Debemos legislar en forma urgente para aliviar el sobreendeudamiento

El sistema de la "bicicleta" colapsó.

El miércoles, en la sesión especial que el Senado efectuó para abordar la crisis de La Polar, propuse ante el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, la necesidad de legislar a la brevedad para ayudar a terminar con el sobreendeudamiento y los abusos de las casas comerciales que afectan a millones de chilenos.

La crisis generada significa un colapso no sólo para esta multitienda, sus deudores y accionistas, sino también para toda la sociedad. Estamos frente a un desastre mayor para la empresa, pero creo que, también, para un modelo de sociedad, para este país de la bicicleta, donde millones de chilenos son esclavos de las multitiendas y los bancos, donde los sueldos no alcanzan y hay que endeudarse en una tienda para pagar en otra; donde se le entrega tarjeta a cualquiera, sin medir su capacidad de pago. Precisamente porque el negocio es que no pague, para someterlo a las repactaciones usureras.

Esto no da para más. Necesitamos un nuevo estatuto del crédito y los deudores que contemple, al menos, tres medidas: la modificación de la legislación en materia de tasas de interés y cobros adicionales; la creación de una institucionalidad que proteja a los deudores y, especialmente, legislar sobre la insolvencia y el sobreendeudamiento.

Tenemos que terminar el drama de la bicicleta. Es la falta de un sistema que permita salir de una situación de sobreendeudamiento lo que agrava el problema, obligando a los chilenos a endeudarse en una tienda para pagar en otra.

Hoy quien no puede pagar, por cesantía, por enfermedad o simplemente porque, como se dice “lo pilló la máquina” tiene dos alternativas. La primera, no pagar, y comenzar la tortura de sucesivos juicios ejecutivos y embargos que debe atender uno a uno. Al final, queda sin bienes y no pagó ni las costas. La segunda, es empezar a pedalear y pedir un crédito para cumplir con otro, mecanismo que algún día colapsa cuando el nivel de endeudamiento es irremediable.

Una ley de insolvencia y sobreendeudamiento permitiría a la gente, con un mediador o con el Juez, abordar todas sus deudas en conjunto, en un solo procedimiento y someterlas a un mecanismo común de pago, con tasas y condiciones razonables.

Necesitamos fortalecer la Educación Pública y terminar con el lucro

PS impulsa reforma constitucional que recoge principales propuestas de las movilizaciones estudiantiles

Junto a la bancada de senadores y diputados del Partido Socialista, ingresamos este miércoles a tramitación en la Cámara Alta una reforma constitucional tendiente a fortalecer la educación pública y terminar con el lucro. La iniciativa lleva también las firmas de Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Camilo Escalona y Fulvio Rossi y cuenta, asimismo, con la adhesión de los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Eugenio Tuma (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD).

El texto pretende asegurar en la Carta Fundamental la calidad de la educación y garantizar que el Estado financiará en forma suficiente un sistema de educación de administración estatal. Señala, además, que sólo los establecimientos educacionales que no persigan fines de lucro recibirán aportes del fisco. El proyecto también entrega a una ley la determinación de los mecanismos básicos para asegurar la calidad de los planteles y deja el derecho a la educación bajo el amparo del recurso de protección.

Esta iniciativa se hacer cargo y recoge las propuestas que han planteado los estudiantes en el marco de sus movilizaciones. El sistema educacional chileno presenta un grave problema de segregación y desigualdad que, unido a la deficiente calidad, ha sido denunciado por diversos organismos y entidades especializadas, tanto nacionales como internacionales, como un factor que afecta a la igualdad de oportunidad en nuestra sociedad y conspira contra un desarrollo más armónico. Necesitamos que la Constitución, que es el eje que orienta toda la legislación sobre la materia, se haga cargo de estas falencias y asegure que todos los chilenos recibirán una educación de calidad.

Resulta muy importante que la propuesta señale expresamente que el Estado deberá hacerse cargo de la educación pública, tanto en lo referido a su financiamiento como a la administración, terminando con ello con la municipalización; al tiempo que se erradica el lucro al declararse que sólo los establecimientos que no persigan utilidades recibirán apoyo estatal. No estamos negando la libertad de enseñanza, pero sí afirmando con mucha fuerza que quién quiera hacer negocios deberá hacerlo con sus propios recursos y no con fondos públicos que deben canalizarse hacia los sectores más desfavorecidos,

Los diputados y senadores del PS tenemos la firme convicción en empujar la iniciativa logrando que sea tramitada y votada por el Senado. Esperamos contar con el apoyo de la Concertación para aprobarla en la Cámara Alta y recibir el apoyo de los parlamentarios independientes en la Cámara de Diputados.

