Deben tener una pena acorde al mayor daño social que ocasionan estos ilícitos a la comunidad.
Presenté a tramitación un proyecto de ley que establece como agravante de los delitos contra la propiedad realizarlos en establecimientos públicos de salud o educación, atendido el mayor daño social que producen a la comunidad al dejar sin atención o entorpecer la provisión de servicios básicos y obligar a aumentar el gasto del Estado y las municipalidades.
La sustracción de bienes que tienen por objeto la atención de necesidades de la propia comunidad, como computadores, materiales de educación e instrumental y equipamiento sanitario, representa una agresión a sus propios beneficiarios, que quedan transitoriamente privados de atención, al tiempo que obligan al Estado a su reposición para lo que se desatienden, a su vez, otros requerimientos.
En el último tiempo se ha hecho más reiterada la comisión de delitos en lugares como consultorios, escuelas y liceos, lo que se explica tanto por la incorporación de mayor tecnología en estos recintos que los hace más atractivos como por la habitual escasez de vigilancia y normas de seguridad, lo que los transforma en fácil blanco de los delincuentes.
Si bien el Código Penal castiga con una mayor pena el hurto y el robo cometidos en sitios faltos de vigilancia policial, oscuros y solitarios, esa circunstancia no siempre resulta ser acreditada en estos establecimientos por ubicarse en zonas urbanas y, más aún, en muchas ocasiones, contar con nocheros o cuidadores, los que sin embargo, suelen ser solo residentes o funcionarios encargados de labores menores, pero que carecen de condiciones para repeler actos delictivos.
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