Piñera está atado de manos por la UDI.

La UDI impondrá su agenda por sobre el programa de Piñera

Hace unas semanas sostuve que Piñera estaba atado de manos por la UDI ante el retroceso que debió hacer el candidato opositor por la negativa de algunos sectores de dicha colectividad a legislar sobre la píldora del día después. Ello se ha ratificado, a raíz de la polémica por la conformación del comando del empresario con miras a la segunda vuelta, en que el partido que encabeza el Senador Coloma ha sido marginado a ámbitos secundarios. La UDI, en la voz del senador Víctor Pérez, ha notificado formalmente al candidato de derecha que su bancada de 40 diputados impondrá su propia agenda por sobre el programa electoral.

El electorado debe tener claro que quien manda en la Coalición por el Cambio es la UDI. Piñera se encuentra en la imposibilidad absoluta de poder cumplir su Programa de Gobierno al no contar con mayoría en ninguna de las cámaras del Parlamento y más aún al ni siquiera poder imponer sus ideas al interior de su conglomerado, frente a las presiones de los grupos más conservadores.

Los votantes de Marco Enríquez-Ominami deben tener claro que con Piñera no habrá ni puede haber cambio alguno, pues su agenda estará condicionada por las presiones de los sectores más conservadores de la sociedad. Propuestas como aperturas en temas valóricos en materia de uniones civiles y una mayor incidencia del Estado en la protección y defensa de los derechos de las personas, no tendrán ninguna cabida, pues la UDI impondrá a Piñera sus propios ejes programáticos que no incluyen avances en estas materias y que se identifican con reducir y no con ampliar el aparato público

El comando opositor debiera explicar de cara a la ciudadanía y a los votantes cuál es el programa que Piñera está proponiendo al país y si las propuestas que ha hecho con Tantauco y que ha promocionado en su campaña y franja electoral serán respaldadas por los 40 diputados elegidos por la UDI, que le han impuesto un veto al candidato.

La conversión de vehículos en Magallanes

Para nuestra región el uso del gas natural, tanto en hogares como en los vehículos, resulta mucho más económico que cualquier otro combustible. Por ello, propuse, hace mucho tiempo, posibilitar la más amplia conversión de los automóviles de la zona a gas natural comprimido o gas licuado de petróleo, con el objeto de disminuir los costos de sus propietarios.

Presenté en septiembre de 2006 un proyecto de ley al Senado (Boletín 4517-15) cuyo objetivo era restituir las antiguas normas que favorecían a la zona. Desde el año 1987, a través de los Decretos Supremos N° 51 y 52, los usuarios de la región podían realizar acá la reconversión de los automóviles particulares , lo que se fiscalizaba mediante las plantas de revisión técnica, mecanismo que fue eliminado con el decreto 55, en agosto del 2003, que impuso un sistema único nacional de que no distingue tipos de móviles ni su finalidad, estableciendo normas de homologación de vehículos en la planta 3CV (Centro de Control Vehicular), organismo del Ministerio de Transportes, ubicado en Santiago.

Esto no reconoce nuestra experiencia acumulada de tantos años en el uso de gas como combustible vehicular, sin que existan mayores inconvenientes. Asimismo, existe una gran discriminación en permitir el traspaso para los vehículos que se dedican al transporte y, en cambio, prohibirlo o dificultarlo para los particulares. En el ámbito energético, además, todo ello conduce al absurdo de privilegiar el uso de los combustibles tradicionales más escasos, caros y contaminantes en una región en que claramente resulta más económico y sustentable usar el gas.

Desde la presentación de la moción, he sostenido reuniones con personeros del Ministerio de Transporte y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para convencer a las autoridades de sus bondades e impulsar su tramitación. El texto fue conocido, en su momento, por el Seremi de Transportes Guillermo Soto, por el ex Subsecretario de Transportes Danilo Núñez y por los actuales titulares de la cartera, el Subsecretario Raúl Erazo y el Ministro René Cortázar.

Me he comunicado recientemente con el Subsecretario Raúl Erazo a objeto de imponerme de los eventuales avances en el tema, respecto de lo cual me señaló que no hay aún nada concreto ni han habido reuniones técnicas, sino sólo la decisión de comenzar un estudio en base al proyecto de ley presentado y a otros antecedentes que se han aportado sobre el asunto.

Le reiteré la inquietud de los automovilistas de la zona y le solicité el envío de una comisión técnica del Ministerio de Transportes a la región para analizar en terreno la viabilidad de este planteamiento. Asimismo, espero reunirme personalmente con el propio Erazo y con la Subsecretaria de Hacienda con el fin de explorar las perspectivas financieras de la iniciativa, pues Transportes sólo ha advertido que ello debe ser analizado, además, desde el punto de vista tributario, sin comprometerse a realizar coordinación alguna en tal sentido.

No me interesa abrir una polémica por la autoría de esta iniciativa, pues en definitiva, lo que importa es que las ideas prosperen y que de ello se beneficie la comunidad regional, siendo bienvenidos todos los esfuerzos que apunten a conseguirlo, pero es importante que la ciudadanía tenga una información precisa acerca de las propuestas y gestiones que se realizan a efectos de no llamarse a confusión y engaños.

Necesitamos un compromiso activo respecto del cambio climático

Ojalá la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático consiga alcanzar nuevos consensos en la protección ambiental y el control de emisiones, que sustituya y profundice el Protocolo de Kyoto. La cita, que se desarrolla en Copenhague, Dinamarca, debiera culminar con nuevos compromisos globales en torno a la necesidad de enfrentar el cambio climático, disminuyendo las emisiones de gases con efecto invernadero.
Es imprescindible lograr avances, ante el peligro inminente que la variación de la temperatura en la tierra ocasione severos cambios en las formas de vida de miles de personas, afectando irremediablemente sus hábitat. Nuestro país debe ser un actor decidido en la elaboración de una estrategia mundial, liderando los esfuerzos continentales en la materia.

Asimismo, debemos realizar transformaciones a nivel interno que, junto con demostrar el compromiso de nuestro país para frenar el cambio climático, mantenga la competitividad de nuestros productos, evitando los efectos de la mayor sensibilidad con esta temática de los países desarrollados y sus consumidores. Muchas naciones desarrolladas, como Francia a partir del 2013 y las grandes cadenas de operadores de retail de Europa y los Estados Unidos han anunciado que comenzarán a exigir rotular la huella de Carbono en los productos importados, con el objeto de instar a sus consumidores a preferir aquéllos que generen menor impacto en el medio ambiente.

Atendido el impacto del transporte aéreo y marítimo en la emisión de carbono, puede haber consecuencias concretas en la inserción en los mercados de muchos productos nacionales y, particularmente, en los que tienen su origen en los puntos más aislados, como Magallanes, si no se realiza un esfuerzo país por desarrollar medios alternativos de transporte que utilicen combustibles menos nocivos o se busque compensar la emisiones con medidas mitigadoras.

Nuestro objetivo de mediano plazo, como país, debe ser, entonces, alentar una conducta más responsable en las actividades productivas y el transporte como una forma de contribuir decididamente a frenar el calentamiento global y, de paso, mantener la inserción de nuestros productos en los mercados internacionales, posicionando a Chile como un líder en la producción sustentable."

Adhiero al Día por la No Violencia contra la Mujer

El 25 de Noviembre fue instituido como Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recordando el asesinato, en 1960, de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del dictador Rafael Trujillo y asumido, mundialmente, en 1999, por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Hoy quiero adherir a esta conmemoración, valorando la importancia de esta fecha para impulsar una mayor toma de conciencia en la sociedad en torno a una problemática tan grave y preocupante como la violencia doméstica, en particular contra las mujeres.

En los últimos años hemos tenido enormes avances en esta materia, particularmente a partir de la Ley de Violencia Intrafamiliar y sus modificaciones y, también, gracias al trabajo del Sernam y otras entidades privadas en la difusión de sus procedimientos y, más recientemente, en la habilitación de casas de acogida para mujeres agredidas. Todo esto vino a sacar a la luz un problema hasta entonces oculto, pese a afectar por igual a toda la comunidad nacional.

Sin embargo, esta labor esta lejos de terminar y, por el contrario, los dramáticos casos de femicidios que conmueven al país y las muchas otras situaciones de mujeres agredidas que se viven día a día, nos deben hacen redoblar los esfuerzos para mejorar nuestras leyes, para fortalecer el apoyo a las víctimas y, sobre todo, para insistir en los cambios culturales que se requieren para terminar con este flagelo.

No hay razón alguna para que en la convivencia y más aún en la relaciones de afecto se involucre la violencia, dañando no sólo físicamente a las personas, sino más aún, afectando su estabilidad psíquica al transformar en vulnerable y riesgoso un espacio como el hogar que, por su naturaleza, debe servir para recibir cariño y comprensión y no golpes y maltrato.