Senador Muñoz pidió al gobierno mayores recursos para combatir la violencia intrafamiliar

Magallanes encabeza estadísticas a nivel nacional

El senador Pedro Muñoz hizo un llamado al gobierno a comprometer recursos a la brevedad para combatir la violencia intrafamiliar en Magallanes, la cual junto a Tarapacá, alcanza las cifras más altas de todo el país.

El parlamentario fundamentó su petición luego de conocer la respuesta a un oficio enviado el pasado mes de mayo donde pidió explicar los esfuerzos llevados a cabo en la región para terminar con los abusos físicos y psicológicos al interior del hogar.

En la respuesta enviada por la Subdirectora del SERNAM Cecilia Pérez se detallan los Centros de la Mujer de Punta Arenas y Puerto Natales donde se brinda asistencia psicológica y jurídica a las victimas, junto la Casa de Acogida que funciona en la capital regional.

Al respecto el senador valoró el reconocimiento efectuada por la autoridad del SERNAM en cuanto a la actual carencia de recursos para implementar planes de prevención de violencia al interior de los hogares tales como los programas de Alerta Temprana y de Reeducación de Hombres que Ejercen Violencia que tiene por objetivo, en el primer caso, orientar e informar acerca de la violencia intrafamiliar para adoptar forma no violentas de resolución de conflictos.

Igualmente paralizado por falta de recursos se encuentra el programa de Reeducación de Hombres que Ejercen Violencia, el cual busca disminuir la violencia al interior de parejas que se atiendan en el SERNAM por medio de atención psicológica, informo el senador Muñoz.

“Lo que corresponde en este momento es que una vez reconocidas las tareas pendientes, el gobierno se aboque cuanto antes a ejecutar los programas preventivos porque no resulta suficiente atender a las victimas de abusos una vez que estos vienen cometiéndose a lo largo del tiempo, sino que por el contrario, son la detección y prevención de conductas peligrosas las llamadas a resocializar conductas peligrosas antes que sea demasiado tarde”, sentenció el legislador.

Seguimiento de redes sociales es ilegal.

Contraloría debiera declarar que constituye tratamiento de datos sensibles e invalidar licitación del Gobierno

La plataforma de seguimiento de personalidades y conceptos en internet impulsada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y adjudicada a la empresa Brandmetric S.A., por un monto de $ 14.388.000, ha motivado una aguda controversia en torno a sus objetivos y alcances.

El Gobierno ha defendido el mecanismo, en voz de la vocera Ena Von Baer, quien afirmó “nosotros acá no estamos haciendo nada que no sea mirar opiniones públicas, son opiniones que las personas vierten en un sistema de comunicación pública y lo que nosotros estamos haciendo es ver lo que la gente dice.”

Sin embargo, considero que el sistema impulsado por el Ejecutivo es ilegal, en tanto viola la intimidad de las personas. Se ha dicho que se trata de una forma de auscultar lo que la gente piensa del Gobierno, sus autoridades y de ciertas iniciativas, asimilándolo a lo que muchas empresas realizan respecto de marcas y productos, sin embargo ello no es exacto, tanto por el carácter de las opiniones que se recogen como por las características de la plataforma que se está implementando.

En primer término, porque no se trata de recoger dichos sobre marcas o productos, sino opiniones políticas, definidas en el artículo 2º letra g) de la Ley 19.628 sobre datos personales y protección de la vida privada como datos sensibles de la población. El artículo 10º del mismo texto legal señala que “No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

Claramente para la ley las opiniones políticas no pueden ser objeto de tratamiento de ningún tipo, aún cuando provengan de fuentes públicas y en eso difieren de los datos personales.

Asimismo, en cuanto a las características del sistema, no se trata de una mera recolección de opiniones. Las Bases Técnicas nos dejan claro que no sólo recogerán estadísticamente los comentarios, sino también se identificará su origen, incluso la localización cuando se trate de twitter y, más aún, que se almacenarán por un lapso de tiempo.

Sería bueno que la Ministra Von Baer lea las bases y los parámetros de evaluación porque no estamos frente a un simple seguimiento de redes, sino que se está configurando un registro de opiniones políticas y eso está prohibido. Una cosa es que se pueda auscultar estadísticamente las opiniones de la población respecto de una marca o iniciativa en particular, pero otra muy distinta es que se recojan opiniones políticas y más aún, que se genere un registro de ellas.

