El Ministerio de Educación ha solicitado al Consejo Nacional de Educación el cierre o la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad del Mar, como sanción, tras acreditar mediante análisis a los estados financieros y una auditoría a nivel académico, que se extendió por varios meses, una infracción grave a sus estatutos y una desviación de la finalidad del plantel.Esta casa de estudios, que ha sido en los últimos años un paradigma de los vicios de nuestra educación superior entra así a su hora decisiva. Inició sus actividades a comienzos de los ’90, como una alternativa más entre las muchas existentes. Al cabo de algunos años comenzó una explosiva expansión, que tuvo como bases la implementación de un sistema propio de financiamiento y la creación de sedes locales asentadas en ciudades carentes de suficiente oferta universitaria y técnica.
Este crecimiento inorgánico y la debilidad de su proyecto educativo, desvirtuado por el lucro de sus sostenedores, empezó a generar dificultades. Antes de la debacle de los últimos meses, detonada con la salida del rector Raúl Urrutia hubo varios hitos.
Uno de los primeros fue su involucramiento en las denuncias por “carreras brujas”, ocurrida a partir del 2007. Recuerdo perfectamente el episodio, pues tras respaldar a los alumnos, afirmé claramente que me parecía que impartir disciplinas a sabiendas que no habría campo ocupacional para ellas, me parecía una estafa, un engaño, tras lo cual fui amenazado de acciones legales por los directivos-propietarios, quienes me conminaron a retractarme, lo que, por supuesto, no hice.
Posteriormente, existían rumores respecto de desórdenes administrativos e iliquidez, particularmente en algunas sedes, dudas que parecieron confirmarse tras fracasar el 2011 el ingreso de Southern Cross a su propiedad. Desde ahí en adelante la historia es más conocida. Las denuncias estudiantiles por el lucro en la educación pusieron el dedo en la llaga en el complejo entramado de sociedades e inmobiliarias paralelas del plantel, cuya administración, además, se vio deteriorada por conflictos internos.
El resultado es la situación actual, con esta drástica medida propuesta por el Ministerio de Educación y la incertidumbre que enfrentan más de 18.000 estudiantes a lo largo del país y un grupo también significativo de docentes y funcionarios.
Veo esta decisión con sensaciones encontradas.
Por una parte, no tengo dudas respecto que los dueños de este plantel que, desde hace largos, años viene actuando en forma irregular, priorizando la obtención de utilidades por sobre el desarrollo académico de la institución, merecen sanciones ejemplarizadoras y, además, tengo la convicción de que estos estudiantes deben recibir la educación de calidad por la que están pagando y que no se les entrega.
Sin embargo, me asiste la duda de que el cierre sea la solución a este problema. Acaso, como reza el dicho, es un remedio peor que la enfermedad. Los alumnos quedan en la incertidumbre de no saber cómo concluir sus carreras, pese a haber invertido, en muchos casos, varios años de esfuerzo y recursos para el pago de aranceles y matrículas. Otro tanto ocurre con administrativos y profesores.
Lo anterior es especialmente preocupante en nuestra región. En el resto del país es muy posible que, como ha ocurrido en el caso del cierre de otras universidades, otros establecimientos acojan a los alumnos y les otorguen facilidades para retomar sus estudios. Sin embargo, en Magallanes, ello encuentra el obstáculo de que todas las carreras no son impartidas en nuestra zona. He pedido, por esto, al Ministerio de Educación analizar esta situación y estudiar la adopción de medidas que eviten que los estudiantes salgan perjudicados.
La solución de este caso es extremadamente compleja. Es necesario complementar una serie de acciones que procuren salvaguardar la confianza pública y el interés de todos los involucrados. Por una parte, no cabe duda que debe buscarse sancionar drásticamente a los propietarios del plantel, como responsables de las irregularidades. Por otro lado, deben ofrecerse soluciones para los estudiantes. Quienes quieran abandonar esta universidad y proseguir sus estudios en otra casa de estudios deben poder hacerlo, en tanto, se deben agotar los esfuerzos que permitan, a quienes quieran culminar sus carreras allí, poder hacerlo, si es factible recuperar niveles académicos y organizativos aceptables.
Todo lo anterior, sin olvidar que ésta es sólo la punta del iceberg del lucro en el sistema de educación superior que aún espera por cambios normativos. Debe legislarse para terminar con el desvío de recursos públicos hacia los dueños de estas entidades e implementar una rigurosa fiscalización y un sistema de acreditación que asegure la calidad. No se puede seguir jugando con los sueños de tantos jóvenes.
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