Logramos que el Senado rechazara acuicultura en Parques Nacionales

Cámara Alta desechó propuesta incorporada en la Ley de Pesca 

Afortunadamente, el Senado rechazó, en forma unánime, la propuesta de la Comisión de Pesca que pretendía autorizar la acuicultura en los Parques Nacionales. 

Denuncié públicamente este brutal intento de facilitar la relocalización de la industria salmonera utilizando las áreas protegidas del Estado y no puedo sino estar satisfecho por esta resolución que vino a corregir una decisión apresurada y absurda que ponía en grave peligro estas reservas. 

Si el Senado hubiera respaldado la propuesta habría cometido un error inexcusable e incurrido en una vulneración flagrante del derecho de todos los chilenos a preservar y disfrutar de entornos naturales libres de contaminación. 

Proponer que la acuicultura pudiera ubicarse al interior de los Parques Nacionales constituía una inaceptable priorización del interés económico por sobre el bien común y un atentado a los tratados internacionales suscritos por el país, como la Convención de Washington.

Por sus características, la actividad acuícola es incompatible con los parques, pues implica un deterioro estético permanente, con jaulas e instalaciones, al tiempo que ocasiona un deterioro ecológico grave en el fondo marino y también en la zona costera. 

Espero que el Ejecutivo haya tomado nota del profundo rechazo que esta materia genera y no reponga su discusión durante la Comisión Mixta.

Pescadores artesanales de Magallanes podrán participar en subastas del bacalao

Senado logró revertir rechazo de la Cámara de Diputados 

Aprobamos hoy una norma que permite a los pescadores artesanales de la Región de Magallanes participar en las licitaciones que se realicen de la pesquería del bacalao de profundidad. El logro fue posible en el Senado, ya que la Cámara de Diputados había rechazado esa disposición. 

El texto despachado dispone que a partir de la subasta que se realice durante el próximo mes, para aplicarse durante el año 2013, del 10% de la cuota global de captura a licitar de la pesquería de esta especie, el 50% de dicho porcentaje se subastará entre los armadores artesanales inscritos en el Registro Artesanal de bacalao de profundidad y los pescadores artesanales inscritos en el Registro Artesanal de la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

Vale decir, los pescadores de nuestra región con el sólo requisito de encontrarse inscritos en el Registro Artesanal, podrán acceder a esta subasta, lo que resulta muy importante, en tanto se trata de una pesquería de alto valor y creciente demanda.

Poder pescar bacalao es hoy una buena alternativa para los pescadores de nuestra región, por lo que nos alegra mucho este logro que hemos conseguido a través del apoyo del Gobierno a una indicación que presentamos en conjunto con el Senador Carlos Bianchi en la ley de pesca.

Curiosamente, para permitir la aprobación de este texto y posibilitar la licitación de la pesquería del bacalao de profundidad, que debe realizarse en los próximos días, la modificación se desprendió de la ley de pesca y fue aprobado en el marco de la ley de reajuste del sector público. 

Lamento el apoyo de la Democracia Cristiana a la Ley de Pesca

Recurriremos ante el Tribunal Constitucional. Espero que se rechace artículo que permite acuicultura en parques nacionales. 

La Democracia Cristiana tendrá que explicar al país y a los pescadores artesanales sus fundamentos para acordar con el Gobierno la aprobación de la ley de pesca, que entrega cuotas por 20 años prorrogables al sector industrial. El apoyo de la falange al texto implica un severo golpe a la unidad del conglomerado y afecta gravemente su credibilidad ante la ciudadanía. 

Parece ser que no se ha comprendido que este tipo de acuerdos, entre cuatro paredes, para beneficiar a los mismos de siempre, son los que han debilitado la confianza de los chilenos en la Concertación.

Quienes hemos sido elegidos por la ciudadanía como representantes de la Concertación tenemos un mandato básico y preciso para afirmar el rol del Estado; defender nuestros recursos naturales y utilizarlos en favor del bien común y, especialmente, para avanzar hacia un Chile más justo, con menos abusos y privilegios; objetivos que son claramente contradictorios con este proyecto.

La iniciativa  avanza escasamente en la sustentabilidad, mantiene privilegios inaceptables a favor de un puñado de industrias, no mejora significativamente la situación de la pesca artesanal y no fortalece el rol del Estado en investigación y fiscalización. 

