Senado aprobó que establecimientos de salud suministren fármacos en localidades pequeñas o apartadas. También incorporó norma que protege remuneraciones de dependientes de farmacias.
La Sala del Senado discutió en los últimos días un proyecto de ley destinado a regular el funcionamiento de las farmacias y la venta de medicamentos. La iniciativa refundió diversas mociones de parlamentarios, una de las cuales es de mi autoría.
El texto se originó en la colusión de las grandes cadenas de farmacias, denunciada el año 2008 y contiene diversas modificaciones al Código Sanitario destinadas a evitar acuerdos u otras acciones que eleven indebidamente el costo de los medicamentos. Se contempla, en lo puntual, fortalecer la información al usuario a través de la rotulación del precio en cada producto, impedir la orientación de los valores por parte de los laboratorios y prohibir los incentivos dirigidos a que los trabajadores de las farmacias estimulen la compra de determinados artículos más caros en lugar de aquéllos genéricos o de otras marcas más económicas.
Especialmente importante es la aprobación de una disposición que propuse y que permitirá a los establecimientos de salud suministrar fármacos, alimentos de uso médico y elementos de curación y primeros auxilios a los usuarios en las localidades de menos de diez mil habitantes o que se encuentren a más de 100 kilómetros del centro poblado más cercano, aún cuando en ellos haya farmacia o almacén farmacéutico.
Dicha normativa permitirá tener competencia y regulación de precios en muchas comunas aisladas, como Porvenir, cuyos habitantes quedan expuestos a que tras la apertura de una farmacia particular deba cesar la venta de medicamentos por parte de los establecimientos de salud. Si la colusión de cadenas de farmacias es un riesgo que debe evitarse, el monopolio es aún más peligroso, pues los pobladores quedan expuestos a tarifas que no siempre son competitivas, sin tener ninguna alternativa.
Destaco, además, la aprobación de otra indicación en cuya elaboración participé, junto a un grupo amplio de legisladores, que permite asegurar que los trabajadores de las farmacias no serán perjudicados en sus remuneraciones, como consecuencia de la revisión de los contratos por la prohibición de los incentivos por la venta de determinados productos.
Con este objeto, ellos deberán ajustarse de modo que los porcentajes totales de ese tipo de estímulos se paguen con cargo a otros emolumentos variables. Los sindicatos nos pidieron ocuparnos especialmente del tema, lo que hicimos logrando un acuerdo en la Comisión de Trabajo, que fue refrendado por la Sala.
El punto negativo fue que el rechazo de diversos legisladores no nos permitió establecer una norma destinada a evitar que los propietarios de laboratorios pudieran ser también dueños de farmacias. Esa era una disposición clave que apuntaba a eliminar las interferencias en los precios que pueden darse por la integración vertical de laboratorios y farmacias y que, lamentablemente, fue desechada.
El Senado retomará el análisis de este proyecto en la sesión del próximo martes 3 de julio, restando sólo un artículo por votarse.
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