Encuesta CERC refleja que sobreendeudamiento gana por paliza cualquier elección.

Debemos legislar en forma urgente para aliviar carga financiera de las familias.

Hay quienes sólo observan los resultados de las encuestas a nivel político, sin ocuparse de aquéllos otros indicadores que revelan los problemas más apremiantes para la ciudadanía, entre los que se cuenta claramente el elevado nivel de endeudamiento.

En este sentido, la CERC nos muestra datos muy inquietantes - pero nada sorprendentes. El estudio demuestra que desde 1987 se viene registrando un aumento sostenido del grupo de personas que están endeudadas y con dificultades para pagar. 

Según el estudio, un 46% de los chilenos tiene dificultades para pagar sus compromisos, en tanto otro 12% se declara en una situación aún más aflictiva. Lo anterior representa un salto de casi 20 puntos en el sobreendeudamiento desde la última vez que se realizó la consulta en la encuesta CERC, en diciembre de 1999.

La masificación en el uso en las tarjetas de crédito y la mantención de un nivel de remuneraciones extremadamente bajo explica en buena parte esta grave situación que se agudiza al analizar las cifras de endeudamiento a nivel juvenil y por grupos socioeconómicos.

Así, quienes se encuentran entre los 18 y 25 años presentan niveles de endeudamiento comparables a los demás tramos, bordeando el 50%, en circunstancias que muchos de ellos están en etapa de estudios o comenzando su vida laboral y, por tanto, con empleos aún precarios. Por segmentos socioeconómicos, en tanto, es muy relevante que un 90% de quienes se declaran de estrato bajo tengan un nivel de endeudamiento elevado, mientras sólo el 6% de ellos, no registran obligaciones financieras.

Estas cifras revelan claramente la angustia que viven millones de chilenos cada mes y que les obliga a vivir exclusivamente para pagar sus deudas o incluso, pedir préstamos en un lugar para pagar otros compromisos. Ello debe ser recogido por las autoridades económicas y por el Parlamento, con el objeto de legislar para incrementar sus ingresos, por ejemplo, mediante el fortalecimiento de la negociación colectiva y establecer correcciones que alivien su situación financiera, disminuyendo la tasa máxima convencional y, especialmente, legislando sobre la insolvencia de hogares para enfrentar el sobreendeudamiento sin tener que recurrir a la “bicicleta”.

Por eso el 2006 presenté un proyecto de ley que establece un procedimiento para la declaración de insolvencia que recoge experiencia internacional. La iniciativa crea dos sistemas paralelos. El primero, de carácter preventivo y extrajudicial, somete la situación del deudor, que aún no ha sido demandado, pero que advierte su situación de incapacidad para pagar, a un mediador que procura un acuerdo entre éste y sus acreedores. El segundo, de carácter judicial, ocurre cuando el deudor ya ha sido demandado por algunos de sus acreedores. En ese caso, podría oponer una excepción de insolvencia grave, tras la cual se notifica a los restantes acreedores para que en un solo juicio y con la participación activa del Juez se busque un acuerdo.

La participación del mediador o el Juez, según el caso, permitiría al deudor abordar en un solo procedimiento y con condiciones, tasas y plazos razonables todos sus compromisos, eliminando la necesidad de recurrir a nuevos créditos o repactaciones abusivas.