Empleadores deben facilitar derecho a voto de sus trabajadores este domingo.

Centros comerciales deben cerrar sus puertas. Establecimientos que abran deben dar facilidades para que personal concurra a votar.

 

Es imprescindible difundir y respetar la normativa vigente respecto del cierre de algunos establecimientos y las facilidades que los que permanezcan abiertos deben dar a sus trabajadores para sufragar en las elecciones primarias de este domingo.

 

A este respecto, la normativa aplicable es similar a la vigente para las elecciones generales, aún cuando se trate de primarias y que el voto sea ahora voluntario.

 

Por mandato legal deben permanecer cerrados los centros comerciales y stripcenters, incluyendo los supermercados que se encuentren en su interior.

 

En cambio, podrán abrir sus puertas:

 

• Los supermercados que se ubiquen fuera de dichos recintos;
• Los clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimientos, tales como, cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabarets, casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados que regularmente abren los domingos; y
• Los expendios de combustibles, farmacias de urgencia y las farmacias que deben cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

 

Sin embargo, en esos casos, los empleadores deben otorgar facilidades a los trabajadores para concurrir a sufragar, con una duración de al menos dos horas, con goce de remuneraciones. Las multas, en caso de infracciones, oscilan entre las 10 a las 60 UTM, dependiendo del tamaño de la empresa, sea ésta pequeña, mediana o grande y que las denuncias deben realizarse a la Dirección del Trabajo.

 

Es muy importante - y así o he solicitado - que este organismo refuerce la difusión de la normativa aplicable para estas elecciones primarias y disponga una fiscalización eficaz para evitar todo tipo de presiones y hostigamientos que persigan evitar que los trabajadores ejerzan su derecho al sufragio.

Comisión de Trabajo del Senado analizó efectos de traspasos entre multifondos de las AFP

Instancia escuchó a Superintendencia y a Felices y Forrados. Solicitó congelar las medidas adoptadas.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta analizó las medidas adoptadas por la Superintendencia de Pensiones con el objeto de atenuar el impacto de los traspasos de multifondos de pensiones. Para ello, contó con las exposiciones de la Superintendenta de Pensiones, Solange Berstein y representantes de la entidad asesora Felices y Forrados, Gino Lorenzini y Rafael Garay.

La instancia escuchó, en primer término, a la Superintendenta de Pensiones, quien explicó los efectos de los cambios repentinos de afiliados entre multifondos en el valor de los títulos y con ello en los fondos de pensiones, a nivel general, precisando las acciones que la entidad ha debido emprender para atenuar su impacto. 

Señaló que se ha dispuesto mejorar la información de los cotizantes, aportando una pantalla informativa de rentabilidad, con información personalizada y general de rentabilidad para cambios de fondo; flexibilizar la liquidez del Fondo E para minimizar las consecuencias de un escenario de cambios masivos de fondos en los precios locales de bonos y, por último, se instruyó para que en eventos de traspasos que superen el 5% del valor de un fondo de pensiones, los cambios se materializarán a prorrata de las solicitudes.

Posteriormente, hicieron uso de la palabra representantes de la consultora Felices y Forrados, quienes recalcaron la importancia de informar y educar a los cotizantes con el objeto de mejorar la administración de sus fondos. 

Reseñaron que el debilitamiento de la normativa tendiente a que las AFP asumieran de alguna manera las pérdidas ha hecho imprescindible a los usuarios precaverse con maniobras que les permitan minimizar las pérdidas. Con respecto a las medidas propuestas por la instancia gubernamental, aclararon que están de acuerdo con una mayor información, pero llamaron a evaluar la regulación propuesta, particularmente en lo referido a aplicar los traspasos proporcionalmente o a prorrata, la que consideraron una mala medida en tanto alienta las decisiones tardías y no premia a los afiliados más informados.

De lo escuchado, me he formado la idea que la Superintendencia está más preocupada de la estabilidad financiera global que de los resultados del sistema para los afiliados. Asimismo, creo que lo que está en discusión y que no se señala es la dependencia de la economía chilena a los fondos de pensiones, situación que los trabajadores chilenos no han buscado. No queríamos ser ni pilares, ni sostenedores de un sistema económico, de un sistema financiero. 

