junio 27, 2012

Gobierno privilegia intereses económicos por sobre preservación ambiental.

Subpesca  pretende modificar límites de Parque Nacional Bernardo O’Higgins para facilitar proyectos acuícolas.

El Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, confirmó que el Gobierno estudia modificar los límites del Parque Nacional Bernardo O'higgins, para facilitar y agilizar la explotación acuícola, salvando así restricciones que imponen las áreas silvestres protegidas.

Pretender alterar el trazado de una zona de preservación con el objeto exclusivo y declarado de dar cabida a negocios o actividades industriales es irresponsable y muy grave.

Las áreas silvestres protegidas fueron establecidas en base a criterios técnicos y científicos con el objeto de conservar la flora y fauna y no pueden estarse modificando arbitrariamente para satisfacer intereses particulares.

La zonificación realizada en la región austral estableció algunos lugares como aptos para la acuicultura, los que se encuentran al interior de áreas protegidas. Las actividades o proyectos que tengan lugar al interior de estos parques o reservas se encuentran sometidas a evaluación ambiental. Más aún, según el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, en trámite en el Congreso Nacional y que complementará la institucional ambiental aprobada en los últimos años, dichas explotaciones deberán ajustarse al plan de manejo que se establezca.

Lo anterior complica al sector industrial. Al Ejecutivo no se le ocurrió mejor idea que modificar los límites y cambiar la ley porque no les gustó la zonificación, pese a que ésta se realizó en forma muy arbitraria y con escasa participación constituye un abuso.

Resulta reprochable que organismos y autoridades usen sus atribuciones para impulsar proyectos privados. 

La Región de Magallanes ha definido una forma de desarrollo que privilegia el turismo y actividades económicas de pequeña escala, como la pesca artesanal, reservando algunos espacios para la acuicultura, pero en forma acotada. No queremos una acuicultura intensiva cuyos impactos económicos, ambientales, laborales y sociales ya conocemos y han sido nefastos.

En caso que el Gobierno persevere en el cambio del trazado del Parque Nacional Bernardo O’Higgins recurriremos a los tribunales y a la Contraloría con el objeto de salvaguardar el medio ambiente y el interés de la comunidad magallánica que quiere seguir contando con una naturaleza pura, sin los problemas que la salmonicultura y otras explotaciones, como la minería, han generado en otras regiones.

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