Voté en contra de un ajuste tributario que profundiza las desigualdades.

Se recauda poco, se insiste en franquicias injustas y se crea un Fondo para la Educación imaginario.

 

Como lo anuncié públicamente en Magallanes, como creo corresponde a un representante de la ciudadanía, voté en contra por estimar que el texto está muy lejos de avanzar en las necesidades del país. 

Lo hice por tres razones fundamentales: que no se recaudan recursos suficientes, que se incrementan los beneficios para los sectores de mayores ingresos y que no se avanza en justicia tributaria, o sea en evitar la evasión y elusión.

Respecto de la escasa magnitud de los ingresos fiscales que se obtendrán, el proyecto recauda un máximo de unos US$ 1.200 millones en recursos frescos, un promedio de US$ 900 por año, hasta el 2017. El Fondo para la Educación del que tanto se habla, es teórico. No implica utilizar los 4.000 millones de dólares en educación, sólo sus intereses se invertirán. El resto permanecerá intocable. 

En relación a las franquicias tributarias, la rebaja de impuestos personales y la disminución de la tasa del impuesto de timbres y estampillas beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos, lo que incrementa la desigualdad en el país. No hablamos de clase media, sino derechamente de personas cuyas rentas superan los 3 millones de pesos mensuales.

En tercer lugar, el proyecto no avanza en terminar la evasión al mantener el Fondo de Utilidades Tributables, el incentivo IVA a la construcción y la exención que favorece a los Fondos de Inversión Privados.

Por tanto, si bien hay algunos avances, como mantener el impuesto a las empresas en un 20% y algunos compromisos legislativos, el proyecto es insuficiente para las necesidades del país. El proyecto sigue siendo muy malo y lo que es peor, lejos de avanzar en superar las desigualdades indecentes que existen en el país, las agudiza. No es el esfuerzo solidario que Chile y los magallánicos esperan.

 

A mi juicio, el tema tributario no está zanjado y espero que en la futura campaña presidencial se proponga una reforma real que incremente el aporte de los sectores más exitosos y permita producir las transformaciones que se requieren no sólo en educación, sino también en otros ámbitos.