Respecto de lo que resta del debate, espero que se rechace la norma que permite la acuicultura en los parques nacionales. Es una actividad que por su impacto es incompatible con este tipo de áreas protegidas ya que Implica jaulas, pontones, cercos, o sea un deterioro estético permanente del lugar; basura y excrementos en el fondo marino, además de instalaciones complementarias en tierra, como galpones y muelles. 

Junto a un grupo de parlamentarios elaboraremos un requerimiento al Tribunal Constitucional. Hemos dado una pelea artículo por artículo y agotaremos todos los recursos disponibles contra una ley de pesca que perjudica a Chile, que no mejora la pesca artesanal y que está hecha sólo para proteger los intereses de unos pocos.

Senadores de oposición niegan haber llegado a acuerdo por Ley de Pesca

Los parlamentarios Guido Girardi, Eugenio Tuma, Pedro Muñoz y Alejandro Navarro afirmaron enfáticos esta tarde que no son parte del acuerdo del gobierno con algunos sectores de DC y que mantendrán su rechazo a la Ley de Pesca "porque es una Ley mala para Chile". En esa línea, añadieron que no critican a quienes se quieran sumar a un acuerdo con el Gobierno, pero que éste no es con la oposición sino que son algunos sectores. El Senador PS, Pedro Muñoz insistió en que "no hemos concurrido a ningún tipo de acuerdo y somos quienes continuaremos votando contra esta Ley".

 
Noticia original. http://www.df.cl/senadores-afirman-que-la-oposicion-no-ha-llegado-a-acuerdo-con-el-gobierno-por-la-ley-de-pesca/prontus_df/2012-11-21/142458.html

Se pretende autorizar acuicultura en Parques Nacionales

Norma fue incorporada en el proyecto de ley de pesca. Buscan priorizar negocios por sobre el medio ambiente. 

Al proyecto de ley larga de pesca, que se tramita en el Senado, se le agregó, en la Comisión de Pesca, una disposición tendiente a permitir que se realicen actividades de acuicultura en los parques nacionales. En la actualidad ello sólo se permite en reservas nacionales y forestales, pero en ningún caso en los parques. 

Magallanes no quiere esto.

Me parece una situación de “extrema gravedad”. Pese a que esta materia no era parte del proyecto original ni se presentó indicación alguna al respecto, la Comisión de Pesca incorporó, al tratar un tema absolutamente diverso, como es la transmisión de una concesión en caso de muerte del concesionario, una modificación a la normativa vigente (art. 158 de la LGPA) que permitiría la autorización de cultivos acuícolas en parques nacionales, sujetos a la zonificación que se realice en cada región. 

Rechazo esta modificación de un modo categórico. Constituye una inaceptable priorización del interés económico de algunos por sobre el bien común y el derecho de todos los chilenos a preservar y disfrutar de entornos naturales libres de contaminación.

Mediante este texto agregado de un modo irregular al proyecto se pretende zanjar un problema existente tras la zonificación realizada en la Región de Magallanes, que fijó muchas áreas como aptas para la acuicultura, pero se encuentran ubicadas al interior de los parques nacionales, lo que ha impedido la relocalización de muchas empresas. El tema ha sido parte de una aguda polémica entre la CONAF y la Subsecretaría de Pesca, en tanto ésta última ha sostenido que le corresponde la administración de las aguas interiores de las áreas silvestres protegidas, lo que CONAF rechaza. Los tribunales, en diversas ocasiones han respaldado a la corporación administradora de las áreas protegidas. 

Esta materia fue objeto de una sesión especial de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, tras una solicitud que realizó junto al senador Navarro. En dicha ocasión, la ex Ministra de Bienes Nacionales Catalina Plaza señaló que el tema se encontraba resuelto por disposición del Presidente de la República y que no se intentaría modificación alguna a los límites de los Parques Nacionales. 

Sin embargo, por esta vía, pretenden conseguir el mismo efecto, es decir que se autoricen faenas productivas al interior de los parques nacionales, lo que es claramente contrario al espíritu de estas reservas y ajeno al objetivo de conservación que se pretende. Sería  impresentable tener jaulas acuícolas al interior del Parque Nacional Torres del Payne u otras áreas de igual belleza. Por lo menos yo no estoy disponible para  eso.

