Las AFP y el caso ENERSIS: La eterna lotería.

Hace algunos años fue la crisis financiera internacional, luego vino un ligero repunte. Tras eso tuvimos el escándalo de La Polar y cuando ello aún no se supera, surge lo de ENERSIS. Los fondos de pensiones de los chilenos están en una permanente lotería, producto de este sistema previsional que los deja expuestos a maniobras anómalas y especulativas.

El semáforo rojo lo ha encendido esta vez la filial chilena de ENDESA ESPAÑA (EE), que  anunció este miércoles que sujetaría a la decisión de una Junta Extraordinaria, que se realizará en septiembre, un aumento en el capital social de hasta US$ 8.020 millones, suma que los accionistas minoritarios deberían aportar en recursos frescos, en tanto la controladora, lo hará con activos en empresas relacionadas.

A consecuencia de esta información, los títulos del holding energético cayeron durante dos días consecutivos en la Bolsa de Santiago, sobre un 13% el jueves y un 3.6% el viernes. El mercado ha cuestionado la oportunidad de la operación, el incierto destino de los recursos y la existencia de sobrevaloración de activos y vinculación con empresas relacionadas. Se ha imputado, asimismo, que se trata de una hábil jugada tendiente a evitar los resguardos legales a favor de los accionistas minoritarios y a recoger en Chile recursos frescos que para la matriz española hoy son difíciles de conseguir en Europa.

Como siempre, el pato de la boda, de ese juego fuerte de grandes apostadores son los trabajadores chilenos, cuyos ahorros previsionales son administrados por las AFP´s. Éstas cuentan con acciones que representan el 13% de ENERSIS. Como la baja en el valor bursátil de la firma en estos dos días ha sido cercano a los US$ 2.000 millones eso impacta gravemente en los fondos. Los cotizantes han perdido entre jueves y viernes unos 300 millones de dólares.

Y esto no para. Las pérdidas podrían seguir incrementándose, pues las administradoras se encuentran ahora en la encrucijada de tener que concurrir al aumento de capital, aportando recursos a una cartera de proyectos inciertos y en condiciones leoninas o ver diluida su participación en la compañía.

Es imprescindible la inmediata intervención de las Superintendencias de Valores y Seguros y de Pensiones, como también que las propias AFP’s agoten las acciones legales y administrativas tendientes a impugnar esta operación y resguardar el interés de los afiliados. Debe clarificarse los detalles del incremento patrimonial resguardando a los accionistas minoritarios y la eventualidad que ENDESA esté utilizando a la filial chilena para obtener financiamiento que hoy le resulta difícil recoger en el Viejo Continente y que quizás ni siquiera irá a proyectos, sino sólo a hacer caja o pagar dividendos.

Es otra hoja en el largo libro de escándalos que afectan al sistema de capitalización individual. Apenas nos recuperábamos del desastre bursátil de La Polar, ahora tenemos éste. Año tras año los fondos de los afiliados se diluyen por este tipo de maniobras bursátiles. Es cierto que en este caso las AFP´s son las víctimas, pero también es verdad que es el sistema el que permite e incluso alienta que los ahorros de los chilenos queden expuestos a las contingencias externas y a la codicia de algunos, en esta eterna lotería, que ya está pareciéndose más al “pepito paga doble”.

Hay que agilizar procedimiento de quiebra para enfrentar sobre endeudamiento de los hogares

Moción que presenté el 2006 será refundida con proyecto del Gobierno.

Cuando una empresa no puede pagar sus compromisos financieros, la ley le brinda un mecanismo, la quiebra, mediante el cual todos sus acreedores demandan en un sólo procedimiento y se buscan soluciones que, incluso implican, en muchos casos mantener su funcionamiento y reorganizar sus deudas.

Cuando lo mismo ocurre con las personas o los hogares, no hay solución conjunta. Comienzan, entonces, a llegar demandas ejecutivas una por una y con ello una pesadilla de juzgados, embargos y remates.

