La banca debiera replicar condiciones entregadas a la multitienda a sus deudores. Se demuestra necesidad de procedimiento de insolvencia para los hogares.
La facilidad con que La Polar consiguió el aplazamiento de sus compromisos financieros por parte de sus acreedores es una ”burla” para millones de pequeños deudores. El acuerdo alcanzado durante esta semana implica que la compañía tendrá hasta el año 2032 para normalizar su situación.
Bancos, compañías de seguros y administradoras de fondos de pensiones se vieron forzados a aceptar este pacto ante la incertidumbre. En el fondo, se trata de una arriesgada, pero obligada apuesta. Si tratan de cobrar hoy, La Polar quiebra y recuperan una ínfima parte de lo debido. Si la empresa sobrevive y remonta se podrá recuperar, en un largo plazo, una suma mayor.
Ello revela una indignante disparidad de criterios, pues mientras al deudor común y corriente, que con esfuerzo paga su crédito, se le asfixia, se le hostiga y se le cobra hasta el último peso, hay manga ancha para los abusadores de cuello y corbata. Que bueno sería si la banca y la propia multitienda replicaran estas ventajosas condiciones con sus deudores hipotecarios y de consumo morosos, como también con las PYME.
Lo ocurrido demuestra la necesidad de legislar en materia de insolvencia de los hogares. La Polar ha tenido todas las facilidades, como una ampliación enorme del plazo, condonación de intereses y retraso en el pago del capital, a través de un procedimiento concursal.
Eso mismo debe estar al alcance de cualquier deudor mediante un mecanismo de insolvencia familiar que le permita, con el apoyo de un juez o un mediador, lograr un acuerdo que involucre todos sus compromisos y en condiciones razonables.
Tener un sistema concursal de este tipo, al alcance de los hogares, tiene sólo efectos positivos, pues evitaría a los deudores tener que enfrentar uno a uno a sus acreedores, con la enorme pérdida de tiempo y recursos que ello significa, como también verse en la necesidad de obtener nuevos créditos o aceptar repactaciones usureras para mantenerse al día en sus compromisos.
Lamentablemente, ni el Gobierno ni el Parlamento han tenido decisión para abordar esta materia, que propuse hace ya seis años en un proyecto de ley y que forma parte ineludible de un nuevo estatuto para el crédito, donde se incluya también la reducción de tasas y el perfeccionamiento de la fiscalización. Hasta ahora hemos tenido avances legislativos en ambas materias, pero sin un mecanismo que permita a los hogares enfrentar el sobreendeudamiento seguirán existiendo abusos.
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