En el Senado se encuentra en trámite una iniciativa legal destinada a sancionar el femicidio, dando así una señal potente a la ciudadanía. El proyecto contempla denominar de ese modo el parricidio en el caso que la víctima sea la cónyuge o conviviente y aplicar la pena de presidio calificado al caso del asesinato de una ex cónyuge o conviviente.

Del mismo modo, se mejoran las disposiciones para la protección de las mujeres en caso de riesgo inminente, incorporando como tal, cuando el denunciado expresa su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido recientemente con la víctima y contemplando la posibilidad de extender hasta por dos años las medidas accesorias aplicadas por el juez, tales como la obligación de abandonar el hogar, la prohibición de acercarse a la víctima y la incorporación a programas de asistencia familiar.

No aceptaremos flexibilizar las normas laborales del proyecto sobre acuicultura

Si se retrocede estudiaremos recurrir al Tribunal Constitucional y enviar antecedentes a la OCDE

Frente a las versiones de prensa, surgidas en las últimas semanas, en el sentido que se estaría procurando buscar fórmulas para destrabar el proyecto sobre acuicultura, flexibilizando las sanciones a las prácticas antisindicales y los derechos fundamentales, contenidas en la iniciativa, que implicarían la caducidad de las concesiones, quiero decir claramente que soy contrario a efectuar modificaciones que signifiquen retroceder en la protección de los derechos de los trabajadores de la salmonicultura.

En las sanciones a los malos empleadores no hay vuelta atrás. Al menos yo no estoy disponible para entregar en concesión bienes públicos para que se abuse con los trabajadores. Sería irresponsable con la enorme accidentabilidad y denuncias existentes en la industria salmonera.

La norma que se incorporó está perfectamente bien diseñada al hacer responsable al titular de la concesión por las prácticas antisindicales que ocurran no sólo en la empresa principal, sino también en aquéllas vinculadas a ésta o sujetas al régimen de subcontratación. No vamos a aceptar que restrinjan la sanción sólo a la empresa principal, lo que por efecto de la duplicidad de razones sociales y de la tercerización de los servicios, la hará letra muerta. Sería muy fácil burlar la ley dejando en una empresa de papel la titularidad de la concesión y mantener toda la planilla de trabajadores externalizada.

El artículo está perfectamente bien concebido, responde a las críticas que los propios empresarios y el Ejecutivo realizaron a la imprecisión del texto que emanó de la Cámara y está fundado en que la acuicultura es una industria que, a diferencia de muchas otras, utiliza intensivamente bienes públicos para sus procesos productivos.

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA OCDE

De registrarse cambios que representen un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, estudiaré recurrir al Tribunal Constitucional, pues estoy convencido que las hipotecas contenidas en el proyecto constituyen una vulneración al derecho de dominio público sobre el mar y el borde costero, al quedar el Estado impedido de declarar la caducidad y, por tanto, de ejercer los atributos inherentes a la propiedad, como consecuencia de un conflicto económico entre privados. Asimismo, se lesionaría también la igualdad ante la ley al establecerse un indudable privilegio en favor de una actividad.

En el mismo sentido, junto con organizaciones ambientales y sindícales podríamos, además, aportar los antecedentes al Forum de la OCDE, pues con estas normativas se están vulnerando los estándares mínimos laborales y estableciendo un evidente subsidio estatal implícito a la salmonicultura, al afianzar el Estado los créditos privados, entregando para ello en garantía el borde costero. Hay un aporte fiscal camuflado, susceptible de avaluación pecuniaria, que incidirá en el acceso y condiciones de crédito de las empresas y, con ello, en sus costos.

Profesores y otros profesionales podrán acceder a Aporte Previsional Solidario

La Ficha de Protección Social no considerará nivel educativo a personas en edad de jubilar.

A través de una modificación legal, contenida en la ley de reajuste del sector publico, los profesores y otros profesionales y técnicos en edad de jubilar, vale decir mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, podrán acceder al Aporte Previsional Solidario de la Reforma Previsional, al no considerarse los estudios en la caracterización social de las personas, para tales efectos.

El Aporte Previsional Solidario, APS, es un componente del pilar solidario de la Reforma Previsional que permite a las personas cuyo ahorro previsional sea bajo y, por tanto, obtengan hoy pensiones inferiores a $150.000 y cumplen los requisitos de vulnerabilidad social, acceder a un incremento en su pensión financiado por el Estado. El monto máximo de la pensión propia para acceder al beneficio alcanza hoy a esos $150.000, pero se irá incrementando hasta llegar el 2011 a $255.000, con lo que muchas más personas podrán acceder a él.

Las estadísticas del Instituto de Previsión Social indican que el Aporte Previsional Solidario es el mecanismo más utilizado de la Reforma Previsional beneficiando ya a más de 200.000 chilenos, entre los que se cuentan 2.500 magallánicos.

Con ocasión de la discusión derivada del pago de la deuda histórica del Magisterio, parlamentarios de distintos sectores hicieron ver al Ejecutivo que dicho instrumento, al considerar los estudios como un elemento significativo en la asignación de puntaje, perjudica a quienes han accedido a la educación superior, dificultando su acceso a los beneficios de la reforma previsional.

Hoy profesores y otros profesionales, que por su bajo ahorro previsional, reciben pensiones de $100.000 ó $130.000 en el sistema de AFP, no pueden acceder al Aporte Previsional Solidario por cuanto su puntaje los excluye. Lo anterior resulta muy injusto, pues el nivel educacional está medido en la Ficha de Protección Familiar como un elemento que puede incidir en la capacidad de la persona de obtener ingresos a futuro, pero no tiene ninguna relevancia cuando la persona ya ha culminado su vida laboral o se encuentra próxima a ello.

Con la modificación incluida en el artículo 29 de la ley de reajuste recientemente aprobada, el diseño y la aplicación de la Ficha de Protección Social no considerarán el nivel educacional para los efectos del acceso a los beneficios del pilar solidario de la Reforma Previsional y, especialmente, del Aporte Previsional Solidario, de quienes están en edad de jubilar, por lo que se espera que muchos profesores y otros profesionales y técnicos que no posean una pensión propia satisfactoria y presenten una situación de vulnerabilidad puedan mejorar sus jubilaciones.

La cantidad de personas favorecidas irá aumentando significativamente con el tiempo, pues el calendario de la reforma implica ir incrementando el monto máximo de referencia y, también, el puntaje de corte de la Ficha de Protección Social para beneficiar, al encontrarse en plena aplicación, el 2011, hasta el tercer quintil de la población del país.

Esta es una excelente noticia que viene a reparar una enorme injusticia que había marginado de la Reforma Previsional a un número importante de chilenos y, a su juicio, representa el inicio de una segunda etapa de la red de protección social creada por la Presidenta Bachelet, que permitirá que paulatinamente sectores medios de la población comiencen a acceder a sus beneficios.

Piñera es el candidato de la impunidad.

El presidenciable de la derecha avaló la tesis de ex uniformados y puso en tela de juicio acción de los tribunales.

Las reuniones y declaraciones que el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, ha sostenido en relación a los juicios que afectan a militares en retiro por violaciones a los derechos humanos, cometidas durante el régimen militar resultan muy inquietantes. Si eran ya graves la cita privada y las versiones de prensa que han trascendido de ella, en el sentido que habría afirmado la necesidad de aplicar correctamente la prescripción, sus declaraciones posteriores, tratando de explicar el alcance del encuentro, son aún más inquietantes.

Piñera ha dicho que en un eventual Gobierno suyo se garantizará el estado de derecho y el debido proceso en estos casos. ¿Quiere decir se ha vulnerado el estado de derecho o afectado el debido proceso en lo obrado hasta ahora.

Con estas palabras el postulante de la Coalición por el Cambio ha puesto en tela de juicio la acción de los tribunales de justicia, avalando la tesis de los ex uniformados y se ha transformado en el candidato de la impunidad. No en vano el General ( R ) Rafael Villarroel ha afirmado que Piñera es el candidato que mejor representa los planteamientos de los ex miembros de las Fuerzas Armadas.

El encuentro del presidenciable con los funcionarios castrenses en retiro y sus declaraciones posteriores afectan uno de los pilares fundamentales de la transición chilena, cual es haber avanzado lenta, pero decididamente, en esclarecer las violaciones a los derechos humanos de la Dictadura y sancionar a sus responsables.

Tras años de dificultades y presiones, la justicia ha logrado consolidar una línea jurisprudencial que reconoce las desapariciones como secuestro permanente y ha sancionado, también, las ejecuciones ilegales, recogiendo el derecho internacional humanitario que califica estos crímenes como inamnistiables e imprescriptibles, por lo que las expresiones del abanderado de la Coalición constituyen un retroceso inaceptable.

