización de las instalaciones existen los elementos necesarios para autorizar su funcionamiento, compatibilizando la salud de la población, los intereses de vecinos y el cumplimiento de las normativas vigentes.

agosto 19, 2010

Expresiones del Presidente Piñera sobre exploración de hidrocarburos son desafortunadas

Debe ampliarse giro de ENAP a las energías alternativas

Las expresiones del Presidente Sebastián Piñera, quien durante su reciente visita a Magallanes, se refirió a la explotación de hidrocarburos en la zona y sus potencialidades futuras afirmando que “lo que pasa es que hay que saber buscar” resultan muy desafortunadas.


Esas declaraciones han significado una ofensa gratuita para los trabajadores y ex trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, que por varias décadas han entregado su esfuerzo en esta materia, con enorme éxito para el país.

Hasta hace unos años la inversión en exploración había descendido hasta hacerse casi inexistente, lo que evidentemente minimiza los hallazgos, en tanto, en el último tiempo éstos se han desarrollado en asociación con los privados a través de Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP).

Las opiniones del Presidente de la República constituyen una pésima señal, pues se agregan al hecho que en su gira por la zona austral el Primer Mandatario desestimó visitar las instalaciones de la empresa, como sí lo hizo con algunas firmas privadas vinculadas al ámbito energético. Asimismo, ellas se enmarcan en un escenario en que el Gobierno no ha anunciado un plan de desarrollo para ENAP ni ha clarificado sus intenciones respecto de la propiedad de la petrolera, generando, entonces, una mayor incertidumbre.

Solidarizo con los trabajadores de ENAP e insisto en la necesidad de fortalecer la empresa, transformándola en una Empresa Nacional de Energía, con el objeto de aprovechar sus potencialidades y capacidades en la exploración y explotación de fuentes alternativas.

Chile tiene un inmenso potencial en materia de energía solar, eólica, mareomotriz y geotérmica, cuyo desarrollo requiere un impulso decidido de parte del Estado, siendo ENAP, la opción lógica para canalizar esa decisión estratégica.

agosto 09, 2010

Hay que fortalecer la Dirección del Trabajo

Accidente minero debe servir como detonante para mejorar la fiscalización. Empresariado tiene que compatibilizar la obtención de utilidades con la protección de los trabajadores.

La situación que viven los 33 mineros atrapados en la Mina San José, en las cercanías de Copiapó y que se prolonga ya por cuatro días, debe motivar una profunda revisión de los sistemas de fiscalización laboral existentes, especialmente respecto de algunas actividades en que se registran mayores incumplimientos, con graves riesgos para la seguridad de los trabajadores.

No es posible que un país que se precia de sus avances económicos y de la modernización de sus áreas productivas, tenga relaciones laborales y condiciones de trabajo vergonzosas para muchos chilenos, particularmente en sectores que se han caracterizado por registrar enormes utilidades en los últimos años. Es hora que algunos sectores del empresariado adviertan que no es posible seguir maximizando rentabilidad a costa de la vida y salud de los trabajadores.

En ese sentido, solicitaremos al Gobierno disponer de un fuerte incremento en el presupuesto de la Dirección del Trabajo, para el 2011, aumentando sustantivamente su dotación y equipamiento y mejorando su capacidad operativa. Para ello sugirió revertir la decisión de terminar con la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO), repartición creada el año 2003 y que funcionaba al alero de la jefatura nacional para la fiscalización de áreas y empresas de relevancia, como la minería, respecto de la cual había desarrollado un importante labor en la aplicación de la ley de subcontratación.

No cabe duda que el reforzamiento de las instancias locales con personal y medios para llevar adelante su labor resulta clave para un adecuado control del cumplimiento de la legislación laboral, pero la naturaleza y alcance de muchas actividades productivas hace necesario contar con alguna unidad que pueda abordar la fiscalización de un modo más global, particularmente cuando se trata de sectores relevantes, como la minería, el retail o el trabajo agrícola de temporada.

La experiencia de diversos organismos fiscalizadores, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, demuestra que en muchas ocasiones una unidad territorial no logra tener suficiente fuerza ni medios para ejercer adecuadamente sus funciones, por lo que se requiere de alguna instancia con mayor capacidad operativa y respaldo institucional. Si las empresas fiscalizadas funcionan globalmente a nivel nacional, centralizando sus operaciones o unidas en asociaciones gremiales de ese carácter, actuar a través fiscalizadores dispersos y sin respaldo suficiente es un despropósito que dificulta los resultados.

La situación ocurrida en la Mina San José es una clara muestra de la necesidad de abordar la fiscalización de un modo más sistemático y enérgico, complementando la respuesta a denuncias concretas de los trabajadores con esfuerzos institucionales sostenidos y permanentes en actividades que presenten mayores y más riesgosos incumplimientos. Sabemos que el temor a perder el empleo y las dificultades en la organización de los trabajadores provoca que, en muchos casos, se haga difícil la denuncia, por lo que es imprescindible contar con un control de oficio eficaz y oportuno.

