Texto suscrito por la Concertación, el PC y el MAS contempla gratuidad en la educación superior hasta el séptimo decil. Propuesta enfatiza en fin del lucro, desmunicipalización, fortalecimiento de la educación técnico – profesional e insiste en una reforma tributaria.
El acuerdo alcanzado por
las distintas fuerzas de oposición en torno al presupuesto de educación para el
año 2012 en actual trámite y las reformas que en esta materia deben abordarse
tras su discusión es un gran paso. Tras seis meses de movilizaciones
estudiantiles, la demanda por una educación gratuita y de calidad ha logrado un
amplio respaldo ciudadano, cuyas principales demandas se han recogido,
concordando en un pliego de planteamientos.
El texto, que consta de ocho ejes y fue firmado por
los Presidentes de los Partidos de la Concertación, el PC y el MAS, aborda en
primer lugar la necesidad de resguardar constitucionalmente a la
educación como un bien público y regular el sistema privado. Se sostiene que la
libertad de enseñanza no puede seguir teniendo supremacía respecto al derecho a
la educación, el cual está hoy definido en forma débil y no cuenta con
instrumentos eficaces para asegurar su protección.
Otro tema incorporado en la
propuesta es el fin del lucro en materia educativa. Para ello se precisa la
necesidad de contar con un sistema serio y transparente de fiscalización en el
caso de las universidades, donde el lucro esté prohibido, sancionando drásticamente a las instituciones que infrinjan la ley. Respecto de
institutos profesionales, centros de formación técnica, y de los
establecimientos de la educación particular subvencionada, se propone
establecer un proceso gradual que asegure el término del lucro con fondos
públicos. Se anuncia, también, que en el presupuesto 2012 se incorporarán indicaciones
para garantizar que se exija transparencia total y una adecuada fiscalización,
en el manejo financiero de los establecimientos educacionales con registros y
balances públicos.
Un tercer aspecto incluido es
terminar con la municipalización y avanzar hacia un nuevo régimen de la
educación pública en el ámbito preescolar y escolar. La oposición no aceptará que la educación pública se desmiembre
en diversas modalidades inconexas. Queremos un Sistema Nacional de Educación
Pública, que sea autónomo y descentralizado, pluralista, laico y democrático,
con una responsabilidad clara del Ministerio de Educación para garantizar el
buen funcionamiento, el financiamiento, la calidad y equidad del sistema.
Otro eje fundamental del
manifiesto opositor lo constituye el financiamiento de la educación superior.
En este punto se propone garantizar la gratuidad hasta el séptimo décil socio
económico, vale decir los estudiantes que pertenezcan al 70% de las familias de
menores recursos del país. Para ello se indica que deberá existir un solo
sistema de becas y créditos para los estudiantes de educación superior y
proponen terminar con el CAE (Crédito con Aval del Estado) el que deberá ser
sustituido hasta alcanzar los estándares del actual crédito solidario y ser
accesible a todos los estudiantes de educación superior, con el objeto de
financiar a quienes no alcancen la gratuidad.
La oposición plantea
alcanzar el porcentaje de gratuidad señalado en
dos etapas. En una primera, debería becarse a todos los estudiantes que cursen
estudios en las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, hasta el
séptimo décil, atendido que dichos planteles cuentan con controles y
regulaciones públicos más rigurosos. Posteriormente y en cuanto cumplan las
condiciones de transparencia y calidad, la gratuidad se extendería, en forma
gradual, a los estudiantes pertenecientes hasta el séptimo decil de menores
ingresos de toda la educación superior.
Entre las condiciones que
deberían cumplir los planteles para que sus alumnos
se vieran beneficiados por la gratuidad, se contempla la acreditación de
instituciones y carreras; la prohibición de lucrar; garantizar la libertad de
cátedra y el derecho de asociación y organización de las comunidades
educativas, y la transparencia activa y pasiva en el uso de los recursos
públicos.
La oposición enfatiza en la
necesidad de contar con sistema de acreditación que asegure estándares más
rigurosos, defina con seguridad y rigor el principio de calidad, considere los
resultados de los egresados de estas instituciones y fortalezca el rol de la
agencia pública encargada del tema a través de la creación de una
Superintendencia de Educación Superior. Las
nuevas ayudas estudiantiles deberán estar vinculadas a un mecanismo de control
de los aranceles, ejercido desde el ministerio de Educación en base al informe
de una comisión independiente, para evitar que éstos sigan subiendo sin
fundamento.