La aprobación del Instituto de Derechos Humanos es un hito para Chile

Proyecto fue despachado por el Parlamento tras aprobarse veto presidencial

El Congreso Nacional aprobó definitivamente la creación del Instituto de Derechos Humanos, instancia que tendrá a su cargo la promoción y protección de ellos en el país. Se trata de un gran paso, que recoge la experiencia vivida por Chile en décadas pasadas y que busca sentar las bases para crear una cultura de respeto que evite que hechos tan repudiables vuelvan a ocurrir en el futuro.

La iniciativa surgió de la propuesta “No hay mañana sin ayer”, del Presidente Ricardo Lagos y tuvo una extensa tramitación legislativa, la que no estuvo exenta de dificultades por el rechazo de la derecha a ampliar su ámbito de competencia, garantizar su plena autonomía y aprobar algunas facultades.

Entre las principales atribuciones de la nueva entidad están la posibilidad de asesorar a los organismos públicos en la materia; elaborar un Informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el país, que será remitido a organismos internacionales; comunicar al Gobierno y a otros órganos del Estado situaciones que estime atentatorias contra los derechos humanos y, en general, difundir y promover estas garantías en el país.

Asimismo, se logró aprobar la norma que permitirá al Instituto querellarse y ejercer acciones legales en casos de crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico de migrantes, trata de blancas y, además, los recursos de protección y amparo. Se trata de una norma muy importante, en tanto, por la especial connotación de este tipo de delitos se autoriza a un organismo ajeno al Ministerio Público y las víctimas para ejercer la acción penal.

MEDIDAS DE REPARACIÓN

El proyecto despachado por el Parlamento, contiene, además, un mejoramiento de las medidas de reparación para los casos de violaciones a los derechos humanos de la Dictadura. Así, resulta relevante que se permita, expresamente, a traspasar a un descendiente la beca educativa contenida en la Ley Valech. Esta es una larga aspiración de muchos ex presos políticos y víctimas de tortura, que no deseaban estudiar, pero sí querían ceder su derecho a sus hijos o nietos, lo que ahora queda solucionado. Del mismo modo, se amplían las excepciones sobre la obligatoriedad del servicio militar, establecidas en las leyes N° 19.123 y N° 19.992, para familiares de víctimas violaciones a los derechos humanos.

Se incorpora, también, una pensión para la cónyuge sobreviviente de las víctimas de tortura y prisión política, para la que se fijaron montos mínimos de $ 104 mil 960 pesos, si la viuda fuera menor de 70 años; $ 114 mil 766 si tuviera entre 70 y 75 años y $ 122 mil 451 si es mayor de 75 años de edad.

El texto establece, también, una Comisión destinada a recibir nuevos antecedentes sobre detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y casos de tortura durante el régimen militar e institucionaliza el PRAIS para evitar que pudiera ser eliminado por futuros Gobiernos. Lo anterior viene a dar seguridad a muchas víctimas y sus familiares, en tanto, este programa se había configurado a través de decretos y resoluciones administrativas cuya continuidad era incierta, lo que ahora queda asegurado.

Hay que facilitar cobro del seguro de desempleo en caso de quiebras

Medida se haría extensiva a los seguros asociados a créditos de consumo.

Durante esta semana presenté un proyecto de ley que beneficiaría a los trabajadores al facilitar el cobro del seguro de desempleo en caso de quiebra de la empresa. La iniciativa surgió al no existir claridad en la Ley 19.728 respecto a la forma de terminar el contrato, y por lo tanto acceder a sus prestaciones, en caso de declarase la quiebra de la empresa, situación que se extiende a los seguros asociados a créditos de consumo.

La actual ley indica que las prestaciones del seguro de cesantía se pagarán al trabajador frente a la presentación del finiquito, la comunicación del despido, la certificación del inspector del trabajo, acta de Conciliación ante la Inspección del Trabajo respectiva, sentencia judicial ejecutoriada o carta de renuncia ratificada por el trabajador ante algún ministro de fe, pero que la práctica demuestra que estos instrumentos o no son aplicables al auto despido, tardan demasiado en obtenerse o son desconocidos por las administradoras al momento de solicitar el cobro.

Por ello resulta imprescindible incorporar a la citada disposición una norma que permita el pago del seguro de desempleo a los ex - trabajadores cuando estando acreditada la existencia de un proceso de quiebra en la empresa, hayan instado por su auto despido y el síndico confirme que pertenecían a la planilla vigente al momento de la solicitud de declaración respectiva.

El proyecto establece, concretamente, que las prestaciones del seguro de desempleo se pagarán contra la presentación de una copia autorizada de la carta de auto despido ingresada por el trabajador a la Inspección del Trabajo y una certificación del síndico de la vigencia del contrato de trabajo. La Sociedad Administradora, por su parte, constatará la existencia del proceso de quiebra en el registro a cargo de la Superintendencia de Quiebras.

Adicionalmente, la moción incorpora una disposición del mismo tenor que sea aplicable en cualquiera otra clase de seguros de cesantía involuntaria que se pacten con ocasión del otorgamiento de créditos de consumo, comerciales, bancarios o con otras entidades. Esta norma pretende precisar que todos los seguros de desempleo asociados a créditos de consumo comprenderán la situación de autodespido del artículo 171 del Código del Trabajo y que, en estos casos, se podrá acceder a su cobro con las constancias ya señaladas.

Hoy tenemos muchos casos en que los clientes de entidades comerciales o bancarias pagan por años seguros de cesantía y luego las empresas les niegan el pago, cuando por haberse declarado en quiebra la empresa no cuentan con finiquito. Esperar el finiquito puede significar que la deuda ya ha pasado a cobranza y haberse aumentado considerablemente por los intereses y costas.

La propuesta legislativa aporta a la necesidad de otorgar protección ante una contingencia tan compleja como el desempleo, evitando que la tramitación dificulte aún más la situación de las familias.

Natales y Porvenir tendrán nuevos hospitales

Hechos concretos y no vociferancia intrascendente.

El Gobierno ha hecho patente una vez más su compromiso con la atención de salud en Magallanes, expresada en la renovación e implementación de nuestros principales centros asistenciales. El Ministro de Salud, Álvaro Erazo, confirmó en la Comisión Mixta de diputados y senadores, que analiza el Presupuesto de la Nación para el año 2010, la decisión de construir nuevos hospitales para Puerto Natales y Porvenir, como también el financiamiento de la unidad de radioterapia para el Centro Oncológico del Hospital Regional de Punta Arenas.

Esto reafirma la información que hace ya varias semanas entregamos a la comunidad en conjunto con la diputada Carolina Goic acerca de que Natales y Porvenir contarían, tal como querían sus autoridades y vecinos, con nuevos establecimientos y no con el mejoramiento de los actuales. Esto viene a desmentir categóricamente, además, las infundadas expresiones que habían realizado algunos personeros que, al no haber tenido participación en estos anuncios, nos acusaron de hacer promesas electorales.

Acá no hay intereses ni cálculos pequeños como los de algunos que parecen más interesados en que los Hospitales no se concreten porque no han participado en su gestación. Acá hay una decisión gubernamental, basada en criterios técnicos y financieros que demuestra que tanto el Ejecutivo como sus parlamentarios trabajan sobre antecedentes serios y no sobre la base de rumores o anuncios infundados.

La maciza obra del Gobierno de la Presidenta Bachelet, tiene en nuestra zona un broche de oro con este anuncio y demuestra que la Concertación ha tenido una extraordinaria preocupación por Magallanes en todos sus ámbitos.

Este es un importante logro para los vecinos de Puerto Natales y Porvenir que merecían una mejor infraestructura sanitaria. Eso es lo importante y lo que nos enorgullece. Y, por cierto, que molesta a quienes se han acostumbrado a la vociferancia y la palabrería intrascendente.

Derecho a voto sin condiciones para los chilenos que residen en el extranjero.

Propuesta de RN de condicionar derecho a vínculo con el país es “colonial y retrógrada”

El Senador Frei ha expresado claramente el compromiso de su postulación en establecer el derecho a sufragio para los chilenos que residen en el extranjero. Sin embargo, en la oposición hay quienes, como el Diputado RN Cristián Monckeberg, quieren imponer condiciones, restringiéndolo a los casos en que se pueda acreditar un vínculo con Chile, expresado en situaciones tales como número o frecuencia de viajes, pago de impuestos o tenencia de bienes.

La opinión del legislador de RN expresa una forma materialista y retrógrada de mirar la vida y los derechos . El vínculo está dado por el amor a la patria y el sentimiento de pertenencia a una historia e identidad común, lo que no tiene nada que ver con requisitos patrimoniales. Sostener que quien viaja más o posee más bienes en Chile tiene un mayor interés en nuestro futuro es una ofensa gratuita para miles de chilenos que tienen intacto su arraigo por nuestro país, pero que por su situación económica no pueden venir con frecuencia. La derecha se olvida, además, que el mayor patrimonio de un pueblo es su gente y para muchos chilenos que residen fuera su mayor preocupación es el bienestar de su familia, amigos y vecinos que viven en el país.