Advertiré esta situación en la discusión y espero que la norma sea rechazada en la Sala. Ojalá tengamos una mayoría de senadores que se pronuncien a favor del resguardo de nuestro patrimonio natural y no de solucionar un problema económico a los particulares.

Ministerio de Educación debe buscar soluciones para alumnos de la Universidad del Mar

En caso de las “carreras brujas” el MINEDUC fue activo para interceder en favor de los estudiantes 

El Ministerio de Educación debe hacerse cargo urgente del problema académico y económico que viven los miles de estudiantes y familias afectados por el proceso sancionatorio que atraviesa la Universidad del Mar. 

Es lamentable la distancia que la cartera ha tomado respecto de la situación que viven los alumnos, quienes no saben hoy que va a pasar con esta casa de estudios. Si bien es cierto, hay un proceso en curso, cuya decisión depende del Consejo Nacional de Educación, hay también un problema académico y económico actual que debe solucionarse. 

Independientemente del desenlace del caso, el Ministerio de Educación tiene el deber de velar hoy por la situación de los estudiantes, particularmente en lo que dice relación con su continuidad académica o el abandono del plantel. 

No es efectivo que la cartera no tenga atribuciones para superar el problema y deba cruzarse de brazos. Todos recordamos que cuando se presentó el tema de las denominadas “carreras brujas”, vinculadas al área de la criminalística, entre otras en esta misma Universidad, el Gobierno intervino para exigir soluciones, como la posibilidad de trasladarse de carrera o abandonar los estudios, sin seguir pagando las mensualidades. 

Hay jóvenes que quieren que la Universidad del Mar continúe adelante y, en ese sentido, hemos pedido al Ministerio de Educación impulsar un proyecto de ley que le permita intervenir planteles en quiebra o situación económica deficiente. Es el caso, por ejemplo, de los estudiantes de algunas regiones, como Magallanes, donde no existen otras entidades de educación superior que impartan las carreras que cursan y que ven con preocupación su futuro en caso de decretarse el cierre. 

Sin embargo, también hay un grupo importante de estudiantes que han perdido su confianza en la Universidad del Mar y quieren cambiarse hoy a otras casas de estudios, sin esperar el curso de este proceso sancionatorio y no pueden hacerlo al encontrar trabas académicas o económicas, como las divergencias de las mallas curriculares o tener cheques o garantías por cursos de larga duración que no quieren perder. En esos aspectos el MINEDUC puede y debe buscar soluciones, como ha ocurrido en otros casos similares.

El Ministerio de Educación debe hacerse cargo de la situación de estos diversos grupos de estudiantes y, en tanto sigue el proceso sancionatorio, debe allanar el camino e ir explorando alternativas, tanto para poder continuar los estudios en este mismo plantel reorganizado como para cambiarse a otras casas de estudios superiores, sin ver dificultado o condicionado su retiro de la Universidad del Mar por razones académicas o financieras.

Valoro proyecto que devuelve impuestos retenidos en exceso a trabajadores portuarios

Iniciativa ingresó recientemente a trámite en la Cámara de Diputados 

Resulta positivo el envío al Parlamento de un proyecto de ley que permitirá restituir a los trabajadores portuarios las sumas retenidas en exceso en los últimos años, por concepto de impuesto único de segunda categoría. 

Como consecuencia de la organización de la actividad y los turnos diarios del trabajo, las empresas portuarias o de estiba y desestiba aplicaban en forma errada las tablas de retención de tributos, descontando por largo tiempo a los trabajadores más impuestos que los que les correspondía pagar. 

Para superar este asunto el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que permitirá a cada trabajador o ex trabajador del sector recuperar hasta 11 años de lo que se le haya descontado en exceso. 

La normativa propuesta señala el procedimiento aplicable, precisando que la Tesorería General de la República realizará el cálculo y conseguirá los datos que permitan establecer la situación particular de cada trabajador o ex trabajador portuario. En caso de no constar estos documentos, se prevé, también, un mecanismo para procurar obtenerlos. Tras ese cálculo el resultado será informado a los interesados, quienes podrán exigir correcciones. 