Advertí esta falencia el 2006 y propuse un proyecto de ley para crear un mecanismo de insolvencia o quiebra para las familias. Insistí muchas veces, sin éxito, para que fuera activado.

El Gobierno actual ingresó a trámite una reformulación de la ley de quiebras que permitiría aplicar a los hogares los procedimientos de este cuerpo legal, brindando así a las familias la posibilidad de enfrentar situaciones de sobre endeudamiento en mejores condiciones.

Según un acuerdo de la sala de la Cámara Alta se refundirá  el proyecto del Ejecutivo, con el que presenté, en tanto se trata de iniciativas muy similares en sus contenidos.

Es imprescindible apurar el despacho de esta nueva normativa. La situación financiera que atraviesan muchos hogares y las eventuales consecuencias que la crisis europea podría traer en el empleo y con ello en la capacidad de pago, hace urgente agilizar estos proyectos.

Tanto el proyecto del Gobierno como el que ingresé hace ya seis años establecen procedimientos concursales de renegociación preventiva y de liquidación de los bienes de las personas.

La importancia de un cambio en la legislación en esta materia es que los hogares dispondrán de un mecanismo para reorganizar sus deudas, buscando un acuerdo con todos sus acreedores a la vez, tendiente a fijar un plan de pagos razonable, sin ser afectados por demandas sucesivas que obligan a innumerables diligencias y costos.

Vale decir, los deudores contarán con un mecanismo para que antes de ser demandados y ante la imposibilidad de pagar sus compromisos, por cesantía, enfermedad o cualquier otra causa, buscar una renegociación colectiva que les evite las demandas múltiples y también las repactaciones individuales abusivas con cada uno de sus acreedores”.

En caso que esta renegociación o acuerdo no prospere y se llegue al remate, también la situación es más favorable para el deudor, pues participan conjuntamente todos sus acreedores, evitando demandas adicionales posteriores y ahorrando el pago de costas procesales. Ahora muchos deudores son embargados, pierden sus bienes y con éstos sólo pagan las costas judiciales, sin disminuir el monto de los créditos impagos.

Desde el año 2006 que he venido planteando que Chile necesita un sistema que permita a los hogares enfrentar estas situaciones en condiciones razonables, como existe en buena parte de las naciones más desarrolladas, afortunadamente esto ha sido escuchado, pero es necesario agilizar su tramitación, con el objeto de poder garantizar su aplicación ante cualquier contingencia que incremente la morosidad.

Hay que regionalizar la medición de la pobreza

Encuesta CASEN no refleja adecuadamente situación de zonas extremas. 

FOTO: Emol.cl

Existen dudas respecto de los resultados de la encuesta CASEN 2011, que arroja una significativa disminución de la pobreza en la Región de Magallanes.

No se trata de desconocer los avances que puedan lograrse, sino de velar porque ellos reflejen la realidad. Que existan éxitos y que muchas familias de magallánicos salgan de la situación de pobreza es un hecho muy positivo que no dudaría en reconocer, siempre que consten adecuadamente.

Sin embargo, es evidente que las líneas de corte utilizadas, que datan de los ’80, permiten tener una visión equivalente y continua en el tiempo, pero no responden a parámetros actuales sobre la situación que enfrentan las familias más vulnerables.

Ello es particularmente cuestionable cuando existe un estándar único nacional y sabemos que el mayor costo de la vida en alimentación y calefacción en las zonas extremas no está considerado e influye en los resultados. Nadie puede pensar que contando con $ 2.400 diarios se sale de la situación de pobreza en Magallanes.

Se requiere una modificación de los estándares de la medición, de modo de actualizarlos a la realidad de hoy, especialmente en cuanto a la aplicación de factores regionales a las líneas de corte. Hemos realizado ajustes en los mecanismos que miden la inflación y el desempleo, por lo que creemos que el indicador de pobreza también requiere una actualización, como quedó expresado en la ley de presupuestos el 2009.

Me preocupa, asimismo, la disminución del ritmo de disminución de la pobreza. Éste es mucho más lento que lo que venía ocurriendo en décadas pasadas, pese a que según La Moneda hay cifras muy auspiciosas de empleo y crecimiento.

