Respaldó movilizaciones de la ANEF y exigió revisión caso a caso de los despidos ocurridos en la administración pública
El Gobierno es el único responsable del rechazo del proyecto de reajuste que fue desechado por la Cámara de Diputados durante la presente semana. El Ejecutivo forzó la discusión con una propuesta de incremento miserable, apenas compensatorio del IPC y más aún, en medio de una ola de despidos que costó el cargo a más de 1.500 funcionarios sólo en los dos últimos días de Noviembre.
Las explicaciones del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, son insuficientes, sobre todo cuando el propio Gobierno se ha ocupado de señalar insistentemente el promisorio escenario económico del país con cifras record en consumo, producción industrial y empleo, como asimismo un alto valor de los principales productos de exportación, especialmente el cobre.
En ese contexto se proponga un reajuste de 3.7% es una burla para los funcionarios públicos que merecen compartir el éxito del país y las holguras de la caja fiscal, por lo respaldo plenamente las demandas de la ANEF y las movilizaciones emprendidas por los funcionarios.
Asimismo, un acuerdo en materia de reajuste debe considerar un compromiso de estabilidad para los empleados públicos y la revisión caso a caso de los despidos ocurridos en el último tiempo. Se ha procedido con total abuso, mandando gente a la calle en forma arbitraria, sin considerar su capacidad y experiencia e incluso sin respetar licencias médicas o maternidad y, más aún, en pleno diciembre, período particularmente sensible para las familias.
Los errores ocurridos en la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, donde debió echarse atrás en el despido de 119 funcionarios, han puesto una luz de alerta en los criterios utilizados y siembran una legítima duda acerca de la justificación de muchas de las exoneraciones. Creemos que debe existir una profunda revisión, caso a caso, lo que debe quedar comprometido en el proyecto de reajuste.
El Gobierno es el único responsable del rechazo del proyecto de reajuste que fue desechado por la Cámara de Diputados durante la presente semana. El Ejecutivo forzó la discusión con una propuesta de incremento miserable, apenas compensatorio del IPC y más aún, en medio de una ola de despidos que costó el cargo a más de 1.500 funcionarios sólo en los dos últimos días de Noviembre.Las explicaciones del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, son insuficientes, sobre todo cuando el propio Gobierno se ha ocupado de señalar insistentemente el promisorio escenario económico del país con cifras record en consumo, producción industrial y empleo, como asimismo un alto valor de los principales productos de exportación, especialmente el cobre.
En ese contexto se proponga un reajuste de 3.7% es una burla para los funcionarios públicos que merecen compartir el éxito del país y las holguras de la caja fiscal, por lo respaldo plenamente las demandas de la ANEF y las movilizaciones emprendidas por los funcionarios.
Asimismo, un acuerdo en materia de reajuste debe considerar un compromiso de estabilidad para los empleados públicos y la revisión caso a caso de los despidos ocurridos en el último tiempo. Se ha procedido con total abuso, mandando gente a la calle en forma arbitraria, sin considerar su capacidad y experiencia e incluso sin respetar licencias médicas o maternidad y, más aún, en pleno diciembre, período particularmente sensible para las familias.
Los errores ocurridos en la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, donde debió echarse atrás en el despido de 119 funcionarios, han puesto una luz de alerta en los criterios utilizados y siembran una legítima duda acerca de la justificación de muchas de las exoneraciones. Creemos que debe existir una profunda revisión, caso a caso, lo que debe quedar comprometido en el proyecto de reajuste.
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