Las medidas adoptadas son una sobre reacción. No se entiende que el sistema de multifondos haya sido valorado positivamente en forma unánime hace diez años y hoy, cuando los traspasos apenas llegan al 2% de los afiliados, se genere tanto desconcierto y temor.

Al término de la sesión, los senadores integrantes de la instancia, acordaron continuar el análisis del tema en una sesión siguiente y solicitaron a la Superintendencia que se congelen las medidas tendientes a restringir el sistema de traspaso de multifondos hasta tener mayores antecedentes.

Modificaciones al sistema previsional anunciadas por el Gobierno son inoportunas e insuficientes

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el envío al Congreso de un proyecto que introduciría algunas correcciones al sistema previsional, reiterando lo ya dicho el 21 de mayo pasado. 

Entre las propuestas detalladas por el Primer Mandatario se contendría un impulso a la competencia y estímulos para extender la vida laboral de las personas, retrasando la jubilación.

La decisión es inoportuna y desajustada de las necesidades del país y sus trabajadores.

En primer término, es discutible la factibilidad de tramitar una reforma de esta envergadura en lo que queda de la actual administración. Se trata de un tema de enorme relevancia y muy sentido por la población para ser discutido en un lapso tan breve. El Gobierno pretende más bien dejar instalada comunicacionalmente la señal de que se ocupó de este tema y, más aún, influir en los contenidos de eventuales modificaciones posteriores.

En los aspectos de fondo, aún cuando un análisis serio debe esperar la presentación de un proyecto concreto, las orientaciones que se han conocido no se ajustan a lo que la ciudadanía está demandando. No se advierten cambios en los ejes del actual mecanismo de pensiones. Peor aún, se habla de la posibilidad de extender la vida laboral.

Resulta curioso, en este sentido, que la solución al sistema previsional sea retrasar que se paguen pensiones. La eficacia de una propuesta de este tipo es, además, incierta atendida la baja empleabilidad actual de los adultos mayores. Parece que el actual Gobierno no conoce la realidad del mercado laboral donde quienes tienen más de 40 años ya ven dificultado su acceso al trabajo, por lo que pretender que masivamente la gente se mantenga en sus puestos después de los 60 ó 65 años, según se trate de hombres y mujeres, es muy poco viable.

Existe una profunda crisis de confianza y un cuestionamiento global a la capitalización individual que no ha logrado producir pensiones dignas. Eso no se soluciona con modificaciones “parche” o menores, como las anunciadas, sino con una reforma integral y audaz que se haga cargo de los ejes del problema, que son los altos costos en comisiones, el bajo ahorro motivado en alta rotación y bajos sueldos y la falta de un mayor aporte estatal y solidaridad, como era en el esquema de reparto.

Superintendencia de Pensiones impone "mini-corralito" para frenar traspasos de multifondos

Problema real es dependencia de nuestra economía respecto de los fondos de pensiones.

Las medidas propuestas por la Superintendencia de Pensiones respecto de los traspasos de multifondos son muy cuestionables. En lo general, la entidad ha asumido un rol de garante en la estabilidad financiera que no le corresponde. Son otros organismos como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda quienes deberían enfrentar  enfrentar el problema de fondo: la excesiva dependencia de la economía a los fondos de pensiones. 

La Superintendencia de Pensiones ha demostrado en los últimos años lentitud e incapacidad de velar por los intereses de los afiliados a las AFP ante graves escándalos y fluctuaciones bursátiles y, en cambio, ahora se ha activado porque los traspasos amenazan la estabilidad económica.

Respecto de las medidas concretas adoptadas para frenar los traspasos, en primer término, resulta curioso que la SP entregue ahora información hacia los afiliados. Antes nunca  se vió a este organismo aportando información sencilla y útil. 

En tanto, la aplicación proporcional o a prorrata de las órdenes de traspaso que superen el 5% de los fondos son un “mini corralito”, que dificultará y hará gradual y más lentas las transferencias entre los multifondos. Se busca que los afiliados a las AFP contribuyan a estabilizar una economía que se ha hecho dependiente de los fondos de pensiones y ese es el tema de fondo que nadie quiere asumir. 

