Fiscalizaremos que recursos aportados a educación particular subvencionada lleguen a profesores y funcionarios.

Dineros públicos para bonos y aguinaldos deben traspasarse. Aumento en la subvención debe permitir reajustar las remuneraciones.

Mediante una indicación que presentamos junto al senador Camilo Escalona y que terminó incorporada en la ley de reajuste del sector público, fiscalizaremos con rigurosidad el traspaso a los profesores y funcionarios de los establecimientos particulares subvencionados de educación, de los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias; bonos de escolaridad y término de conflicto y el reajuste de sus remuneraciones.

Es un motivo de enorme preocupación y de constantes reclamos el hecho que muchos colegios particulares subvencionados no traspasan a los maestros y personal, los beneficios que la ley de reajuste para el sector público les hace extensivo y para lo cual se les entregan recursos fiscales, tanto por la vía de asignar montos específicos para aguinaldos y bonos como incrementando la Unidad de Subvención Educacional.

Existe un porcentaje importante de docentes y funcionarios que año a año se encuentran con este problema, lo que constituye una situación grave, puesto que el Fisco transfiere a los sostenedores los recursos que permitirían realizar los pagos y también reajustar las remuneraciones, requiriéndose trasparentar la situación.

Por este motivo, a través de estos artículos incluidos en la ley de reajuste del sector público, se exige a los sostenedores privados entregar, cada año, al Ministerio de Educación, la información pormenorizada de los beneficios de este tipo pagados a cada uno de sus trabajadores, incluyendo, reajustes, aguinaldos y bonos. Consecuentemente, se obliga al Mineduc a traspasar esta información a las Comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.

Lamentablemente, no es parte de la iniciativa de los legisladores establecer medidas más imperativas, tales como la suspensión del pago de la subvención a los establecimientos que incurran en estos incumplimientos, pero a través del catastro que se constituirá se permitirá al Parlamento, al Ministerio de Educación y a la futura Superintendencia instar por las acciones legales que permitan el uso adecuado de los recursos públicos.

Nos pareció muy negativa la dura oposición que el Gobierno realizó respecto de la incorporación de esta norma durante su trámite en el Senado. Resulta incomprensible que el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en lugar de apoyar una norma que apunta derechamente a la transparencia y a evitar abusos contra los trabajadores, haya buscado mantener el oscurantismo respecto del uso de dineros de todos los chilenos.

La misma disposición obliga al Ministerio de Hacienda a entregar, también, al Congreso Nacional, la información respecto de otras entidades colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, de las Corporaciones de Asistencia Judicial y de la Fundación de Asistencia Legal a la Familia que se encuentran en una situación similar.