El modelo de institucionalidad local está agotado. Necesitamos Intendentes elegidos democráticamente.

En el pasado conflicto por el alza del gas, la falta de seguimiento a un tema tan relevante, la reacción tardía, las explicaciones inadecuadas y el débil manejo político durante las movilizaciones, por parte de las actuales autoridades locales, resultaron evidentes.
Sin embargo, más que a nivel personal, el problema radica en el esquema institucional que “está agotado y que no responde a los intereses ni necesidades de los habitantes de las regiones. Este sistema centralista, donde los Intendentes son designados por el Ejecutivo no resiste más, pues no les permite asumir la defensa de los ciudadanos, debiendo, por el contrario, transformarse en voceros de las decisiones del poder central.
La crisis del gas, no sólo puso de manifiesto la falta de comprensión de las autoridades nacionales sobre la realidad de Magallanes y, en general, de las regiones, sino que también reveló claramente que es necesario avanzar con urgencia en la descentralización y en la elección democrática de los Intendentes y Consejeros Regionales.
Ello es especialmente evidente para zonas apartadas como la nuestra, con realidades muy distintas al centro del país y que requieren, por tanto, autoridades con respaldo popular que sean capaces de exponer y defender con fuerza sus particularidades y requerimientos ante el gobierno central, sin que su permanencia en el cargo dependa precisamente de aquéllos con los que deban enfrentarse.
Transcurridos más de treinta años de la actual regionalización y veinte desde el retorno a la democracia, se hace necesaria una completa evaluación y que se den nuevos pasos en la descentralización que avancen hacia una mayor autonomía de las regiones y hacia la plena representatividad de sus autoridades.
Por ello, presenté a tramitación en el Parlamento una reforma constitucional que permitiría elegir democráticamente a los Intendentes Regionales, en tanto el rol de representantes del ejecutivo central en las regiones debería establecerse en los gobernadores, instancias que asumirían una mayor relevancia.