Hoy son los miles de cotizantes los llamados a mantener la estabilidad de un sistema financiero y bursátil que sólo les produce perjuicios, afectando la estabilidad y cuantía de sus ahorros y sirviendo para que reciban en préstamos bancarios o del retail su propio dinero a tasas abusivas.

Cuando un inversionista ve caer la bolsa, puede optar entre esperar la recuperación o asumir un margen razonable de pérdidas y luego vender para salvar parte de su patrimonio, la Superintendencia quiere llevar a que los cotizantes de las AFP tengan como única opción sentarse a esperar el milagro para defender la estabilidad de sistema y con ello el patrimonio de grandes empresas y bancos.

Al crearse los multifondos el 2002, éstos fueron aplaudidos unánimemente como un aporte que incentivaría a los cotizantes a buscar mayor información y sentirse partícipes en la administración. Hoy, cuando apenas un 2% de los afiliados se cambian de fondos, se encienden las alertas y se señala que los traspasos afectan la estabilidad financiera. Esto es muy poco serio. O sea, los multifondos eran buenos mientras nadie los ocupaba.

No deben restringirse traspasos entre multifondos de cotizantes de AFP

Sería poco serio introducir restricciones cuando mecanismo empieza a utilizarse, según lo previsto y esperado.

Los traspasos entre multifondos que los afiliados a las administradoras han realizado en los últimos meses, han generado la preocupación entre agentes económicos y organismos reguladores, producto de los impactos de estas corridas en la rentabilidad de los instrumentos de renta fija.

Es necesario analizar con mayor perspectiva el funcionamiento de esta nueva realidad y tener prudencia en los anuncios de restricciones al mecanismo de modo de no caer en contradicciones con los mensajes que se entregaron antes de la implementación de esta ley.

Hace más de diez años, cuando se crearon los multifondos, éstos se justificaron con dos argumentos principales. Se sostuvo – y así lo demuestran los informes legislativos – que se incentivaría a los cotizantes a buscar información generando mayor conciencia y responsabilidad sobre el ahorro previsional, al tiempo que se lograría una asignación más eficiente de los recursos derivados de los fondos.

Ahora cuando efectivamente, y a consecuencia de la inestabilidad de los mercados, esta herramienta comienza a ser usada masivamente por los afiliados y éstos empiezan a preocuparse y a analizar las posibilidades que el sistema les ofrece para protegerse de las fluctuaciones, los mismos analistas empiezan a contradecirse y apuntan sobre los riesgos y consecuencias negativas de estos traspasos.

Es poco serio promover reformas y desdecirse justo cuando éstas empiezan a ser utilizadas.  Este tipo de advertencias y opiniones lo único que hacen es seguir sembrando desconfianza en el actual sistema previsional. Todo lo que rodea a las AFP se ve como algo medio turbio, donde las cosas siempre avanzan en favor de más comisiones y de restricciones.

Caso de Villa Hindú obliga a revisar protección a arrendatarios

Propondré incluir arrendamientos en ley del consumidor y exigir a arrendadores exhibir certificado de recepción final.

Respaldo  la querella interpuesta por los vecinos de la Villa Hindú ante la Justicia. He estado permanentemente apoyando sus inquietudes, procurando con los organismos gubernamentales que se agilicen las soluciones a los problemas existentes y contribuyendo a que sean compensados por los molestias y perjuicios sufridos.

Sin embargo, también, es necesario corregir la legislación para evitar que casos como éste se repitan. En ese sentido, presentaré a la consideración del Senado un proyecto de ley destinado a incorporar a la ley del consumidor los contratos de arriendo en los casos en que el arrendador no sea una persona natural, sino una inmobiliaria, corredora o cualquier entidad que se dedique habitualmente al arriendo de inmuebles.

La actual normativa sólo contempla los contratos de temporada lo que resulta poco lógico. No es razonable que los turistas tengan más protección que los arrendatarios permanentes. Sujetar este tipo de contratos a la ley del consumidor permitirá equiparar las condiciones entre las partes, cuando una de ellas es una empresa que se dedica comercialmente a la renta de viviendas residenciales. 

Problemas con la calidad y condiciones de las viviendas y con la devolución de garantías son pan de cada día en este tipo de relaciones contractuales y tendrán así la posibilidad de sujetarse a mediaciones y procedimientos colectivos.

