Tesis Labbé se impuso en el Gobierno

Proyecto que criminaliza protestas sociales es “represivo y dictatorial”.

Propuesta legal del Ejecutivo que pretende penalizar los saqueos, las tomas de establecimientos educacionales y otras formas de alteración de los servicios públicos es una norma eminentemente represiva y propia de gobiernos dictatoriales.

A pesar que en el Gobierno lo nieguen, lo que se busca con este proyecto es  desarticular los movimientos sociales, porque una cosa es sancionar el saqueo, que por lo demás ya está sancionado dentro de nuestro Código Penal y por lo tanto, no tiene sentido crear una figura penal nueva, y otra cosa y, que es lo peor en este anuncio, es sancionar  las tomas de los colegios y las movilizaciones.

La iniciativa gubernamental representa el triunfo de las posiciones más conservadoras del Gobierno. Claramente la “tesis Labbé” se impuso en el Ministerio del Interior. No vaya a ser que a estos ministros, que son hijos de lo que vivimos en la década de los 80, se le haya salido el otro yo y quieran impulsar medidas represivas para terminar con un movimiento social que no quiere a este Gobierno porque este no está respondiendo a las demandas ciudadanas.

Indicó que, sin perjuicio, de analizar, en su momento, en forma detallada, la propuesta gubernamental, es contrario a su formulación. Me parece gravísimo porque es atentar contra la democracia, atentar contra un gran movimiento ciudadano que la única forma de expresar que tiene es saliendo a las calles y expresar su malestar tomándose determinados recintos.

En general la norma es innecesaria, pues los desórdenes públicos están sancionados y los atracos a establecimientos comerciales realizados por turbas o con ocasión de tumultos también están establecidos como agravante en el Código Penal.

Estas propuestas muestran la falta de coherencia de las iniciativas sobre seguridad pública anunciadas por La Moneda, pues al mismo tiempo que se promueve diversos proyectos para descongestionar las cárceles, liberando presos de menor peligrosidad, se presentan estas medidas para llevar a prisión a más chilenos, especialmente jóvenes. 

Es evidente la sobreprotección de los intereses de actividades empresariales. Vemos que el Ejecutivo tiene mucha energía para cuidar el patrimonio de bancos y del retail, pero no tiene la misma decisión para sancionar con cárcel los abusos contra los clientes.