Esta solución es fruto de las movilizaciones realizadas en diversos puntos del país en los últimos meses y que tuvieron por objeto exigir una respuesta del Gobierno a esta antigua y sentida aspiración, como también plantear otras reivindicaciones. 

Si bien se trata de una solución parcial, pues no recoge toda la deuda, sino un máximo de 11 años, representa un enorme paso que permitirá a muchos trabajadores recuperar dineros que les pertenecían.

La unidad y movilización de los trabajadores del sector portuario debiera permitirles, también, en el futuro, obtener respuestas satisfactorias a otras justas demandas de tipo laboral, como la exigencia de cambios legislativos que les aseguren contratos estables que terminen con la actual precariedad, como también, mejoramientos económicos como el pago de montos similares por turnos en todos los puertos del país.

El Gobierno debe intervenir la Universidad del Mar

Debe crearse un mecanismo legal para reorganizar planteles en quiebra o situación académica deficitaria.

La situación que vive la Universidad del Mar ha revelado la necesidad de incorporar a nuestra normativa una facultad y el procedimiento que permita al Ministerio de Educación involucrarse cuando los establecimientos educacionales lleguen a situaciones de crisis económica o académica  que pongan en riesgo la continuidad de los planteles. 

Por ello, he solicitado al Ejecutivo intervenir derechamente en la crisis que actualmente vive la Universidad del Mar con la finalidad de velar por el futuro de los miles de alumnos, académicos y funcionarios afectados.

Se requiere un proyecto de ley que permita intervenir, tal como hoy en día se hace en el caso de los colegios particulares subvencionados e incluso en otras materias, como las empresas de buses del Transantiago, donde la autoridad puede nombrar administradores que permitan garantizar la continuidad del servicio público que se presta.

El cierre de la casa de estudios pedida por el ministro Harald Bayer castiga a una comunidad universitaria, compuesta por alumnos, trabajadores y docentes, con más de 22.000 familias involucradas e impide continuar a una mayoría de estudiantes que no tienen una alternativa viable de cambio de institución, ya sea por razones de oferta académica, costos o geográficas.

Debe tenerse presente, especialmente, la situación de los jóvenes de algunas sedes de la Universidad del Mar, como Magallanes, que no es fácil reubicar, puesto que sus carreras no se imparten en otros establecimientos de la zona o éstos no tienen el valor y las facilidades de pago u horarios de estudios de que disponían.

Intervención Ley de Pesca

Ver video: Intervención Ley de Pesca

Señor Presidente, Honorables Colegas:

El proyecto de modificación a ley de pesca, que se tramita, contiene disposiciones que afectan muy gravemente a los pescadores y a los recursos del mar. Es muy importante, por ello, clarificar que es lo que está en juego y tratar de hacerlo entendible para todos.

Como los pescadores recuerdan, hace no tantas décadas en Chile había un régimen de pesca libre; los recursos abundaban y quién quisiera pescar podía hacerlo. 

La explotación intensiva empezó a agotarlos. Ello obligó establecer, en los ’90, la denominada cuota global, o sea un máximo anual por especie, que se divide en dos partes, una artesanal y otra industrial.

¿Qué ocurrió? Que cada operador industrial salía a capturar todo lo que pudiera en el menor tiempo. A eso se le llamó carrera olímpica y llevaba a una sobreexplotación de las pesquerías, implicaba a las empresas aumentar su flota y producía inestabilidad en el empleo.

El año 2000, ante el colapso especialmente del jurel, se propuso un nuevo sistema: dividir esa cuota global anual industrial en cuotas individuales. Se pensó que si cada cual tenía asegurada su porción no necesitaría salir a pescarla tan rápido. Se dosificaría entonces el esfuerzo, las industrias ahorrarían dinero y el empleo sería más estable. Se probó el sistema por dos años. Luego, el 2002 se planteó extenderlo por diez más. 

Quienes estábamos en el Parlamento recordamos que en dicha ocasión se expuso este sistema como la salvación de la pesca. Se llenaron las tribunas y las calles cercanas con trabajadores de la industria para señalar que de no aprobarse las pesquerías y la actividad colapsarían.

Algunos nos opusimos, porque entendimos que asignar cuotas individuales era, de alguna manera, entregarle a privados bienes de todos los chilenos. Señalamos, además, que ello no solucionaría los problemas.

La historia nos dio la razón. 