Junto con otros parlamentarios de la Concertación, plantearemos al Ministerio del Trabajo reforzar la Dirección del Trabajo, dotándola, en el presupuesto para el año 2011, de mayor personal y equipamiento, al tiempo en que insistiremos en la necesidad de conciliar el fortalecimiento de las Direcciones Regionales con la mantención de esfuerzos más globales, que persigan actuar preventivamente de un modo nacional y coordinado en algunas materias, para lo cual la Unidad Inspectiva Programada de Oficio resultaba relevante.

agosto 03, 2010

Gobierno debe cumplir su promesa de post natal de 6 meses

Planteamiento no estaba sujeto a condiciones en el Programa Presidencial de Sebastián Piñera

El Gobierno debe cumplir con la palabra empeñada y proponer al Congreso Nacional las reformas necesarias para contar con un permiso post natal de 6 meses. Esta materia no se encuentra sujeta a ningún informe técnico ni planteamiento alternativo, sino que su implementación depende de la exclusiva voluntad del Ejecutivo y se trata de un explícito compromiso de campaña del actual mandatario.

En la página 67 del Programa Presidencial de Sebastián Piñera se lee claramente “En relación al post natal, se extenderá hasta seis meses el período del beneficio.”, lo que incluso figura recalcado en un recuadro lateral donde se precisa “Se ampliarán los horarios de atención de las salas cunas de los grupos más vulnerables y se extenderá el post natal hasta seis meses.”

Lo que se prometió en el programa es claro y no da lugar a dudas ni a interpretaciones que puedan ahora sujetar la extensión del post natal a condiciones o requisitos. Lo que está en juego es la palabra del Gobierno y del Presidente, puesto por escrito y comprometido ante el país.

La actual administración se está acostumbrando a la “letra chica” en cada uno de sus ofrecimientos. Así, la propuesta de un Bono “Bodas de Oro” para las parejas que cumplen 50 años de matrimonio, no se extiende a otro tipo de uniones y alcanzará sólo a quienes cumplan su aniversario durante este Gobierno. En tanto la eliminación del 7% de cotización de salud para los pensionados, tras ser anunciada por el Presidente Sebastián Piñera, fue relativizada por el Ministro de Salud.

La fórmula flexible y voluntaria propuesta para ampliar el post-natal por la Comisión Asesora adolece de cierta ingenuidad y desconocimiento del mercado laboral chileno, donde la falta de organizaciones sindicales fuertes impide a los trabajadores negociar o adoptar acuerdos en condiciones de equilibrio, por lo cual todo germen de “voluntariedad” se vuelve ilusorio.

En la realidad que viven las trabajadoras y trabajadores chilenos un derecho voluntario es una falacia, pues la mayor parte de los empleadores imponen la renuncia como requisito para continuar en la empresa, por lo que la única fórmula para ampliar el postnatal es extenderlo derechamente a seis meses para todas las madres, sin condición ni variante alguna.

julio 30, 2010

LA MATANZA DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE MAGALLANES

Intervención leída el miércoles 27 de julio en el Hemiciclo del Senado.

Señor Presidente, Honorables Colegas:

Hoy 27 de Julio se conmemoran 90 años de uno de los hechos más trágicos y lamentables que recuerde la historia sindical chilena y la historia de la Patagonia: el asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes.

Se vivía un contexto complejo. A nivel internacional, la revolución rusa había significado un profundo impacto. Los movimientos populares se encontraban en ascenso en todo el orbe y cundía una gran preocupación en los sectores más conservadores y grupos gobernantes.

En nuestro país, el Gobierno de Sanfuentes culminaba con dificultades y Arturo Alessandri figuraba como gran favorito para las elecciones, encarnando, precisamente, a los sectores más desposeídos. En medio de esa situación, con el probable objeto de distraer la atención y de alejar de Santiago a buena parte de la tropa adicta al León de Tarapacá, el Ministro de Defensa de la época, Ladislao Errázuriz, arguyó un posible conflicto con el Perú y ordenó movilizar parte del Ejército al norte.

En todo el país se generó una gran incertidumbre. Sectores de la burguesía respaldaban al Gobierno ante este artificial impasse con el vecino país, en tanto estudiantes y sindicalistas, de vocación pacifista, estimaron que el suceso era un volador de luces, rechazaban la militarización del país y exigían, en cambio, respuestas y soluciones a la crisis social.

El Gobierno se enfrascó en una áspera disputa con los estudiantes. Producto de la crispación la sede de la FECH en Santiago fue incendiada y la organización disuelta. La disputa se extendió por todo el país. Patriotas, estudiantes y obreros, se enfrentaban verbalmente, utilizando sus organizaciones y medios de comunicación.

Magallanes no fue la excepción. La Liga Patriótica de Magallanes, entidad representativa del empresariado y la burguesía local, tras renovar su directiva, convocaba a un comicio o mitín “patriótico” para el 25 de Julio, con el objeto de respaldar al Gobierno de Sanfuentes ante la inminente confrontación bélica, rechazando la actitud de los estudiantes. No era un día cualquiera. Ese mismo 25 de Julio se reunirían los electores habilitados para elegir al Presidente de la República.

