Avanza solución para alumnos de Universidad del Mar

Quiero manifestar mi satisfacción por el acuerdo para que planteles de diversas regiones se hagan cargo de las sedes de la Universidad del Mar. 

Precisamente, este fue el planteamiento que le realicé a la Ministra Carolina Schmidt hace unas semanas, proponiendo que la gestión de la sede Punta Arenas se entregue a la UMAG, bajo la figura de administración por cuenta de terceros.

Los alumnos que están en cursos superiores necesitaban asegurar que podrán terminar sus carreras en condiciones de infraestructura adecuadas y que la continuidad estará garantizada, aún cuando los recursos disponibles para su funcionamiento vayan disminuyendo cómo consecuencia del egreso de los estudiantes.

El anuncio apunta en el sentido correcto. Dijimos desde un comienzo que el cierre no era una buena medida si no se acompañaba de acciones que aseguraran la continuidad para los alumnos de cursos superiores que quisieran terminar en la misma Universidad del Mar.

Junto con valorar el permanente contacto que ha mantenido con los alumnos del plantel, con el objeto de atender sus demandas, quiero insistir en que también resulta necesario seguir ocupándose de la situación de funcionarios y académicos, respecto de los cuales hay graves incumplimientos laborales y previsionales.

Alto endeudamiento en hogares magallánicos

Debe legislarse para enfrentar sobre endeudamiento. Asimismo, es importante que deudores se asesoren antes de suscribir repactaciones u otros documentos.

Quiero reiterar mi permanente preocupación por el elevado endeudamiento que afecta a los hogares del país y, particularmente de nuestra región, lo que quedó reflejado en un estudio difundido en los últimos días por la Universidad San Sebastián y Equifax. 

Éste revela el notorio incremento de la morosidad registrado en los últimos meses y, particularmente, con posterioridad a la denominada Ley Dicom, que borró de los registros a muchos deudores, los que, sin embargo, en una alta proporción, han vuelto a caer en incumplimientos. A nivel de regiones, Magallanes es una de las que presenta mayor morosidad y cuantía de las deudas.

Estas cifras no son novedad. A diario recibo en mi oficina mucha gente que consulta agobiada por las deudas y cobranzas, a quienes hemos podido ayudar a través de asesoría legal; lo que me llevó a proponer, también, hace ya largos años, un proyecto de ley para enfrentar el sobre endeudamiento de los hogares. He venido sosteniendo que Chile no cuenta con un mecanismo legal expedito para que familias que caen en una situación de morosidad grave puedan salir de ello, lo que se traduce en una espiral de repactaciones, juicios y sobrecargos, que sólo agrava las cosas. 

Debe avanzarse hacia un procedimiento único, similar a la quiebra de las empresas, donde un deudor pueda enfrentar de una vez a todos sus acreedores y acordar, con la ayuda de un Juez o un mediador, un plan de pagos razonable, que pueda cumplir, evitando con ello la pérdida de tiempo y el recargo en los montos que significa enfrentar cada juicio individualmente. La idea fue recogida en el proyecto del Gobierno que modifica la ley de quiebras, aunque a juicio del legislador será necesario perfeccionarlo en el futuro.

Por el momento, lo importante es, primero, aconsejar prudencia en el uso de las tarjetas de crédito y, luego, llamar a asesorarse adecuadamente al momento de realizar repactaciones, recibir notificaciones de embargos o ser apremiado con cobranzas y requerimientos de pago. Lamentablemente, hay muchos deudores que se asustan ante un escrito o notificación y especialmente por la acción inescrupulosa de cobradores que los atemorizan y acosan, ante lo cual corren a las tiendas o bancos a firmar cualquier cosa, incluso tratándose de deudas que no son propias, sino de familiares o amigos.

Recalco la necesidad de distinguir lo que son procesos de cobranza internos de las multitiendas, que no tienen mayor fuerza legal y que, incluso se realizan en muchos casos transgrediendo las normas vigentes, en lo que se refiere a horarios, lugares y procedimientos y lo que son realmente acciones judiciales. Mis oficinas parlamentarias están disponibles para asesorar a los ciudadanos en estos casos.