Los dichos del diputado Monckeberg reflejan una forma arcaica de ver la política que se remonta a la época colonial, donde los derechos estaban condicionados al patrimonio que la persona tuviera y que , por tanto, se arriesgaran a la hora de adoptar decisiones. Bajo esos supuestos, el próximo planteamiento de la oposición será quitar el derecho a voto a quienes estando en Chile tienen una situación económica precaria y que, por tanto, tampoco tienen intereses en juego en cada elección.

Sebastián Piñera debe explicar al país si respalda los planteamientos del diputado Cristián Monckeberg, que restringen los derechos ciudadanos al patrimonio de las personas o si cumplirá el compromiso expresado durante la pasada campaña electoral de otorgar el derecho a voto a los chilenos que viven en el exterior.

Piñera está atado de manos por los grupos más conservadores

Sebastián Piñera se ha manifestado hoy proclive a la creación de un comité legislativo para analizar las iniciativas de carácter valórico, como habían propuesto algunos parlamentarios de la UDI.

Con ello, Piñera ha notificado al país que se encuentra atado de manos por los grupos más conservadores de la sociedad, los cuales han ejercido un chantaje electoral que no ha podido eludir. El planteamiento del candidato de la Coalición por el Cambio es fruto de un mero cálculo electoral. El propio diputado Arenas, promotor de la instancia, señaló que los dos puntos que se podrían ganar con propuestas más liberales podrían ser a costa de los votantes UDI. Más claro echarle agua.

Piñera no ha titubeado en corregir a su propio vocero de campaña, Rodrigo Hinzpeter, quien se había anticipado a rechazar la conformación del grupo de estudio afirmando que el postulante (Piñera) “tiene una opinión clara en cuanto a políticas públicas.” Parece que Hinzpeter está muy equivocado y Piñera no tiene las ideas claras, sino que deberá consultarlas y terminará cediendo siempre a las presiones electorales de sus aliados.

Esta discrepancia y la apertura a conformar este grupo de diálogo, demuestra una indefinición del programa opositor en aspectos sustantivos, lo que contrasta con la claridad del planteamiento del postulante de la Concertación, Eduardo Frei, quien se ha pronunciado con nitidez respecto al acceso universal a los métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora del día después, a legislar sobre las uniones de hecho y a discutir abiertamente en nuestra sociedad, materias como el aborto terapéutico.

Krugman y la necesidad de modificar el sistema previsional

Tenemos que asumir las lecciones de la crisis financiera internacional.

El Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, estuvo en Chile. En una conferencia realizada en la capital, además de expresar sus puntos de vista respecto de la crisis internacional, criticó duramente nuestro sistema previsional. Se manifestó aliviado de que pese a las presiones de diversos sectores en Estados Unidos para implementar una administración privada como la chilena, ella se haya mantenido en manos del Fisco. “Gracias a Dios seguimos teniendo un modelo estatal de pensiones” – sentenció el galardonado especialista.

Los juicios de Krugman son especialmente claros y tratándose de un economista de su relevancia, sus expresiones debieran motivar una revisión crítica del sistema de AFP. Sus falencias se vienen planteando desde hace muchos años. Algunas detonaron a la reforma previsional impulsada por la Presidenta Bachelet, en tanto otras siguen vigentes en áreas tales como la competencia, los costos de administración, la inversión de los fondos y la información a los cotizantes. El Gobierno y los candidatos presidenciales debieran tomar nota de esto y poner el tema en la agenda legislativa. De lo contrario, tendremos pensiones de bajo monto para la inmensa mayoría de chilenos y los ahorros de los trabajadores seguirán expuestos irresponsablemente al mercado bursátil.

En primer término, es necesario avanzar a una mayor competencia en el sistema ampliándolo a nuevos actores y, muy especialmente, creando una AFP pública que permita fiscalizar desde adentro. Además, es conveniente revisar la excesiva apertura en la cartera de inversiones. Con las últimas modificaciones hemos alcanzado indicadores muy riesgosos de dependencia foránea y, particularmente, del sector financiero, que nos hacen muy vulnerables a crisis como la que vivimos. Chile supera largamente los promedios de otras naciones con sistemas privados de pensiones en títulos en el extranjero, alcanzando un 35%, mientras muchos países no llegan al 10% e incluso algunas lo prohíben. Asimismo nuestro país encabeza las inversiones en el sector financiero, con un 25%. La búsqueda de una mejor rentabilidad para superar los errores estructurales del sistema, como la baja densidad y cuantía de las imposiciones, puede ser un error fatal.

Resulta imprescindible, asimismo, disminuir los costos rebajando los gastos de administración y comisiones, que siguen siendo muy altos. Por último, se requiere más transparencia e información. La reciente crisis reveló que mientras los mercados internacionales colapsaban reduciendo a la mitad el valor de los activos, muchos cotizantes continuaban llevando sus ahorros hacia los fondos de mayor riesgo, lo que refleja una carencia de asesoría eficaz al afiliado.

Criticas como las de Krugman son un llamado de alerta que deberíamos considerar para modificar este sistema de pensiones, asumiendo las lecciones de la crisis financiera.

Senador Muñoz preocupado por medidas que afectan al turismo en Natales

Respaldó inquietudes sobre cobros por acceso al Parque Torres del Payne y uso de aeródromo y rechazó apertura de Paso Baqueano Zamora.

El Senador Pedro Muñoz expresó su profunda preocupación por una seguidilla de hechos, que han detonado en las últimas semanas y que, a su juicio, afectan gravemente al turismo en Puerto Natales, generando molestia entre los operadores turísticos y autoridades.

Planteó, en primero término, su inquietud por el cambio en las condiciones de acceso al Parque Nacional Torres del Payne, producto de decisiones adoptadas por CONAF que limitarían la posibilidad de que los turistas reingresen hasta por tres días, sin volver a cancelar su entrada.

“Se ha producido una alteración en los criterios sobre acceso al Parque muy desafortunada y que genera gran preocupación en los operadores, pues producirá, sin lugar a dudas, un impacto serio en la próxima temporada.” - sentenció.

Expresó que apenas conoció esta situación, el 15 de septiembre pasado, solicitó a la Directora Nacional Catalina Bau detener la aplicación de la medida, atendida la existencia de paquetes vendidos con anterioridad. Asimismo, pidió que una decisión de esa naturaleza no se adoptara sin antes realizar un estudio técnico acerca de su impacto en la presencia y estadía de visitantes.

Indicó que la Directora Bau le expresó en una nota fechada el 23 del mismo mes que en una reunión con las Cámaras de Turismo de Puerto Natales y Punta Arenas se habría acordado mantener la excepción para los hoteles cercanos al Parque, situación que los operadores habrían aceptado.

“Los acuerdos adoptados no han respetado el parecer de los operadores natalinos, más aún ellos han insistido ante las autoridades regionales en la necesidad de mantener la excepción, lo que hice presente en el día de ayer a la Directora Nacional de la CONAF, a la que reiteré la necesidad de suspender inmediatamente la aplicación de estos cobros.”

En otro ámbito, manifestó que recibió la inquietud del municipio de Puerto Natales por el elevado cobro aplicado por el servicio de operación del aeródromo local, lo que disminuye las posibilidades de su uso comercial. “He oficiado inmediatamente a la Dirección General de Aeronáutica Civil con el objeto se disminuya el valor exigido a cifras que no desalienten su uso comercial y que sean similares a los restantes terminales de la zona” - explicó el Senador.

Por último, el legislador manifestó su firme rechazo a las gestiones que pretenderían abrir el paso Baqueano Zamora, que permitiría facilitar el acceso desde Calafate al Parque Nacional Torres del Payne. “No resulta conveniente apoyar la apertura de nuevos pasos fronterizos, sin preocuparse antes del mejoramiento de los que ya existen y que prestan servicio todo el año para el tráfico de personas y pasajeros, más aún cuando es evidente que ello redundaría en un menor número de turistas en Puerto Natales” - explicó.

Muñoz concluyó manifestando que “todos estos hechos revelan desaciertos que no consideran el enorme impacto del turismo en la Provincia de Última Esperanza y que deben ser corregidos a la brevedad, para lo cual comprometió sus esfuerzos en coordinación con la Cámara de Turismo local.

Senador Pedro Muñoz (PS) propone transformar ENAP en Empresa Nacional de Energía

Iniciativa busca expandir su competencia a diversas fuentes energéticas

El senador Pedro Muñoz (PS) presentó en la Cámara Alta un Proyecto de Acuerdo solicitando a la Presidenta Michelle Bachelet estudiar expandir el giro actual de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), con la finalidad de ampliar sus actividades a la exploración y comercialización de todas las fuentes energéticas disponibles, especialmente aquéllas renovables no convencionales, transformándose así en una Empresa Nacional de Energía.

