Trabajadoras habían sido excluidas del pago del bono postlaboral
La ley 20.305 instauró un aporte estatal tendiente a complementar la pensión obtenida por los funcionarios públicos afectados por el daño previsional.
A poco andar, advertí la existencia de numerosos casos de funcionarios que habían sido excluidos en razón principalmente de haber renunciado antes de solicitar el bono o que no habían sido postulados oportunamente por sus empleadores.
Lo anterior me motivó a presentar una moción parlamentaria y también a solicitar a los Ministerios de Hacienda y del Trabajo hacerse cargo del problema, lo que fue acogido, dictándose la ley 20.636 que vino a solucionar diversas omisiones y errores en la normativa original.
Pese a esta segunda ley aclaratoria un grupo de funcionarias de la UMAG aún no lograban acceder al bono postlaboral, por lo que seguimos insistiendo para que la Contraloría General de la República y la Tesorería modificaran sus criterios para dar lugar a los pagos, lo que ha ocurrido recientemente.
La solución conseguida para este grupo de funcionarias de la Universidad de Magallanes es muy satisfactoria y viene a hacer justicia, en tanto podrán recibir así este bono que, aún cuando está lejos de reparar íntegramente el daño previsional, constituye una importante ayuda respecto de las bajas pensiones derivadas del sistema de capitalización individual.
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