Gran recepción de Michelle Bachelet a temas relevantes para Magallanes

Gas, salud primaria, elección de Intendentes y sueldo mínimo estuvieron entre temas que planteamos a nuestra candidata.

Una positiva reunión sostuvimos este lunes junto a Carolina Goic con la candidata presidencial del pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet. La cita tuvo por objeto abordar las principales materias que esperamos ver incorporados en el programa de gobierno. Fue un encuentro muy cordial y productivo en que pudimos exponer diversas materias en que se debe avanzar con urgencia, como son lo energético, la salud, la descentralización y la situación de los trabajadores.

En cuanto a lo energético insistí en mi antigua propuesta de transformar a la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, en una Empresa Nacional de Energía. La importancia del tema para el desarrollo productivo país, la necesidad de aumentar el uso de energías alternativas menos contaminantes y la continuidad de la empresa y estabilidad de sus trabajadores hacen imprescindible esta ampliación del giro, como lo he venido impulsando.

También en el plano energético, pero ya a nivel local, reiteré a la abanderada mi preocupación por el abastecimiento de gas, insistiendo la necesidad de que el Estado mantenga un activo control y apoyo para la mantención de precios bajos en el suministro domiciliario. En ese plano, propuse establecer una reserva obligatoria para el consumo residencial, con el objeto de evitar que eventuales hallazgos y explotaciones sean utilizados industrialmente sin asegurar el abastecimiento de los hogares, como ha ocurrido en el pasado.

Otro tema planteado fue el de la salud. Le expuse la enorme preocupación existente en la zona por la atención primaria y por la dotación de especialistas que sigue siendo muy deficitaria. Transmití a la candidata las inquietudes de los facultativos, quienes han demandado mayores recursos y capacidad resolutiva en este nivel de atención, como asimismo estímulos a la carrera y perfeccionamiento, a través de la oportunidad de capacitación y becas de especialidad. Creo que como médico de profesión, Michelle Bachelet advierte claramente que en el acceso a la salud se da un importante factor de desigualdad en perjuicio de nuestros habitantes.

Otro tema abordado en el encuentro fue la descentralización. En este punto, recordé a la parlamentaria que he sido un permanente impulsor de la elección de los Intendentes Regionales, aún en tiempos en que esta propuesta no gozaba de mucho apoyo en la Concertación. Necesitamos Intendentes electos, que san líderes locales y que puedan hacer ver con fuerza la voz de las regiones. Además, es muy importante dotar a los gobiernos regionales de más atribuciones y equipos técnicos.

Apoyo, asimismo, la necesidad de establecer un sueldo mínimo diferenciado en la región. Se han hecho muchos intentos, pero lamentablemente no se ha logrado avanzar. Propuse, en la materia diferenciar macrozonas a nivel país para establecer factores de corrección. Tener un sueldo mínimo único a nivel país implica que nuestros trabajadores ganan menos por su trabajo por efecto de poder adquisitivo de las remuneraciones.

Nos retiramos muy satisfechos de la preocupación e interés de la candidata de la Nueva Mayoría por la realidad de las regiones y, particularmente de Magallanes. Creo que se abre una etapa donde se pueden materializar grandes transformaciones en la que Michelle Bachelet tiene un enorme decisión y compromiso, pero requiere obtener parlamentarios que la respalden con decisión y absoluta lealtad. Se espera que la abanderada visite la zona en las próximas semanas.

Inaceptable. Pretenden que las salas cunas las paguen los trabajadores.

Improvisación del Ejecutivo en anuncios en materia laboral es total.

En la actualidad, según el Código del Trabajo, las guarderías son financiadas por el empleador en los casos de empresas que cuenten con más de 20 trabajadoras. 

Lo anterior, ha sido criticado, pues para algunos importa un freno al empleo femenino. Asimismo, se cuestiona que el beneficio se restrinja sólo a empresas de mediano tamaño que superen el umbral exigido, por lo que se ha anunciado, desde ya hace bastante tiempo, que se promovería una reforma que universalizaría el acceso. 