Ello revela la necesidad de impulsar reformas más estructurales para enfrentar la desigualdad. En esta materia apuntó a una profunda reforma tributaria y laboral que permita contar con empleos más estables y de mejor calidad. No es posible que muchos de los chilenos que están calificados como pobres en la CASEN 2011 tengan trabajo y sigan en la pobreza, lo que habla de un empleo, precario y sub remunerado.

Incorporar en consulta Proyecto de Restauración de Isla Dawson es un error del MOP.

Iniciativas que testimonien brutalidad de la Dictadura y reconozcan a sus víctimas deben ser parte de políticas permanentes del Estado.

El Ministerio de Obras Públicas lleva adelante  una consulta respecto de diversos proyectos de mejoramiento en todo el país. En general, la metodología de la encuesta, es cuestionable porque insta a la ciudadanía a pronunciarse por obras que tienen diverso grado de importancia y urgencia, siendo, en muchos casos, el resultado de la votación de los ciudadanos enteramente irrelevante.

Es importante tener una opinión de lo que piensa la ciudadanía sobre algunos proyectos, pero es evidente que hay una falta de rigor cuando se ponen en la misma balanza iniciativas que tienen una priorización por su propia naturaleza, como hospitales y obras mayores de conectividad.

Sin embargo, donde definitivamente se les pasó la mano fue con la incorporación entre los proyectos sometidos a la opinión de la ciudadanía de una iniciativa tendiente a la Restauración y Puesta en Valor Campo de Prisioneros Políticos en Río Chico, Isla Dawson, Región de Magallanes.

Me parece un despropósito y una ofensa gratuita para los compatriotas que padecieron el rigor de ese lugar y de la dictadura, que una iniciativa para recuperar ese sitio como testimonio de esa vulneración aberrante de sus garantías fundamentales, aparezca sujeta a una suerte de competencia con puentes, túneles y caminos.

Ello lleva a festinar o trivializar un tema que debiera unir al país y ser parte de políticas públicas permanentes, en materia de promoción y respeto de los derechos humanos.

El populismo del Gobierno y de sus Ministros, en su afán de subir en las encuestas ha ido demasiado lejos. La preservación y rescate de este tipo de lugares, como parte de la memoria histórica de Chile, debe ejecutarse de todas formas, por su relevancia como señal de un pasado que no queremos repetir, sin que deban sujetarse a una consulta y desplazar a puentes, pasarelas y plazoletas.

¿Qué se pretende? Acaso se espera que víctimas de una violación brutal de los derechos más elementales, que es un ícono mundial de la sinrazón y la barbarie deban empezar una campaña por internet para obtener votos para este proyecto?

Junto con la Bancada del PS y organismos de Derechos Humanos, pediremos al Ministerio de Obras Públicas corregir este error, eliminar este proyecto de la consulta y asegurar los fondos para que éste y otros proyectos similares se ejecuten próximamente.

En el caso de Isla Dawson, se trata de un lugar emblemático de la brutalidad de la Dictadura y hay iniciativas de las propias agrupaciones de ex prisioneros para recuperar este lugar y promover que sea visitado por un mayor número de personas, facilitándose para ello el transporte.

Independientemente del resultado de este tipo de consultas y más allá del Gobierno de turno, debe existir una decisión del Estado al respecto, reflejada en una línea especial de financiamiento permanente, sea en el Ministerio de Obras Públicas, sea en el Consejo de la Cultura o en la nueva institucionalidad sobre Derechos Humanos, que se pretende agregar al Ministerio de Justicia, para llevar adelante este tipo de iniciativas y restaurar y mantener otras del mismo tipo.

Aprobación de ley de pesca en la Cámara Baja es lamentable.

Sistema de cuotas de pesca fracasó y pretenden extenderlo indefinidamente.

Lamento la aprobación, en la Cámara de Diputados, de las partes más sustantivas de la ley de pesca, que afectan muy gravemente a los pescadores y a los recursos del mar.  Junto a otros legisladores rachazaremos la propuesta e insistiremos, a través de indicaciones, en los principales puntos desechados por la Cámara Baja.