La Federación Obrera de Magallanes no adhirió ni rechazó participar en el acto, pero cuestionaba, a través de su prensa afín, principalmente el periódico El Magallanes la movilización de tropas que tenía lugar en todo el país.

El domingo 25, se efectuó en la Plaza de Armas de Punta Arenas, el mitin organizado por la Liga Patriótica. Unas 700 personas escucharon las arengas de sus dirigentes.

Paralelamente, a unas cuadras, en la sede de la Federación Obrera tenía lugar su tradicional actividad de los domingos, en que números artísticos entretenían a los trabajadores y sus familias.

El tenso clima que se vivía ya desde días anteriores dio paso a un germen de violencia. Al término del mitin de la Liga Patriótica, un grupo de varios centenares de manifestantes se dirigieron a la sede obrera, en la cual pernoctaban algunos trabajadores encargados de su resguardo. Estos no respondieron a las agresiones, por lo que la turba se dirigió al periódico El Magallanes con la misma intención beligerante.

Los hechos no pasaron a mayores. Pero sí ocurriría al día subsiguiente.

La madrugada del 27 de julio, aproximadamente a las 2 de la mañana, efectivos militares y policiales, unidos a las denominadas guardias blancas, grupos de civiles adictos a la Liga Patriótica, se fueron apostando hasta rodear la sede sindical por todos sus accesos.

Los reportes de la época cuentan que cerca de las 3 de la madrugada, los asaltantes abrieron fuego contra la sede obrera. Tras una hora de disparos, derrumbaron las puertas e incendiaron la casona. Hubo una débil resistencia desde el interior.

La sede resulta enteramente quemada. También la imprenta del Diario El Trabajo que funcionaba en el mismo lugar. Las dependencias del Diario “El Socialista”, a pocas cuadras, fue también siniestrada. Hogares de dirigentes sindicales también sufrieron los embates de las hordas.

Al día siguiente, la ciudad amaneció bajo el estado de sitio y censura de prensa, decretado por el Gobernador. La ciudadanía permanecía atemorizada y se insinuaban protestas laborales, fundamentalmente de los gremios mineros, en solidaridad con los obreros asesinados. En los días siguientes empleadores y las autoridades se encargaron de reprimir el movimiento y perseguir a sus organizadores.

Se desconoce cabalmente la cantidad de muertos y heridos producto de estos siniestros hechos. El episodio impactó profundamente por su violencia. Investigaciones posteriores desentrañaron los pormenores de los hechos, aunque fracasaron en la determinación de sus responsables.

El fuerte movimiento sindical de la zona sufrió un duro golpe del que no podría recuperarse. Al menos no con la fuerza y masividad que tuvo en los años anteriores.

Hoy 90 años después, en Magallanes se sigue recordando estos sucesos. A las tradicionales ofrendas a los mártires en el cementerio local se sumó este año la reinauguración de la Plaza conmemorativa eliminada por la Dictadura Militar, con posterioridad a 1973.

Por lo anterior, he querido recordar este episodio histórico en el Senado de la República y quisiera que se adjuntara copia de esta intervención a la Central Unitaria de Trabajadores de Punta Arenas.

Muchas gracias.

julio 21, 2010

Grave recorte presupuestario afecta a Natales

Recursos aportados para ejecución de proyectos alcanza a sólo un 10% de lo previsto.

Este martes me reuní en Puerto Natales con el Alcalde Fernando Paredes y el cuerpo de concejales de la ciudad, quienes me expresaron su inquietud por el recorte presupuestario que ha sufrido la comuna, como consecuencia de las reasignaciones efectuadas por el Gobierno Regional para cumplir con los instructivos presidenciales referidos a la superación de la emergencia en la zona central del país, producto del terremoto del 27 de Febrero.

El Alcalde Paredes y los ediles de la capital de la Provincia de Última Esperanza me expusieron que la cuantía de la disminución aplicada a la ciudad es enorme, pues sólo se ha confirmado la ejecución de 6 proyectos por un total de $ 265 millones. A lo anterior, podrían sumarse unos $ 767 millones adicionales, a fines del presente año o comienzos del 2011, lo que en todo caso es incierto.

Si consideramos que hay $265 millones, respecto de una cartera total que se encontraba aprobada de más de $ 2.300 millones, tenemos que a Natales se le ha recortado el 90% de los recursos previstos, lo que es muy grave y afectará, sin duda, sus planes de desarrollo y el empleo. La liberación de los cerca de $ 800 millones adicionales atenuaría la situación, pero aún así, en el mejor de los casos, Puerto Natales sería privado entre el 2010 y el 2011 de unos $1.200 millones de pesos, lo que es una cifra muy relevante para cualquier municipio.
Esta situación es de extrema gravedad y constituye un castigo para una comuna que se ha caracterizado por un trabajo serio y de calidad, que se ha expresado en la formulación y aprobación de numerosas iniciativas de adelanto, cuya materialización está ahora en riesgo.