Otro punto remarcable es la propuesta
de incorporar en el Presupuesto 2012 los recursos necesarios para poner en
marcha una nueva modalidad de acceso a la educación superior, destinada a los
estudiantes destacados o meritorios de los establecimientos que reciben
financiamiento público, que mitigue las distorsiones e inequidades del sistema
PSU. La idea es asegurar que el 10% de
alumnos de mejores calificaciones de la educación municipal pueda acceder a la
educación universitaria en base al ranking de notas, con u programa de
nivelación que garanticen su inserción efectiva.
El acuerdo opositor exige,
asimismo, cumplir los compromisos ya adquiridos con las universidades
estatales, que incluyen recursos especiales para la reconstrucción, fondos para
las ciencias sociales, programas de retiro para académicos, aportes
extraordinarios para las universidades estatales y las del Consejo de Rectores.
Del mismo modo, pide incrementar los aportes basales que aseguren su crecimiento
y el aumento de la inversión en investigación y extensión.
La educación escolar y preescolar es otra de las
prioridades contenidas en el texto de la oposición. Al
respecto se propone implementar un Plan Inmediato de
Fortalecimiento de la
Educación Pública escolar que permita avanzar en las tareas
más urgentes a la espera de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad
que reemplazará a la
municipalización. El senador socialista explicó que para ello
deberían destinarse recursos adicionales que se enfoquen a tareas como la
reducción del número de alumnos por curso ahí donde sea necesario, el
fortalecimiento de los equipos directivos para permitir que los directores se
concentren en el liderazgo educativo derivando las tareas administrativas, la
asignación de mayor cantidad de horas para la preparación de clases a los
profesores y el desarrollo de actividades deportivas y culturales. Se sostiene, además, la necesidad de regular la
creación de nuevos planteles subvencionados que incrementen la segregación y el
desfinanciamiento de la educación pública, al tiempo de avanzar gradualmente en
el fin del financiamiento compartido.
En educación preescolar, en
tanto, se sugiere retomar el nivel de inversión existente en el Gobierno de la Presidenta Bachelet
y que fue recortado por la actual administración. Debemos alcanzar, a lo
menos, la meta de 60% de menores ingresos de la población y la universalización
de pre-Kínder y Kínder.
El séptimo punto incorporado
en la propuesta dice relación con la educación técnico profesional. Al respecto
se sostiene la necesidad de actualizar la oferta de carreras en este sector y
modernizar las existentes. Se incluye la creación de una red de centros de
formación técnica e institutos profesionales de carácter estatal, en las
regiones donde existan necesidades de esta modalidad de formación. Se
requiere hacer una inversión sustantiva en el mejoramiento de la
infraestructura, la tecnología y los insumos con que trabajan los estudiantes y
en el perfeccionamiento de los docentes que las imparten, contando con una
regulación adecuada.
Se trata de una
materia muy relevante, pues debe ser paralela a la reforma a la educación
superior. El objetivo
es complementar el abanico de carreras profesionales con una oferta técnica
atractiva que cumpla con las necesidades del país en este tipo de especialistas
y ayude a evitar la sobreoferta de titulados en algunas áreas.
El último punto contenido en
el acuerdo de oposición es la necesidad de contar con un Fondo de Reforma
de la Educación, de carácter real, permanente, con reglas claras de
funcionamiento y con recursos estables que permitan afrontar los desafíos de la
reforma educativa en sus distintos niveles. Para esto se propone, en lo
inmediato mantener el impuesto a la renta de las empresas en un 20% y destinar
una parte de los recursos empozados en el fondo para adquisición de armamento
que se forma con el 10% de los recursos del cobre que van a las FFAA. Asimismo, se indica el imperativo de impulsar una
reforma tributaria que permita generar los mayores recursos fiscales necesarios
para dar sustentabilidad fiscal en el mediano plazo a este Fondo, garantizando
ingresos permanentes para gastos permanentes.
El acuerdo
de la oposición en materia educativa se encuentra en plena sintonía con el
movimiento estudiantil de los últimos meses, señalando los pilares para una
profunda reforma educativa que asegure calidad y gratuidad. Indicó que éstos
son los puntos mínimos para un acuerdo con el Gobierno, el que reconoció
lejano. Si la actual administración no se abre a cambios radicales,
fundamentalmente en materia de terminar con el lucro e impulsar una reforma
tributaria, no es posible avanzar hacia un entendimiento.
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