Entre otros, instaremos por asegurar el dominio público de los recursos del mar, establecer el carácter temporal de las cuotas, fijar un límite a la concentración de las pesquerías, buscar fórmulas para flexibilizar las barreras de entrada a la actividad, aumentar el valor de las patentes y el royalty y mejorar la institucionalidad, fortaleciendo la investigación y la fiscalización.

Asimismo, insistiremos en corregir el fraccionamiento a favor de la pesca artesanal, resguardar las 5 millas exclusivas para ésta, limitar el arrastre y asegurar una protección social suficiente e integral para los pescadores y trabajadores del sector. 

No resulta explicable que tras el ritundo fracaso del sistema de cuotas, se pretenda renovarlo indefinidamente. El Gobierno se ha empeñado en proteger los intereses de unos pocos en perjuicio de todos los chilenos y especialmente de los pescadores.

Algunos nos opusimos a este sistema cuando fue prorrogado el año 2002 porque entendimos que asignar cuotas individuales era, de alguna manera, entregarle a privados bienes de todos los chilenos. La historia, lamentablemente, nos dio la razón. Diez años después la captura del jurel, por ejemplo, ha caído de 1.400.000 toneladas el 2002 a cerca de 200.000 para este año.

Este proyecto no representa ningún avance para la pesca artesanal, que sigue siendo el pariente pobre de la actividad; insiste en este sistema de cuotas por armador, a las que unos pocos nos opusimos el 2002 y que llevaron al colapso de las pesquerías y significa una privatización del mar, entregando definitivamente a unas pocas familias los recursos marinos que pertenecen a todos los chilenos.

¿Por qué nos oponemos a la ley de pesca?

Hace 10 años unos pocos rechazamos las cuotas. La historia nos dió la razón.

1. Porque no representa ningún avance para la pesca artesanal, que sigue siendo el pariente pobre del sector, pese a constituir una actividad tradicional de trabajo y sustento para miles de familias y comunidades. Una ley integral debe proteger las cinco millas y los caladeros históricos más allá de éstas, frenar el arrastre y el descarte; contener normas de protección social, otorgar exclusividad en las denominadas “pesquerías finas” y dar acceso a aquéllas en desarrollo incipiente, entre otras materias.

2. Porque insiste en un sistema de administración pesquera (las cuotas por armador), a las que unos pocos nos opusimos el 2002 y que hemos confirmado que llevaron al colapso de las pesquerías, pese a que fueron planteadas como la solución del problema. Hoy las capturas de las principales especies han caído a niveles históricos.

Capturas de jurel. ¿Sistema exitoso?

3. Porque las cuotas indefinidas y transferibles constituyen claramente una privatización del mar, entregando definitivamente a unos pocos y para siempre los recursos marinos que pertenecen a todos los chilenos. No hay derechos adquiridos respecto de los bienes públicos.

4. Porque favorece al mismo sector industrial beneficiado por largos años y que ha llevado a la sobre explotación de los recursos del mar. Se premiará a quienes han depredado nuestras costas, tal como se hizo con la salmonicultura.

5. Porque mantiene y agudizará la concentración de la industria pesquera en unas cuantas familias, sin establecer límites ni flexibilizar las rígidas barreras de entrada de la actividad, lo que no resulta conveniente bajo ningún análisis económico serio. 

6. Porque entrega casi gratuitamente los recursos pesqueros del país al sector industrial, atendido que el nivel de las patentes y derechos de explotación que se proponen son insignificantes en comparación a la cuantía de las utilidades obtenidas en las últimas décadas. La magnitud de esos aportes debe ser concordante con su valor de mercado y suficiente para financiar la investigación, la fiscalización y la protección social.

7. Porque pese a los avances que significa restarle poder decisorio a los Consejos y haber desechado el Panel de Expertos, persiste un esquema que favorece la incidencia y presión de los interesados en la administración de las pesquerías y mantiene rangos importantes de discrecionalidad en manos del gobierno de turno. 