Esto es consecuencia de los recortes aplicados en todo el país con ocasión del terremoto, sin tener en cuenta el impacto que la inversión pública tiene en Magallanes y cuyos efectos ya se están sintiendo en pérdida de dinamismo económico y desempleo.

Se requiere que el Gobierno Regional haga ver con fuerza estos argumentos para obtener, a la brevedad, nuevos recursos que logren materializar más proyectos en Natales y en general en toda la región. Recientemente, el Parlamento ha aprobado un paquete financiero por más de $ 3.000 millones destinados a la reconstrucción, por lo que se empieza a contar con recursos que le permiten comenzar a restituir a las regiones los dineros recortados.
SOLICITUD A LA SUBDERE

En horas de la tarde de este miércoles, me comuniqué con el Subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, a quien expresé mi inquietud por la situación que atraviesa el municipio natalino, solicitándole concretamente aumentar los fondos disponibles para la ejecución de proyectos de inversión en la comuna.

El Subsecretario me indicó que conocía el problema y me informó que pediría al Alcalde Fernando Paredes priorizar los proyectos según su impacto en la generación de empleo, con el objeto que puedan ir siendo ejecutados con nuevos recursos que la SUBDERE podría autorizar al Gobierno Regional y, respecto de los cuales, se tendrá una decisión en las próximas semanas.

Me parece importante la disposición e interés del Subsecretario Flores en resolver la situación, por lo que espero que a más tardar a comienzos de Agosto puedan dar frutos estas gestiones y obtenerse la aprobación para comenzar a ejecutar algunas iniciativas adicionales en la capital de la Provincia de Última Esperanza.

julio 14, 2010

Es lamentable el uso político de la pobreza

Sin la protección social impulsada por la Presidenta Bachelet el incremento hubiera sido mucho mayor.

Es lamentable que la odiosidad promovida por el actual Gobierno en contra de la administración anterior y el empeño en criticar cualquier cosa para intentar enlodar a la ex Presidenta Bachelet, hace que parezca que muchos se alegran del aumento de la pobreza por tener un flanco más de críticas.

El desafío de erradicar la miseria extrema en el país es un objetivo nacional de la máxima trascendencia, para lo cual se cuenta con muchas políticas de largo alcance y surgidas de amplios consensos, por lo que utilizar estas cifras y las dificultades de tantos chilenos con fines políticos es un hecho repudiable.

Respecto de las cifras de la CASEN 2009, en primer hay que valorarlas en una perspectiva más amplia, que indica que en 20 años las políticas sociales de la Concertación lograron disminuir la pobreza a la mitad. En lo que se refiere al incremento registrado en la muestra del 2009, ello se explica fundamentalmente por el entorno en que se realizó, en medio de la crisis financiera y, en lo puntual, por el aumento sustantivo en la línea de pobreza.

El actual Gobierno parece que se olvidó que hubo una crisis financiera mundial, con cesantía y pérdida de dinamismo económico, en que muchas entidades internacionales pronosticaron un drástico incremento en la pobreza en América Latina y, por el contrario, precisamente gracias a las políticas y el apoyo a los sectores más desvalidos impulsadas por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, ella logró ser muy moderada.

En términos más precisos y técnicos, la línea de corte utilizada para distinguir la condición de pobreza registraba un incremento entre muestra y muestra de unos 3.000 o 4.000 pesos, así ésta fue de $ 40.562 per cápita el año 2000, $ 43,712 el 2003 y $ 47.009 el 2006. Sin embargo, indicó que el año 2009 el guarismo llegó a $ 64.134, vale decir un notorio incremento de $ 17.000, motivado en el alza en el precio de los abarrotes. Evidentemente, un aumento de esa magnitud en la línea de corte, frente a salarios que han registrado incrementos muy inferiores deja a mucha gente bajo la línea de pobreza.

Sería conveniente que el Gobierno depusiera esta odiosidad y asumiera las cifras con la seriedad que merecen, situándolas en el contexto y analizándolas con rigor, por respeto a los miles de personas que sufren día a día la pobreza, sin pretender sacar pequeños provechos políticos que sólo apartan del desafío de trabajar conjuntamente para derrotar este flagelo y lograr que todos los chilenos cuenten, a la brevedad, con sus necesidades básicas resueltas.

julio 10, 2010

Gobierno es responsable del alza en la cesantía en Magallanes

La administración de Sebastián Piñera es la principal responsable del incremento que registra la cesantía en Magallanes, producto de los recortes presupuestarios aplicados con ocasión del terremoto del 27 de febrero. Estamos ya en un 6% de desempleados, sin que aún se haga sentir el impacto de los meses más crudos del invierno.