Recogió así las inquietudes vertidas en el Seminario Futuro Energetico de Magallanes, realizado hace algunos días y justificó la medida en el agotamiento que se viene observando de los hidrocarburos y la inconveniencia de depender de fuentes externas y no renovables, recursos susceptibles de escasez y enorme volatilidad en los precios - indicó. “Un 65% de nuestros requerimientos son satisfechos desde el exterior, estimándose que dicha dependencia podría alcanzar al 80%, comprometiendo nuestro desarrollo, más aún en un escenario en que los precios presentan una clara volatilidad, la mayoría de las veces determinada por razones políticas internacionales.” – recalcó.

“Lamentablemente, asistimos a la evidencia del agotamiento o encarecimiento de las fuentes de energía más tradicionales, los hidrocarburos. Asimismo la experiencia mundial revela el severo impacto de algunos de sus usos en el medio ambiente.” – sostuvo – al tiempo que afirmó que resulta imprescindible aprovechar las enormes potencialidades con que cuenta nuestro país para el desarrollo de energías alternativas tales como la solar, eólica, mareomotriz y geotérmica.

El legislador indicó que resulta indispensable conocer y prever la demanda y preparar la oferta, para las futuras décadas, con el objeto de poder avanzar en la generación de energía suficiente. “Necesitamos energía suficiente, económica y sustentable. Obtenerla requiere planificación e inversión y el desarrollo de esfuerzos serios que permitan explotar al máximo las capacidades de que disponemos.” – afirmó.

Agregó que “la experiencia acumulada en sus años de historia, la capacidad de sus recursos humanos y la pertinencia de sus recursos técnicos y equipamiento hacen que la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP sea la repartición pública más indicada para empujar estos esfuerzos.”

“Por ello – explicó el parlamentario - he presentado a consideración del Senado un proyecto de acuerdo que solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, realizar los estudios técnicos y jurídicos necesarios para transformar la Empresa Nacional del Petróleo en una Empresa Nacional de Energía, con el objeto que pueda participar, también, directamente o a través de sociedades, en actividades de exploración, explotación y comercialización de otras fuentes energéticas, especialmente renovables no convencionales, fomentando así el desarrollo y sustentabilidad ambiental del país y la estabilidad de sus trabajadores.”

La propuesta debería ser votada en las próximas semanas en la Cámara Alta y, en caso de aprobarse, sería remitida a la Presidenta de la República para que sea estudiada por los Ministros de Hacienda, Economía, Energía y Minería.

Exigencias laborales para la salmonicultura son imprecindibles.

La caducidad de concesiones en caso de abusos graves y reiterados a los derechos de los trabajadores se justifica plenamente.

El proyecto que modifica la Ley de Pesca, en materia de acuicultura y que fue concebido una forma de permitir al sector salmonero la refinanciación de sus actividades y la relocalización de los centros de cultivo para superar la severa crisis provocada por la aparición del virus ISA, ha quedado detenido en el Senado, fundamentalmente por los reparos al establecimiento de un límite a la duración de las concesiones, fijado en 25 años, con una renovación y, especialmente, a la existencia de causales de caducidad vinculadas al incumplimiento de la normativa laboral en materia de prácticas antisindicales y derechos fundamentales del trabajador.

Respaldo plenamente mantener estas normas en el proyecto. Avanzar en una iniciativa que incorpore exclusivamente las hipotecas y la relocalización para el salvataje de la salmonicultura, sin legislar en otros aspectos controvertidos de la industria sería hoy sencillamente impresentable. Ya no resulta posible en Chile dictar leyes que miren la economía sólo desde la perspectiva empresarial, sin que se promueva, paralelamente, superar las evidentes deficiencias y externalidades de la industria en aspectos ambientales y laborales.
Sabemos de las decenas de muertos ocurridas en los últimos años y de la alta tasa de accidentabilidad en la industria salmonera y las reiteradas denuncias por atropellos a los trabajadores y sus organizaciones, por lo que imponer mayores es un imperativo ético y político, a nivel local y, además, una consecuencia de la mayor preocupación de la comunidad internacional sobre ambos aspectos.
No es posible sostener que la existencia de una causal de caducidad vinculada a las infracciones laborales, implica incorporar elementos ajenos a los procesos productivos. La norma propuesta puede gustar o no, pero creo muy difícil argumentar que las políticas laborales puedan ser ajenas a la regulación sectorial, cuando ello constituye un ámbito sustantivo de la forma en que la industria se ha desenvuelto en el último tiempo. Lamentablemente, en el caso de la salmonicultura ha sido el propio empresariado con sus prácticas el que obliga a este tipo de legislación particular.
Tampoco es efectivo que la disposición propuesta contenga imperfecciones que hagan difícil su aplicación, pues tras el Informe de la Comisión de Pesca, la causal está perfectamente delimitada y acotada, fijándose claramente su ámbito de aplicación, que se extiende a la empresa principal titular de la concesión, a todas aquéllas razones sociales vinculadas a ésta y a los contratistas. Bajo la excusa de deficiencias en la formulación de la normativa, lo que se esconde es el temor a que el inmenso número de abusos existentes haga que ésta genere sus efectos y se caduquen efectivamente las concesiones.

Cabe destacar la magnitud de los incumplimientos exigidos por el texto para dar lugar a la caducidad, recordando que se trata de tres sentencias condenatorias en tres años. Si alguien quiere defender ese nivel de atropellos, graves, reiterados y comprobados, está en su derecho, pero sinceramente parece difícil de entender.
Por último, la argumentación en el sentido de que se exigirían a la salmonicultura obligaciones mayores que las exigidas a otras actividades económicas no tiene sentido. Lo que no debe olvidarse es que acá hay una exigencia concordante con el uso de bienes públicos para el desarrollo de esta industria y, más aún, en este proyecto, con la posibilidad de utilizarlos como hipoteca.
Una industria que utiliza intensivamente recursos de todos los chilenos y que dispondrá de una garantía con respaldo estatal, como no la tienen otros sectores, tiene una especial responsabilidad en el cumplimiento de las normas ambientales y laborales y eso es lo que está plasmado en el proyecto.

Piñera nunca apoyó a Magallanes en el Congreso.

En su reciente visita, el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, ha formulado diversas propuestas para el desarrollo de nuestra zona. Sin embargo, todo lo que nos diga no resulta creíble, pues mientras fue senador por Santiago y pudo aportar concretamente - sin buscar los votos de los magallánicos - torpedeó cada una de las iniciativas que favorecían a esta región y sus trabajadores.

Los indesmentibles hechos lo refutan. Si de Piñera hubiera dependido los trabajadores de Magallanes no dispondrían de 5 días adicionales de feriado, la región no tendría los recursos adicionales del FONDEMA. Con su actual programa, en tanto, se privatizaría el 20% de ENAP.

En el caso del aumento del feriado, el candidato de la derecha buscó dilatar su votación pidiendo segunda discusión y, luego, argumentó su inconstitucionalidad, tratando de que no fuera aprobado por la Sala y, ante el fracaso de esos intentos, no participó en la sesión en que fue aprobado.

Respecto del Fondema, Piñera demostró su absoluta incompetencia y desinformación, absteniéndose de votar en la Comisión de Hacienda, por creer que constituía la imposición de un impuesto, en circunstancias que sólo se trataba de redirigir a nuestra región el resultado del pago de los derechos de explotación ya existentes. Puede afirmarse con toda claridad que Piñera nunca apoyó iniciativa alguna que beneficiara a esta región, sino, por el contrario, hizo lo imposible por retrasarlas y dificultar su aprobación.

Resulta curioso, asimismo, que el candidato de la derecha no haya aprovechado su visita a la zona para explicar un tema altamente sensible, como es la venta del 20% de ENAP contemplada en su programa de Gobierno. Sobre ese tema guardó riguroso silencio.

Seguiremos esperando una regionalización en serio.