8. Porque no se asegura los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad, con planes de mediano y largo plazo que garantice que las decisiones de administración se orienten efectivamente hacia la sustentabilidad.

9. Porque no se establecen medidas que permitan una adecuada fiscalización ni sanciones eficaces y ejemplarizadoras contra quienes violando la ley obtienen beneficios ilegítimos.

10. Porque no se considera a los pueblos originarios, muchos de los cuales han explotado ancestralmente los recursos del mar.

Debe activarse proyecto que mejora derechos de pasajeros de transporte aéreo

Situación de Pluna revela falencias. Debe fortalecerse información y asegurarse compensaciones por cancelación o retraso en los vuelos.

Quiero insistir en la necesidad de actualizar la normativa sobre el transporte aéreo, para fortalecer los derechos de los pasajeros frente a los incumplimientos de las aerolíneas. Lo ocurrido con Pluna es un recordatorio respecto de la necesidad de mejorar la regulación en nuestro país.

Hoy tenemos una normativa retrasada respecto de los derechos de los pasajeros. Cualquier aerolínea que vuela a Europa tiene un estándar de compensaciones para sus vuelos con destino u origen en el viejo continente y otro distinto para los itinerarios locales.

La ley vigente es muy antigua y no da cuenta de la masificación de este medio de transporte y de los mejoramientos que se han hecho a nivel internacional para fortalecer los derechos de los usuarios.

El año 2006 presenté una moción destinada a modificar el Código Aeronáutico, que fue aprobada por el Senado y visada en general por la Cámara de Diputados, donde se encuentra en la Comisión de Economía para su segunda revisión.

El proyecto de ley incorpora medidas de transparencia en la venta de pasajes, disponiendo una mejor información a los pasajeros acerca de las restricciones de los tickets y los derechos del usuario. De aprobarse, los pasajes deberán contener claramente especificadas las limitaciones existentes al tiempo de entregarse al usuario la información respecto de la forma de hacer valer sus derechos.

Asimismo, la normativa en estudio establece compensaciones fijas, automáticas e inmediatas en caso de cancelación o suspensión de los vuelos, al tiempo que precisa claramente los derechos que asisten al pasajero en materia de comunicaciones telefónicas, alimentación, alojamiento y movilización entre éste y el aeropuerto. Hoy las compensaciones quedan entregadas a lo que pacte la aerolínea con el usuario, en circunstancias que a nivel internacional se han fijado montos mínimos, según la extensión de los viajes, los que deben entregarse en el mismo momento.

El texto hace aplicable, asimismo, la ley sobre protección de los derechos de los consumidores a la obtención de las prestaciones, reparaciones e indemnizaciones por incumplimiento en el contrato de transporte aéreo.

Espero que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados pueda analizar el proyecto con el objeto sea revisado por la Sala. Es muy importante que se mejore la regulación en esta materia, atendido el importante desarrollo del mercado aeronáutico que llegará el presente año a una cifra cercana a los 14 millones de pasajeros.

Gobierno debe hacer un esfuerzo mayor en el sueldo mínimo.

Se requiere pacto social para incremento sostenido hasta $250.000, cambios en la legislación laboral y creación de un salario regionalizado.

Fuí uno de los cinco parlamentarios de la oposición que rechazaron la propuesta del Gobierno sobre salario mínimo. Los $193.000 que ha ofrecido el Ejecutivo están muy lejos de ser un salario ético y justo. La Moneda no está a la altura de las expectativas que ha creado con su propaganda exitista respecto de la situación macroeconómica del país.

El Gobierno utiliza un doble discurso, pues tras meses de mostrar cifras promisorias en materia de crecimiento, inversión y empleo, ahora que se debe concretar esas expectativas en beneficios concretos para los trabajadores se argumenta que un ingreso mínimo mayor generará desempleo y se apunta a la situación de Europa.

Nunca es el tiempo de los trabajadores. Si vamos bien, no hay que subir los sueldos ni los impuestos para no provocar un frenazo; si vamos mal, tampoco se puede y hay que apretarse el cinturón.

