Necesitamos una ley de insolvencia familiar.
La situación de La Polar
instaló el debate sobre los enormes abusos que se cometen con los clientes. Las
repactaciones ilegales son sólo una parte de un combo que incluye cargos
indebidos, seguros asociados irregularmente, tasas de interés que lindan en la
usura y un tema que me ha ocupado permanentemente: la falta de una ley de
insolvencia o quiebra de los hogares.
Desde el 2006 he planteado
que Chile necesita un sistema que permita a las familias enfrentar situaciones
de sobreendeudamiento en condiciones razonables y presenté un proyecto en el
Parlamento. Es el drama de la “bicicleta” el que
angustia a la familia chilena y agrava su crisis financiera.
Hoy no existe mecanismo
alguno para salir de la iliquidez. Si una familia no tiene como pagar sus
compromisos económicos comienza una pesadilla donde cada acreedor le cobra por
separado. Una seguidilla interminable de amenazas, cobranzas y embargos que el
deudor trata de atajar a duras penas.
En la desesperación, se sube
a la bicicleta y comienza el pedaleo. Cuesta arriba. Acepta repactaciones
abusivas de multitiendas y bancos y pide préstamos para pagar otras deudas.
Salvo un milagro financiero y laboral, sólo agrava su problema. Al cabo de unos
meses el colapso es total y deberá varias veces más que cuando explotó la
primera deuda. Esto podría evitarse si tuviéramos para los hogares algo similar
a la quiebra de las empresas.
Lo que he propuesto – y que
recoge experiencia internacional - involucra dos sistemas paralelos. El
primero, de carácter preventivo y extrajudicial, permite que el deudor, que aún
no ha sido demandado, pero que advierte su situación de incapacidad para pagar,
entregue su caso a un mediador que procura un acuerdo con sus acreedores. El segundo, de carácter judicial, ocurre cuando el
deudor ya ha sido demandado. En ese caso, podría oponer una excepción de
insolvencia grave, tras la cual se notifica a los restantes acreedores para que
en un solo juicio y con la participación activa del Juez se busque una
solución.
Así, en la gran mayoría de
los casos, con intervención del mediador o del Juez, el deudor logrará un convenio
con todos sus acreedores a la vez que contendrá un plan de pagos, con plazos,
tasas y condiciones razonables. En casos extremos, en que la situación no le
permitiera acceder a un acuerdo o que no cumpliera el plan de pagos y se llegue
al remate, el sistema también le favorece, pues le permitiría optimizar el uso
de sus bienes para pagar. Hoy, además de la pérdida de tiempo, la existencia de
juicios paralelos, aumenta los costos. Cuando la pesadilla termina, el deudor
pierde todos sus bienes y ni siquiera abona a la deuda.
Necesitamos bajar las tasas
de interés y una fiscalización más activa para detener los abusos. Pero también
requerimos, con urgencia, una ley de insolvencia y sobreendeudamiento que
permita a los deudores abordar todas sus deudas en conjunto y someterlas a un
convenio de pago con plazos, tasas y condiciones razonables.
¡ A parar la
bicicleta !
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