El Gobierno debe reconocer que cometió un grave error en el recorte presupuestario, al disminuir por igual los recursos de todas las regiones, sin considerar las distintas realidades que enfrentan. El Presidente Piñera y su equipo cedieron a sus dogmas neoliberales y fueron incapaces de advertir el impacto de la inversión pública en una zona aislada y con un mercado pequeño como Magallanes, más aún cuando no se propició un diálogo que asegurara la recuperación de los recursos en los próximos años y con ello la estabilidad en los proyectos y la confianza en las empresas contratistas.

Especialmente preocupante la situación de la construcción, una de las actividades más intensiva en la contratación de mano de obra, respecto de la cual sus dirigentes gremiales han estimado en unos 2.600 puestos los puestos de empleo perdidos, vale decir un tercio de los trabajadores con que se contaba al comenzar el 2010.

Lo peor es que presumiblemente dichas cifras seguirán aumentando, al culminarse algunos proyectos en actual ejecución y ser incierta la realización de nuevas inversiones. La existencia de una cartera de $ 9.000 millones en la más completa incertidumbre, ciertamente afecta todas las proyecciones y configura un muy mal pronóstico, con empresas que deberán cerrar o emigrar.

El Gobierno central debe convencerse de reponer a la brevedad los recursos que se han restado al gobierno regional para reactivar la inversión pública y dinamizar el empleo. Aún es tiempo de reconocer el error y enmendar rumbos, ejecutando proyectos que permitan darle un impulso a la contratación de trabajadores.

junio 30, 2010

Interior confirmó que se analiza integralmente conversión de vehículos a gas

El Ministerio del Interior me confirmó que se realiza un estudio integral respecto de la posibilidad de facilitar la conversión de los vehículos a gas en Magallanes. Así, mientras el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ya realizó un estudio sobre el particular, las carteras de Hacienda y Energía fueron requeridos para desarrollar, también, una evaluación sobre el tema.

La respuesta tiene como antecedente el envío que realicé hace algunas semanas al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, del proyecto de ley que presenté en el año 2006 a consideración del Parlamento, en este sentido, solicitándole estudiar su patrocinio.

En dicha nota hice presente la importancia de que los ministerios involucrados en la materia pudieran estudiar la conveniencia de modificar las normas vigentes y el impacto tributario de ello, con el objeto de disponer en un plazo razonable de una respuesta concreta respecto de la viabilidad técnica y financiera de esta alternativa, que ya había sido planteada a las autoridades durante el Gobierno pasado.

Ello reafirma que la propuesta se encuentra en análisis en todos los ministerios involucrados, como lo solicité, personalmente, a los Subsecretarios de Hacienda y Transportes y al Ministro de Energía, por lo que espero que en un plazo razonable pueda existir un pronunciamiento concreto sobre el asunto.

Tengo confianza en que esta materia puede tener avances importantes toda vez que en Magallanes existe la capacidad instalada y experiencia para realizar la conversión en forma segura, al tiempo que en materia energética no cabe duda que existen factores económicos y ambientales en favor del uso del gas natural como insumo vehicular.

junio 17, 2010

Recursos de Zona Franca deben quedar en Magallanes

Desde hace varias semanas ha venido realizando gestiones respecto del destino de los recursos derivados de Zona Franca, que permanecen empozados a la espera de la resolución del juicio entre el Fisco y la anterior administración del recinto.

Mientras otros descubrieron recién el problema, en mi caso he venido realizando gestiones, hace ya más de un mes, con el objeto de lograr que esos dineros queden en Magallanes y sean liberados para su uso en inversión regional, tal como lo ha solicitado el CORE.

He planteado el asunto, tanto en la Dirección de Presupuestos como en el Ministerio de Hacienda, comprobando que no existe una cabal información sobre el asunto y, especialmente, sobre el interés expresado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet de reinvertir estos fondos en la zona.

La percepción inicial del gobierno central y que debemos revertir es que se trata de recursos del Ministerio, ingresados a rentas generales, sin que exista conocimiento de algún compromiso de la anterior administración sobre su destino.

Por lo tanto, tenemos que realizar un trabajo conjunto, entre la Intendencia, el Consejo Regional y los parlamentarios por recordar ese compromiso y hacer ver a las autoridades que más allá de eventuales vacíos u omisiones legales se trata claramente de recursos cuyo origen está en leyes de excepción y, por tanto, deben quedarse en Magallanes.

Si estos recursos terminan en rentas generales y no son asignados a la zona sería un nuevo golpe a la inversión local, ya afectada por los más de $ 6.000 millones recortados para financiar la reconstrucción, por lo que esperamos que las actuales autoridades asuman la palabra empeñada por el gobierno anterior, destinen estos fondos a Magallanes y los liberen a la brevedad para financiar proyectos locales.

junio 09, 2010

Respaldo los esfuerzos del CORE y solicité a Hacienda destrabar recursos de Zona Franca

Los recursos de Zona Franca deben transferirse a la región, pero además el Ejecutivo debe restituir fondos a las regiones

El CORE ha emplazado a los parlamentarios de la zona a respaldar sus intentos de obtener que Hacienda libere los recursos empozados provenientes de Zona Franca. No sólo respaldo estos esfuerzos, sino que ya hace varias semanas me encuentro realizando gestiones para liberar los más de 4.000 millones de pesos, derivados de la concesión del recinto, que se encuentran depositados, para que puedan ser utilizados por el Gobierno Regional.