El texto se encontraría en las etapas finales de su redacción y, según se ha informado, utilizaría como financiamiento el 1% de la actual cotización de cargo del empleador al seguro de cesantía.

Eso significa en concreto que el gobierno estudia trasladar el costo de las salas cuna a los trabajadores a través de una muy grave e inaceptable “letra chica”.

Lo que debe tenerse claro es que la cotización del empleador al seguro de cesantía (1,6% de la remuneración) es descontada, al momento del despido, íntegramente, de la indemnización por años de servicio, por lo que en definitiva es sólo un préstamo o anticipo que hace la empresa al trabajador, pero que luego recupera.

Por lo tanto. cualquier mecanismo que implique echar mano a esa cotización, mal llamada del empleador, implica en la práctica hacer recaer el costo de la sala cuna en el trabajador.

Hago notar, además, que el Ejecutivo ha caído en una total improvisación en estas materias. Sólo en mayo pasado se anunció que este 1% se redestinaría a ahorro previsional, lo que fue incluso explicado públicamente por la entonces Ministra del Trabajo y actual candidata presidencial, Evelyn Matthei. 

Solidarizo con situación del Centro Padre Viganó.

Respaldo críticas por licitación del SENAME. Debemos terminar con centralismo en las decisiones públicas.

El Obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres ha expuesto la situación que afecta al Centro Padre Viganó de la Fundación Esperanza, que tras doce años de prestar ayuda a menores vulnerables, fue desplazado en la licitación realizada por el SENAME por la Corporación santiaguina Opción.

Lamento que materias de la importancia del apoyo a niños víctimas de abuso sexual y maltrato queden expuestas al resultado de procesos concursales, más aún cuando la transparencia y calidad de la calificación realizada por el SENAME ha sido cuestionada. De los antecedentes que se han expuesto, no están claros los parámetros de evaluación ni la forma, criterios y personas que realizaron ese proceso.

Respaldo, en este sentido, plenamente lo dicho por Monseñor Bastres en torno a que la entidad se ocupó del tema en la zona cuando muy pocos o nadie lo hacía, lo que hoy no se reconoce adecuadamente.

Intentaré revertir esta situación ante los Ministerios de Justicia y Desarrollo Social, carteras que se relacionan con el tema, tanto por la tutela del Servicio Nacional de Menores que tiene el primero, cuanto por su vinculación con el apoyo a las personas en condiciones de vulnerabilidad, del segundo.

Se hace imprescindible que los concursos públicos, de cualquier naturaleza, tengan un proceso de calificación que incluya el factor regional como elemento muy relevante de la calificación. Presenté un proyecto de ley para incorporar ese tipo de criterios en la Ley de Compras Públicas y es evidente que la misma priorización debería existir también en este tipo de procedimientos. Hacer competir entidades de tipo nacional con corporaciones o fundaciones regionales es un despropósito.

Exigimos una rebaja en el valor de los combustibles

Masiva manifestación en Porvenir.

Participé en horas de este viernes en una masiva manifestación realizada en Porvenir, capital de la Provincia de Tierra del Fuego y que tuvo por objeto exigir al Gobierno urgentes medidas para reducir el valor de los combustibles en la zona austral, donde en los últimos días ha superado los $ 1.000 por litro.

 

Foto. La Prensa Austral

La protesta, convocada por el sindicato de trabajadores de ENAP y apoyada por las fuerzas vives de la comuna, fue seguida por varios centenares de vecinos quienes se manifestaron en las calles exigiendo una actitud más enérgica de las autoridades en la materia. El éxito de la convocatoria llevaría a replicarla en los próximos días en otras comunas de la Región de Magallanes.

Respaldo plenamente el malestar de la ciudadanía. Es evidente el mal manejo de las actuales autoridades en el control del precio de los hidrocarburos. Después de las reiteradas quejas de la UDI y RN durante los gobiernos anteriores, han sido incapaces de contener los precios los que han llegado al mayor nivel de la historia.

