Iniciativa del Diputado Pedro Muñoz (PS) persigue, además, mejorar remuneraciones de trabajadores contratistas y garantizar el pago de sus sueldos y cotizaciones
La Cámara Baja aprobó, en general, el proyecto de ley del Diputado Pedro Muñoz (PS) destinado a asegurar una mayor protección para los trabajadores de empresas contratistas del Estado. La iniciativa volverá a la Comisión de Trabajo, para algunas correcciones, tras lo cual será analizado nuevamente por la Sala.
El parlamentario socialista explicó que la moción prohíbe que la administración pública adquiera bienes o contrate servicios con empresas que registren infracciones a las leyes laborales, sociales y tributarias en los dos años previos. Con ello se eleva a rango legal y se fortalece la actual disposición reglamentaria que requiere la existencia de un año completo de incumplimiento para descalificar a una entidad postulante.
“No resulta entendible que el Estado favorezca en sus licitaciones y adquisiciones directas a empresas que no respetan normas tan fundamentales, especialmente cuando perjudican a los trabajadores” – señaló, agregando que “además, hay allí una vulneración a las condiciones de igualdad en la competencia, pues los infractores tienen costos más bajos que quienes cumplen las disposiciones.”
La propuesta legislativa pretende, además, exigir a los organismos de la administración pública que realicen licitaciones para la contratación de servicios periódicos contemplar, en las bases del concurso, condiciones que favorezcan a aquéllos proponentes que aseguren a los trabajadores mayores beneficios que en el contrato anterior.
Muñoz destacó que esto beneficiaría a los operarios de múltiples servicios, tanto fiscales como municipales, tales como los de alimentación escolar, aseo, parquímetros, transporte y muchos otros. “Se trata de favorecer – indicó - a las empresas proponentes que mejoren, en cada postulación, las remuneraciones y beneficios laborales y no a aquéllas que construyen sus ofertas minimizando los costos en estos aspectos.”
En último término, la propuesta del Diputado magallánico persigue que las garantías que se constituyen a favor de los organismos públicos, para asegurar el cumplimiento del contrato, permanezcan vigentes hasta 60 días después de que éste haya concluido y afiancen, también, las obligaciones laborales y sociales de los contratistas con sus trabajadores. Se busca así evitar que empresas dejen deudas pendientes con sus funcionarios.
El parlamentario socialista se manifestó satisfecho por este avance legislativo y por el apoyo del Gobierno a la iniciativa, augurando que ella será analizada rápidamente por la Comisión de Trabajo y despachada al Senado en las próximas semanas.
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