marzo 21, 2013

Bono Marzo: Insuficiente y con letra chica.

Enfrentar seriamente la desigualdad requiere una reforma tributaria y laboral.
Apoyé la aprobación del bono marzo, anunciado por el Gobierno, pero expresé críticas acerca del sentido redistributivo que se pretende darle y la "letra chica" del proyecto en relación a la clase media.

Si se quiere avanzar realmente en la redistribución de la riqueza en el país debemos adoptar medidas más eficaces, como una reforma tributaria y laboral, que apunten efectivamente a corregir la enorme desigualdad existente y llevar los resultados de la buena marcha del país a los hogares, por la vía de las propias remuneraciones o de programas de apoyo estatal..

El carácter que el Gobierno le ha dado a este bono, explicándolo como un dividendo que se entrega a las familias por las cifras macroeconómicas, es equivocada. Los bonos se explican de mejor forma como una respuesta a situaciones de crisis, cuando se hace necesario reactivar la economía, pero no como medida redistributiva, para lo que son insuficientes, más aún considerando las auspiciosas cifras con que el Ejecutivo se auto aplaude.
 
Llamo la atención sobre los efectos de este bono en las finanzas públicas. El país debe saber que los efectos de la reforma tributaria se han diluido. A las reducciones impositivas contenidas en el texto de la propia modificación aprobada el año pasado se han sumado la condonación de Johnson’s, este bono y la postergación del reavalúo de inmuebles urbanos.

Finalmente, lamento la falta de claridad de los anuncios del gobierno en relación a la clase media. Al difundirse el bono, se hizo mucho hincapié, como en otras políticas públicas, en que se beneficiaría también a sectores medios, pero en los hechos ello no ocurrió. Hoy miles de hogares se sienten estafados porque se han dado cuenta que no tendrán el bono que creyeron que les correspondería.

Por ser pensionados, por no tener cargas, por no tener ficha de protección social y diversas otras razones no tienen derecho y muchos de ellos han comenzado a concurrir a los municipios y otras oficinas públicas exigiendo que se les confeccione la ficha o buscando explicaciones.

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