El SIPCO, mecanismo diseñado por el Ejecutivo para intentar controlar las alzas, ha fracasado rotundamente, requiriéndose en forma urgente acciones más concretas como la disminución transitoria de la tasa del impuesto específico aplicada durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Asimismo, es necesario avanzar hacia una modificación sustantiva del impuesto a los combustibles, que permita distribuirlo de mejor forma, elevando sustantivamente el aporte de las grandes empresas y reduciendo con ello la tasa aplicable a los vehículos particulares y transportistas.

 

Además, deben corregirse las enormes diferencias de precio existentes en las zonas extremas a través de subsidios al transporte de combustibles o tasas preferenciales del impuesto específico. Una diferencia como la actual afecta seriamente el presupuesto familiar de nuestros hogares e impacta en los costos de las empresas.

Existen graves dificultades en aplicación de ley que devuelve impuestos a trabajadores portuarios

Hay falta de información y dificultades en notificación y reclamo. Solicité intervención a Ministerio del Trabajo.

Existen graves dificultades existentes respecto de la devolución de impuestos mal retenidos a trabajadores y ex trabajadores portuarios, según lo aprobado en la ley 20.661. El cuerpo legal, que formó parte de un acuerdo del sector con el Gobierno, busca restituir el impuesto único de segunda categoría que les había sido retenido en forma excesiva durante largos años, por efecto de la errada aplicación de las tablas de cálculo.

La ley estableció un procedimiento mediante el cual la Tesorería General de la República calcularía las sumas que correspondería devolver a cada trabajador, según los antecedentes de que dispusiera, lo que se comunicaría a cada interesado a través del sitio web de la entidad estatal, iniciándose un período de reclamo, si el trabajador no estuviera de acuerdo con la suma estimada. Tras la apelación o sin ella, si no se presentaran objeciones, se realizaría el pago.

Se han suscitado muchas y serias dificultades en la aplicación de esta ley partiendo por las falencias para difundir su contenido. Lamentablemente, no ha habido una información clara y hasta hoy muchos trabajadores no han logrado conocer adecuadamente ni la propia existencia de la ley ni los procedimientos. Asimismo, la notificación por internet ha resultado extremadamente compleja para muchos trabajadores y ex trabajadores, más aún cuando se requiere un registro previo para poder acceder a la información. 

Por último, el mecanismo de reclamo ha resultado engorroso, toda vez que se solicitan diversos documentos probatorios que a los trabajadores y ex trabajadores portuarios les ha sido demasiado difícil obtener, tales como certificados de empresas hoy inexistentes o copias de nóminas emanadas de la DIRECTEMAR.

He solicitado al Ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, analizar la situación, con el objeto de adoptar, a la brevedad, las medidas que permitan resolver estos problemas para que los trabajadores puedan recibir las devoluciones que les corresponden. Es posible que se deba dictar una modificación rápida a la ley para extender los plazos y flexibilizar el procedimiento de apelación.

No se puede subir cotización sin reforma profunda a la capitalización individual

Actual sistema de pensiones fracasó. Los trabajadores tienen una total desconfianza en las AFP.

Se ha informado que el Ejecutivo prepararía una propuesta de reforma al sistema de pensiones que contendría un incremento gradual de la cotización. 

La iniciativa consideraría también una cambio en la fórmula de cálculo de los ingresos imponibles incluyendo asignaciones como colación y transporte.

Ello parte de una premisa equivocada. Se quiere dar por sentado que la capitalización individual sólo requiere algunos cambios menores, cuando en realidad lo que está en cuestión es el sistema mismo, que no cumplió sus promesas originales y que no genera pensiones dignas.

Antes de cualquier cambio, particularmente si se pretende incrementar las cotizaciones, se requiere devolver la confianza de los trabajadores en el ahorro previsional y ello sólo se produce generando un debate en torno a sus fundamentos.