Ase conoció el fuerte recorte presupuestario que afectaría a nuestra región, producto de las reasignaciones dispuestas por el Gobierno para enfrentar los efectos del terremoto y maremoto del 27 de Febrero, me aboqué a analizar fórmulas que permitieran no ver mermados los recursos con que contaría la zona para la ejecución de proyectos.

En su minuto, denuncié claramente la fuerte reducción en los fondos regionales impuesta por el Gobierno y que, en nuestra región alcanzó los 6.500 millones de pesos, una de las cifras proporcionalmente más elevadas del país.

Pues bien, en conversaciones con algunos consejeros regionales, alcaldes y otros personeros, surgió la opción de solicitar al Ejecutivo poder atenuar esta situación, liberando todo o parte de estos recursos, para que fueran traspasados al Gobierno Regional, lo que solicité inmediatamente al Ministerio de Hacienda, a través de la Directora de Presupuestos.

Por ello, el 30 de Abril expresé por escrito, a través de un correo electrónico, a la directora de esa repartición, Rossana Costa la necesidad de “analizar la posibilidad de poder suplir los recortes presupuestarios que se han producido mediante la liberación de parte de una provisión de fondos, existente en el Gobierno Regional, de los recursos provenientes de Zona Franca.” Con posterioridad, ha insistido constantemente en esta materia, tanto por escrito como telefónicamente, habiendo recibido hace pocos días la respuesta que el asunto se está estudiando por los sectorialistas de esa repartición.

Espero que estas gestiones lleguen a buen puerto, con el objeto de poder enfrentar de mejor forma el recorte presupuestario aplicado a la zona y no ver reducida la cartera de proyectos a ejecutarse. Asimismo, insistiré en el Parlamento en la necesidad que ya desde el presupuesto del 2011, cuando estén vigentes las fuentes de financiamiento especiales que se dispondrán para costear la reconstrucción, se comiencen a devolver los dineros que se han restado a las regiones.

junio 04, 2010

Rechazo medidas que apuntan a la privatización de la salud pública

Gobierno busca transformar hospitales en malls de la salud que terminarán asfixiando al sector estatal.

Rechazo absolutamente el modelo de gestión que está implementando el Gobierno y que implica el comienzo de la privatización de la salud pública. Me sumó al rechazo que tanto los gremios como otros parlamentarios, entre los que se cuenta el ex Presidente del Colegio Médico y actual diputado Juan Luis Castro han manifestado a la propuesta de la cartera de incluir en los nuevos establecimientos en vías de construcción, la licitación de espacios o prestación de servicios complementarios a la labor clínica.

Lamento que el Ministerio de Salud esté aprovechando las evidentes necesidades existentes en materia sanitaria en la región, como la falta de farmacias que presten un servicio más expedito y con un horario de atención más amplio a la población, para emprender una línea de acción que apunta claramente a asfixiar la salud pública por la vía de ir ingresando competencia al interior de los recintos.

En este tipo de decisiones hay una “letra chica”, cual es que se busca hacer competir al sector público con el privado, transformando los nuevos hospitales en un mall, donde si bien se entregan alternativas a la población, a la larga se termina privatizando el servicio al hacerse inútil o poco conveniente su otorgamiento por parte del sector público.

Se aprovecha la figura de las concesiones ya no para costear la infraestructura o los servicios anexos a la labor hospitalaria como estacionamientos, seguridad o aseo, sino para comenzar a desmantelar áreas muy ligadas a la gestión clínica, partiendo por la alimentación y las farmacias, para seguir luego con otras, como laboratorios y rayos, lo que es inaceptable.

Se genera una competencia para luego terminar la prestación por parte del sector público, por haberse hecho innecesaria y la ciudadanía sabe lo que ocurre en salud cuando el prestador privado queda sin competencia pública, pues sobreviene el abuso y la colusión.

Los privados pueden competir desde fuera y prestar servicios alternativos para quienes puedan pagarlos, pero ingresarlos a los hospitales es un exceso que va en desmedro de la salud pública y terminará perjudicando tanto a sus usuarios como a sus funcionarios.

Tenemos que apuntar a mejorar los servicios que la ciudadanía necesita y atacar los problemas, como la insuficiencia de farmacias y otras prestaciones y la carencia de especialistas, pero la vía es mejorar la salud pública y no exterminarla.


Este modelo ya se vivió en el país en la década de los ’80 y terminó en la total destrucción de importantes roles del sector público, que hoy lamentamos, como ocurrió en materia previsional.

El mecanismo que se propone implica un aparente mejoramiento del servicio, pero que resulta un “caballo de Troya”, que implica comenzar con servicios anexos para luego ir traspasando paulatinamente más prestaciones a los privados, generando cesantía y dejando a los usuarios entregados al mercado.


