agosto 31, 2012

Justicia debe frenar explotación carbonífera en Isla Riesco

Proyecto presenta el mismo defecto que la fallida Central Castilla al evaluar separadamente impacto del puerto y la Mina Invierno. Actitud dolosa de inversionistas motiva rechazo de proyectos energéticos.
 
El proyecto que Minera Isla Riesco lleva adelante en la Región de Magallanes adolece de los mismos reparos administrativos, en su proceso de calificación ambiental, que terminaron motivando que la Corte Suprema detuviera la Central Castilla en el norte del país.

En lo sustantivo, se da la misma situación de haber sometido en forma separada a evaluación ambiental el puerto que exige la explotación carbonífera y la Mina Invierno.
 
Hay acá una evidente intención de simplificar el análisis para facilitar la aprobación, en circunstancias que constituyen una misma unidad productiva. No cabe ninguna duda que no es necesario un puerto sin la mina y no es viable la mina sin el puerto que permita sacar el material.
En el caso del proyecto de Minera Isla Riesco existen, además, otras falencias vinculadas con la clasificación de impactos, la contaminación de las aguas de la isla y el seno Otway por la calidad del carbón, que no se analizó y que contiene porcentajes elevados de metales pesados, como arsénico y mercurio.

Espero, por tanto, que los recursos que presentó Alerta Isla Riesco sigan su curso, no sean entorpecidos por el Gobierno u otros organismos del Estado y culminen, tal como ocurrió en el caso de la Central Castilla, con un rechazo del Poder Judicial a la aprobación ambiental que la Mina Invierno recibió en la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, en tanto se trata de un proceso claramente viciado.

Debe valorarse el reciente fallo de la Corte Suprema sobre el proyecto termoeléctrico en Atacama y desestimar las críticas del empresariado y el Gobierno en el sentido que tanto la legislación vigente como el criterio de los tribunales estarían afectando la inversión energética.
 
El problema no deben buscarlo ni en la ley ni en los tribunales, sino en la actitud dolosa de los promotores de los proyectos, que buscan subterfugios para evitar la evaluación integral que corresponde para iniciativas de alto impacto ambiental.

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