Avanzar en la regionalización es un desafío ineludible. Ello ha sido planteado recientemente por la OCDE, como una grave falencia del sistema político chileno, pero más aún es reconocida por los habitantes de las regiones como una de sus reivindicaciones más sentidas. Aspiramos a aumentar las competencias y atribuciones locales como una forma de acercar las decisiones, terminar con el centralismo que nos agobia y profundizar la democracia.
El Senado analiza una reforma a los Gobiernos Regionales. Lamentablemente, ella es decepcionante y básica. Hay elementos que son muy insuficientes y otros definitivamente mal pensados.
Acaso lo único positivo, es la elección democrática de los consejeros regionales, que pone término al engorroso y poco transparente sistema indirecto, que ha producido graves escándalos con denuncias de cohecho y compra de votos.
Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de otras enmiendas. Soy partidario de la elección del Intendente por voto popular, que sea a la vez Presidente del Consejo y líder del Gobierno Regional, lo que propuse y fue rechazado por la Comisión. En su lugar, se consagró un mecanismo anómalo donde el Intendente es la máxima autoridad regional y representante del Presidente de la República, pero tiene al frente un Presidente del Consejo, elegido por los Consejeros. Ello sólo generará polémicas permanentes.
Se argumenta que la elección de Intendentes pone en riesgo el Estado unitario. Si alguien quiere llamarlo federalismo, me da lo mismo; yo creo que esa es descentralización y regionalización en serio, con respeto y no con temor a los ciudadanos.
A Magallanes le vendría muy bien un Intendente elegido, como fuerza y legitimidad para hacerse escuchar y con capacidad de gestión para priorizar propuestas y llevar adelante la inversión de decisión local.
Otro error es la transferencia de atribuciones de los gobiernos regionales. Lo que se intenta es un avance, pero tímido. Se crea un extraño procedimiento en que los Consejos Regionales piden la transferencia por un quórum muy elevado, el Presidente acepta o deniega, teniendo como árbitro último al Senado.
¿Por qué no se traspasan derechamente las facultades, como lo propuse en una indicación? ¿Por qué esta desconfianza en las regiones? Es presumible que el Presidente de la República y el Senado sucumban ante las regiones densamente pobladas y, en cambio, sean más reticentes con regiones pequeñas.
Seguiremos esperando una regionalización en serio.

Indicaciones a proyecto de ley sobre acuicultura

Ayer vencía el plazo establecido por el Senado para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre acuicultura. En mi caso formulé observaciones que se orientan a los siguientes objetivos:

Eliminar la hipoteca sobre las concesiones, que ha sido definido por organizaciones ambientalistas y de pescadores artesanales como una “privatización del mar”. Las informaciones de prensa indican que las negociaciones con los bancos avanzan razonablemente, sin requerir de esta fórmula y, en su defecto, podrían estudiarse mecanismos de garantía, como los existentes en otras actividades productivas, que no impliquen afectar en forma permanente un patrimonio público.

Establecer un límite temporal a las concesiones. No es posible concebir un derecho exclusivo e indefinido sobre una porción de mar y borde costero que pertenece a todos los chilenos. Creo que debe fijarse un plazo de quince años, prorrogables por una sola vez para las nuevas concesiones. Quince años es un plazo que compatibiliza adecuadamente el desarrollo de la actividad con el interés general. Respecto de las ya otorgadas propuse que sus titulares deban renunciar a su pretensión de mantenerlas como indefinidas en caso de querer realizar transferencias, arriendos, cesiones o constituir hipotecas sobre ellas, si se aprobare esta última figura.

Limitar la concentración de la industria. No es posible que algunos grupos acumulen grandes porciones de superficie concesionada. He planteado establecer un límite de superficie por titular, el que no podrá exceder de un 20% del total del área concesionada en una región, incluyendo las otorgadas a personas naturales o jurídicas vinculadas. La experiencia que el país ha aprendido, en los últimos años, es que la concentración genera enormes distorsiones y que debe limitarse, a través de la ley.

En el ámbito laboral, las empresas deben hacerse responsables de todos los trabajadores de sus centros de cultivo. He respaldado la existencia de causales de caducidad vinculadas a sentencias sancionatorias por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ocurridos al interior de los centros de cultivo. Sin embargo, para evitar que este avance sea letra muerta por la enorme cantidad de empresas relacionadas, duplicidad de razones sociales y tercerización de servicios creo necesario precisar que ellas podrán afectar no sólo a trabajadores de la empresa principal, sino también a quienes presten servicios para entidades vinculadas a ésta o sujetos a régimen de subcontratación o suministro.

Zonificación en la Región de Magallanes. La zona austral recién empieza a sentir los efectos de la fiebre salmonera y la crisis del ISA. La presión para obtener concesiones es muy fuerte y amenaza actividades ya consolidadas como la pesca artesanal y el turismo. Se requiere ser muy cuidadoso en la delimitación del borde costero. Para ello he propuesto las bases para un proceso amplio y participativo, que tenga plazos acordes a la importancia del asunto y que resguarde los derechos de otras actividades económicas involucradas. En este sentido, me parece indispensable prohibir la acuicultura en los canales, fiordos y cursos de agua que constituyan rutas turísticas o sean partes de áreas protegidas, tales como parques y reservas nacionales y en las áreas históricas de explotación por parte de la pesca artesanal.

Una zonificación bien realizada es una garantía de futuro para Magallanes

El Gobierno privilegia al sector salmonero y cae en su apuro.

La “zonificación” del borde costero que debe llevarse a cabo en la Región de Magallanes debe realizarse otorgando un trato igualitario a todas las actividades económicas y grupos de interés involucrados.

Lamentablemente, hasta ahora se privilegia a la salmonicultura. Sólo así puede entenderse la suscripción de un acuerdo entre el Intendente Regional, las Secretarías Regionales Ministeriales de Economía y Trabajo; la Asociación de Productores de Salmones y Truchas de Magallanes y el denominado Cluster Acuícola para organizar y apurar su distribución.

La ausencia de las otras actividades y sectores involucrados le resta legitimidad al texto, al tiempo que la participación de autoridades en un convenio con sólo uno de los actores, le resta al Gobierno la imparcialidad que debiera tener quien está llamado a superar las divergencias que se susciten.
Las autoridades locales han caído en el apuro que sólo tienen los salmoneros, en lugar atender las externalidades negativas que producen estos cultivos, actuando con seriedad y sin prisa. Para Magallanes el principal objetivo debe ser hacer las cosas bien, con participación, responsabilidad y rigor técnico, evitando que la acuicultura genere acá los deterioros ambientales ya comprobados en Puerto Montt y Aysén y que serían un desastre para el turismo y la pesca artesanal

Pensemos, por ejemplo, en los efectos que denuncias como la de uso indiscriminado de antibióticos, conocida recientemente, tendrían para el turismo de intereses especiales, vinculado a áreas vírgenes y no contaminadas, que hemos venido impulsaldo y que constituye un eje de nuestra estrategia de desarrollo.
Por ello, hago un llamado al Gobierno Regional y a los actores de este acuerdo a rectificar y volver atrás, convocando a un trabajo sin grupos ni actores privilegiados, en que participen todos quienes tengan interés en la materia.
El resultado debe ser una delimitación del borde costero realizada en forma amplia, con criterios técnicos y científicos, que permita el desarrollo de las diversas actividades productivas, pero que esencialmente resguarde el interés de Magallanes y la preservación de sus recursos naturales.

Precio fijo para los remedios

La colusión en que habrían incurrido las tres grandes cadenas farmacéuticas del país, llevó a la Comisión de Salud de la Cámara Alta a poner en tabla diversas iniciativas parlamentarias tendientes a establecer regulaciones a la venta de medicamentos.
Entre ellas, una moción de mi autoría, que impone la obligatoriedad para los laboratorios, fabricantes o importadores, de remedios del formulario nacional, de establecer un precio único de venta, que debiera ser respetado en toda la cadena de comercialización. Lo anterior, junto con evitar los incrementos desmedidos respecto del costo de adquisición, contribuiría a impedir la existencia de precios diferenciados de distribución, que favorezcan a las grandes cadenas y perjudiquen a los competidores más pequeños del mercado. Este tipo de políticas, aplicadas por los laboratorios, han motivado la virtual extinción de las pequeñas farmacias en el país.
El Senado respaldó los criterios contenidos en esta iniciativa, en que se recoge la experiencia de naciones europeas que han establecido con éxito fórmulas similares. Este mecanismo incorpora más transparencia sin atentar contra la libertad del mercado, al no constituir una fijación estatal de precios, sino que éste es determinado por los propios productores o importadores, pero debe ser respetado en toda la cadena de distribución.
La moción es particularmente significativa para zonas apartadas del país, como Magallanes, al reducir el impacto del transporte en los precios, evitando que éste sea utilizado como subterfugio para aplicar incrementos abusivos en los valores.
El proyecto de ley debería ser llevado a la Sala del Senado durante el mes de Agosto, por cuanto la Comisión de Salud fue autorizada por la Sala de la Cámara Alta para analizarlo en general y particular, lo que asegura una tramitación más expedita.

