En reunión con Ministro de Economía insistí en urgencia de modificar la actual legislación.
En una reunión de trabajo con el Ministro de Economía, Félix de Vicente, quien acaba de asumir el cargo, le insistí en torno la necesidad de darle prioridad a la modificación del Código Aeronáutico para fortalecer los derechos de los pasajeros.
Se requiere recoger los avances en el derecho comparado, de modo de otorgar a los usuarios nacionales resguardos similares a los de los países más desarrollados, tanto en lo referido a la transparencia en la venta de tickets, cuanto en las compensaciones frente a cancelaciones y suspensiones de los vuelos.
La actual normativa nacional ha ido quedando obsoleta frente a las reformas adoptadas especialmente en Europa en las últimas décadas y no responde a la masificación que el transporte aéreo ha tenido en el país.
Tenemos un Código que data de 1990 y que requiere perfeccionamientos para ajustarse a los requerimientos de los usuarios de hoy, como lo demuestran los casos de situaciones complejas que han vivido pasajeros de numerosos aerolíneas que han enfrentado dificultades, como Air Europa y Pluna, entre otras, como también las recientes cancelaciones en itinerarios LAN a Buenos Aires. Asimismo, muchas de estas suspensiones y retardos se presentan habitualmente en los vuelos a zonas extremas, como Magallanes, sin tanta difusión.
El Ministro compartió la importancia del tema y señaló que tenía conocimiento de las diversas mociones en trámite, coincidiendo en la necesidad de analizar la forma de mejorar nuestra legislación en materia de los derechos de los pasajeros y usuarios manteniendo, al mismo tiempo, una normativa que permita el desarrollo de la industria y asegure la conservación de los estándares de seguridad que han caracterizado a la aviación comercial chilena.
Valoro la disposición del titular de Economía para analizar la materia y su apreciación en torno a estudiar modificaciones legales, recogiendo los contenidos de las distintas iniciativas existentes en el Parlamento. Espero que pueda avanzarse a la brevedad con el objeto de cautelar eficazmente los derechos de los más de 15 millones de pasajeros que se registran anualmente en el país.
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