Tribunal ordenó pago de indemnizaciones por daño moral a 31 ex presos magallánicos del recinto austral
Resulta muy positivo el fallo del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, que condenó al Estado de Chile a indemnizar a 31 ex presos políticos de la Región de Magallanes, que fueron detenidos y torturados en el campo de concentración de Isla Dawson, durante el régimen militar.
La sentencia, dictada el pasado 15 de enero por la titular de dicho tribunal, Claudia Donoso Neimayer, da lugar a una acción indemnizatoria por el daño moral y busca reparar los perjuicios sufridos por su prisión arbitraria, apremios ilegítimos y trabajos forzados. El texto argumenta la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y estima prudencialmente en 150 millones de pesos la compensación aplicable para cada uno de los demandantes.
La resolución de la magistrado capitalina es histórica. Viene a avanzar decididamente en la reparación que merecen estos compatriotas, vulnerados en sus derechos más fundamentales. Hasta ahora las acciones de compensación han sido insuficientes, por lo que estos ex presos magallánicos han debido recurrir a los tribunales, buscando una indemnización que realmente haga justicia los vejámenes recibidos de agentes del Estado.
La sentencia no sólo avanza sustantivamente en estos 31 casos, sino que abre camino para futuras acciones de otros afectados. Hubo miles de chilenos que sufrieron el rigor de la Dictadura en los cientos de recintos de detención y tortura que funcionaron durante ese período y que también merecen una reparación justa.
Por lo anterior, cabe hacer un llamado al Gobierno y al Consejo de Defensa del Estado a no impugnar el fallo para permitir el pago de las indemnizaciones. No sería comprensible que el Estado que afectó los derechos de estos compatriotas, que por años ocultó y minimizó los hechos y que recién está avanzando en hacer justicia para los casos de detenidos desaparecidos y ejecuciones, dificulte que se aplique lo aprobado por un tribunal de la República, más aún cuando el actual Gobierno ha manifestado su compromiso con la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
Lo que corresponde es acatar esta sentencia y reparar a los afectados.
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