Además, en los próximos días ingresaré una nueva iniciativa tendiente a obligar a que en los contratos de arrendamiento respecto de viviendas nuevas se acompañe el certificado de recepción definitiva, de modo de otorgar seguridad a los arrendatarios. Se trata de un documento que ya se requiere para la inscripción de inmuebles en el Conservador de Bienes Raíces, que habitualmente sigue a la compraventa, por lo que es razonable que se exhiba en otros contratos que se refieran a ellos.

Proyecto de Ley propone agravar penas por robos en establecimientos públicos de educación o salud

Deben tener una pena acorde al mayor daño social que ocasionan estos ilícitos a la comunidad.

Presenté a tramitación un proyecto de ley que establece como agravante de los delitos contra la propiedad realizarlos en establecimientos públicos de salud o educación, atendido el mayor daño social que producen a la comunidad al dejar sin atención o entorpecer la provisión de servicios básicos y obligar a aumentar el gasto del Estado y las municipalidades.

La sustracción de bienes que tienen por objeto la atención de necesidades de la propia comunidad, como computadores, materiales de educación e instrumental y equipamiento sanitario, representa una agresión a sus propios beneficiarios, que quedan transitoriamente privados de atención, al tiempo que obligan al Estado a su reposición para lo que se desatienden, a su vez, otros requerimientos.

En el último tiempo se ha hecho más reiterada la comisión de delitos en lugares como consultorios, escuelas y liceos, lo que se explica tanto por la incorporación de mayor tecnología en estos recintos que los hace más atractivos como por la habitual escasez de vigilancia y normas de seguridad, lo que los transforma en fácil blanco de los delincuentes.

Si bien el Código Penal castiga con una mayor pena el hurto y el robo cometidos en sitios faltos de vigilancia policial, oscuros y solitarios, esa circunstancia no siempre resulta ser acreditada en estos establecimientos por ubicarse en zonas urbanas y, más aún, en muchas ocasiones, contar con nocheros o cuidadores, los que sin embargo, suelen ser solo residentes o funcionarios encargados de labores menores, pero que carecen de condiciones para repeler actos delictivos.

Deben priorizarse perfeccionamientos a normativa para fortalecer derechos de pasajeros aéreos.

En reunión con Ministro de Economía insistí en urgencia de modificar la actual legislación.

En una reunión de trabajo con el Ministro de Economía, Félix de Vicente, quien acaba de asumir el cargo, le insistí en torno la necesidad de darle prioridad a la modificación del Código Aeronáutico para fortalecer los derechos de los pasajeros.

Se requiere recoger los avances en el derecho comparado, de modo de otorgar a los usuarios nacionales resguardos similares a los de los países más desarrollados, tanto en lo referido a la transparencia en la venta de tickets, cuanto en las compensaciones frente a cancelaciones y suspensiones de los vuelos. 

La actual normativa nacional ha ido quedando obsoleta frente a las reformas adoptadas especialmente en Europa en las últimas décadas y no responde a la masificación que el transporte aéreo ha tenido en el país. 

Tenemos un Código que data de 1990 y que requiere perfeccionamientos para ajustarse a los requerimientos de los usuarios de hoy, como lo demuestran los casos de situaciones complejas que han vivido pasajeros de numerosos aerolíneas que han enfrentado dificultades, como Air Europa y Pluna, entre otras, como también las recientes cancelaciones en itinerarios LAN a Buenos Aires. Asimismo, muchas de estas suspensiones y retardos se presentan habitualmente en los vuelos a zonas extremas, como Magallanes, sin tanta difusión. 

El Ministro compartió la importancia del tema y señaló que tenía conocimiento de las diversas mociones en trámite, coincidiendo en la necesidad de analizar la forma de mejorar nuestra legislación en materia de los derechos de los pasajeros y usuarios manteniendo, al mismo tiempo, una normativa que permita el desarrollo de la industria y asegure la conservación de los estándares de seguridad que han caracterizado a la aviación comercial chilena. 

Valoro la disposición del titular de Economía para analizar la materia y su apreciación en torno a estudiar modificaciones legales, recogiendo los contenidos de las distintas iniciativas existentes en el Parlamento. Espero que pueda avanzarse a la brevedad con el objeto de cautelar eficazmente los derechos de los más de 15 millones de pasajeros que se registran anualmente en el país.