Por ello, he pedido al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, declarar que los actos administrativos que configuran e implementan esta plataforma de seguimiento, tales como llamado a propuesta, adjudicación y pagos, constituyen un tratamiento de opiniones políticas y, por tanto, de datos sensibles de la población, conducta claramente prohibida por la ley 19.628. Asimismo, no descarto que estos mismos antecedentes sean objeto de un recurso de protección tendiente a paralizar la implementación y uso de este sistema.

Respaldo a funcionarios municipales por pago de incremento previsional

Vía judicial alargará la solución del problema y llamó a perseverar en la búsqueda de acuerdos.

Apoyo la movilización que llevan adelante los funcionarios municipales de Punta Arenas con el objeto de conseguir el pago del denominado incremento previsional, beneficio establecido en el DL 3501 y que por distintas vías ha venido siendo reconocido en algunas comunas del país. Se trata de otra de las consecuencias del traspaso al nuevo sistema previsional, originadas en la década de los ’80 y que, desde esa fecha no ha logrado ser asumida por todos los municipios del país.

Sin embargo existen precedentes en que esto se ha conseguido y por esto el personal de la Municipalidad de Punta Arenas ha iniciado movilizaciones con el objeto de poder tener también una solución.

En varias ocasiones he sostenido reuniones con dirigentes locales y nacionales de los funcionarios con el objeto de interiorizarme de este problema y, más aún, este viernes he vuelto a dialogar sobre el estado actual la situación y las conversaciones con el municipio, que se encuentran estancadas tras la decisión del alcalde Vladimiro Mimica y los Concejales de no aprobar una transacción judicial, manteniendo el asunto en manos de los tribunales de justicia.

Se trata de un tema complejo, especialmente por la disparidad de criterios judiciales y administrativos existentes. La circunstancia de que la Contraloría General de la República hubiera expresado en algunos dictámenes que no cabía realizar reparos de legalidad respecto del pago de este incremento que se funde en transacciones judiciales, pues constituiría un desacato, abría una vía que, lamentablemente, no ha prosperado.

Expreso mi convicción en la necesidad de seguir buscando vías alternativas que eviten tener que esperar la larga tramitación que significa un juicio. Espero que ambas partes sigan buscando fórmulas de acuerdo que permitan terminar el conflicto satisfactoriamente. Además, hago presente la necesidad que el Gobierno, a través de la SUBDERE, se comprometa en avanzar en una solución global, pues se trata de una materia que se reproduce en todo el país.

Debemos prevenir fraudes y suplantación de títulos profesionales y técnicos

Proponemos crear un registro público de titulados de la educación superior

Tras la denuncia realizada la noche de este miércoles por el programa En la Mira de CHV, quiero insistir en la necesidad de crear un registro público de los títulos profesionales y técnicos otorgados por las entidades de educación superior del país, con el objeto de evitar la adulteración de estos documentos y de las respectivas funciones, realizada por personas inescrupulosas.

La denuncia periodística es muy grave, particularmente cuando se refiere a actividades y cargos que requieren un alto grado de calificación y conocimientos, cuya suplantación puede causar enormes daños a las personas y sus bienes, por lo que necesitamos adoptar medidas para evitar este tipo de hechos.

En septiembre de 2009, ante situaciones similares ocurridas en la Región de Magallanes, presenté una iniciativa legal, que fue suscrita, además, por los senadores Andrés Chadwick, Juan Pablo Letelier, Ricardo Núñez y Mariano Ruiz Esquide, que obligaría a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica a llevar un registro actualizado de sus titulados y ponerlo a disposición del público a través de internet.

Se trata de una medida fácil de implementar que otorgaría seguridad a los usuarios que podrían verificar con facilidad la real competencia y preparación del profesional o técnico cuyos servicios están requiriendo. La idea es comenzar con los titulados más recientes y, en un plazo prudente, ir avanzando en la incorporación de las promociones más antiguas.

Lo anterior es cada vez más necesario ante el creciente aumento de titulados de la educación superior lo que unido a la inexistencia de un registro facilita la acción de quienes burlan la fe pública asumiendo profesiones y oficios que no poseen. Por ello, solicitaré a la Comisión de Educación del Senado poner en tabla esta iniciativa para la que pediré, también, el patrocinio del Ministerio de Educación.

Gobierno debe pronunciarse sobre dictamen de la Dirección del Trabajo y agilizar una solución

Junto a Senador Escalona presentamos moción que repone interpretación favorable a los trabajadores.

