Modificación impositiva debe servir para mejorar acceso a bienes y servicios culturales.
En el marco de la conmemoración del Día del Libro es oportuno insistir en la necesidad de fomentar el hábito de la lectura en el país, para lo cual se necesitan urgentes correcciones a nivel legislativo.Las cifras que arrojan los estudios realizados sobre la materia en los últimos años, como "Chile y los Libros", elaborado por la Fundación La Fuente y Adimark GFK, en 2008, muestran una enorme inequidad en el perfil de los lectores. En dicho muestreo se concluyó que el hábito lector varía en 36 puntos porcentuales entre los grupos socioeconómicos ABC1 (80%) y D (44%).
Debemos adoptar, entonces, medidas enérgicas para enfrentar esta brutal desigualdad. La reforma tributariam, que promoverá el Ejecutivo en los próximos días, es una ocasión privilegiada para eliminar el IVA a los libros. Asimismo, se requiere una ley de precio fijo, como lo he venido proponiendo desde hace años, que mantenga el valor de los textos en toda la cadena de distribución.
Ambas iniciativas resultan complementarias. Por una parte se requiere disminuir el costo de la lectura, lo que constituye un obstáculo para que muchos chilenos puedan acceder a los libros. Asimismo, es necesario potenciar una poderosa red de distribución, lo que hoy no está garantizado, pues las políticas comerciales de las editoras apuntan en sentido contrario.
Los descuentos por volumen ofrecidos por las editoriales terminan concentrando la oferta en las grandes cadenas e incluso en el retail, afectando a pequeñas librerías y distribuidores que no pueden competir y que tienen importancia, pues se ocupan de disciplinas especializadas y de textos de menor demanda. De persistir este esquema sólo tendremos best sellers en los supermercados y nadie se ocupará de vender libros de ciencias sociales u otras áreas menos masivas.
Debemos permitir que nuestro país avance en la equidad no sólo en aspectos monetarios, vinculados a la distribución del ingreso, sino posibilitar que los cambios impositivos se orienten, también, a mejorar el acceso a bienes y servicios culturales.
Ambas iniciativas resultan complementarias. Por una parte se requiere disminuir el costo de la lectura, lo que constituye un obstáculo para que muchos chilenos puedan acceder a los libros. Asimismo, es necesario potenciar una poderosa red de distribución, lo que hoy no está garantizado, pues las políticas comerciales de las editoras apuntan en sentido contrario.
Los descuentos por volumen ofrecidos por las editoriales terminan concentrando la oferta en las grandes cadenas e incluso en el retail, afectando a pequeñas librerías y distribuidores que no pueden competir y que tienen importancia, pues se ocupan de disciplinas especializadas y de textos de menor demanda. De persistir este esquema sólo tendremos best sellers en los supermercados y nadie se ocupará de vender libros de ciencias sociales u otras áreas menos masivas.
Debemos permitir que nuestro país avance en la equidad no sólo en aspectos monetarios, vinculados a la distribución del ingreso, sino posibilitar que los cambios impositivos se orienten, también, a mejorar el acceso a bienes y servicios culturales.
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