Senado aprobó proyecto sobre derechos de los pasajeros del transporte aéreo

El Senado despachó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de mi autoría que fortalece los derechos de los pasajeros del transporte aéreo evitando discriminaciones a los usuarios, precisando las obligaciones de la línea aérea en el caso de vuelos sobrevendidos, cancelados o suspendidos y facilitando las acciones legales para obtener las reparaciones e indemnizaciones que correspondan.
La iniciativa mejora, en primer término, la transparencia respecto de la venta de pasajes, obligando a las aerolíneas a explicitar en forma clara las condiciones y limitaciones a que están sujetos y todos los derechos compensatorios y prestaciones contemplados en esta ley.
Es un motivo habitual de reclamo el hecho de que el usuario no sea informado de las restricciones a que está sujeto su ticket, debiendo, posteriormente, cancelar multas en caso de querer realizar algún cambio, por lo que resulta imprescindible asegurar una información plena y oportuna.
Asimismo, la moción señala que un reglamento de la Dirección de Aeronáutica establecerá las condiciones bajo las cuales se autorizará el transporte de personas discapacitadas, orgánicamente descompensadas, agónicas o inconscientes, aclarando, desde ya, que éstas podrán ser transportadas y sólo dejando las condiciones a una normativa administrativa, de modo de evitar las discriminaciones y abusos que se producen en la actualidad.
Se establecen, también, garantías para los pasajeros en materia de sobreventa, caso en el que deberá ofrecerse a los pasajeros el reembolso del pasaje o su embarque en el vuelo más próximo, caso en el que la empresa deberá hacerse cargo de las comunicaciones telefónicas necesarias, alojamiento, movilización, comidas y todos los arreglos imprescindibles para continuar el viaje. Lo anterior, sin perjuicio, de las indemnizaciones que correspondan en caso que, por ejemplo, a consecuencia de la sobreventa el pasajero pierda las conexiones o reservas en su lugar de destino. Similares obligaciones regirán en caso de suspensión o retardo de los vuelos. En ese sentido, se eliminaron los límites existentes en el Código Aeronáutico, con lo que la línea aérea estará obligada a reembolsar todo perjuicio que sufra el pasajero.
Lamentablemente, la Cámara Alta desestimó incorporar multas directas e inmediatas en estos casos, como existe en la legislación europea, aunque espera que ellas sean repuestas en la Cámara Baja. Hoy se da el caso anómalo que un pasajero que parte de Santiago a Madrid tiene infinitamente más derechos que uno que zarpa en la misma línea aérea con rumbo a Punta Arenas.
El proyecto de ley se ocupa también de precisar que será la ley sobre protección de los derechos de los consumidores la que regulará las reparaciones, compensaciones o indemnizaciones a que hubiere lugar en materia de transporte aéreo, permitiendo con ello las acciones colectivas y agilizando los actuales procedimientos.

Utilidades de los bancos son un "escándalo nacional".

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha informado que los bancos chilenos obtuvieron ganancias por más de US$ 800 millones entre enero y mayo. Dichas cifras son un "escándalo nacional" y representan una burla para los miles de chilenos que se han visto afectados por la crisis económica y que con muchas dificultades han mantenido su comportamiento de pagos o han caído en morosidad, con los consiguientes efectos en materia de cobranzas e intereses.

Que en plena crisis un sector obtenga ese nivel de utilidades es un elemento anómalo que da la razón al Gobierno y a quienes advertimos, oportunamente, que las tasas de interes no estaban bajando a la par de las señales del mercado y que, en definitiva, sólo han tenido una reducción acotada.

A mi juicio, esto se explica por las altas tasas de interes y mecanismos abusivos de cobranza y castigo a la morosidad, por lo que resulta indispensable revisar la legislación en materia de otorgamiento, tasas de interés, cobranzas y repactaciones crediticias, donde existen diversas situaciones irregulares que contribuyen a que el negocio financiero tenga en nuestro país una rentabilidad ajena a la realidad económica.

Espero reunir las firmas necesarias para convocar a una sesión especial del Senado que aborde el asunto o que al menos éste sea analizado por la Comisión de Hacienda, con la participación de personeros de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Banco Central.

Necesitamos una Agencia Pública de Protección de Datos Personales

La protección de los datos personales es un enorme vacío en nuestra legislación, que ha sido advertido por entidades multilaterales como la OCDE, en atención a los numerosos casos de francas vulneraciones, como el denunciado hace pocas semanas respecto del traspaso de datos médicos por parte de una Isapre a una cadena farmacéutica.

Sbien existen proyectos en trámite en la Cámara de Diputados que buscan mejorar las actuales disposiciones respecto de los datos personales y financieros, en lo referido a las infracciones y sanciones, ellos contemplan como instancia reguladora del sistema al recientemente creado Consejo para la Transparencia, al que se le incorporarían nuevas facultades.

Me parece inapropiado, pues se trata de un organismo que se ha generado sólo hace un par de meses respecto de un tema muy importante para la sociedad y que, si bien, tiene alguna relación con esta materia, incorporarle estas atribuciones no parece adecuado ni funcional. Recargar al Consejo para la Transparencia, que recién está iniciando su labor, con funciones diversas a su objeto original es errado, al tiempo que resulta ineficaz para defender cabalmente los derechos de las personas en materia de datos personales.

Lo que Chile requiere es una entidad especializada como existen en la mayoría de los países desarrollados. Por poner algunos ejemplos, podemos citar : la Agencia Española de Protección de Datos (España), la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades (Francia), el Comisionado Federal para la Protección de Datos (Alemania), el Garante para la Protección de Datos Personales (Italia) y la Oficina del Comisionado de Información (Reino Unido), entre tantos otros.

El organismo nuevo organismo debería ser una Agencia Pública, autónoma, con atribuciones, personal y financiamiento para supervigilar esta materia, sancionar administrativamente las faltas a la ley e informar activamente a los ciudadanos respecto de sus derechos, especialmente en una época en que la información ha pasado a ser un elemento fundamental. Por ello, en los próximos días ingresaré un Proyecto de Reforma a la Carta Fundamental destinado a crear una Agencia de Protección de Datos Personales.

Senador Muñoz (PS) propone nuevo estatuto del deudor

Incluiría agilizar diversas iniciativas para terminar con los abusos en los créditos

El Senador Pedro Muñoz (PS) sostuvo la necesidad de avanzar en un conjunto de iniciativas legales que protejan efectivamente a los deudores del país, afectados por altas tasas de interés, cobros adicionales excesivos, la falta de un procedimiento de quiebra familiar, la insuficiente protección de sus datos personales y la inexistencia de un organismo público que asesore y respalde a quienes se encuentran en problemas.

Indicó que “son miles los casos de personas y pequeños empresarios que se ven afectadas por situaciones francamente anómalas en materia de obtención de créditos, repactaciones y cobros irregulares, sin encontrar respuestas que les permitan salir de la situación, la que evidentemente se agrava ante una crisis económica como la que vivimos y que motiva incumplimientos en los pagos.”

“Son estos los momentos en que aparecen con más facilidad créditos con intereses leoninos, abultados gastos de cobranza y repactaciones inconvenientes” – sentenció - por lo que llamó a los deudores a informarse adecuadamente antes de realizar cualquier operación, al tiempo que recalcó la necesidad de mejorar la legislación en diversos ámbitos.

En primer término, propuso mejorar la regulación del interés máximo convencional, evitando que éste sea el promedio del mercado, pues ello constituye una distorsión que no alienta la baja en las tasas. En la misma materia, expuso que se deben limitar de una vez por todas los cobros adicionales, considerando derechamente como interés todo monto que exceda el capital reajustado, al tiempo de sancionar drásticamente las facturaciones erróneas y los cargos indebidos.

Manifestó, asimismo, la necesidad de regular especialmente las repactaciones, señalando que actualmente están sirviendo para que, ante el apremio y temor del deudor, se reconozcan deudas que se hayan prescritas, se acepten cobros y productos adicionales o se extiendan los créditos a plazos que atentan contra el sentido común, motivando el pago de cuantiosos intereses.

El Senador PS manifestó que el estatuto del deudor debería incorporar, además, la creación de un sistema de quiebra familiar, como el que ha propuesto en un proyecto de ley, que permitiera a los hogares abordar las situaciones de insolvencia con mejores perspectivas, tratando de conseguir, con ayuda de un mediador o del Juez, acuerdos razonables de pago y evitando deteriorar el patrimonio familiar.

Expuso, además, que debiera considerarse en esta propuesta normativa el sistema de registro consolidado de deudas y un mecanismo más eficaz de evaluación crediticia que, por un lado, haga compartir el riesgo a entidades que, conociendo los antecedentes, contribuyan a abultar más allá de lo prudente la carga financiera del deudor y, al mismo tiempo, evite que un solo incumplimiento elimine a una persona del sistema crediticio, como sucede con el actual Dicom.

El parlamentario señaló que resulta también indispensable abordar el mejoramiento de las normas sobre protección de los datos personales, tanto sensibles como financieros, buscando evitar su uso indebido y, en caso que ello suceda sancionarlo drásticamente.

