Accidente minero debe servir como detonante para mejorar la fiscalización. Empresariado tiene que compatibilizar la obtención de utilidades con la protección de los trabajadores.
La situación que viven los 33 mineros atrapados en la Mina San José, en las cercanías de Copiapó y que se prolonga ya por cuatro días, debe motivar una profunda revisión de los sistemas de fiscalización laboral existentes, especialmente respecto de algunas actividades en que se registran mayores incumplimientos, con graves riesgos para la seguridad de los trabajadores.
No es posible que un país que se precia de sus avances económicos y de la modernización de sus áreas productivas, tenga relaciones laborales y condiciones de trabajo vergonzosas para muchos chilenos, particularmente en sectores que se han caracterizado por registrar enormes utilidades en los últimos años. Es hora que algunos sectores del empresariado adviertan que no es posible seguir maximizando rentabilidad a costa de la vida y salud de los trabajadores.
En ese sentido, solicitaremos al Gobierno disponer de un fuerte incremento en el presupuesto de la Dirección del Trabajo, para el 2011, aumentando sustantivamente su dotación y equipamiento y mejorando su capacidad operativa. Para ello sugirió revertir la decisión de terminar con la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO), repartición creada el año 2003 y que funcionaba al alero de la jefatura nacional para la fiscalización de áreas y empresas de relevancia, como la minería, respecto de la cual había desarrollado un importante labor en la aplicación de la ley de subcontratación.
No cabe duda que el reforzamiento de las instancias locales con personal y medios para llevar adelante su labor resulta clave para un adecuado control del cumplimiento de la legislación laboral, pero la naturaleza y alcance de muchas actividades productivas hace necesario contar con alguna unidad que pueda abordar la fiscalización de un modo más global, particularmente cuando se trata de sectores relevantes, como la minería, el retail o el trabajo agrícola de temporada.
La experiencia de diversos organismos fiscalizadores, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, demuestra que en muchas ocasiones una unidad territorial no logra tener suficiente fuerza ni medios para ejercer adecuadamente sus funciones, por lo que se requiere de alguna instancia con mayor capacidad operativa y respaldo institucional. Si las empresas fiscalizadas funcionan globalmente a nivel nacional, centralizando sus operaciones o unidas en asociaciones gremiales de ese carácter, actuar a través fiscalizadores dispersos y sin respaldo suficiente es un despropósito que dificulta los resultados.
La situación ocurrida en la Mina San José es una clara muestra de la necesidad de abordar la fiscalización de un modo más sistemático y enérgico, complementando la respuesta a denuncias concretas de los trabajadores con esfuerzos institucionales sostenidos y permanentes en actividades que presenten mayores y más riesgosos incumplimientos. Sabemos que el temor a perder el empleo y las dificultades en la organización de los trabajadores provoca que, en muchos casos, se haga difícil la denuncia, por lo que es imprescindible contar con un control de oficio eficaz y oportuno.
Junto con otros parlamentarios de la Concertación, plantearemos al Ministerio del Trabajo reforzar la Dirección del Trabajo, dotándola, en el presupuesto para el año 2011, de mayor personal y equipamiento, al tiempo en que insistiremos en la necesidad de conciliar el fortalecimiento de las Direcciones Regionales con la mantención de esfuerzos más globales, que persigan actuar preventivamente de un modo nacional y coordinado en algunas materias, para lo cual la Unidad Inspectiva Programada de Oficio resultaba relevante.
La situación que viven los 33 mineros atrapados en la Mina San José, en las cercanías de Copiapó y que se prolonga ya por cuatro días, debe motivar una profunda revisión de los sistemas de fiscalización laboral existentes, especialmente respecto de algunas actividades en que se registran mayores incumplimientos, con graves riesgos para la seguridad de los trabajadores.No es posible que un país que se precia de sus avances económicos y de la modernización de sus áreas productivas, tenga relaciones laborales y condiciones de trabajo vergonzosas para muchos chilenos, particularmente en sectores que se han caracterizado por registrar enormes utilidades en los últimos años. Es hora que algunos sectores del empresariado adviertan que no es posible seguir maximizando rentabilidad a costa de la vida y salud de los trabajadores.
En ese sentido, solicitaremos al Gobierno disponer de un fuerte incremento en el presupuesto de la Dirección del Trabajo, para el 2011, aumentando sustantivamente su dotación y equipamiento y mejorando su capacidad operativa. Para ello sugirió revertir la decisión de terminar con la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO), repartición creada el año 2003 y que funcionaba al alero de la jefatura nacional para la fiscalización de áreas y empresas de relevancia, como la minería, respecto de la cual había desarrollado un importante labor en la aplicación de la ley de subcontratación.
No cabe duda que el reforzamiento de las instancias locales con personal y medios para llevar adelante su labor resulta clave para un adecuado control del cumplimiento de la legislación laboral, pero la naturaleza y alcance de muchas actividades productivas hace necesario contar con alguna unidad que pueda abordar la fiscalización de un modo más global, particularmente cuando se trata de sectores relevantes, como la minería, el retail o el trabajo agrícola de temporada.
La experiencia de diversos organismos fiscalizadores, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, demuestra que en muchas ocasiones una unidad territorial no logra tener suficiente fuerza ni medios para ejercer adecuadamente sus funciones, por lo que se requiere de alguna instancia con mayor capacidad operativa y respaldo institucional. Si las empresas fiscalizadas funcionan globalmente a nivel nacional, centralizando sus operaciones o unidas en asociaciones gremiales de ese carácter, actuar a través fiscalizadores dispersos y sin respaldo suficiente es un despropósito que dificulta los resultados.
La situación ocurrida en la Mina San José es una clara muestra de la necesidad de abordar la fiscalización de un modo más sistemático y enérgico, complementando la respuesta a denuncias concretas de los trabajadores con esfuerzos institucionales sostenidos y permanentes en actividades que presenten mayores y más riesgosos incumplimientos. Sabemos que el temor a perder el empleo y las dificultades en la organización de los trabajadores provoca que, en muchos casos, se haga difícil la denuncia, por lo que es imprescindible contar con un control de oficio eficaz y oportuno.
Junto con otros parlamentarios de la Concertación, plantearemos al Ministerio del Trabajo reforzar la Dirección del Trabajo, dotándola, en el presupuesto para el año 2011, de mayor personal y equipamiento, al tiempo en que insistiremos en la necesidad de conciliar el fortalecimiento de las Direcciones Regionales con la mantención de esfuerzos más globales, que persigan actuar preventivamente de un modo nacional y coordinado en algunas materias, para lo cual la Unidad Inspectiva Programada de Oficio resultaba relevante.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario