No puede retrocederse en las exigencias ambientales y sanitarias para la acuicultura

Gobierno no debe ceder a presiones. Revisión de requisitos llevaría a poner en discusión duración de concesiones y su carácter de garantía financiera 

La industria salmonera está vulnerando el compromiso implícito en la aprobación de la ley 20.434, que reorganizó el sector, tras la crisis provocada por el virus ISA, estableciendo concesiones por 25 años y la posibilidad de que fueran entregadas en garantía al sistema financiero, a cambio de incrementar sustantivamente las exigencias ambientales y sanitarias para evitar nuevas situaciones similares. 

En efecto, la pretensión de flexibilizar tales condiciones constituye un cambio en las reglas del juego que permitieron la recuperación del sector, que obligaría a redefinir toda la normativa vigente. Si la salmonicultura quiere discutir las exigencias ambientales y sanitarias, debe estar dispuesta a revisar también la duración de las concesiones y su carácter de garantía, pues se trataba de un paquete armónico de disposiciones para reestructurar la actividad.

Las irresponsables prácticas sanitarias de esta industria llevaron al colapso los cultivos en la región de Los Lagos y Aysén, por lo que se propuso una ley que pretendía, por una parte, permitir su reubicación geográfica y, por otra, brindarles un respaldo financiero a través de la opción de entregar en garantía las concesiones.

Algunos rechazamos esa fórmula en el entendido que se trataba de un premio inmerecido para una industria que había generado su propia crisis y respecto de la que, además, no se veía un compromiso claro por mejorar sus estándares en materia ambiental, sanitaria y laboral. 

La aprobación de la ley se logró tras asegurarse la instauración de nuevas exigencias en materia de medidas de prevención, en aspectos tales como creación de barrios, separación de cultivos, densidad y control del uso de antibióticos, al tiempo que existió un compromiso formal de un nuevo estatuto para los trabajadores del sector. La regulación laboral no se ha dictado y, peor aún, ahora la industria está solicitando reducir las exigencias ambientales y sanitarias, encontrando para ello cierto eco en el Gobierno, que ha aceptado reunirse para conocer sus reparos a la reglamentación. 

Lo anterior vulnera el espíritu del acuerdo que hizo posible esa nueva regulación, pone en serio riesgo zonas, como Magallanes, donde se están instalando los cultivos tras la relocalización y cuestiona, en su conjunto, la nueva regulación. Si hay retroceso en las exigencias ambientales debe rediscutirse también la duración de las concesiones y su carácter de garantía financiera.

El Ejecutivo no debe ceder a presiones corporativas, por el contrario, debe cumplir con el compromiso de un nuevo estatuto laboral que terminé con las prácticas antisindicales y el abuso en el sector.