Aspiraba a que el rechazo pudiera motivar un gran pacto social por el trabajo digno que incluyera el compromiso de elevar paulatinamente el sueldo mínimo a $ 250.000, reformas legales en materia de gratificaciones, multirut y negociación colectiva y la instauración de un sueldo regionalizado para las zonas extremas del país.

Llegar con el sueldo mínimo a $ 250.000 en un horizonte cercano es una necesidad del país para mejorar la situación de muchas familias. Contra lo que se señala no sólo la PYME, sino muchas grandes empresas pagan a sus trabajadores propios y de servicios externos este tipo de sueldos mientras obtienen gigantescas utilidades.

En este sentido, deben introducirse mejoras legales que favorezcan el aumento de las remuneraciones, como perfeccionar la normativa sobre el pago de gratificaciones, terminar con el multirut y fortalecer las organizaciones sindicales y la negociación colectiva.

Asimismo, se requiere contar con un sueldo mínimo regionalizado. Obtener el sueldo mínimo en Magallanes implica un menor poder adquisitivo, o sea, para un trabajador, su faena, de 8 o más horas diarias, vale menos. Es hora de asumir que éste país largo y diverso tiene realidades distintas y que igualar los indicadores y beneficios construye desigualdad.

Si el Ejecutivo no mejora su propuesta de cara a la nueva discusión que habrá sobre el salario mínimo en el Parlamento podrían ser más los legisladores de la oposición que rechacen la iniciativa.

Por un impulso decidido al libro y la lectura

Necesitamos eliminar o rebajar el IVA al libro y dictar una “ley de precio fijo”.

Nuestro país debe avanzar en eliminar o reducir el IVA a los libros y establecer una ley de precio fijo para las producciones literarias si se quiere promover el libro y estimular el hábito de la lectura, especialmente en niños y jóvenes.

No es posible seguir gravando los libros del mismo modo que un vehículo último modelo o un artículo de consumo. Así como hoy se pretende castigar la compra de algunos bienes con impuestos ambientales, los tributos deben, también, buscar fomentar conductas que la sociedad quiera destacar, como la lectura.

La reforma tributaria que se tramita en el Parlamento es una ocasión inmejorable para introducir una modificación impositiva a favor de los libros.  Deben descartarse las objeciones que expertos han señalado en el sentido que se favorecería la evasión. Si la normativa se aplica sólo en establecimientos dedicados exclusivamente a la venta de libros se facilita la fiscalización y se eliminan esos riesgos, al tiempo de apoyar la instalación y subsistencia de librerías.

Abogo, además, por una “ley de precio fijo” para los libros, como lo he propuesto en el Parlamento, que implicaría que el editor o importador de los textos debe fijar un valor, estampado en la portada del mismo, que debe respetarse en toda la cadena de distribución. Ello impide que el precio se encarezca excesiva y artificialmente en la cadena de comercialización, al tiempo que mejora las condiciones de competencia de las pequeñas librerías que no están en condiciones de obtener los descuentos por volumen que reciben los distribuidores de gran tamaño.

Fomentar la existencia de pequeñas librerías es otro elemento muy relevante en una política de estímulo a la lectura, pues ellas aseguran la difusión de obras de menor venta, como libros técnicos, ciencias sociales y autores emergentes, al tiempo que aseguran cobertura en localidades pequeñas.

La  preocupación por bajar los precios de la producción literaria debe complementarse con favorecer la existencia de puntos de venta, pues de lo contrario se corre el riesgo que la venta se concentre en grandes cadenas y supermercados, cuyo interés radica principalmente en las obras más populares y masivas.

En este punto es importante considerar el ejemplo de Francia, que con la aplicación de la ley de precio fijo, implementada en 1981, ha logrado mantener e incrementar una red amplia de pequeñas librerías. Similar legislación existe en Alemania, Austria, Francia, Grecia, Portugal, Eslovenia, Italia, Dinamarca, Holanda, Hungría y Noruega.