Diez años después la captura del jurel, por ejemplo, que era el ícono del problema, ha caído de 1.400.000 toneladas el 2002 a cerca de 200.000 para este año.

La actividad en general está deteriorada y la carrera olímpica regresó. Y regresó por la sencilla razón que hay más peces en las resoluciones de la Subpesca que en el mar. Entonces, hay que salir a capturar lo que se pueda antes que se agote.

Sin embargo, ahora que el mecanismo va a terminar, el Gobierno propone extenderlo. Ya no por una década sino indefinidamente, aunque ahora se señala que serían 25 años prorrogables.

¿Por qué continuar con un sistema que claramente fracasó?

Hay un paciente moribundo y el equipo médico propone aplicar una mayor dosis de la misma medicina que lo está llevando a la muerte. Eso es esta ley de pesca. Todo por mantener el negocio de unos pocos, que han lucrado abusivamente con bienes de todos hasta casi extinguirlos.

Se trata de un grave error por diversas razones.

Primero, porque no representa avances para la pesca artesanal. El fraccionamiento y acceso a las pesquerías sigue siendo insuficiente. No se protegen los caladeros históricos ni se frena claramente el arrastre. Tampoco hay respuestas sobre las pesquerías finas.

Segundo, porque tampoco hay avances sustantivos sobre el estatuto de los tripulantes de embarcaciones artesanales ni se contempla una plataforma social suficiente para los desplazados de la industria. Seguimos con este Fondo que no contiene beneficios claros y donde muchas compensaciones quedan al arbitrio del Gobierno de turno.  

Tercero, porque no se asegura un estatuto jurídico para los recursos pesqueros. Las pesquerías son de todos los chilenos y se habilita a pescarlas en base a un sistema de autorizaciones y permisos que son esencialmente temporales y revocables, según los intereses del país. Eso debe quedar meridianamente claro.

Cuarto, porque se insiste en este sistema de cuotas, a las que unos pocos nos opusimos el 2002 y que llevaron al colapso de las pesquerías. Las cuotas indefinidas o los 25 años prorrogables son un exceso. Si vuelven a fracasar no habrá tiempo para una nueva ley. Un nuevo error será el fin de la pesca en Chile.

Cualquier norma que surja no puede pretender una duración de más de diez años, por la sencilla razón que en el estado que se encuentran las pesquerías requiere una evaluación de sus resultados.

Quinto, porque mantiene y agudizará la concentración de la industria pesquera en unas cuantas familias, sin establecer límites ni flexibilizar las rígidas barreras de entrada de la actividad. Este mecanismo no es sostenible. No puede ser que haya empresas que concentren más del 50% de una pesquería y no se haga nada.

Lo más curioso es que los mismos que siempre nos hablan de la competencia y del libre mercado, ahora se dan una vuelta de carnero, digna de medalla de oro, para argumentar a favor de la concentración y las economías a escala.

Sexto, porque se entrega casi gratuitamente los recursos pesqueros del país, atendido que el nivel de las patentes y derechos de explotación que se proponen son insignificantes en comparación a las utilidades obtenidas.

Séptimo, porque pese a los avances que significa restarle poder decisorio a los Consejos y haber desechado el Panel de Expertos, persiste un esquema que favorece la presión de los interesados y la incidencia del Gobierno de turno. Si queremos realmente sustentabilidad y rol de la ciencia forjemos una institucionalidad completamente aislada del Gobierno de turno que entregue una propuesta que deba ser asumida por el Ejecutivo.

Octavo, porque no se aseguran aún los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad e independiente. Deben haber aportes basales fijos para el IFOP y líneas investigativas permanentes de acuerdo a los intereses y objetivos del Estado.

Noveno, porque no se garantiza una adecuada fiscalización con sanciones eficaces y ejemplarizadoras. Sabemos que muchas empresas pagan las multas y siguen depredando nuestros mares obteniendo beneficios ilegítimos. Eso no puede seguir. Requerimos un esquema de sanciones que parta con multas elevadas y que conduzca a la caducidad en forma rápida si se siguen vulnerando las normas.
 