Antes de buscar modificaciones de tipo cosmético debe establecerse que este sistema fracasó y que las AFP no tienen credibilidad alguna. Los trabajadores sienten que están tirando su dinero a un saco roto.

Precisamente la necesidad de aumentar la cotización es la manifestación más evidente que el sistema, como tal, está agotado y no cumplió sus expectativas, pues se vuelve atrás sobre uno de sus principales ejes. 

En 1981 se engañó a millones de trabajadores diciéndoles que con menos ahorro que el que aportaban a las Cajas iban a obtener mejores pensiones. Eso no se cumplió y ahora pretenden volver atrás sin discutir en profundidad ni explicarle a los chilenos este rotundo error.

No es posible que durante lo que resta de la actual administración se pueda avanzar en una modificación del sistema previsional. Lo único realista es iniciar una discusión profunda y seria sobre el sistema en su totalidad, como lo hizo recientemente una comisión especial del Senado, pero cualquier enmienda legal deberá ser impulsada por el próximo gobierno.

Debe exigirse a ISAPRES contribuir a enfrentar déficit de especialistas en regiones

En un sistema mixto responsabilidad primaria del sector público debe ser complementada con esfuerzo privado.

Debe impulsarse una modificación legal que obligue a las ISAPRES a contribuir a enfrentar el déficit de médicos especialistas que afecta a las regiones del país y particularmente, a las más extremas, lo que ha motivado las manifestaciones en Tocopilla y que constituye, también, motivo de preocupación en Aysén y Magallanes. 

Pese a que Chile tiene un sistema mixto de Salud donde coexiste el FONASA con las ISAPRES la responsabilidad de proveer de especialistas a las regiones ha recaído exclusivamente en el sector público.

Lo anterior representa una situación anómala, pues si bien al Estado le corresponde la principal responsabilidad, las entidades privadas ofrecen a sus afiliados planes destinados a asegurar su atención en caso de distintas patologías y enfermedades, las que en caso de no contarse con estos profesionales quedan sin solución o son traspasadas al sector público. En alguna medida vender planes en regiones sin poder atender en forma adecuada y oportuna los problemas de salud constituye un engaño.

Propuse una modificación legal destinada a que el plan de salud básico que ofrecen las ISAPRES deba garantizar que se otorguen en la misma región del cotizante, a lo menos las especialidades médicas correspondientes a las patologías más frecuentes en ella, lo que se determinaría a través de un reglamento realizado por el Ministerio, considerando los resultados de la Encuesta Nacional de Salud. 

De esta forma, se abriría también un campo de complementación entre el sector público y las ISAPRES para la provisión de especialistas, lo que no sólo favorecería a los afiliados al subsistema privado, sino también a los millones de chilenos que se atienden en la red asistencial del Estado.

Ello está siendo analizado en el marco del proyecto que modifica la Ley de Isapres. Existe una positiva recepción, tanto del Ministerio como de los parlamentarios, en el entendido que se advierte que la carencia de especialistas en regiones constituye una grave desigualdad en el acceso a la salud que debe ser corregida.

Debe facilitarse la conversión de vehículos a gas

Medida permitiría reducir costos, diversificar matriz energética y disminuir contaminación. 

Insistiré ante los Ministerios de Hacienda y Transportes en la necesidad de facilitar la conversión de vehículos a gas en el país, con el objeto de diversificar la matriz energética del parque automotriz, reducir la contaminación ambiental y otorgar a los propietarios de los móviles, particularmente del transporte público, una alternativa de combustible de menor costo que los derivados del petróleo. 

En la Región de Magallanes existe una larga historia en el uso de este combustible como insumo vehicular, que creo, debería potenciarse. En los últimos años, por el contrario, se establecieron obstáculos y trabas innecesarias a un proceso que había sido por décadas bastante expedito y seguro. Nuestra región debería recuperar sus antiguas normas en la materia al tiempo de extenderse, también, las facilidades al centro del país.