La iniciativa legal está destinada a interpretar el artículo 172 del Código del Trabajo, con el objeto que las asignaciones de movilización y colación sean consideradas en la última remuneración mensual para efectos del cálculo de las indemnizaciones por años de servicio, corrigiendo el reciente dictamen de la Dirección del Trabajo que excluyó tales rubros del cómputo y que ha suscitado un amplio rechazo y preocupación en el ámbito sindical.

Creemos que la Dirección del Trabajo se ha equivocado profundamente, pues frente a diversas interpretaciones posibles, que han dado lugar a dictámenes y fallos contradictorios de la propia DT y de la Corte Suprema, optó de oficio, sin mediar solicitud alguna, por aquélla más perjudicial para los trabajadores. El resultado es que se privará a quienes sean despedidos de más de un quinto de lo que les corresponde.

Los argumentos entregados por el organismo fiscalizador son pobres y equivocados, pues es absolutamente innecesaria la uniformidad de la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo con la de la Corte Suprema, en tanto los fallos de los tribunales tienen efecto relativo, circunscrito al juicio de que se traten. La circunstancia de ser dictados en recursos de unificación de jurisprudencia no altera ese carácter.

Asimismo, el dictamen no se ajusta al principio de especialidad con que deben interpretarse las disposiciones del Código del Trabajo y por el cual, la norma del artículo 172, referida a las indemnizaciones por años de servicio y que resulta amplia y comprensiva de diversos ingresos que tengan carácter periódico, debiera primar sobre la definición contenida en el artículo 41 del mismo cuerpo legal.

La moción pretende entregar tanto a la Dirección del Trabajo como a los tribunales de justicia, una precisión legislativa en torno al sentido y alcance de estas disposiciones, evitando las contradicciones que se advierten. En caso que ésta fuera declarada inadmisible, solicitaremos el patrocinio del Ejecutivo para corregir la situación planteada con el dictamen de la Dirección del Trabajo. El Gobierno debe pronunciarse si le parece o no esta interpretación y sus efectos y, en caso de entenderla perjudicial, llamamos a la Ministra Evelyn Matthei a buscar las fórmulas administrativas o legales de enmendarla y reponer aquélla más favorable para los trabajadores.

Deben ejercerse acciones legales para recuperar fondos de AFP perdidos en crisis de La Polar

Actos ilegales de ejecutivos deben ser asumidos por la empresa. Superintendencias de Pensiones y Valores y Seguros deben proceder enérgicamente.

El impacto que la crisis bursátil por la que atraviesa La Polar está teniendo en los fondos de pensiones de millones de trabajadores chilenos es muy preocupante. Más del 24% de los títulos de la empresa del retail pertenecen a Administradoras de Fondos de Pensiones.
Por ello, debe exigirse una activa participación de los organismos públicos involucrados en la supervigilancia en materia de pensiones y valores para cautelar el patrimonio de los cotizantes. Acá no hay una crisis financiera, no hay azar, no hay malos negocios, sino una acción deliberada para infringir la ley y es esto lo que produce este resultado. Por tanto, la empresa debe hacerse responsable de la gestión de sus ejecutivos que operaron fuera de las normas y sin fiscalización interna.
Se requiere conocer, también, el rol que han tenido las propias AFP´s en esta situación, puesto que éstas cuentan con directores en el máximo organismo colegiado de la empresa. Necesitamos saber qué han hecho para evitar esta situación y si han funcionado los mecanismos de control interno.Hay directores, administradores y auditores que no han operado y clasificadores de riesgo que han hecho muy mal su trabajo al no advertir un hecho tan público y notorio.
Por esto, he oficiado a la Superintendencia de Pensiones con el objeto de estimar los efectos que este desastre bursátil de La Polar tendrá en los ahorros previsionales de los chilenos, al tiempo de requerirle estudiar las acciones legales que podrían iniciarse en contra de la firma para responsabilizarla de estas pérdidas.
Del mismo modo, pediré a la Superintendencia de Valores y Seguros la mayor transparencia sobre esta situación y que requiera de la empresa toda la información que permita determinar los responsables de estas conductas. Se requiere saber con certeza si existía conocimiento de estas prácticas y por qué no funcionaron los mecanismos de control.
Por último, solicitaré a la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta realizar una sesión especial a la que se invite a los Superintendentes de Valores y Seguros y de Pensiones, al Director del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC y a la Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, con el objeto de analizar la situación y conocer los pasos a seguir por parte de los organismos fiscalizadores.