Décimo, porque no se considera a los pueblos originarios, muchos de los cuales han explotado ancestralmente los recursos del mar. Tampoco se ha cumplido con el Convenio 169 de la OIT. Nadie puede pretender que un par de audiencias de la Comisión de Pesca sean el marco adecuado para expresar una opinión fundada sobre un tema tan relevante. Así las cosas el proyecto queda expuesto a los tribunales nacionales e internacionales.

Señor Presidente, estimados colegas, como lo señalaron diversas organizaciones que escuchamos en la zona austral con la Comisión de Pesca, este proyecto sólo sirve a unos pocos, perjudica al sector artesanal y pone en riesgo el patrimonio nacional. Por eso votaré en contra.

Sin embargo, no soy un irresponsable que quiera volver a la carrera olímpica, hacer colapsar la industria y las fuentes de empleo o generar inestabilidad sin soluciones. Junto a algunos senadores hemos propuesto una fórmula intermedia, que es prorrogar por dos años el actual sistema a la espera de que nos demos un tiempo prudente para analizar una nueva ley que asegure efectivamente la sustentabilidad, que contenga un reforzamiento institucionalidad adecuado, que compatibilice los intereses de todos los sectores y que resguarde a los pueblos originarios.

Estoy cierto que podemos hacerlo si contamos con el tiempo necesario.

He dicho.

En reunión con ANEF y CUT atendiendo sus planteamientos sobre reajuste del sector público

Los parlamentarios magallánicos se reunieron con diferentes gremios de la región. Una reunión ampliada con los diferentes gremios de los trabajadores, como la Asociación de Funcionarios Municipales, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otros, desarrolló ayer el diputado independiente por Magallanes, Miodrag Marinovic, y el senador Pedro Muñoz (PS). En la oportunidad los parlamentarios escucharon los planteamientos de los trabajadores y ratificaron su compromiso en su defensa, asegurando que seguirán trabajando en pos de su beneficio.

 

Noticia original. http://elpinguino.com/noticias/131419/Muoz-y-Marinovic-ratifican-compromiso-en-defensa-de-trabajadores

Universidad del Mar: La hora de la verdad.

El Ministerio de Educación ha solicitado al Consejo Nacional de Educación el cierre o la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad del Mar, como sanción, tras acreditar mediante análisis a los estados financieros y una auditoría a nivel académico, que se extendió por varios meses, una infracción grave a sus estatutos y una desviación de la finalidad del plantel.

Esta casa de estudios, que ha sido en los últimos años un paradigma de los vicios de nuestra educación superior entra así a su hora decisiva. Inició sus actividades a comienzos de los ’90, como una alternativa más entre las muchas existentes. Al cabo de algunos años comenzó una explosiva expansión, que tuvo como bases la implementación de un sistema propio de financiamiento y la creación de sedes locales asentadas en ciudades carentes de suficiente oferta universitaria y técnica.

Este crecimiento inorgánico y la debilidad de su proyecto educativo, desvirtuado por el lucro de sus sostenedores, empezó a generar dificultades. Antes de la debacle de los últimos meses, detonada con la salida del rector Raúl Urrutia hubo varios hitos.

Uno de los primeros fue su involucramiento en las denuncias por “carreras brujas”, ocurrida a partir del 2007. Recuerdo perfectamente el episodio, pues tras respaldar a los alumnos, afirmé claramente que me parecía que impartir disciplinas a sabiendas que no habría campo ocupacional para ellas, me parecía una estafa, un engaño, tras lo cual fui amenazado de acciones legales por los directivos-propietarios, quienes me conminaron a retractarme, lo que, por supuesto, no hice.

Posteriormente, existían rumores respecto de desórdenes administrativos e iliquidez, particularmente en algunas sedes, dudas que parecieron confirmarse tras fracasar el 2011 el ingreso de Southern Cross a su propiedad. Desde ahí en adelante la historia es más conocida. Las denuncias estudiantiles por el lucro en la educación pusieron el dedo en la llaga en el complejo entramado de sociedades e inmobiliarias paralelas del plantel, cuya administración, además, se vio deteriorada por conflictos internos.

El resultado es la situación actual, con esta drástica medida propuesta por el Ministerio de Educación y la incertidumbre que enfrentan más de 18.000 estudiantes a lo largo del país y un grupo también significativo de docentes y funcionarios.

Veo esta decisión con sensaciones encontradas.