Los gremios deben coordinarse con sus pares a nivel nacional, donde se está gestando un rechazo a esta política de gestión por parte del Ministerio, que apunta claramente a la privatización de la salud.

junio 03, 2010

Ministro de Relaciones Exteriores visitará Magallanes

Hace unos días solicité envío de una delegación que informara sobre situación de Campo de Hielo Sur

Tal como lo anticipé se confirmó la visita a Magallanes de una delegación del más alto nivel de nuestra Cancillería, la que tendrá lugar los días 10 y 11 de Junio y será encabezada por el propio Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno Charme. Entre otras actividades, el Secretario de Estado tiene previsto asistir a la conmemoración del XLVI Aniversario del Instituto Antártico Chileno, entidad dependiente de dicha repartición y en la que se abordarán materias vinculadas al desarrollo regional y las políticas de nuestro país respecto del continente helado.

Hace unos días me comuniqué con el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt Ariztía para solicitarle la presencia en la zona de una comitiva del Ministerio, con el objeto de informar acerca de la situación de Campo de Hielo Sur y recoger, además, otras inquietudes locales vinculadas con dicha cartera.

Me parece muy positiva esta visita, la primera que el titular de Relaciones Exteriores desarrolla a nuestra zona, en el contexto del proceso que se lleva a cabo con la República Argentina para la demarcación de la frontera entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Murallón, materia que ha generado enorme preocupación en la opinión pública nacional y también en la región.

Esperamos que sea una ocasión propicia para que tanto las autoridades como la comunidad y sus organizaciones podamos tener antecedentes más concretos y actualizados acerca de esta situación, que tiene importantes implicancias para nuestro país, tanto en materia geopolítica como respecto de su desarrollo turístico y reservas de recursos hídricos. Asimismo, se trata de una inmejorable ocasión para que los diversos sectores productivos de la zona expresen a las autoridades las dificultades que persisten en materia de integración y que dificultan el tránsito de personas y carga.

mayo 26, 2010

Es necesario agilizar modificación de concepto de empresa

El Gobierno ha anunciado su intención de enviar un proyecto de ley para modificar el concepto de empresa del Código del Trabajo, con el objeto de terminar con el uso de subterfugios, fundamentalmente en el ámbito del retail, a través de los cuales las empresas eluden el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Es una disposición digna de valorar.

En los últimos años se han denunciado reiteradamente situaciones abusivas, especialmente en tiendas y supermercados, cuyos titulares constituyen muchas pequeñas empresas para atomizar la principal y de ese modo evitar el pago de gratificaciones y vulnerar, entre otras, las normas sobre sala cuna y negociación colectiva.

Precisamente la posibilidad de favorecer los procesos de sindicalización y negociación colectiva es la principal consecuencia que podría tener esta enmienda, pues es muy distinto que ello se realice respecto de una gran cadena, con sindicatos fuertes, que en el marco de pequeñas organizaciones y unidades económicas.

Me parece muy importante y respaldaré este proyecto siempre y cuando éste considere adecuadamente el problema y restrinja todo tipo de maniobras irregulares. No queremos, por ejemplo, que se permita a las empresas constituir empresas separadas por establecimiento cuando en lo que se refiere al negocio financiero, relación con proveedores, marketing y otras situaciones, éstas operen nacionalmente como una sola unidad económica, sujeta a una dirección común.

Asimismo, el Ejecutivo no debe demorar innecesariamente esta modificación. Es una materia que se ha discutido mucho y donde desde hace bastante rato está claro el diagnóstico y la fórmula para superar el problema.


Por ello, si el Gobierno no envía la moción que ha anunciado, en un lapso prudente, o si ésta no responde a las necesidades de los trabajadores pondré en tabla en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta las diversas mociones parlamentarias, de diputados y senadores, en trámite sobre el asunto.

abril 27, 2010

Senador Pedro Muñoz (PS) pide a Gobierno definirse sobre sistema de Alta Dirección Pública

A su juicio, despido masivo de Directores Regionales del FOSIS deslegitimaría gravemente este mecanismo.

El Senador Pedro Muñoz (PS), Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, lamentó la situación producida en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, tras la renuncia de su Director Nacional, Juan Pablo Coloma, por discrepancias con el Ministro de Planificación, Felipe Kast, luego que éste le pidiera cursar la renuncia a los quince Directores Regionales de la entidad con el propósito de llamar a un nuevo concurso en el que, según trascendidos, deberían postular personas más afines al Gobierno y que hubieran estado ajenas al servicio público en los últimos años.

Para el Senador socialista lo ocurrido es “muy grave” porque “representa el primer cuestionamiento integral al Sistema de Alta Dirección Pública, que rige los nombramientos de buena parte de los cargos más relevantes del aparato estatal”. Recordó que éste surgió fruto de un acuerdo entre el Gobierno del Presidente Lagos y la oposición de la época y perseguía restar paulatinamente incidencia política en las autoridades de nivel intermedio, privilegiando la competencia y capacidad profesional.

