No asegura financiamiento suficiente ni garantiza mejoramientos en la calidad. Además, conlleva riesgo de discrecionalidad laboral para el Magisterio.
Quiero expresar mi rechazo a la propuesta del Gobierno sobre desmunicipalización de la educación pública. El proyecto crea las Agencias Públicas de Educación Local, entidades autónomas, de derecho público, que reemplazarán a las municipalidades en la administración de escuelas y liceos, contando para ello con amplias atribuciones para gestionar los establecimientos desde el punto de vista administrativo, financiero y pedagógico. Serán descentralizadas, aunque podrán agrupar más de una comuna y tendrán como giro único el educacional.
Dichas entidades estarán dirigidas por un Consejo Directivo de 5 miembros y por un Director Ejecutivo. El Consejo será el encargado de entregar las directrices centrales y de largo plazo para la agencia, así como su fiscalización general. Tendrá cinco miembros, tres de ellos de carácter local que son el alcalde (si son varias comunas, deberán elegir un representante), un miembro elegido por las asociaciones o centros de padres y apoderados de los establecimientos educacionales administrados por la agencia y un representante designado por los directores de los establecimientos administrados por la agencia. Los restantes dos miembros son designados por el Secretario Regional Ministerial de Educación y por el Intendente con acuerdo del Gobierno Regional, a proposición de las instituciones de educación superior de la zona.
El Director Ejecutivo, en tanto, tendrá a su cargo la administración de los establecimientos, bajo un convenio de desempeño donde se incorporarán las metas y objetivos en base a los cuales su labor será evaluada y, además, deberá regirse por la planificación de largo plazo que le imponga el Consejo Directivo.
El proyecto es extremadamente insuficiente, constituyendo un retroceso respecto de las propuestas elaboradas durante el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet. Su contenido da cuenta de una intención del actual Ejecutivo sólo de cumplir el compromiso adquirido de enviar a tramitación esta iniciativa, sin plantear una reforma de fondo a la administración de la educación pública, que avance realmente en su fortalecimiento.
La iniciativa insiste en un sistema descentralizado que ya fracasó, reemplazando la municipalización por una figura autónoma similar y que puede terminar concentrada en el alcalde.
La propuesta no asegura un compromiso claro del Estado con las escuelas y liceos, no garantiza un financiamiento suficiente ni representa mejoramiento alguno en la calidad. El texto, además, acrecienta la discrecionalidad en materia laboral respecto de los profesores, producto de atribuciones radicadas en el director ejecutivo y los directores de establecimientos.
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