Por una parte, no tengo dudas respecto que los dueños de este plantel que, desde hace largos, años viene actuando en forma irregular, priorizando la obtención de utilidades por sobre el desarrollo académico de la institución, merecen sanciones ejemplarizadoras y, además, tengo la convicción de que estos estudiantes deben recibir la educación de calidad por la que están pagando y que no se les entrega.

Sin embargo, me asiste la duda de que el cierre sea la solución a este problema. Acaso, como reza el dicho, es un remedio peor que la enfermedad. Los alumnos quedan en la incertidumbre de no saber cómo concluir sus carreras, pese a haber invertido, en muchos casos, varios años de esfuerzo y recursos para el pago de aranceles y matrículas. Otro tanto ocurre con administrativos y profesores.

Lo anterior es especialmente preocupante en nuestra región. En el resto del país es muy posible que, como ha ocurrido en el caso del cierre de otras universidades, otros establecimientos acojan a los alumnos y les otorguen facilidades para retomar sus estudios. Sin embargo, en Magallanes, ello encuentra el obstáculo de que todas las carreras no son impartidas en nuestra zona. He pedido, por esto, al Ministerio de Educación analizar esta situación y estudiar la adopción de medidas que eviten que los estudiantes salgan perjudicados. 

La solución de este caso es extremadamente compleja. Es necesario complementar una serie de acciones que procuren salvaguardar la confianza pública y el interés de todos los involucrados. Por una parte, no cabe duda que debe buscarse sancionar drásticamente a los propietarios del plantel, como responsables de las irregularidades. Por otro lado, deben ofrecerse soluciones para los estudiantes. Quienes quieran abandonar esta universidad y proseguir sus estudios en otra casa de estudios deben poder hacerlo, en tanto, se deben agotar los esfuerzos que permitan, a quienes quieran culminar sus carreras allí, poder hacerlo, si es factible recuperar niveles académicos y organizativos aceptables.

Todo lo anterior, sin olvidar que ésta es sólo la punta del iceberg del lucro en el sistema de educación superior que aún espera por cambios normativos. Debe legislarse para terminar con el desvío de recursos públicos hacia los dueños de estas entidades e implementar una rigurosa fiscalización y un sistema de acreditación que asegure la calidad. No se puede seguir jugando con los sueños de tantos jóvenes.

Universidad del Mar: Sanciones para propietarios y soluciones para alumnos.

Reubicación es positiva, pero debe considerarse también carreras que no se imparten en la zona. 

Valoró las gestiones realizadas por el seremi de Educación Raúl Muñoz, quién se reunió con las autoridades de la Universidad de Magallanes con el fin de gestionar el posible traslado a ese plantel de estudiantes de la sede de Punta Arenas de la Universidad del Mar. 

 

El eventual cierre de ese plantel empieza a generar ya muchas dificultades. Los alumnos se encuentran en la incertidumbre de no saber cómo concluir sus carreras, pese a haber invertido años de esfuerzo y recursos para el pago de aranceles y matrículas. Lo mismo ocurre con administrativos y profesores cuyo futuro laboral pende de un hilo.

 

La reubicación del alumnado pareciera una solución positiva para una parte de los afectados. Sin embargo, no debe perderse de vista que eso no beneficia a los estudiantes cuyas carreras no tienen presencia en otras universidades o institutos la zona.
He pedido, por esto, al Ministerio de Educación, mediante oficio, analizar esta situación y estudiar la adopción de medidas que eviten que los estudiantes salgan perjudicados.

 

No cabe duda que debe buscarse sancionar drásticamente a los propietarios del plantel, como responsables de las irregularidades. Sin embargo, al mismo tiempo deben ofrecerse soluciones para los estudiantes. A quienes quieran abandonar esta universidad y proseguir sus estudios en otra casa de estudios se les debe permitir, en tanto se deben agotar los esfuerzos que permitan a quienes quieran culminar sus carreras allí, poder hacerlo, manteniendo niveles académicos y administrativos aceptables.

Todo lo anterior no debe hacer olvidar que se trata de la punta del iceberg del lucro en el sistema de educación superior que aún espera por cambios normativos que deben terminar con el desvío de recursos públicos hacia los dueños de estas entidades, junto con implementar una rigurosa fiscalización y un sistema de acreditación que asegure la calidad.