Indicó, por último, la necesidad de crear un organismo público encargado de asesorar y respaldar a los deudores afectados o ampliar las facultades del Sernac y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pues hoy ninguno de ellos logra cumplir cabalmente ese cometido, el primero en tanto su función se limita a las relaciones de consumo y, la segunda, por carecer de atribuciones para asumir derechamente la defensa de los deudores afectados.

Muñoz indicó que la generación de un nuevo estatuto del deudor, que contemple los aspectos reseñados permitiría reestablecer un equilibrio entre las partes involucradas, regulando diversos aspectos de la actual normativa en materia de crédito que resulta insuficiente para proteger los derechos de las personas y de los pequeños y microempresarios.

Culminó acusando que las políticas laborales de casas comerciales y bancos han distorsionado el sistema, pues vendedores y ejecutivos de cuentas están obligados a buscar maximizar sus rentas, extendiendo lo más posible los plazos de los créditos e incorporando la mayor cantidad de productos adicionales, como seguros y garantías, de modo que las pretensiones del cliente y de la entidad crediticia se han vuelto contradictorias.

Senador Muñoz denuncia alzas injustificadas de precios en supermercados

Pidió investigación a la Fiscalía Nacional Económica.

El Senador Pedro Muñoz (PS) denunció a la Fiscalía Nacional Económica la existencia de notorias alzas de precios en los supermercados de la región, tras la adquisición por parte del grupo Saieh-Rendic de las cadenas locales Cofrima y Abu-Gosch. Tras dicha fusión, la zona quedó con sólo dos operadores, Unimarc y D&S LIDER, situación especial que no se da en otros lugares del país.

El legislador se mostró muy preocupado por la situación que enfrentan los consumidores de Magallanes, indicando que “muchos vecinos, tanto individualmente como a través de sus organizaciones, le han manifestado su inquietud por las continuas alzas que han experimentado en los últimos meses los alimentos y productos de primera necesidad.”

Explicó que estos incrementos resultan sospechosos e injustificados, pues se dan en un momento en que el IPC viene resultando negativo en diversos períodos mensuales, al tiempo que se registran importantes bajas en el valor del petróleo, el que incide decididamente en el transporte, habitual argumento que explica el mayor valor de los productos en la región.

“La gente ha sufrido importantes alzas y éstas no encuentran una explicación clara” –sentenció Muñoz – informando que durante la semana recién pasada denunció la situación a la Fiscalía Nacional Económica y que se reunirá el próximo lunes con su titular, Enrique Vergara, a quien espera aportar mayores antecedentes.

“Le he pedido concretamente que se haga una investigación en este mercado en Magallanes y que se busquen alternativas de regulación acordes a la concentración existente en la zona y que no ocurre en otras regiones del país” – expuso.

He solicitado – precisó el parlamentario - medidas concretas a la Fiscalía Nacional Económica, como son exigir que se mantenga administración separada en los supermercados de un mismo propietario, publicar periódicamente las listas de precios, explicitar claramente la incidencia del transporte en los valores y velar por que las eventuales alzas sean concordantes con las existentes en otras regiones.

Al mismo tiempo, el Senador socialista indicó que requirió del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, mantener una activa investigación del mercado, realizando estudios permanentes y periódicos del valor de los alimentos y productos de primera necesidad, con el objeto de informar adecuadamente a los consumidores acerca de las mejores alternativas y permitir detectar alzas injustificadas en forma oportuna.

Respaldan exigencias laborales en la salmonicultura

Senador Pedro Muñoz (PS) anticipó su posición respecto a proyecto de ley.

Su pleno respaldo a la idea de condicionar la mantención de las concesiones de acuicultura al cumplimiento de la legislación laboral, en materia de prácticas antisindicales y derechos fundamentales del trabajador, expresó el Senador Pedro Muñoz (PS), miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.

La propuesta, contenida en el proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados que pretende contribuir al salvataje de la industria, afectada por una grave crisis, ha generado inquietud en el empresariado y fue objeto de duros cuestionamientos en el primer trámite legislativo, aunque en definitiva resultó aprobada por un amplio margen.

El proyecto de ley – explicó el Senador – busca entregar soluciones financieras a la salmonicultura que atraviesa por dificultades, al tiempo que se procura establecer mejoras en materia de ordenamiento territorial y regulación sanitaria. “Sería inaceptable que no se avanzara, también, en materia laboral, ámbito que representa una de sus mayores debilidades” – afirmó.

El legislador socialista adelantó su opinión sobre el tema, indicando que “la salmonicultura que interesa salvar es aquélla que crea riqueza, aporta inversión, es sustentable y genera buenos empleos y no la que maximiza utilidades atropellando a sus trabajadores y depredando el entorno.” “No estoy disponible para entregar un cheque en blanco a la industria sin exigirle, al mismo tiempo, compromisos básicos en materia ambiental, sanitaria y laboral” – sentenció.

Muñoz sostuvo que si bien la norma que viene de la Cámara de Diputados tiene algunas imperfecciones que dificultarían su aplicación, ellas deberían corregirse, a través de indicaciones, pero no eliminar la norma ni postergarla para proyectos futuros. Entre las modificaciones necesarias indicó que debería precisarse sobre quien se aplicará la sanción en el caso que el titular de la concesión sea diverso a las empresas que operen sobre ella y establecerse un registro de infractores de derechos fundamentales y su notificación inmediata desde los tribunales a Sernapesca.

Descartó los temores de la industria respecto que la incorporación de estas normas implicarían poner en riesgo los créditos de la banca. “Los medios de comunicación indican que las negociaciones avanzan decididamente y las acciones de las empresas suben, por lo que ese riesgo es un mito” – fustigó.

El parlamentario socialista culminó expresando que respalda, también, la existencia de una moratoria en la entrega de nuevas concesiones en Magallanes, hasta no precisar claramente un ordenamiento territorial que evite daños ambientales irreparables y que resguarde adecuadamente los intereses de la pesca artesanal y del sector turístico regional.

Senador Muñoz pide mejorar Ficha de Protección Social

Pidió considerar factores regionales, actualización automática y mayor fiscalización.

Diversas inquietudes respecto de la aplicación práctica de la Ficha de Protección Social, FPS, expresó el Senador Pedro Muñoz. El legislador señaló que si bien este instrumento responde de mejor forma que la antigua ficha CAS a las situaciones de vulnerabilidad al interior de los hogares, presenta aún aspectos subsanables que urge considerar.Expresó que, sin duda, el primero de ellos radica en la necesidad de abordar estas evaluaciones nacionales con una perspectiva decididamente local. “Las regiones no tienen las mismas condiciones ni características y, por lo tanto, establecer parámetros únicos muchas veces perjudica a las zonas apartadas del país como Magallanes.” – sentenció.“Vivir en nuestra región – agregó - implica un costo mayor y también contar con ciertas condiciones básicas a nivel de hogares, cuya consideración en forma homogénea en todo el país resulta negativa y contraproducente para nuestros vecinos, por lo que se requiere disponer de ciertos factores correctivos y márgenes de adecuación en los puntajes de acceso a los programas sociales.”Asimismo, el parlamentario manifestó que resulta muy importante avanzar en una actualización más permanente y, en lo posible, automática de las evaluaciones. Los vecinos constatan que desde que cambia alguna de las variables, por ejemplo, por diagnóstico de alguna enfermedad o desempleo, hasta que ella se expresa en una nueva puntuación hay un desfase importante, que impide acceder más oportunamente a apoyo social. Para superar este inconveniente indicó que debiera profundizarse el uso de mecanismos informáticos, con que hoy cuenta el Estado, de modo de disponer de correcciones inmediatas de la Ficha de Protección Social, cuando los sistemas detectan alguna variación en la condición de un integrante del hogar. “La idea – recalcó - es conseguir que la ficha sea cada vez más ágil para recoger estos cambios y así permitir a los vecinos un acceso oportuno a los beneficios que el Estado tiene para las familias más desfavorecidas.”Por último, el legislador compartió la inquietud de muchos vecinos por una verificación más eficiente de los antecedentes y fiscalización en la entrega de beneficios sociales. “Son muchas las familias que se sienten perjudicadas ante otras que ocultando o alterando su real situación consiguen una mejor evaluación y con ello acceso a diversas ayudas, lo que motiva frustración y descontento” – afirmó.Ante eso, necesitamos un sistema más eficaz de información y control de los beneficiarios de algunos programas sociales. En este sentido, para el Senador socialista la recientemente estrenada Ley de Transparencia puede constituir un elemento importante que ayude a evitar anomalías.Muñoz indicó que se contactó con la Ministra de Planificación, Paula Quintana, la que se comprometió a agendar una visita a Magallanes en las próximas semanas con el objeto de verificar en terreno estas situaciones y recoger directamente las inquietudes de los vecinos de la zona.