Quiero valorar la actitud asumida por el Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, en el sentido de actuar con firmeza respecto de dichos contrarios al rol institucional de la rama castrense, cursando la baja inmediata tanto del nieto del ex Dictador Augusto Pinochet como del General Ricardo Hargreaves, Comandante de la V División de Ejército con asiento en Punta Arenas.
Con ello el Ejército de Chile avanza decididamente en retomar su rol profesional y prescindente de la actividad política, única forma de cautelar y servir a los intereses de toda la Nación y no de algunos grupos de ella. La señal que se ha dado, en ese sentido, es muy potente y debe ser valorada como un importante gesto en pro de la normalización institucional.
Nadie cuestiona la posibilidad que los militares ejerzan sus derechos constitucionales y tengan opinión y posiciones respecto de la situación del país, pero ellas jamás deben expresarse públicamente, pues cuando así ocurre, en cualquier sentido, éstos pasan a tomar partido en la contingencia, lo que está prohibido por la Constitución y la ley como contrapartida al monopolio de las armas que la sociedad les ha entregado.
Como ha dicho la Ministra Blanlot acá ni siquiera está en discusión el sentido puntual de sus declaraciones, sino que el sólo hecho de expresar opiniones respecto de la coyuntura lo apartan de la línea institucional.
Sin embargo, sin perjuicio de la condena a la emisión de cualquier tipo de planteamientos de esta naturaleza por parte de un General de Ejército, no cabe duda que tiene mayor gravedad que los haya proferido adhiriendo a la gestión del gobierno de facto, apoyando con ello indirectamente la nefasta represión emprendida en dicho régimen y que costó la vida de miles de chilenos.
Sus expresiones han tenido lugar, además, en una región que fue especialmente golpeada, donde muchos magallánicos debieron sufrir el horror de la detención arbitraria, las torturas y la persecución, constituyendo, entonces, una ofensa gratuita que no pudo ser sino sancionada con la severidad que merece.
Con ello el Ejército de Chile avanza decididamente en retomar su rol profesional y prescindente de la actividad política, única forma de cautelar y servir a los intereses de toda la Nación y no de algunos grupos de ella. La señal que se ha dado, en ese sentido, es muy potente y debe ser valorada como un importante gesto en pro de la normalización institucional.
Nadie cuestiona la posibilidad que los militares ejerzan sus derechos constitucionales y tengan opinión y posiciones respecto de la situación del país, pero ellas jamás deben expresarse públicamente, pues cuando así ocurre, en cualquier sentido, éstos pasan a tomar partido en la contingencia, lo que está prohibido por la Constitución y la ley como contrapartida al monopolio de las armas que la sociedad les ha entregado.
Como ha dicho la Ministra Blanlot acá ni siquiera está en discusión el sentido puntual de sus declaraciones, sino que el sólo hecho de expresar opiniones respecto de la coyuntura lo apartan de la línea institucional.
Sin embargo, sin perjuicio de la condena a la emisión de cualquier tipo de planteamientos de esta naturaleza por parte de un General de Ejército, no cabe duda que tiene mayor gravedad que los haya proferido adhiriendo a la gestión del gobierno de facto, apoyando con ello indirectamente la nefasta represión emprendida en dicho régimen y que costó la vida de miles de chilenos.
Sus expresiones han tenido lugar, además, en una región que fue especialmente golpeada, donde muchos magallánicos debieron sufrir el horror de la detención arbitraria, las torturas y la persecución, constituyendo, entonces, una ofensa gratuita que no pudo ser sino sancionada con la severidad que merece.
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