marzo 07, 2012

Hay que regionalizar, sueldo mínimo, pensiones y beneficios sociales.

Sin variables locales se prejudica a trabajadores y pensionados de las zonas extremas.

Respaldo plenamente la creación de un sueldo mínimo regionalizado que considere el mayor costo de la vida existente en algunas regiones del país, como ha sido requerido en las movilizaciones emprendidas en Magallanes y Aysén.

Hace muchos años lo he venido planteando. Entregué una propuesta concreta al respecto al entonces Ministro del Trabajo, Ricardo Solari, la que establecía diversos rangos de salario para cuatro macrozonas del país, una de las cuales era la austral integrada por las Regiones XI y XII y las Provincias de Chiloé y Palena.

Regionalizar el sueldo mínimo es una medida que se justifica en el elevado valor de suministros domiciliarios, servicios, abarrotes, frutas y verduras, especialmente en la zona más austral del país, lo que produce un desequilibrio en el poder adquisitivo de las remuneraciones.

La mantención de un ingreso mínimo uniforme en todo el país, si bien resulta cómoda para las autoridades y las estadísticas, perjudica gravemente a los trabajadores de las zonas extremas, quienes pueden comprar menos con su salario, o sea, en los hechos reciben una menor remuneración que en el centro del país.

Pero eso no es todo. Lo mismo se aprecia en muchas otras materias, tanto a nivel de ingresos de los hogares como de instrumentos e indicadores. Así ocurre, por ejemplo, con monto de las pensiones mínimas o la ponderación de la Ficha de Protección Social, donde la fijación de parámetros únicos a nivel nacional se traduce en situaciones enormemente injustas.

Por tanto, apoyo plenamente la necesidad de avanzar no sólo hacia la regionalización del sueldo mínimo, sino también de cualquier tipo de renta, como las pensiones y también con los beneficios sociales y las herramientas que sirven para evaluar su procedencia.

El país debe asumir de una vez que tras la noción de Estado unitario, hay muy diversas realidades que deben ser asumidas y reconocidas, adoptándose políticas públicas especiales, que reconozcan las diferentes condiciones de vida que enfrentan los habitantes de las regiones, particularmente de las más extremas.

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