Necesitamos eliminar o rebajar el IVA al libro y dictar una “ley de precio fijo”.
Nuestro país debe avanzar en eliminar o reducir el IVA a los libros y establecer una ley de precio fijo para las producciones literarias si se quiere promover el libro y estimular el hábito de la lectura, especialmente en niños y jóvenes.
No es posible seguir gravando los libros del mismo modo que un vehículo último modelo o un artículo de consumo. Así como hoy se pretende castigar la compra de algunos bienes con impuestos ambientales, los tributos deben, también, buscar fomentar conductas que la sociedad quiera destacar, como la lectura.
La reforma tributaria que se tramita en el Parlamento es una ocasión inmejorable para introducir una modificación impositiva a favor de los libros. Deben descartarse las objeciones que expertos han señalado en el sentido que se favorecería la evasión. Si la normativa se aplica sólo en establecimientos dedicados exclusivamente a la venta de libros se facilita la fiscalización y se eliminan esos riesgos, al tiempo de apoyar la instalación y subsistencia de librerías.
Abogo, además, por una “ley de precio fijo” para los libros, como lo he propuesto en el Parlamento, que implicaría que el editor o importador de los textos debe fijar un valor, estampado en la portada del mismo, que debe respetarse en toda la cadena de distribución. Ello impide que el precio se encarezca excesiva y artificialmente en la cadena de comercialización, al tiempo que mejora las condiciones de competencia de las pequeñas librerías que no están en condiciones de obtener los descuentos por volumen que reciben los distribuidores de gran tamaño.
Fomentar la existencia de pequeñas librerías es otro elemento muy relevante en una política de estímulo a la lectura, pues ellas aseguran la difusión de obras de menor venta, como libros técnicos, ciencias sociales y autores emergentes, al tiempo que aseguran cobertura en localidades pequeñas.
No es posible seguir gravando los libros del mismo modo que un vehículo último modelo o un artículo de consumo. Así como hoy se pretende castigar la compra de algunos bienes con impuestos ambientales, los tributos deben, también, buscar fomentar conductas que la sociedad quiera destacar, como la lectura.
La reforma tributaria que se tramita en el Parlamento es una ocasión inmejorable para introducir una modificación impositiva a favor de los libros. Deben descartarse las objeciones que expertos han señalado en el sentido que se favorecería la evasión. Si la normativa se aplica sólo en establecimientos dedicados exclusivamente a la venta de libros se facilita la fiscalización y se eliminan esos riesgos, al tiempo de apoyar la instalación y subsistencia de librerías.
Abogo, además, por una “ley de precio fijo” para los libros, como lo he propuesto en el Parlamento, que implicaría que el editor o importador de los textos debe fijar un valor, estampado en la portada del mismo, que debe respetarse en toda la cadena de distribución. Ello impide que el precio se encarezca excesiva y artificialmente en la cadena de comercialización, al tiempo que mejora las condiciones de competencia de las pequeñas librerías que no están en condiciones de obtener los descuentos por volumen que reciben los distribuidores de gran tamaño.
Fomentar la existencia de pequeñas librerías es otro elemento muy relevante en una política de estímulo a la lectura, pues ellas aseguran la difusión de obras de menor venta, como libros técnicos, ciencias sociales y autores emergentes, al tiempo que aseguran cobertura en localidades pequeñas.
La preocupación por bajar los precios de la producción literaria debe complementarse con favorecer la existencia de puntos de venta, pues de lo contrario se corre el riesgo que la venta se concentre en grandes cadenas y supermercados, cuyo interés radica principalmente en las obras más populares y masivas.
En este punto es importante considerar el ejemplo de Francia, que con la aplicación de la ley de precio fijo, implementada en 1981, ha logrado mantener e incrementar una red amplia de pequeñas librerías. Similar legislación existe en Alemania, Austria, Francia, Grecia, Portugal, Eslovenia, Italia, Dinamarca, Holanda, Hungría y Noruega.
En este punto es importante considerar el ejemplo de Francia, que con la aplicación de la ley de precio fijo, implementada en 1981, ha logrado mantener e incrementar una red amplia de pequeñas librerías. Similar legislación existe en Alemania, Austria, Francia, Grecia, Portugal, Eslovenia, Italia, Dinamarca, Holanda, Hungría y Noruega.
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