A casi un año de histórico paro regional hay escaso avance en materia de tarifas del gas.

Proyecto de ley del Gobierno no demuestra compromiso del Estado con Magallanes.

A un año del histórico paro regional el avance en materia de tarificación del gas es casi nulo. El Gobierno demuestra poco interés en resolver definitivamente el asunto, limitándose a un proyecto de ley insuficiente para los intereses de los magallánicos. 

Tras la crisis, el Ejecutivo presentó una reformulación, más comunicacional que de fondo, del proyecto de ley que ya existía y comprometió que no habría alzas, sino en el IPC, durante 5 años, luego de lo cual no ha existido mayor preocupación por su despacho y menos por acoger las propuestas de modificación que se le han planteado.

Lo que se ha propuesto es un proceso de fijación de tarifas, muy similar al que ya se había sugerido en el proyecto anterior y a los vigentes para otros suministros domiciliarios, posponiendo el primer proceso para cinco años más. Ello no satisface las demandas ciudadanas que derivaron en el paro de Enero pasado. 

A Magallanes sólo le sirve una ley que establezca un compromiso decidido y de largo plazo del Estado con un abastecimiento de gas estable y a precios bajos para nuestra zona. Si eso no se asegura es mejor que no haya ley.

De nada ayuda tener un mecanismo tarifario que, en definitiva, deje al mercado el valor de este insumo indispensable para la vida en nuestra región. No queremos que las futuras autoridades se laven las manos diciendo que el precio del gas subió porque se elevó el costo de tal o cual insumo o por la variación de los mercados internacionales, lo que necesitamos es que nos señalen de qué forma el Estado se compromete con un abastecimiento seguro y cuentas bajas para quienes hacen soberanía en esta parte del territorio.

La iniciativa gubernamental tampoco garantiza contar con gas para uso residencial. Se habló de que las reservas de gas se estaban agotando, pero se sigue privilegiando el abastecimiento industrial en lugar de velar por los habitantes de nuestra región, como lo propuse a los Ministros de Energía Golborne y Álvarez, en una moción que busca establecer legalmente una reserva para los hogares, como existe en las legislaciones de otros países sudamericanos.