Explicó que el sistema cuenta con sistemas de selección, control de gestión y cumplimiento de metas, aunque mantiene el carácter de exclusiva confianza de los cargos y, por tanto, conserva la posibilidad de que el superior jerárquico pueda pedirles la renuncia a los funcionarios elegidos por concurso, contemplando una indemnización para el caso que ello ocurra.

A juicio del parlamentario opositor, si bien esta fórmula no es óptima, pues desvirtúa y condiciona el carácter técnico del nombramiento, parte del supuesto que, en ocasiones muy puntuales, ciertas diferencias podrían entorpecer la gestión y recomendar la salida de los altos funcionarios, como en los hechos ha ocurrido en ocasiones muy particulares.

“Sin embargo, estamos en presencia de un cuestionamiento global al sistema, lo que afecta gravemente su legitimidad, más aún cuando el Ministro Kast habría esbozado ya ciertos criterios respecto de un eventual nuevo concurso, en circunstancias que la ley le impide expresamente señalar alguna preferencia o predilección sobre el tema” – sentenció Muñoz.

El legislador llamó al Ejecutivo y a los partidos de la Coalición por el Cambio a pronunciarse sobre esta situación, más allá de las facultades del Ministro Kast para remover al Director Coloma y señalar si respaldan o no esta remoción en masa que se pretende para el FOSIS y que significa un claro retroceso en el sistema de Alta Dirección Pública. “Aún es tiempo de rectificar e impedir despido masivo de Directores Regionales del FOSIS que deslegitimaría gravemente este mecanismo de nombramiento” – afirmó.

“Creíamos que el país había avanzado en un consenso para incorporar personal técnico capacitado a las altas esferas públicas y que la Coalición por el Cambio era parte de este acuerdo; por lo que sería bueno conocer si estos días de gestión les permitieron llegaron a una conclusión diversa y ahora se inclinan por designaciones políticas” – fustigó.

El parlamentario no descartó recurrir a la Contraloría General de la República en caso de materializarse la solicitud de renuncia a los Directores Regionales y señaló que propondrá una modificación legal que precise las causales de remoción de los funcionarios designados a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

marzo 18, 2010

Senador Pedro Muñoz (PS) advierte que terremoto no es causal suficiente para despido de trabajadores

Denunció actitud pasiva de la Dirección del Trabajo y llamó al Gobierno a nombrar su Director Titular.

El Senador Pedro Muñoz (PS) advirtió que el terremoto y posterior maremoto que azotó a algunas regiones del país el pasado 27 de Febrero, no son, por sí solos, un motivo válido para despedir trabajadores en las regiones afectadas, a la luz de la legislación y la jurisprudencia de los tribunales.

Reaccionó así a las informaciones de prensa que señalan que las desvinculaciones totalizarían más de 6.000 a partir del 27 de Febrero pasado, concentrándose en las regiones del Bío Bío y Maule, aunque también se extienden a Santiago y Valparaíso.

Muñoz explicó que la sola ocurrencia de una catástrofe, aún de la envergadura de la ocurrida, no configura automáticamente la causal de fuerza mayor o caso fortuito señalada por el Artículo 159, numeral 6) del Código del Trabajo. Indicó que la jurisprudencia ha profundizado esta disposición precisando que para que un terremoto, maremoto u otra clase de fenómeno natural autorice el despido de trabajadores debe producir “una imposibilidad absoluta para cumplir con las obligaciones laborales.”

“Los fallos de los tribunales - puntualizó - son claros y reiterados para indicar que si existen, por ejemplo, seguros comprometidos no procede el despido porque el empleador será resarcido en sus pérdidas.” “Más aún – agregó - si pese al pago de la aseguradora, éste no desea perseverar en el negocio, el cierre se producirá por su voluntad y no a consecuencia del siniestro.”

“Tampoco – continuó - se produce fuerza mayor o caso fortuito cuando existen otros establecimientos del mismo propietario en los que se pueda reubicar a los trabajadores.” “Las sentencias de los tribunales – añadió - exigen que la catástrofe ocasione un “descalabro mayor” en el negocio, que haga imposible la mantención del giro.”

ACEFALÍA DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO DEMUESTRA FALTA DE INTERÉS

El senador llamó a los trabajadores afectados por despidos que denuncien los casos ante la Dirección del Trabajo y los tribunales. Asimismo, exigió al organismo fiscalizador una actitud más activa en la defensa de los derechos de los trabajadores y la difusión de sus derechos. “Hasta ahora la Dirección del Trabajo no ha sido eficaz en informar adecuadamente en las zonas involucradas y la acefalía en que aún se encuentra poco ayuda demostrando, además, falta de interés del Gobierno en una materia que está agudizando los problemas de las familias” – fustigó.

El parlamentario hizo un llamado al Ejecutivo a corregir a la brevedad este problema, nombrando un Director Titular para el organismo e implementar medidas que permitan mantener los empleos, como fueron las generadas en la anterior administración para enfrentar la crisis financiera, prorrogando la vigencia y ampliando las características de instrumentos como el permiso de capacitación y el incentivo para la retención de trabajadores.