Tras la crisis generada por la suspensión de los envíos de gas desde Argentina, a inicios de la década pasada, se desechó la idea de favorecer el uso del gas como combustible vehicular, por la inestabilidad en el abastecimiento, pero proyectos como la planta regasificadora de GLP ubicada en Quintero y la eventual explotación de yacimientos en Tierra del Fuego permitiría reevaluar esta alternativa con mayor perspectiva.

El año 2010 propuse al Ministerio de Transportes estudiar la posibilidad de impulsar la conversión de vehículos. Antes, el 2006, presenté un proyecto de ley que reponía una antigua norma vigente para la zona austral y que permitiría realizar este procedimiento en cualquier taller que contare con la certificación correspondiente, exigiéndose luego que el vehículo aprobare la revisión técnica con su nuevo equipamiento.

Lo anterior facilitaría notablemente el actual sistema que implica la certificación de los vehículos a gas exclusivamente por parte del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y que se aplica sólo a vehículos livianos destinados a transporte de pasajeros (taxis y colectivos) y comerciales.

Tras arduas gestiones comienza a allanarse solución para funcionarias de UMAG

Trabajadoras habían sido excluidas del pago del bono postlaboral

La ley 20.305 instauró un aporte estatal tendiente a complementar la pensión obtenida por  los funcionarios públicos afectados por el daño previsional. 

A poco andar, advertí la existencia de numerosos casos de funcionarios que habían sido excluidos en razón principalmente de haber renunciado antes de solicitar el bono o que no habían sido postulados oportunamente por sus empleadores.

Lo anterior me motivó a presentar una moción parlamentaria y también a solicitar a los Ministerios de Hacienda y del Trabajo hacerse cargo del problema, lo que fue acogido, dictándose la ley 20.636 que vino a solucionar diversas omisiones y errores en la normativa original. 

Pese a esta segunda ley aclaratoria un grupo de funcionarias de la UMAG aún no lograban acceder al bono postlaboral, por lo que seguimos insistiendo para que la Contraloría General de la República y la Tesorería modificaran sus criterios para dar lugar a los pagos, lo que ha ocurrido recientemente.

La solución conseguida para este  grupo de funcionarias de la Universidad de Magallanes es muy satisfactoria y viene a hacer justicia, en tanto podrán recibir así este bono que, aún cuando está lejos de reparar íntegramente el daño previsional, constituye una importante ayuda respecto de las bajas pensiones derivadas del sistema de capitalización individual.

Debe respetarse prohibición de contratar con empresas condenadas por prácticas antisindicales

Los servicios públicos están obligados a abstenerse de adquirir bienes y prestaciones de servicios a las empresas sancionadas por prácticas antisindicales, hasta dos años después de la sentencia respectiva. 

Así lo dispuso la ley 20.238, iniciada en un proyecto de mi autoría. Se trata de un castigo para quienes no cumplen la normativa en un área tan sensible como la protección de la organización de los trabajadores.

El espíritu de esta sanción es que un empresario que no respeta a sus trabajadores no puede ser premiado como proveedor del Estado. Además, se busca resguardar la libre competencia, toda vez que la equiparidad de condiciones entre los oferentes se ve afectada seriamente cuando algunos de ellos, mediante el uso de prácticas ilegales, consigue mejorar sus propuestas.

Es muy relevante reiterar el llamado a los servicios públicos a cumplir estrictamente con la normativa vigente, instando, asimismo, a la Contraloría General de la República a fiscalizar su cumplimiento. Lamentablemente, el portal de compras Mercado Público no excluye automáticamente a estos prestadores, sino sólo informa de la sanción, lo que dificulta su aplicación. También los otros postulantes a una licitación pueden hacer presente esta prohibición, a través de los procedimientos de reclamo.

Durante la vigencia de la normativa se han detectado algunas falencias que están buscando ser corregidas a través de diversos proyectos de ley. Entre ellas, destaco la necesidad de incorporar este tipo de sanciones a empresas o entidades que mantienen relaciones con el Estado distintas a la compraventa de bienes y servicios, tales como las empresas operadoras del Transantiago y las sociedades educacionales.