Se busca que esté en plena aplicación el 2006
El Diputado magallánico, Pedro Muñoz, valoró que el Gobierno haya otorgado urgencia al proyecto sobre responsabilidad penal juvenil que se tramita en el Senado. Con ello, la iniciativa que establece un procedimiento especial para los menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos deberá ser despachada de dicha Corporación en un plazo de 10 días. Como la Cámara Baja ya le prestó su aprobación hace varios meses, sólo restaría la eventual formación de una Comisión Mixta para convertirla en ley durante lo que queda del presente año, con el objeto que entré en vigor el 2006.
A juicio del legislador regional, los delitos, hechos de violencia y acciones de vandalismo y pandillaje protagonizados por menores de edad en diversos lugares del país y también en Magallanes, hacen imprescindible mejorar la actual normativa, rebajando la edad de imputabilidad penal y estableciendo un régimen especial de procedimiento y sanciones que evite que estos hechos queden sin castigo, pero que privilegie fundamentalmente la rehabilitación de modo de reinsertar a los jóvenes infractores.
“El actual límite de 18 años para la responsabilidad criminal no guarda relación con la situación actual de la sociedad y con la madurez y conocimiento más temprano que los adolescentes tienen de la realidad, en tanto la declaración de discernimiento existente entre dicha edad y los 16 años, se ha tornado un trámite judicial engorroso, subjetivo y poco práctico.” – explicó.
“Lo que necesitamos – afirmó Muñoz – es un mecanismo que no deje impunes los hechos sino que haga patente al menor infractor el reproche de la comunidad a su conducta, pero no para condenarle a que se adentre en un camino irreversible al mundo del delito, sino que para favorecer su rehabilitación, complementando una sanción proporcional al ilícito con una acción directa y formativa, sea de los propios padres o de las instituciones colaboradoras, en el caso de los jóvenes en situación irregular.”
Señaló que para ello la iniciativa legal contempla la creación y preparación, dentro de la reforma procesal penal, de personal especializado tanto en las Policías, en las Fiscalías y en la Defensoría, como también una completa reforma a la red de protección social encabezada por el Sename, servicio que será, asimismo, completamente reestructurado.
El legislador destacó, además, la inversión que esta nueva justicia juvenil significará, señalando que en los centros de detención con régimen cerrado y semi cerrado, en las subvenciones para los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las penas de libertad asistida, en las medidas reparatorias, en los profesionales especializados y en los centros de rehabilitación por drogas o alcohol, el Estado invertirá unos cincuenta mil millones de pesos.
El parlamentario culminó manifestando su satisfacción en cuanto a que el impulso del Gobierno a este proyecto de ley constituye una medida de largo plazo en el combate a la delincuencia, que no cae en el facilismo de proponer medidas efectistas como son los meros aumentos de penas, sino que se propone avanzar con responsabilidad y de un modo integral en la superación del problema, conciliando la protección de los derechos de los ciudadanos con el interés de la sociedad en favorecer la rehabilitación de los jóvenes infractores.
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