El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el envío al Congreso de un proyecto que introduciría algunas correcciones al sistema previsional, reiterando lo ya dicho el 21 de mayo pasado.
Entre las propuestas detalladas por el Primer Mandatario se contendría un impulso a la competencia y estímulos para extender la vida laboral de las personas, retrasando la jubilación.
La decisión es inoportuna y desajustada de las necesidades del país y sus trabajadores.
En primer término, es discutible la factibilidad de tramitar una reforma de esta envergadura en lo que queda de la actual administración. Se trata de un tema de enorme relevancia y muy sentido por la población para ser discutido en un lapso tan breve. El Gobierno pretende más bien dejar instalada comunicacionalmente la señal de que se ocupó de este tema y, más aún, influir en los contenidos de eventuales modificaciones posteriores.
En los aspectos de fondo, aún cuando un análisis serio debe esperar la presentación de un proyecto concreto, las orientaciones que se han conocido no se ajustan a lo que la ciudadanía está demandando. No se advierten cambios en los ejes del actual mecanismo de pensiones. Peor aún, se habla de la posibilidad de extender la vida laboral.
Resulta curioso, en este sentido, que la solución al sistema previsional sea retrasar que se paguen pensiones. La eficacia de una propuesta de este tipo es, además, incierta atendida la baja empleabilidad actual de los adultos mayores. Parece que el actual Gobierno no conoce la realidad del mercado laboral donde quienes tienen más de 40 años ya ven dificultado su acceso al trabajo, por lo que pretender que masivamente la gente se mantenga en sus puestos después de los 60 ó 65 años, según se trate de hombres y mujeres, es muy poco viable.
Existe una profunda crisis de confianza y un cuestionamiento global a la capitalización individual que no ha logrado producir pensiones dignas. Eso no se soluciona con modificaciones “parche” o menores, como las anunciadas, sino con una reforma integral y audaz que se haga cargo de los ejes del problema, que son los altos costos en comisiones, el bajo ahorro motivado en alta rotación y bajos sueldos y la falta de un mayor aporte estatal y solidaridad, como era en el esquema de reparto.
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